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Disculpas, comunicados públicos, anuncios en cadena, entrevistas televisivas… Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, ha puesto en marcha su maquinaria de comunicación para hacer frente a la indignación suscitada por el asesinato de la joven Lyhanna . El último episodio hasta la fecha es la celebración de una rueda de prensa al término de su reunión con todos los fiscales generales de Francia, convocados a primera hora del lunes 8 de junio. El ministro reiteró en esta ocasión la interpretación que hace el Gobierno de este caso. “No fueron los medios lo que impidió a la Cancillería y a los servicios públicos tomar las decisiones en este caso concreto. […] Lo que está en cuestión es la lentitud y la falta de priorización de las violaciones de menores”, insistió Gérald Darmanin. En quince días se hará público un informe para, según promete, “señalar los errores que condujeron a esta tragedia”. Llamando a la “movilización general”, el ministro ha decretado una nueva “urgencia absoluta” en las fiscalías generales: revisar “la totalidad de las denuncias que afectan a menores” , es decir, 70.000 expedientes que analizar de aquí al 14 de julio. Entre estos procedimientos, algunos se refieren a hechos antiguos, precisa, por lo que el esfuerzo deberá centrarse ante todo en los casos “en los que los menores que presentaron la denuncia siguen siendo menores”. “Hay que ocuparse de los niños de forma prioritaria”, insiste. A este sondeo exprés hay que añadir, de aquí al 31 de julio, una reunión individual con cada fiscal general, indicó Gérald Darmanin, prometiendo un gran trabajo de introspección judicial : “¿Existen en otros casos dificultades estructurales de la justicia, del Estado, una falta de expertos, de investigadores especializados o de auxiliares de justicia? Lo comprobaremos.” Pero el ministro de Justicia haría bien en abrir los armarios de su propio ministerio para consultar un informe de inspección que detallaba, ya en julio de 2022, las condiciones en las que se llevan a cabo las investigaciones por abusos sexuales a menores . Encargado por la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise), este informe nunca se ha hecho público. Mediapart ha conseguido una copia tras haber recibido varias negativas del Ministerio de Justicia a facilitarla. Esta misión , centrada en “la evaluación de los procedimientos de denuncia, investigación, archivo y enjuiciamiento en materia de abusos sexuales a menores”, ha analizado minuciosamente 400 procedimientos judiciales por delitos de pederastia, seleccionados de entre ocho tribunales de distintos tamaños. El resultado es un balance abrumador, apenas atenuado por el lenguaje mesurado de los altos funcionarios del Estado. Aunque la misión no niega la “dificultad de establecer la realidad de los hechos y de imputarlos a un responsable en el sentido del derecho penal”, observa que, en determinadas situaciones, “los motivos de archivo aducidos se debían más a investigaciones incompletas que a la incapacidad de establecer los delitos o de detener a sus autores” . Expedientes llevados a cabo con tal deficiencia que la inspección se permite un toque de ironía: “Se podría añadir que el motivo de archivo ‘búsquedas infructuosas’ supone que se hayan iniciado búsquedas previamente.” Las fiscalías consultadas en el marco de este informe señalan un “descenso” de la “calidad de los procedimientos”, que se explica por un “recurso parcial y a veces insuficiente a las técnicas de investigación destinadas a recabar pruebas materiales” . La misión intentó, por otra parte, objetivar esta impresión de los magistrados y, también en este caso, el resultado es implacable: “En solo el 30 % de los expedientes [estudiados], se había llevado a cabo al menos un acto de investigación (solicitud de datos de telefonía, videovigilancia o herramientas informáticas, en particular)”. Así, un jefe de servicio informó de que se veía obligado a renunciar a actos de investigación cruciales debido, en particular, “a los costosos peritajes, a la larga demora en la entrega del informe y a la insuficiencia de personal cualificado”. Mediapart había documentado , por ejemplo, un caso de violación de un menor en el que la justicia se había contentado con un “análisis somero del material informático” del sospechoso , según las propias palabras del