Cope Zaragoza
El Centro de Educación Especial de A Barcia es un centro escolar de titularidad pública de la Xunta de Galicia situado en la parroquia de Laraño de Santiago de Compostela donde en la actualidad alrededor de 60 niños y niñas realizan su ciclo educativo que pueden comenzar a la edad de acceso a Infantil, sobre los 3-4 años, y que se amplía más allá de la edad de enseñanza obligatoria ya que pueden permanecer hasta los 21 años. Y aunque el nivel de dependencia es variable, según las afecciones que pueda tener cada uno de los alumnos de ese CEE de A Barcia, muchos de ellos padecen una discapacidad severa que les convierte en totalmente dependientes. Incluso para realizar funciones básicas como alimentarse. Es precisamente a esa edad, los 21 años, tras la que se abre un abismo para las familias ya que es a partir de ese momento cuando se tienen que plantear el futuro de esos jóvenes que, o bien quedan en casa atendidos por sus familias, o deben comenzar con la búsqueda de una plaza en un centro público que esté específicamente diseñado y preparado para atender, por ejemplo, casos de parálisis cerebral que en la actualidad no existe en Santiago de Compostela. Como denuncia el ANPA del Centro de A barcia a través de su vicepresidenta, Inés Castro Suárez-Pumariaga, quien describe la situación que se genera para las familias, para los padres y las madres de esos jóvenes, como una “nube oscura” que se cierne sobre ellas, teniéndose que enfrentar a un futuro incierto y lejos de Santiago. “Llega a los 21 años y se termina. Entonces, ellos ya no pueden ir al colegio, y la pregunta es, ¿y qué pasa ahora?”, se lamenta, describiendo la situación que se genera como un problema muy grave para las familias, porque no existe un recurso residencial o de día inmediato para ellos cuando se acaba el acceso a terapias, comedor y una atención completa que el centro les proporcionaba. Y es que a pesar de cumplir los 21 años, siguen teniendo necesidades de apoyo completas, lo que se añade a la situación a la que se enfrentan las familias de listas de espera para acceder a un centro residencial especializado que, según estos padres y madres, pueden prolongarse entre 5 y 7 años en un área como la de de Santiago donde solo hay un recurso residencial concertado con muy pocas plazas para una gran demanda. Provocando que la alternativa sea, o bien encontrar una plaza en una residencia privada para dependientes severos de Grado III cuyo coste se dispara y en inasumible para la mayor parte de las familias, o enviarlos a una residencia de tercera edad que, como explica Castro, no es una solución que sea válida para ellos porque “una residencia geriátrica no está preparada para recibir a este tipo de personas que tienen unas necesidades totalmente opuestas”. La preocupación es una constante en todas las familias con hijos en centros de educación especial de Galicia. “Vemos que cuando cumplen 21 años, estos niños quedan abandonados”, ya que a la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos, se suma el propio envejecimiento de los padres, que ven mermada su capacidad para ofrecer cuidados 24 horas los 7 días de la semana. Porque, al llegar ese momento, “Los padres tenemos 21 años más”, recuerda Castro, quien, a pesar de que su hija Mara solo tiene cinco, ya lucha por un futuro que en la actualidad no ve nada claro, aunque la zozobra para otras muchas familias del centro de A Barcia es aún mayor al ver que se acerca la edad en la que sus hijos o hijas tienen que abandonarlo sin una alternativa de cuidados válida y asumible económicamente. A este problema estructural a largo plazo se suma una otro que ya se registra en la actualidad en el CEE A Barcia, después de que un total de 12 alumnos hayan sido enviados a sus casa antes de finalizar el curso debido a que las dos enfermeras del centro están de baja. Estos estudiantes requieren atención especializada, como alimentación por PEG o la administración de medicación, servicios que no pueden ser cubiertos en la actualidad. La situación se prolonga desde hace más de una semana, cuando la segunda enfermera causó baja. La Consellería de Educación, titular del centro, asegura ser consciente del problema, pero alega que no hay profesionales en las listas de contratación para cubrir las ausencias. Para las familias, esto supone una “discriminación muy grande hacia un colectivo que ya de por sí es un colectivo discriminado”, como denuncia Inés Castro, que teme que la situación se alargue hasta el próximo curso. De ahí que las familias del ANPA pidan a las administraciones que “pongan todo de su parte” para solucionar tanto la falta de personal de enfermería antes de que termine el actual curso, aunque la preocupación es sobre si esta situación se podría extender al inicio del que viene en septiembre, así como la carencia de plazas residenciales y de día. Y reclaman que se atienda el derecho de sus hijos a la escolarización y a tener un futuro digno, ya que, insisten, “son ciudadanos de pleno derecho, aunque parece que no lo sea en muchas ocasiones”.
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