El Gobierno de Ayuso fulmina los órganos creados hace 15 años para vigilar los hospitales públicos de gestión privada

El Gobierno de Ayuso fulmina los órganos creados hace 15 años para vigilar los hospitales públicos de gestión privada

La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria Exclusiva - La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón con cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud. Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”. El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio. La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023. Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”. “El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”. La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado .  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad” En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmatí. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada. “El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmatí, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma. “Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria. Bonmatí también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

El Gobierno hace un nuevo gesto a Junts a dos semanas de que se vote el escudo social

El Gobierno hace un nuevo gesto a Junts a dos semanas de que se vote el escudo social

En el Ejecutivo aseguran que no saben si Junts mantendrá el rechazo anunciado al decreto del escudo social y reconocen que la formación independentista siempre mantiene exigencias que van más allá de los textos legales en sí. Sánchez ha ido reagrupando a la mayoría de la investidura, pero no tiene garantías para los Presupuestos, especialmente por el previsible 'no' de Junts El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero. “Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC). También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”. En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV . El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler. Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente. Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE. Sin avances para el traspaso de competencias migratorias A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto. Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea. El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

El Gobierno de Ayuso fulmina los órganos creados hace 15 años para vigilar los hospitales públicos de gestión privada

El Gobierno de Ayuso fulmina los órganos creados hace 15 años para vigilar los hospitales públicos de gestión privada

La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria Exclusiva - La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón con cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud. Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”. El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio. La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023. Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”. “El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”. La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado .  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad” En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmatí. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada. “El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmatí, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma. “Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria. Bonmatí también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

El Gobierno hace un nuevo gesto a Junts a dos semanas de que se vote el escudo social

El Gobierno hace un nuevo gesto a Junts a dos semanas de que se vote el escudo social

En el Ejecutivo aseguran que no saben si Junts mantendrá el rechazo anunciado al decreto del escudo social y reconocen que la formación independentista siempre mantiene exigencias que van más allá de los textos legales en sí. Sánchez ha ido reagrupando a la mayoría de la investidura, pero no tiene garantías para los Presupuestos, especialmente por el previsible 'no' de Junts El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero. “Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC). También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”. En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV . El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler. Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente. Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE. Sin avances para el traspaso de competencias migratorias A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto. Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea. El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

Óscar López culpa al mort Lambán de la desfeta del PSOE a l'Aragó i provoca un conflicte intern

Óscar López culpa al mort Lambán de la desfeta del PSOE a l'Aragó i provoca un conflicte intern

Les paraules del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López , sobre el retrocés electoral del PSOE a l’Aragó han obert una nova fractura interna al partit. En una entrevista a RNE, el dirigent socialista ha apuntat directament a la línia política que havia mantingut l’exlíder aragonès Javier Lambán — mort l’estiu passat — com una de les causes de la davallada, en considerar que el PSOE no va exercir una “oposició” efectiva al president popular Jorge Azcón. El diagnòstic arriba després que els socialistes perdessin cinc escons en els comicis del 8 de febrer, un resultat que ha encès el debat intern sobre l’estratègia territorial. López, a més, ha reivindicat la decisió de presentar exministres com a caps de llista en diverses comunitats, defensant aquest model com una aposta vàlida malgrat els resultats desiguals. “ En lloc de fer oposició al senyor Azcón, es va dedicar a fer una altra cosa , per cert, moltes vegades amb arguments que eren de la dreta. Per tant, també el PP no tenia un desgast que havia d’haver tingut”, ha dit López, apuntant implícitament al paper de Lambán quan, en diferents moments, va carregar contra la línia del PSOE de Pedro Sánchez des d’un espai pròxim al corrent d’Emiliano García-Page . El ministre ha suggerit que aquesta actitud va restar pressió política al govern aragonès del PP, que no hauria acumulat el desgast esperable durant la legislatura. Amb tot, López ha intentat matisar el to i ha assegurat que, malgrat les discrepàncies, va mantenir una “excel·lent relació” amb l’expresident aragonès. Aquestes declaracions han aixecat polseguera i, poques hores després, Pilar Alegría ha reaccionat a les xarxes amb un missatge que, sense citar-lo, marcava distàncies amb l’anàlisi. La dirigent socialista ha recordat que “el resultat de les eleccions del 8-F no va ser bo per al PSOE ” i ha admès que cal “millorar per recuperar la confiança dels aragonesos”. Alegría ha rebutjat, però, el relat de buscar culpables interns: “Assenyalar els uns o els altres com a responsables dels resultats no només és un error, sinó que no ens condueix en la bona direcció” , ha escrit. Alhora, ha garantit que el PSOE aragonès continuarà treballant “en aquest camí” i ho farà, ha remarcat, “orgullosos del llegat de Lambán i dels presidents socialistes”. El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el @aragonpsoe … — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 12, 2026 Segueix ElNacional.cat a WhatsApp , hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!

