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Cuba y la Unión Europea

«Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, proporcionando armas, sistemas de vigilancia y recursos de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal». Son palabras de Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, pronunciadas en diciembre pasado en la entrega del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Se trató de un discurso valiente, una pieza de doctrina que identifica una verdadera 'Internacional de la Autocracia'. El Comité del Nobel denunció abiertamente a dictaduras que intentan ocultar sus crímenes detrás del velo de un lenguaje antiimperialista, supuestamente liberador y pretendidamente progresista. Era de esperar y desear, aquella fría mañana de Oslo, que el giro doctrinario en el Nobel tuviera influencia en la política exterior de la Unión Europea (UE). Pues no ha sido el caso. Con frecuencia, la retórica antiamericana, de rutina en las dictaduras mencionadas, es bien recibida por el progresismo europeo. Ello ocurre en particular con la socialdemocracia escandinava, sobre todo en relación a la narrativa de la izquierda latinoamericana y especialmente en relación a Cuba. De hecho, ha prevalecido entre ellos una ingenuidad inadmisible: dar por sentado el discurso de La Habana a costa de la realidad. O sea, soslayando que se trata de un sistema de partido único en el cual se vota entre 470 candidatos para ocupar 470 escaños, donde la sociedad ha sido despojada de los más elementales derechos y libertades, el Estado jamás sufre un fallo judicial adverso y la misma familia ejerce el poder desde 1959. Se trata de un totalitarismo patrimonial; por ende, represivo. Nada de eso puede ser progresista. La incoherencia se observa con nitidez al analizar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba. Sus orígenes se remontan a enero de 1996, cuando una resolución del Parlamento Europeo consideró que el diálogo entre la UE y Cuba podría ser una influencia positiva para impulsar reformas políticas y económicas en la Isla, y apoyar el proceso de democratización en todos los niveles. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Tres décadas más tarde, la dictadura castrista sigue enquistada en el poder y el sufrimiento del pueblo cubano se ha multiplicado. La ONG Prisoners Defenders reporta que este último abril el número de presos políticos y de conciencia alcanzó el récord de 1.260 personas. En diciembre de 1996, la UE había adoptado la llamada «posición común», postura que subrayaba que los objetivos de la UE eran alentar una transición hacia una democracia plural y mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano . Asimismo, estipulaba que la cooperación plena con Cuba dependería de avances en materia de derechos humanos y libertades políticas.A pesar de la constante oposición del gobierno cubano, por considerar que constituía una inaceptable interferencia en los asuntos internos del país, la posición común estuvo en vigencia hasta su revocación en diciembre de 2016. Ello fue recibido con beneplácito en La Habana. Así se allanó el camino para el ADPC. Las negociaciones formales habían comenzado en 2014, firmándose el Acuerdo el 12 de diciembre de 2016. Su objetivo declarado ha sido «consolidar y fortalecer los vínculos entre las partes en los ámbitos del diálogo político, la cooperación y el comercio» y apoyar «la modernización de la economía». La Eurocámara, a su vez, dio su consentimiento el 5 de julio de 2017, adoptando una resolución en la que acogía favorablemente al ADPC como nuevo marco para las relaciones entre la UE y Cuba. No obstante, dicha resolución incluyó condicionalidades basadas en avances concretos hacia la democracia y una cláusula de suspensión en caso de violación de las disposiciones relativas a los derechos humanos. De hecho, en diversas ocasiones a lo largo del tiempo, el Parlamento ha reiterado su llamamiento a la UE para que active el Artículo 85(3)(b) del ADPC y solicite una reunión inmediata del Comité Conjunto debido a incumplimientos sobre la materia por parte del gobierno cubano. Al mismo tiempo, en lo que hace a cooperación y comercio, la vasta mayoría de los fondos de la ayuda europea se canalizaron a través de GAESA, Grupo de Administración Empresarial S.A. Se trata del conglomerado empresarial propiedad de las Fuerzas Armadas, un holding industrial y comercial que controla gran parte de las actividades más rentables del país; banca, turismo y hotelería entre ellas. GAESA ha llevado a cabo la construcción de cientos de hoteles en la última década, en su mayoría en sociedad con cadenas europeas. O sea, más recursos para el aparato de represión e inteligencia, lo opuesto al objetivo declarado del ADPC. El derecho de la UE define al ADPC como de naturaleza «mixta»; es decir, con materias de competencia exclusiva de la Unión y otras que permanecen en la competencia de los Estados. El Artículo 86 del propio Acuerdo estipula que solo puede ser aplicado provisionalmente hasta tanto sea ratificado por todos los Estados miembros de la UE. Así ha estado, en carácter provisional desde noviembre de 2017. Nueve años después, el Acuerdo no ha sido ratificado por la República de Lituania. Es más, en julio de 2021 el parlamento lituano, Seimas, aprobó una resolución declarando que no era políticamente apropiado ratificar el Acuerdo. Ello en virtud de que el régimen cubano «oprime al pueblo» y que «sus relaciones con Rusia, Venezuela, Irán y el apoyo dado a organizaciones terroristas financiadas a través del narcotráfico es una amenaza para toda la región». Un verdadero preludio a las palabras que el presidente del Comité del Nobel pronunciaría en diciembre de 2025, dicha resolución debería alcanzar para suspender, si no derogar, el Acuerdo. No hacerlo es contrario a la propia normativa de la Unión. La resolución del Parlamento lituano tuvo lugar el 1 de julio de 2021; por cierto, clarividente. Diez días más tarde tuvieron lugar las masivas protestas del 11-J en Cuba. El gobierno respondió con brutal violencia, desplegando grupos paramilitares –los temibles 'boinas negras'– y sembrando el terror en la población. El uso sistemático de fuerzas paramilitares contra civiles desarmados constituye una violación explícita de las disposiciones sobre derechos humanos del ADPC. Por ello, el Parlamento Europeo volvió a invocar la activación de la cláusula de urgencia del Artículo 85(3)(b) y la suspensión del Acuerdo. De una vez por todas, la UE debe dejar de exonerar a la criminal dictadura cubana.