Cope Zaragoza
La autorización del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) a Enel Green Power para el Nudo Mudéjar ha provocado un profundo enfrentamiento con el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico ha calificado el proyecto de “claramente insuficiente” tras conocer que la potencia autorizada se reduce a 406,3 MW, lo que supone un drástico recorte sobre el plan original. La consejera de Economía, Eva Valle, ha denunciado que esta decisión “vuelve a perjudicar a la región”, generando un nuevo foco de tensión en la ya compleja transición energética de la zona. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha expresado su malestar tras conocer la noticia por los medios de comunicación, criticando una “reducción drástica de la inversión en casi un 80% del proyecto que el mismo Ministerio había adjudicado hace casi cuatro años”. Para Valle, se trata de “una nueva decisión del Gobierno de España que vuelve a perjudicar a la región, que significa menos inversión, menos empleo y menos oportunidades para la zona”. Valle ha atribuido la situación actual a la “falta de planificación y la falta de visión integral del Gobierno de España”, una cadena de decisiones que, según afirma, se inició hace casi seis años con el “cierre puramente ideológico” de la central térmica de Andorra. “En un momento en el que el Ministerio de Transición Ecológica, prácticamente nada más haber llegado la ministra Rivera, sentenció a este tipo de centrales”, ha señalado. Ante este escenario, la consejera ha asegurado que “el Gobierno de Aragón está trabajando para paliar esta situación”. Ha confirmado que están “en contacto con ayuntamientos y con agentes sociales de la zona para ir de la mano en la búsqueda de una solución alternativa que palie de alguna manera la situación económica que viven las cuencas mineras turolenses”. Por su parte, el MITECO ha justificado la reducción de potencia del proyecto de Enel por la Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha evaluación incorpora condicionantes técnicos del INAGA y la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, relacionados con el control de escorrentías y la protección de cauces. El Ministerio ha anunciado que propondrá una modificación de la orden del concurso para reasignar la capacidad liberada por Enel, de 937 MW, entre los demás concurrentes. Esta modificación se someterá a consulta pública en las próximas semanas con el objetivo de culminar el procedimiento en otoño. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) será el encargado de ofrecer esta capacidad liberada siguiendo el orden de prelación del concurso. Además, el ITJ reajustará los compromisos de Enel, que ahora deberá mantener 13 empleos directos en construcción, 71 en operación y 1.310 indirectos. Las críticas del Gobierno de Aragón no son nuevas. Hace dos meses, la entonces vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ya exigía no más “dilaciones ni recortes en los proyectos del Nudo Mudéjar” para evitar una “transición injusta o fallida”. Estas declaraciones se produjeron tras una reunión en Teruel con administraciones locales, patronal y sindicatos para abordar el futuro de la zona tras el cierre de la Central Térmica de Andorra. En aquel encuentro, en el que participaron representantes de nueve ayuntamientos y agentes sociales como CEPYME, Cámara de Comercio, UGT y CCOO, se lamentó el “recorte sustancial de inversiones” derivado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Vaquero explicó que “los proyectos han quedado reducidos a una quinta parte”, lo que afecta directamente a las inversiones en los municipios más beneficiados. Vaquero fue contundente al afirmar que “se confirma que hubo un cierre de la central de Andorra sin planificación ni alternativa”. Los hechos objetivos, según expuso, son una disminución de inversiones, empleo y población, con datos como la pérdida de mil habitantes en Andorra y un tercio en Ariño. “Desde aquella decisión del cierre, no hay plan, no hay alternativa, no hay nada”, sentenció. El conjunto de proyectos del Nudo Mudéjar está considerado “estratégico” para la reindustrialización de una comarca históricamente ligada al carbón. Por ello, el Gobierno de Aragón ha reclamado en reiteradas ocasiones el cumplimiento íntegro de los compromisos y ha exigido “seguridad jurídica” para cualquier alternativa, con el fin de “no dar pie a nuevas reclamaciones y más dilaciones”.
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