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Piden la desclasificación de los documentos sobre 'Naparra' cuando se cumplen 46 años de su desaparición | Collector
Piden la desclasificación de los documentos sobre 'Naparra' cuando se cumplen 46 años de su desaparición

Piden la desclasificación de los documentos sobre 'Naparra' cuando se cumplen 46 años de su desaparición

El Observatorio Vasco de Derechos Humanos se apoya en el testimonio de un hombre que prestó servicios a la inteligencia española y asegura que conocía el paradero de los restos Un documental rescata la lucha de la familia de 'Naparra' por encontrar su cuerpo más de 40 años después A pocos días de que se cumplan 46 años de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, alias 'Naparra', el Observatorio Vasco de Derechos Humanos ha solicitado de manera formal la desclasificación “inmediata” de los documentos relacionados que obren en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), heredero del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). 'Naparra', que había pertenecido a ETA político-militar primero y a ETA militar después, se integró más tarde en los Comandos Autónomos Capitalistas, en los que llegó a destacarse como líder. Huido a Francia en 1978, desapareció el 11 de junio de 1980. La petición se ha hecho a través de un escrito, fechado el 4 de junio, dirigido a seis diputados (Mertxe Aizpurua, de EH Bildu; Maribel Vaquero, del PNV; Rafaela Romero y Adriana Maldonado, socialistas; Ione Belarra, de Podemos, y Lander Martínez, de Sumar) y cinco senadores (Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV; Uxue Barkos, de Geroa Bai; Gorka Elejaberrieta, de EH Bildu, y Nuria Medina y Alfonso Gil, socialistas). Se les solicita que “promuevan [...] la desclasificación inmediata de la documentación obrante en el CESID (actual CNI) relativa al secuestro, desaparición y ocultación de los restos mortales” del desaparecido. En el escrito, en una sección dedicada a recoger los hechos, se apunta a que Ramón Francisco Arnau de la Nuez, que habría prestado “servicios para el CESID en la época de los hechos”, ha declarado “públicamente, bajo su nombre y responsabilidad, que durante su pertenencia a los servicios de inteligencia españoles tuvo conocimiento directo y fehaciente de la localización exacta de los restos mortales”. Con unas coordenadas, de hecho, apuntó a la localidad de Brocas, en el departamento de las Landas. Esta declaración, se sostiene en el escrito firmado por Agus Hernán, coordinador del observatorio, “constituye una prueba indiciaria sólida de que los servicios de inteligencia españoles elaboraron en su día informes operativos, notas de seguimiento o al menos documentación de inteligencia territorial donde se consignaron los datos geográficos del enterramiento clandestino”. “Dicha documentación, de existir y todo apunta a que existe, sigue en poder del Estado y permanece ilegítimamente clasificada”, abunda. Se apoya en el derecho internacional, concretamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2009 y ratificada por España, para sostener que existe un “derecho inalienable a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el paradero de sus restos”. Alude, además, a un “principio de proporcionalidad” para alegar que no hay motivos para mantener el secreto. “No hay fuentes activas que proteger. No hay planes militares en curso”, dice, por ejemplo. “El perjuicio de desclasificar es nulo para la seguridad nacional. El perjuicio de no desclasificar es inmenso para la familia: 46 años de duelo interminable, de incertidumbre, de sufrimiento, de búsqueda permanente”, añade. “Lo que sentimos es un dolor continuado que seguimos padeciendo desde hace 41 años, no podemos cerrar la herida hasta que no demos con él. No solo es que te arrebaten y maten a tu ser querido, sino que te impiden que puedas hacer el duelo”, contó en 2021 Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido, a este periódico , con motivo del estreno de un documenta. Batallón Vasco Español Recoge el Comité de Víctimas del Terrorismo (Covite) que la autoría de este caso es “confusa”. 'Naparra' habría acudido a una cita en San Juan de Luz y ya no se le volvió a ver. Tan solo apareció su vehículo. Días después de su desaparición, una llamada anónima al periódico 'Deia' reivindicó el secuestro en nombre del Batallón Vasco Español (BVE), grupo terrorista parapolicial y de extrema derecha. “Reivindicamos el secuestro de 'Naparra' en Ciboure, en Francia. Está en España. Después de los últimos asesinatos de ETA su suerte está echada. El Batallón Vasco Español es la única solución. Viva la Unidad de España — Batallón Vasco Español, Comando Esteban Beldarrain”, proclamaba en el comunicado. Un mes después, y a través de una llamada anónima, este mismo grupo terrorista volvió a ponerse en contacto con el periódico y comunicó que lo había asesinado y que lo había enterrado cerca de San Juan de Luz: “José Miguel Etxeberria 'Naparra' ha sido ejecutado el día 30 y está enterrado cerca de Biarritz, por la zona de Txantako. Nuestros comandos seguirán actuando en Francia contra los terroristas marxistas de ETA y contra instalaciones turísticas del Sur de Francia y Costa Azul”. El grupo terrorista de extrema derecha llegó a revindicar el secuestro y asesinato hasta en cinco ocasiones, apuntando a cinco localizacones distintas. Sin embargo, se rumoreó también que los autores podrían haber sido sus propios compañeros de los Comandos Autónomos Capitalistas, que pusieron en duda la reivindicación que achacaba la desaparición al BVE. También se habló de ETA. El pasado abril, la familia de 'Naparra' pidió retirar al desaparecido del Memorial de Víctimas del Terrorismo al entender que este apuntaba a ETA y no al Batallón Vasco Español como responsable de su desaparición. La institución se escudó en que la información se ajustaba a lo que se conocía, sin descartar “ninguna de las hipótesis posibles”. Se han rastreado varias zonas de Francia a lo largo de los años, pero todas las búsquedas han resultado infructuosas. En 1999, por ejemplo, la Audiencia Nacional admitió una querella interpuesta porla familia, pero el caso se volvió a zanjar como “supuesta desaparición”. En 2016, se reabrió nuevamente y un año después, en 2017, se buscó en otra zona de la localidad de Labrit, nuevamente sin éxito.

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