CORDÓPOLIS

WhatsApp X (Twitter) Facebook Telegram Link

Hornachuelos pide a la Junta auxilio ante una pérdida de 15 millones por las futuras obras de El Cabril

El Consistorio ha remitido también un escrito al Senado para solicitar "una valoración parlamentaria y un informe jurídico sobre las consecuencias de la modificación de la normativa derivada de la Ley de Energía Nuclear y su impacto en la financiación municipal vinculada a esta instalación" El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba), en cuyo término municipal se asienta el almacenamiento de El Cabril, que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ha solicitado una reunión con la Presidencia de la Junta de Andalucía y ha reclamado su “respaldo institucional ante la pérdida económica”, que estima en “unos 15 millones de euros, como consecuencia de las próximas obras de ampliación previstas” en el citado almacenamiento de residuos radiactivos. Además, según ha informado el Ayuntamiento de Hornachuelos en una nota, el Consistorio ha remitido también un escrito al Senado, mediante el que solicita “una valoración parlamentaria y un informe jurídico sobre las consecuencias de la modificación de la normativa derivada de la Ley de Energía Nuclear y su impacto en la financiación municipal vinculada a esta instalación”. El alcalde de Hornachuelos, Julián López, ha argumentado que “la interpretación que realizan Enresa y la Administración General del Estado de la normativa aprobada en 2021 está provocando una importante reducción de los ingresos municipales asociados a actuaciones urbanísticas relacionadas con El Cabril”. Así, según ha explicado López, la petición municipal parte de la consideración de que “El Cabril constituye una infraestructura estratégica del Estado que presta servicio al conjunto del sistema nuclear español y cuya presencia genera afecciones territoriales, ambientales, económicas y sociales singulares”. En este sentiddo, ha recordado que se trata de “la única instalación nuclear del país destinada al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja, media y muy baja actividad”, y la reclamación municipal se articula en torno a dos cuestiones. En concreto, por un lado está “la pérdida de recursos” que, a juicio del Ayuntamiento, “están sufriendo los municipios del área de influencia de El Cabril, debido a la evolución del sistema estatal de asignaciones económicas vinculadas a las instalaciones nucleares” y, junto a ello, se sitúa “la merma específica de ingresos urbanísticos que afectaría directamente a Hornachuelos, por albergar físicamente el centro de almacenamiento”. Respecto al sistema de compensaciones, el alcalde ha señalado que “los municipios reciben una aportación compuesta por un término fijo asociado a la capacidad de almacenamiento y otro variable vinculado al volumen anual de residuos gestionados”. Aunque el término fijo ha aumentado en los últimos años, “tras la modificación normativa”, López considera que “dicho incremento no ha sido proporcional al crecimiento de la capacidad de la instalación”. Además, ha criticado “la reducción del término variable, precisamente en un contexto marcado por el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares españolas, que previsiblemente incrementará el volumen de residuos almacenados en El Cabril”. Es decir, “se va a pagar menos por cada metro cúbico almacenado justo cuando se prevé que entren más residuos en El Cabril”, opinando el alcalde que “esta situación perjudica, tanto a Hornachuelos, como al conjunto de municipios” del entorno de El Cabril. La segunda línea de reclamación afecta exclusivamente a Hornachuelos, y según sostiene el Ayuntamiento, “la interpretación que Enresa realiza de la normativa vigente puede provocar la desaparición o reducción de ingresos asociados a las futuras obras de ampliación”. De este modo, “la declaración de interés general de determinadas actuaciones ha supuesto la pérdida de ingresos vinculados al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), equivalentes al 4% del presupuesto de las actuaciones, y posteriormente sustituidos por un sistema de compensaciones” que el Ayuntamiento considera “insuficiente”. Ello es así “porque Enresa toma como referencia el presupuesto de adjudicación de las obras y no el presupuesto de ejecución material inicialmente previsto, lo que reduce significativamente las cantidades a percibir”. A ello se suma, según ha señalado el Consistorio, “el riesgo de perder la prestación compensatoria del 10% prevista para actuaciones en suelo rústico por una interpretación de la normativa”. El Ayuntamiento sostiene que “esta figura urbanística es independiente del ICIO y de las licencias municipales y que tiene como finalidad compensar el uso y aprovechamiento extraordinario del suelo rústico”. Sin embargo, considera que “la interpretación actualmente aplicada podría poner en riesgo” su percepción, ya que “vincula ese pago al del ICIO”. Peticiones a la Junta Ante esta situación, Hornachuelos ha solicitado a la Junta de Andalucía “que analice si Enresa, como sociedad mercantil estatal, puede acogerse automáticamente a las exenciones previstas para las administraciones públicas en materia de prestación compensatoria”. También ha pedido a la Junta “que adopte una posición activa en defensa de las competencias urbanísticas autonómicas” y reclama “una aclaración o modificación normativa que garantice expresamente estas aportaciones económicas, con independencia del procedimiento urbanístico aplicable a cada actuación”. El Consistorio también pide al Gobierno andaluz que se dirija al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la propia Enresa “para reclamar una interpretación o modificación normativa que evite la pérdida de ingresos municipales y que se estudie una compensación económica equivalente, suficiente y estable”. Junto a ello, el Ayuntamiento plantea que la futura revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) “reconozca expresamente la singularidad de Hornachuelos y de los municipios del entorno de El Cabril” y, en este contexto, reclama “la incorporación de medidas específicas de compensación territorial, transición justa, diversificación económica, inversión pública, mejora de infraestructuras y fortalecimiento institucional”. A este respecto, el alcalde ha asegurado que la Junta de Andalucía “percibe más de siete millones de euros al año relacionados con la actividad de El Cabril”, y ha defendido que “parte de esos recursos deberían revertir en los municipios que soportan directamente la instalación y sus efectos territoriales”. Petición al Senado En el escrito remitido al Senado, por su parte, también señala el Ayuntamiento de Hornachuelos lo que considera “un trato desigual hacia los municipios del entorno de El Cabril, respecto a las zonas que albergan centrales nucleares”. El Consistorio ha argumentado que Hornachuelos “soporta el almacenamiento centralizado de residuos radiactivos procedentes de todo el sistema nuclear español, sin haber recibido una compensación económica proporcional a la carga territorial, ambiental y social que asume, y sin que esto haya supuesto una actividad industrial asociada a la producción de energía capaz de generar empleo y tejido productivo comparable”. Finalmente, el Ayuntamiento ha defendido que “la controversia trasciende el ámbito estrictamente económico y afecta a la sostenibilidad futura de Hornachuelos y de los municipios del entorno de El Cabril, que llevan décadas conviviendo con una infraestructura estratégica de interés general”. Por ello, Julián López ha pedido “una respuesta institucional urgente, antes de que se autoricen o ejecuten las nuevas obras previstas en el centro de almacenamiento de residuos radiactivos”.

Google Play App Store