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La normativa de emisiones en la Unión Europea vuelve a abrir una profunda brecha política en el sector del motor. En pleno debate sobre la viabilidad de los calendarios de descarbonización y con las presiones de ciertos fabricantes aumentando, España se ha aliado con otros seis países para formalizar su rechazo a cualquier intento de suavizar o postergar las actuales exigencias de reducción de CO₂ para coches y furgonetas. El bloque opositor, conformado de manera conjunta por España, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia, ha remitido un documento estratégico a Bruselas. En él defienden la necesidad de mantener una «senda clara y previsible» hacia la electrificación total del transporte, enviando una señal inequívoca a un sector automotriz que... Ver Más
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