Cope Zaragoza

Despidos y bajas laborales elevan las diferencias sobre la gestión de Plena Inclusión Olivenza

Un grupo de familias y trabajadores del centro de Plena Inclusión de Olivenza (Badajoz) ha denunciado la situación de tensión que se estaría viviendo en la institución desde hace meses. La controversia, marcada por despidos y un presunto mal clima laboral habría llevado a que algunos usuarios se nieguen a asistir al centro. El mismo, por su parte, indica no tener constancia de esta bajada en la presencia. Según los afectados, se han producido más de 15 despidos en los últimos tiempos, lo que se traduciría en un coste superior a los 200.000 euros en indemnizaciones para la entidad. Uno de los casos más significativos es el de una empleada con más de 20 años de antigüedad y su marido, ambos despedidos hace ya unos meses. La dirección, que asumió el cargo hace seis años, justifica estas salidas como una “reestructuración de la plantilla” necesaria. Afirman que al llegar encontraron una deuda que superaba los 100.000 euros y una “sobreplantilla” con perfiles que, según ellos, “no tenían cabida en la discapacidad actual”. Aunque algunos despidos fueron declarados improcedentes, se llegó a acuerdos y nadie se ha reincorporado, defienden. El descontento se extiende a la plantilla actual. Varios trabajadores se encuentran de baja laboral, atribuyéndolo a un “clima laboral bastante cargado”. Además, los trabajadores denuncian la asunción de competencias que no les corresponden, como personal de administración o conductores que realizan actividades directas con los usuarios. La empresa, respecto a la polivalencia de funciones, asegura que los empleados que realizan varias labores poseen la certificación mínima exigida, la de sociosanitario. Ante esta situación, un colectivo de padres lleva meses solicitando una reunión conjunta con la directiva para buscar soluciones, pero solo se les ha ofrecido encuentros individuales. “Hemos pedido reunión como socios del centro y como padres y solo nos han dicho que nos recibían individualmente”, explica una de las portavoces. La dirección, por su parte, prefiere atender “caso a caso” y afirma que algunas familias ya han aceptado estas reuniones individuales. El conflicto ha escalado hasta las instituciones. Plena Inclusión Extremadura ha mostrado su “preocupación” y la Junta de Extremadura, a través de su equipo de inspección MADEX, ha visitado el centro y ha realizado un “requerimiento a nivel técnico”. El SEPAD está a la espera de recibir la información solicitada a la entidad para evaluar la situación.

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