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La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a once años y tres meses de prisión al propietario de un comercio en el Partido Judicial de Sarria. El motivo es un delito continuado de agresión sexual a una clienta, una mujer con una discapacidad que frecuentaba el establecimiento. Además de la pena de prisión, se le ha impuesto el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la víctima y una prohibición de aproximarse y comunicarse con ella durante 15 años. El tribunal, sin embargo, lo ha absuelto de un delito de amenazas por el que también fue acusado. La sala ha considerado probado que el procesado se aprovechó de la discapacidad de la víctima, sometiéndola a diversos actos sexuales entre noviembre de 2023 y abril de 2024 en la tienda de regalos que regentaba. Según la sentencia, estos hechos ocurrieron a pesar de la oposición manifestada por ella en numerosas ocasiones. El tribunal ha calificado como creíble el relato de la víctima, destacando que se encuentra corroborado por las declaraciones de los testigos y los informes periciales. Además, ha subrayado que el sospechoso realizó múltiples llamadas para que la denunciante acudiera a su tienda con la intención de agredirla sexualmente. Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo, el acusado negó los hechos por los que ha sido condenado. En su declaración, afirmó que era la víctima quien lo acosaba a él porque, según dijo, estaba "enamorada". Sin embargo, la versión del ministerio fiscal contradice su testimonio. La fiscalía sostuvo que fue el acusado quien llamó en numerosas ocasiones a la víctima, ocultando su número, para que fuera a la tienda a la hora de cerrar con la excusa de que iba a hacerle "un regalo". Según la acusación pública, las agresiones sexuales se producían en el baño de la tienda. La representante de la Fiscalía relató que el acusado amenazó a la víctima para que no contara nada, diciéndole que si lo hacía, la vendría a "buscar la Guardia Civil", lo que le provocó una gran sensación de "miedo". El acusado, que cerró la tienda en abril de 2024, reconoció haberla llamado, pero alegó que fue para que dejase de molestarlo.
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