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La comunidad autónoma de Aragón pierde cinco agricultores cada semana desde hace dos años, lo que se traduce en un trabajador menos del sector primario por cada día laborable. Según expone el agrarista Fran Aísa, este goteo incesante de bajas choca con el hecho de que la renta agraria haya crecido casi un 13% en el último año. Desde 2018, han cerrado casi 2.000 explotaciones en la región. La explicación a esta aparente contradicción reside en que la gente abandona un sector que no resulta viable económicamente para la dimensión de su explotación. "Son explotaciones cada vez más grandes con menos gente", señala Aísa. Para poder vivir del campo, ahora se necesitan más hectáreas de cultivo o más cabezas de ganado, o bien poder instalar sistemas de ganadería intensiva, que son los que actualmente dan viabilidad económica. Incluso subproductos antes criticados como el purín se ven ahora como una "oportunidad de oro" ante la crisis de los fertilizantes, permitiendo producir alimentos a un precio más asequible. Sin embargo, el problema de fondo persiste: "se sigue mostrando de cara a la sociedad que el sector primario está perdiendo personal, y esto es que si no lo producimos nosotros, ya lo importaremos cuando haya, y al precio que nos digan" La consecuencia más directa de esta sangría es el cierre de explotaciones y de viviendas en los pueblos, lo que debilita la vertebración del territorio. Aísa advierte que la pérdida de población en el medio rural conlleva un aumento de combustible en las montañas y, con ello, un mayor riesgo de incendios forestales de gran virulencia, prácticamente "inextinguibles". Este peligro, derivado del abandono rural y la pérdida de aprovechamientos madereros, ganaderos o agrícolas, obliga a reforzar los servicios de emergencias. La reciente noticia de la construcción de un parque de bomberos en Jaca es, para el agrarista, una muestra de que los técnicos "no son tontos y ven las orejas al lobo". Aísa subraya que "en cualquier momento nuestro Pirineo puede arder", y por ello es necesario distribuir servicios en lugar de focalizarlos en las capitales. Antes, eran los propios habitantes del mundo rural quienes realizaban las labores de mantenimiento del monte, manteniendo limpios caminos, cauces de ríos, masas forestales y cortafuegos. Con el desplazamiento de la población al medio urbano, estas tareas se abandonan. Para una administración pública es "imposible a día de hoy gestionar a nivel funcionarial" toda la masa arbórea. El resultado es "la misma agricultura, pero con menos agricultores", lo que hace imposible gestionarlo todo con menos capital humano como se hacía años atrás. En el plano internacional, la preocupación se centra en la crisis de los fertilizantes, un tema que ha reunido al G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Estos países industrializados son deficitarios en insumos clave para la producción de alimentos. Aísa recuerda que el 30% de los fertilizantes nitrogenados proceden del golfo Pérsico y circulan por el estrecho de Ormuz, donde el gas natural barato permite su producción. Aunque la cosecha de este año "se ha salvado" pese a una climatología adversa que provocará mermas de hasta el 40%, la verdadera inquietud del G7 es la siembra de 2026 para la cosecha de 2027. El elevado precio de los insumos, no solo fertilizantes sino también combustibles, hará que se siembre una superficie menor. Esta disminución de la oferta ante una demanda continuada provocará que los precios sigan subiendo, con una repercusión directa en el consumidor. El escenario que se dibuja es el de un 2027 "muy complicado" en términos de seguridad alimentaria mundial. La situación es de tal gravedad que, según Aísa, "países asiáticos y de África, que dependen de esos fertilizantes en porcentajes que se acercan al 70% o 80%, ya se están preparando para futuras hambrunas", por lo que espera que el G7 "no solo se sienten a hablar, sino a poner soluciones".
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