El Plural
La defensa del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha pedido este lunes su absolución en el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerar que no existen pruebas que acrediten que impulsara la creación de la plaza por la que está siendo investigado. Durante su informe final, el abogado de Gallardo, Juan José Torres Ventosa, ha centrado buena parte de su intervención en cuestionar los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, especialmente, las declaraciones realizadas durante la vista oral por el teniente coronel Antonio Balas. Según el letrado, el mando policial ha realizado ante el tribunal una serie de "valoraciones" que, a su juicio, "no coinciden o se apartan" del contenido de los propios atestados elaborados por la UCO a lo largo de la investigación. La defensa ha sostenido que existe una diferencia sustancial entre lo que reflejan los informes policiales y la interpretación expuesta por Balas durante su declaración. En concreto, Torres Ventosa ha recordado que en los atestados la UCO reconocía no haber podido determinar quién tomó la decisión de crear la plaza que finalmente ocupó David Sánchez. Sin embargo, durante el juicio, el teniente coronel ha señalado directamente a Miguel Ángel Gallardo como el presunto impulsor político de esa contratación. Según explicó, esa conclusión se apoyaba en una "visión holística" del conjunto de oficios, documentos y diligencias incorporados a la causa. Para la defensa, esa interpretación excede el contenido objetivo de los informes policiales. El abogado ha argumentado que la tesis de Balas se basa en una deducción y no en una prueba directa que permita atribuir a Gallardo la creación del puesto. En este sentido, Torres Ventosa ha rebatido uno de los razonamientos expuestos por el responsable de la UCO durante el juicio. Según ha recordado, Balas sostuvo que el diseño definitivo de la plaza no coincidía con las conversaciones preliminares mantenidas entre el área de Cultura y el departamento de Recursos Humanos de la Diputación. A juicio del teniente coronel, esa circunstancia evidenciaría que ninguno de esos departamentos tenía "autoridad, empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado", por lo que la orden habría partido necesariamente de la Presidencia de la institución provincial, entonces ocupada por Gallardo. La defensa rechaza esa conclusión y considera que se trata de una valoración subjetiva que no aparece reflejada en los informes oficiales de la investigación. Por ello, ha solicitado al tribunal que descarte esa interpretación y dicte una sentencia absolutoria para su cliente. Miguel Ángel Gallardo está acusado de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la contratación en 2017 del músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. El proceso judicial se encuentra en su fase final, después de varias jornadas de declaraciones en las que han comparecido responsables políticos, técnicos de la Diputación y agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación. La...
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