Óscar López culpa al mort Lambán de la desfeta del PSOE a l'Aragó i provoca un conflicte intern

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Les paraules del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López , sobre el retrocés electoral del PSOE a l’Aragó han obert una nova fractura interna al partit. En una entrevista a RNE, el dirigent socialista ha apuntat directament a la línia política que havia mantingut l’exlíder aragonès Javier Lambán — mort l’estiu passat — com una de les causes de la davallada, en considerar que el PSOE no va exercir una “oposició” efectiva al president popular Jorge Azcón. El diagnòstic arriba després que els socialistes perdessin cinc escons en els comicis del 8 de febrer, un resultat que ha encès el debat intern sobre l’estratègia territorial. López, a més, ha reivindicat la decisió de presentar exministres com a caps de llista en diverses comunitats, defensant aquest model com una aposta vàlida malgrat els resultats desiguals. “ En lloc de fer oposició al senyor Azcón, es va dedicar a fer una altra cosa , per cert, moltes vegades amb arguments que eren de la dreta. Per tant, també el PP no tenia un desgast que havia d’haver tingut”, ha dit López, apuntant implícitament al paper de Lambán quan, en diferents moments, va carregar contra la línia del PSOE de Pedro Sánchez des d’un espai pròxim al corrent d’Emiliano García-Page . El ministre ha suggerit que aquesta actitud va restar pressió política al govern aragonès del PP, que no hauria acumulat el desgast esperable durant la legislatura. Amb tot, López ha intentat matisar el to i ha assegurat que, malgrat les discrepàncies, va mantenir una “excel·lent relació” amb l’expresident aragonès. Aquestes declaracions han aixecat polseguera i, poques hores després, Pilar Alegría ha reaccionat a les xarxes amb un missatge que, sense citar-lo, marcava distàncies amb l’anàlisi. La dirigent socialista ha recordat que “el resultat de les eleccions del 8-F no va ser bo per al PSOE ” i ha admès que cal “millorar per recuperar la confiança dels aragonesos”. Alegría ha rebutjat, però, el relat de buscar culpables interns: “Assenyalar els uns o els altres com a responsables dels resultats no només és un error, sinó que no ens condueix en la bona direcció” , ha escrit. Alhora, ha garantit que el PSOE aragonès continuarà treballant “en aquest camí” i ho farà, ha remarcat, “orgullosos del llegat de Lambán i dels presidents socialistes”. El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el @aragonpsoe … — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 12, 2026 Segueix ElNacional.cat a WhatsApp , hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!

Dónde ver online y en televisión la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 hoy y a qué hora empieza la gala

