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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado la actuación del Concello de Cervo en el proceso de reorganización del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES). La justicia ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la sección sindical de la CNT, confirmando en su totalidad la sentencia previa del Xulgado do Social número 3 de Lugo. La resolución del alto tribunal gallego supone un nuevo respaldo judicial para las decisiones del Gobierno local. De esta manera, el TSXG ratifica que la actuación municipal se desarrolló con pleno respeto a la legalidad y desmonta las acusaciones formuladas por el sindicato. La resolución judicial confirma que el Concello actuó legalmente al realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo debido a la finalización del convenio que sostenía el funcionamiento del GES. El tribunal considera acreditada la existencia de una causa organizativa real y suficiente para justificar las medidas. La sentencia rechaza de forma expresa las alegaciones sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Descarta que existiera represalia contra los trabajadores o contra la actividad sindical de la CNT, concluyendo que las decisiones respondieron exclusivamente a criterios organizativos objetivos y razonables. Asimismo, el tribunal considera que durante la negociación se llevó a cabo un auténtico período de consultas, con intercambio de propuestas y respuestas fundamentadas. Por ello, no se puede apreciar mala fe negociadora por parte de la Administración local y se desestiman las alegaciones sobre la libertad sindical. La alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, ha valorado muy positivamente la sentencia. “Esta resolución confirma lo que llevamos defendiendo desde el primer día: que el Concello actuó con responsabilidad, con transparencia y dentro de la legalidad”, destacó la regidora en un asunto que considera sensible. La alcaldesa ha subrayado que la prioridad siempre fue “garantizar la seguridad de los trabajadores y la correcta prestación de un servicio esencial para la veciñanza”. Además, ha añadido que “una vez más queda acreditado que las decisiones adoptadas por el Gobierno local respondieron exclusivamente a razones organizativas reales y a la necesidad de dar respuesta a una situación compleja, y no a las interpretaciones interesadas que algunos intentaron trasladar a la opinión pública”. García Caramés también ha recordado que se dirigieron a la Deputación de Lugo, como administración competente, para atender sus demandas y evitar la medida. “Sin embargo, ante la falta de soluciones, el Concello actuó con responsabilidad, y ahora la justicia vuelve a confirmar que aquella decisión estaba plenamente justificada”, ha señalado. Finalmente, la alcaldesa ha concluido que “esta nueva sentencia refuerza la posición mantenida por el Concello durante todo este proceso y confirma que siempre actuamos defendiendo el interés general, la seguridad de los profesionales y la continuidad de un servicio esencial para la ciudadanía”.
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