El Colombiano
Hasta hace apenas una semana, la Asamblea Nacional Constituyente era una de las principales apuestas políticas del presidente Gustavo Petro para el final de su mandato . El Gobierno insistía en que ese mecanismo permitiría superar los obstáculos que, según su interpretación, habían frenado reformas estructurales en áreas como salud, trabajo, pensiones y servicios públicos. Incluso, en los días previos a la primera vuelta presidencial, activistas afines al oficialismo, incluido el mismo jefe de Estado, seguían recorriendo actos públicos en la Costa Caribe recolectando firmas para respaldar la iniciativa. Sin embargo, el resultado electoral del 31 de mayo alteró por completo el panorama político. La victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta obligó al petrismo a revisar varias de las banderas que había defendido durante meses . Entre todas ellas, ninguna parecía generar tanto ruido fuera de las bases de izquierda como la constituyente. La propuesta había despertado preocupación en amplios sectores políticos, empresariales y académicos. Aunque el Gobierno la presentó como una herramienta para profundizar reformas sociales, sus críticos advirtieron riesgos que iban desde una eventual concentración de poder hasta la posibilidad de modificar los equilibrios institucionales construidos por la Constitución de 1991. Para buena parte del centro político, una constituyente abría interrogantes sobre la independencia de organismos técnicos, el equilibrio entre ramas del poder público e incluso la posibilidad de reabrir la discusión sobre la reelección presidencial, pese a que Petro negó repetidamente cualquier intención de permanecer en el poder. En contexto: Petro se baja de la Constituyente para sumarle votos a Cepeda, ¿le servirá? Además, la propuesta cargaba con una contradicción política difícil de ignorar. Durante años, el hoy presidente prometió que no promovería una reforma constitucional de esa naturaleza. En 2018 incluso dejó plasmado sobre una placa de mármol su compromiso de respetar la Constitución de 1991. Sin embargo, a partir de 2024 comenzó a plantear la necesidad de una constituyente y, en los meses recientes, convirtió esa idea en una de las respuestas recurrentes frente a las tensiones con el Congreso, las altas cortes y otras instituciones del Estado. Con ese contexto de fondo, la derrota de Cepeda terminó acelerando una discusión que ya se venía dando dentro del oficialismo. Fuentes cercanas al proceso coinciden en que la constituyente comenzó a ser vista como un costo político demasiado alto para una campaña que necesita crecer hacia el centro y convencer a votantes moderados que observaban con desconfianza cualquier intento de modificar las reglas fundamentales del sistema político. Durante la semana posterior a la elección se realizaron varias reuniones entre integrantes del Gobierno, miembros de la campaña de Cepeda y representantes del comité promotor de la constituyente. La conclusión fue clara: mantener viva la propuesta podía dificultar aún más la búsqueda de alianzas y adhesiones de sectores que consideran la Constitución de 1991 como un consenso democrático que no debería reabrirse. El cambio de discurso fue inmediato. Cepeda agradeció públicamente la suspensión de la iniciativa y habló de la necesidad de construir un gran acuerdo nacional. Y así, l a iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente dio un paso definitivo hacia su archivo. Este viernes fue radicada ante la Registraduría Nacional la solicitud formal mediante la cual el comité promotor desistió de continuar con el proceso de recolección de firmas que buscaba respaldar la convocatoria del mecanismo de reforma constitucional impulsado por sectores cercanos al presidente Gustavo Petro. El documento fue presentado por los integrantes del comité ciudadano que había recibido autorización para adelantar la búsqueda de apoyos ciudadanos. En la carta enviada a la autoridad electoral, los promotores manifestaron de manera “libre, expresa e inequívoca” su decisión de abandonar la iniciativa y suspender todas las actividades relacionadas con la obtención de firmas y demás actuaciones derivadas del proceso. Además, solicitaron que se archive el expediente administrativo correspondiente y que la Registraduría realice las anotaciones necesarias para formalizar el desistimiento. Horas antes de que se formalizara el retiro ante la Registraduría, el propio presidente Gustavo Petro había respaldado públicamente la suspensión del proceso. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el resultado electoral obligaba a replantear la iniciativa y expresó su apoyo a la determinación adoptada por el comité promotor. La propuesta constituyente había sido defendida por el Gobierno como una herramienta para impulsar reformas sociales que, según el Ejecutivo, han encontrado obstáculos en el Congreso. Entre los cambios que sus promotores pretendían discutir figuraban transformaciones en los sistemas laboral, pensional, educativo, minero y de servicios públicos, así como medidas orientadas a combatir la corrupción. Sin embargo, la iniciativa también despertó fuertes cuestionamientos desde la oposición y distintos sectores políticos, que advirtieron riesgos para la estabilidad institucional y expresaron preocupación por una eventual modificación de las reglas constitucionales. Petro negó en repetidas ocasiones que la propuesta estuviera relacionada con una posible reelección presidencial. El anuncio del retiro fue realizado inicialmente por el comité promotor durante una reunión en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su vocero, Armando Wouriyú Valbuena, explicó que la determinación obedeció a una evaluación de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar esfuerzos en la construcción de consensos más amplios alrededor de las reformas sociales. Según indicó, la intención ahora será trabajar en la búsqueda de un “gran acuerdo nacional” que permita avanzar en los cambios impulsados por el Gobierno mediante otros mecanismos de participación y concertación. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también señaló que existen otras vías institucionales para promover las reformas sociales que continúan en discusión, particularmente las relacionadas con salud y pensiones. El retiro de la iniciativa marca un giro frente al discurso que el propio presidente Petro había sostenido semanas atrás. El 27 de mayo, durante un acto público en Sincelejo, el mandatario anunció que, una vez concluidas las elecciones, regresaría a esa ciudad para promover activamente la recolección de firmas en favor de la constituyente. La decisión, sin embargo, no despeja todas las dudas. Aunque la propuesta quedó suspendida, no ha sido enterrada políticamente. De hecho, varios analistas llaman la atención sobre el hecho de que el concepto de “poder constituyente” sigue ocupando un lugar importante dentro del discurso del petrismo y aparece de manera reiterada en el programa de gobierno de Cepeda. Lo que sí queda claro es que el resultado del 31 de mayo produjo algo que parecía improbable semanas atrás: obligó al presidente Petro a renunciar, al menos temporalmente, a uno de los proyectos políticos que aspiraba a convertir en parte central de su legado.
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