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Tres de las cuatro personas acusadas por su responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de un trabajador de 52 años en la planta de Tableros Hispanos en Lugo y heridas de gravedad a otros tres han reconocido su culpabilidad. En la vista oral celebrada este lunes en el juzgado Plaza número 2 de Lugo, han aceptado penas de dos años de cárcel cada uno. La Fiscalía de Lugo los acusaba de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente, así como de tres delitos de lesiones por imprudencia grave, solicitando inicialmente cuatro años de prisión. El acuerdo de conformidad parcial implica que no ingresarán en prisión si no delinquen en dos años y abonan la responsabilidad civil, además de una inhabilitación de 18 meses para ejercer su trabajo. Para aplicar esta rebaja, la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el accidente ocurrió hace siete años, y la de reparación del daño. El juicio continuará para el cuarto acusado, un técnico de prevención de riesgos de una empresa externa, que no ha aceptado el acuerdo. Los hechos se remontan al 25 de mayo de 2019, cuando una explosión originó un incendio en los silos de viruta de la fábrica. Tras extinguir el fuego, los bomberos advirtieron a los responsables de la empresa para que no se manipulase el silo de viruta fina hasta que se enfriara por completo para evitar riesgos. Sin embargo, según el relato de la Fiscalía, el responsable de producción hizo caso omiso de estas indicaciones y ordenó el vaciado del silo. Esta decisión desencadenó la explosión que provocó la muerte de un trabajador y causó graves quemaduras a otros tres compañeros. El ministerio público sostiene que el representante legal de la empresa “no estableció un procedimiento seguro para el vaciado de los silos” ni formó adecuadamente a los trabajadores para acceder a áreas con “riesgo de explosión”. Asimismo, acusa a los técnicos de prevención de riesgos, tanto al de Tableros Hispanos como al externo, de no haber evaluado correctamente el proceso de vaciado, a pesar de ser conocedores de que el entorno debía ser calificado como “atmósfera explosiva”. Por su parte, el director de la planta habría ordenado la limpieza pese a la advertencia de los bomberos sobre el riesgo de explosión si se aportaba oxígeno al silo. Antes del juicio, Fernanda López, abogada de la viuda del fallecido, declaró que “hubo una falta de medidas” de precaución “en el trabajo que han provocado directamente el fallecimiento de una persona y lesiones muy graves por parte de otras”. Por su parte, Francisco Torrijos, letrado de uno de los heridos, ha recordado las graves consecuencias del siniestro: “hubo un fallecido, un quemado grave y dos trabajadores con una incapacidad absoluta para su trabajo debido al estrés postraumático”. Según el abogado, esto pone de manifiesto la “situación dantesca que se vivió aquel día”. El letrado ha añadido que su objetivo en el juicio es que los acusados expliquen “por qué no hicieron bien su trabajo, por qué dieron las órdenes que dieron y por qué no se paralizó la fábrica durante las 24 horas que debería haberse paralizado”.
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