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El Benidorm Fest tiene un aroma diferente este 2026, ya que el ganador no irá a Eurovisión debido a la retirada de España por la participación de Israel, iniciativa a la que se sumaron Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. No obstante, tampoco se irá con las manos vacías, ya que, además del trofeo de la Sirenita , obtendrá 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción). Además, uno de los participantes tendrá la oportunidad de grabar un single en Miami con un productor internacional. También habrá un premio independiente que incluye un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles , que ha albergado ya a grandes artistas globales. Con esta motivación se presentan los 18 artistas al concurso, dividido en dos semifinales y una final que se llevan a cabo los días 10,12 y 14 de febrero . Por el momento, la primera semifinal ha dejado ya los primeros clasificados, con Izan Llunas, Mikel Herzog Jr, KITAI, Tony Grox y Lucyscalys, Kenneth y María León con Julia Medina. Por otro lado, lo más destacado de la noche fue el abandono de Luna Ki por ansiedad. Esta segunda semifinal celebrada el 12 de febrero comenzará a las 22.50 horas , después del partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Será retransmitida por RTVE desde el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm , que ha ampliado su aforo a 3.000 personas. La semifinal del Benidorm Fest 2026 se puede ver en televisión a través de La1 y en RTVE Play, la plataforma gratuita de RTVE, que ofrece esta edición seis entregas en directo de 'Benidorm Calling' , un espacio previo que ya se ha convertido en el calentamiento imprescindible del festival y que reunirá a numerosos presentadores y colaboradores. Las emisiones tuvieron lugar los días 2, 4, 5 y 10 y volverán a emitirse el 12 y 14 de febrero a las 20.00 horas , con conexiones tanto desde Madrid como desde Benidorm en plena semana decisiva del certamen. La segunda semifinal, que se celebra este jueves 12 de febrero contará con nueve participantes , de los cuales seis se unirán en la gran final a los ya clasificados el martes en la primera semifinal. La gran gala reunirá a 12 artistas , siendo la final con más actuaciones de la historia del certamen. También estará como invitada Melody , representante de España en Eurovisión el año pasado, para celebrar el quinto aniversario del concurso.

Cortada la autovía A-4 en Alcolea tras el vuelco de un camión

Cortada la autovía A-4 en Alcolea tras el vuelco de un camión

El accidente ha ocurrido sobre las 20:40 en sentido Madrid La Autovía del Sur A-4 se encuentra cortada a la altura de la barriada de Alcolea, en Córdoba, tras el vuelco de un camión en esta carretera, en sentido Madrid, ocurrido sobre las 20:40 de este jueves. A esa hora, el servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso y ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, sin que haya constancia de personas heridas. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte total de la autovía en sentido decreciente de la kilometración, entre el punto 391,4 km y el 386,2 km, en Alcolea. Según han informado otras fuentes a este periódico, se trata de un camión que transportaba fruta y ha sufrido un accidente, quedando volcado a lo ancho de la calzada a la altura del Centro Penitenciario.

Feijóo se humilla ante Vox

Feijóo se humilla ante Vox

El cambio de criterio de Alberto Núñez Feijóo respecto a posibles pactos con la formación ultraderechista Vox sólo cabe concebirse como una claudicación ante el ideario neofascista por parte del presidente del Partido Popular, incapaz de haber formado un discurso propio frente a su gran oponente político que está impidiendo que su liderazgo se asiente en la derecha española y que no es otra que Isabel Díaz Ayuso, la sultana de Madrid.

Redes: ¿proteger o influir?

Redes: ¿proteger o influir?

La tensión entre el poder político y el tecnológico no es nueva, aunque hoy adopte nuevas formas. La posición de Pedro Sánchez frente a las redes sociales y los tecnooligarcas se ha endurecido en los últimos días, con propuestas para reforzar el control sobre las plataformas en nombre de la protección de los menores y la lucha contra la desinformación. La reacción del sector tecnológico no se ha hecho esperar. Elon Musk ha denunciado lo que considera una deriva intervencionista, mientras Pável Dúrov, fundador de Telegram, ha alertado desde su propio entorno digital del riesgo de que los gobiernos amplíen su influencia sobre la comunicación privada.

No incomoden al presidente

No incomoden al presidente

Entre las feas costumbres del actual presidente de los Estados Unidos, muchas más de las tolerables en alguien que tiene el mundo en sus manos, está la de faltar a la cortesía debida al prójimo. Hay que reconocerle que a la hora de repartir desplantes no distingue géneros y dignidades, ni entre enemigos ni aliados, pero cuando quien le planta cara es una mujer, ay, la testosterona se adueña de él.