agente de la policía judicial encargado del caso. El cabo se había tomado incluso la molestia de precisar, en el atestado, que “sus competencias limitadas no [le] permitían profundizar en el contenido del conjunto de los elementos informáticos incautados”, pero que se veía obligado a proceder así “ante la no disponibilidad” del servicio técnico especializado. La misión destaca, además, las prácticas, cuando menos “dispares”, de las fiscalías y los servicios de investigación . “Parece que las diferencias significativas observadas entre jurisdicciones del mismo tamaño y que disponen de medios análogos plantean interrogantes”, señalan los inspectores. La misión revela que, en materia de violencia sexual contra menores, la tasa de casos archivados sin más puede variar así entre “el 50 % y el 84 %” entre dos tribunales que, sin embargo, son idénticos en todos los aspectos. Una observación que da crédito a la sensación compartida por muchos abogados: la de estar jugando a la lotería cada vez que se presenta una denuncia . Los “retrasos en la tramitación” , según describe el texto, están “directamente relacionados con los medios disponibles (en cuanto a investigadores, personal de guardia especializado en la fiscalía, peritos y jueces de lo penal o de lo criminal)”, dicen los inspectores. Una escasez que no deja de tener consecuencias para los justiciables: “La multiplicación de los tiempos muertos durante la investigación, mientras la fiscalía o un juez de instrucción tratan el caso, y la espera de una fecha disponible para el juicio ante un tribunal correccional o una sala de lo penal conducen sin duda a ‘victimizar’ por segunda vez al denunciante, quien no puede sino constatar que, a pesar de la violencia sufrida, el juicio a su agresor, sobre todo si no se encuentra en prisión preventiva, rara vez es prioritario.” Estas lentitudes judiciales se explicarían en parte por las normas de competencia de los tribunales, que llevan a confiar la investigación al tribunal del que depende el domicilio del autor de los hechos. Cuando la víctima no reside en el mismo departamento, esta organización critica que los procedimientos tengan que pasar de una fiscalía a otra , lo que en consecuencia alarga los plazos de la investigación. La misión había recomendado así estudiar “la posibilidad de tomar como criterio de competencia el domicilio de la víctima menor de edad”. La Ciivise había hecho suya esta recomendación en su informe definitivo de 2023. Esta cuestión de la competencia territorial de las fiscalías es precisamente el núcleo del caso Jérôme Barella , llamado así por el imputado en el asesinato de Lyhanna. Se tardó cinco meses en remitir la denuncia presentada en agosto de 2025 cerca de Toulouse a la gendarmería de Lectoure, en el departamento de Gers. Un agente de policía especializado en la protección de menores, entrevistado por la misión, dice tener “la impresión general de estar constantemente desbordado, […] por miedo a verse personalmente implicado” . Un sentimiento que, según este investigador, “empuja a un número considerable de funcionarios a decidirse a cambiar de destino”. Lo que conduce constantemente a la llegada de investigadores con menos experiencia. Aunque la gendarmería parece estar más al margen de este problema, los servicios de policía informan de que los esfuerzos de formación del personal se ven de hecho lastrados por esta fuga perpetua de los funcionarios con más experiencia. La misión pone de manifiesto incluso la gestión anárquica de los procedimientos judiciales con la constitución de “expedientes ‘invisibles’ en la fase previa de la cadena penal, en los servicios de investigación, en particular en los de la policía nacional”. Esos expedientes nunca se remitieron a la secretaría del tribunal competente y, por lo tanto, pasaron desapercibidos para la justicia. La Ciivise también había añadido este punto a sus recomendaciones: “Evaluar los expedientes de procedimientos en curso pendientes de tramitación.” A este respecto, durante la rueda de prensa de este lunes, Gérald Darmanin señaló que tanto él como su colega del Interior tendrán “que trabajar en estas numerosas denuncias que deben tramitarse lo antes posible”, jurando que se apresuraría a hacer lo que los gobiernos macronistas no han hecho más que posponer sine die . Traducción de Miguel López
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