El Plural

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La ONU pide suspender el desahucio de Maricarmen

Pasar, obligada y sin espacio a la negociación, de pagar 440 euros al mes a recibir una exigencia de más de 1.600 euros por la misma vivienda. Esa es la realidad a la que se enfrenta Maricarmen, una pensionista de 87 años que lleva más de siete décadas residiendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro y que ahora se encuentra al borde del desahucio tras la compra del inmueble por parte de un fondo de inversión. La situación de esta vecina madrileña se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la crisis de acceso a la vivienda en España. Su imagen ha recorrido miles de carteles y concentraciones ciudadanas que reclaman la paralización de su desalojo. Ahora, su caso ha dado un nuevo giro después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU haya solicitado la suspensión cautelar del desahucio mientras estudia el fondo del asunto. La comunicación del organismo internacional llegó apenas dos semanas antes de la fecha prevista para el tercer intento de sacarla de su casa. Según la defensa de Maricarmen, la ONU ha pedido al juzgado que suspenda el procedimiento para evitar un daño irreparable mientras se tramita el expediente. Aunque la decisión supone un importante respaldo a las reivindicaciones de la afectada, no garantiza automáticamente que el desahucio quede paralizado. Los dictámenes y medidas cautelares emitidos por el Comité DESC dependen en gran medida de la interpretación que realicen los tribunales nacionales. No obstante, expertos jurídicos recuerdan que España es firmante de los tratados internacionales que reconocen el derecho a una vivienda adecuada y que, por tanto, las resoluciones de la ONU deben ser tenidas en consideración por los órganos judiciales. En cualquier caso, el juzgado deberá motivar su decisión y explicar las razones por las que acepta o rechaza la petición del organismo internacional. El origen del conflicto se remonta a ocho años atrás. Tras la venta del edificio donde reside Maricarmen a una gran sociedad inmobiliaria, el inmueble acabó en manos de Urbagestión, que adquirió la vivienda en 2020. La empresa impugnó judicialmente el contrato de renta antigua que amparaba a la inquilina y logró su anulación. Posteriormente, le reclamó un alquiler superior a los 1.600 euros mensuales, una cantidad inasumible para una mujer que percibe una pensión de 1.450 euros. Maricarmen continuó abonando los 440 euros que pagaba hasta entonces, lo que derivó en el actual procedimiento de desahucio. La movilización social ha sido determinante para frenar, al menos temporalmente, los intentos de expulsarla de su hogar. El primero, previsto para octubre de 2025, fue aplazado gracias a la presión vecinal. El segundo, fijado para el pasado 3 de junio, también se suspendió después de una multitudinaria concentración que reunió a centenares de personas frente a su vivienda. Mientras tanto, Maricarmen sigue esperando una solución que le permita permanecer en la casa en la que ha vivido durante 71 años. Un hogar situado en uno de los barrios más caros...

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