Cope Zaragoza
Si los pasos en los que trabajan las administraciones continúan avanzando se podría dar la siguiente situación: el Principado tendría prioridad a la hora de comprar pisos en todo el municipio de Avilés. El mercado de la vivienda en Asturias sigue desatado. Los precios no dejan de subir. Según datos del INE que se conocen este mismo lunes, la vivienda se encareció un 14,3% interanual en el primer trimestre de 2026, la mayor alza desde la burbuja inmobiliaria de 2007. Las administraciones siguen elaborando leyes y medidas para atajar con el problema de la vivienda, pero no tienen efecto. El Principado está enfrascado en esas zonas tensionadas. La última intención manifestada por la Consejería de Vivienda es la de reservarse derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas a la venta en zonas tensionadas. De forma paralela, el Ayuntamiento de Avilés ya ha manifestado en varias ocasiones que más allá de La Magdalena, la intención es que todo el municipio entre bajo ese paraguas de las zonas tensionadas. De cumplirse ambas intenciones, esto dejaría al Principado con prioridad a la hora de hacerse con cualquier piso del municipio. Lejos de facilitar el acceso a un hogar, este "intervencionismo" podría empeorar la situación, según apuntan algunas voces desde el sector. Así lo advierte en COPE Avilés Juan Carlos Rubín, de la inmobiliaria Java, quien asegura que estas medidas perjudican a todas las partes. "Perjudica tanto al comprador y al vendedor como al inquilino y al arrendador". La amenaza se cierne especialmente sobre los compradores con menor poder adquisitivo. Los expertos interpretan que, si el Principado tiene prioridad, podría quedarse con las viviendas más asequibles, de menos de 100.000 euros, dejando fuera a quienes buscan su primera vivienda. "El comprador que pueda encontrar una vivienda obsoleta a un precio razonable, no va podría acceder a ella porque va a tener un ente mucho más potente, que es el Principado, que se la va a poder quitar", lamenta. Por su parte, el Gobierno del Principado ha negado que la medida suponga un "perjuicio o agravio" para los vendedores. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha explicado que no es una "limitación a la propiedad privada", sino que permite a la administración comprar al mismo precio pactado entre particulares. Peláez enmarca la ley en la defensa de la vivienda como un derecho y acusa a la oposición de "buscar el titular fácil" y tener "falta de rigor". El sector inmobiliario, sin embargo, mantiene sus recelos e incluso apunta a posibles problemas de base. "Lo primero que tenemos que ver es si eso es legal", señala Rubín, quien asegura que juristas y jueces con los que ha hablado "dudan de que eso sea legal". En lugar de la intervención, Rubín propone otras vías para atajar el problema de raíz, como ayudar a los compradores con exenciones de impuestos, recordando que entre el "28% y el 32% del precio de una vivienda son impuestos, tasas y arbitrios". También reclama recuperar una herramienta olvidada: la promoción de vivienda de protección oficial.
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