El Plural
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo obligará a que, a partir del 12 de junio, se active una maquinaria que Bruselas lleva años construyendo: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y un sistema de vigilancia biométrica que incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad. En dicha fecha entrará en vigor un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. El sufrimiento migratorio se puede ejemplificar con tres casos: Canarias, Lampedusa (Italia) y Lesbos (Grecia) llevan años siendo territorios especialmente afectados por los fenómenos migratorios, y con la nueva normativa, lo serán más todavía, además de que los protocolos y el tratamiento a las personas se endurecerán, facilitando las deportaciones a terceros países y generando cribados y limbos legales deshumanizantes para los afectados. "El acuerdo hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la Unión Europea sea más rápido y más coherente en toda Europa", argumentaba esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, después de que la Eurocámara y el Consejo Europeo aprobasen el texto. La normativa, que debe ser ratificada oficialmente, contempla la creación de centros de expulsión en terceros países y elimina la obligación de que estos tengan necesariamente una vinculación con las personas deportadas. El acuerdo también permitirá expulsar de forma inmediata a aquellas personas a las que se les haya denegado la solicitud de asilo. Bruselas avanza, así, hacia un endurecimiento de las fronteras y al desarrollo de mecanismos para agilizar las expulsiones de personas migrantes fuera del continente. Sin que la extrema derecha haya llegado a gobernar en el Viejo Continente (con excepciones como Hungría), sus marcos sobre inmigración se están imponiendo igualmente con el volantazo conservador de la administración comunitaria. La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado (conocido como screening en la jerga comunitaria) en todos los puntos de entrada de migrantes. Cualquier persona que llegue, por ejemplo, a las costas canarias, tendrá que someterse a exhaustivos controles de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días, tiempo en el que los migrantes no tendrán derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama "ficción de no entrada", en lo que, en otras palabras, consiste en un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la situación se tensará todavía más ahora. La obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que dependerá del Ministerio del Interior. A su vez, al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al...
Go to News Site