Diario Libre
Mientras el mundo reserva vuelos hacia las playas de Punta Cana y la alianza público-privada en el sector turístico celebra récords de ocupación, a pocos kilómetros de ahí, sobrevive la otra cara de la moneda: la provincia real, la invisible, la que se toma en consideración de manera muy limitada. Se estima que la provincia La Altagracia genera más de 5,000 millones de dólares anuales en ingresos turísticos. Y al mismo tiempo figura entre las provincias con menor índice de desarrollo humano del país. Ese dato no es un contrasentido. Es una imputación. ¿A qué se debe? Las razones son estructurales y variadas: Primero: el modelo turístico de bajo encadenamiento . Un significativo volumen de las operaciones comerciales hoteleras se realiza fuera de las fronteras de La Altagracia ; la mayoría del personal operativo y técnico contratado proviene de otros litorales nacionales, el bajo nivel de cantidad y calidad del emprendimiento de la sociedad todavia arraigado en sus raíces culturales, etc. El valor derramado hacia las comunidades locales es deficitario para la provincia. Segundo: El Estado ausente . Deuda historica con la provincia. La inversión pública en salud, educación, formación, capital semilla e infraestructura, etc en La Altagracia ha sido históricamente inferior a su aportación fiscal. La provincia pone los impuestos; otras se llevan los proyectos. Tercero: Es cierto que el sector hotelero emplea miles de trabajadores formales; pero las oportunidades de ascenso son limitadas. Los desarrolladores inmobiliarios, contratan mano de obra mayoritamente extranjera e irregular, donde, por ejemplo, los derechos laborales y la seguridad social brillan por su ausencia. Las empresas, salvo honrosas excepciones como el Grupo Puntacana, aplauden la "responsabilidad social" y solo unas pocas la practican. ¿Qué debe hacerse? El gobierno tiene una deuda histórica específica: redirigir una proporción fija —no negociable— de los ingresos por turismo hacia salud primaria, educación técnica, saneamiento, movilidad, seguridad y ordenamiento en los municipios de la provincia. Con veeduría y auditoría ciudadana . El sector empresarial debe promover y apoyar con hechos, no mediante discursos, cadenas productivas locales reales. El turismo sostenible no es un eslogan de marketing; es un modelo de negocio o no existe. Las distintas fuerzas vivas altagracianas que conforman la sociedad civil de la provincia: Iglesias, juntas de vecinos, asociaciones profesionales, ONGs; tienen que hacerse sentir. Deben exigir organizada y permanentemente, sin alteración del orden público, para no caer en la ilegalidad, el desorden y atentar contra lo que se ha logrado hasta ahora. La Altagracia no necesita más folletos estudios o planes de desarrollo . Necesita justicia económica . Y la diferencia entre ambas cosas es lo que las autoridades no quieren debatir para encontrar soluciones. El desarrollo real trae consigo nuevas oportunidades , mejoría para todos y así se vive mejor. La prosperidad que no se derrama , es simplemente, otro nombre en el que se coexiste con el atraso.
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