Un Rey para una democracia acosada

En una democracia cada vez más fatigada por la polarización, la desconfianza y la lógica plebiscitaria, la figura del Rey adquiere un significado que conviene pensar con más cuidado del habitual. Cuando la política se convierte en una sucesión de emociones fuertes, mayorías frentistas y lealtades de parte, la Corona representa algo distinto. No es una alternativa de poder, sino un límite a su desbordamiento. La monarquía parlamentaria es un elemento más de la técnica de organización del poder. No es, por tanto, un vestigio histórico, ni una concesión estética del constituyente. Es una respuesta moderna a un problema clásico; el de cómo evitar que quien gobierna –incluso cuando lo hace en nombre del pueblo– termine identificándose con el poder mismo. El artículo 1.3 de la Constitución describe una forma política y fija una lógica. La de un poder diferente de los otros poderes del Estado, que se ejerce, pero que no se posee. Pero, en una democracia acosada, la cuestión ya no es solo que la Corona carezca de poderes efectivos. Es que su sentido reside precisamente en esa carencia. En un sistema donde todos los actores compiten por ampliar su influencia, la Corona es la única institución cuya lógica no es expansiva. No acumula, no disputa, no promete. Muestra, con su propia limitación, que nadie manda bajo su solo poder y voluntad. Y, en esa aparente debilidad, reside paradójicamente su fuerza constitucional. El problema contemporáneo es la tendencia del poder democrático a desbordar sus límites. La personalización extrema del liderazgo, el uso plebiscitario de las mayorías y la progresiva ocupación partidista de instituciones concebidas para el control están destruyendo la lógica del Estado constitucional. Montesquieu advirtió de que no hay peor tiranía que la que se ejerce bajo apariencia de legalidad. Y pocas cosas resultan hoy más tentadoras que identificar la voluntad coyuntural de una mayoría con el interés general. España no es ajena a esa deriva. La transformación del Ejecutivo en un centro de poder cada vez más concentrado desborda los equilibrios que exige la democracia. Gobiernos fuertes son necesarios. Gobiernos sin límites, no. Ahí es donde la Corona mantiene todo su sentido. Bagehot explicó que el monarca tiene el derecho a ser informado, a ser consultado y a advertir. No es poco. Pero tampoco es poder. Es influencia sin decisión, presencia sin imposición. Lucas Verdú lo calificó de tránsito «del poder a la influencia». Hoy podríamos decir algo más: del poder a la contención del poder. La Corona no limita el poder porque lo ejerza, sino porque recuerda que nadie puede ejercerlo sin límites. No actúa como contrapoder en sentido clásico, sino como recordatorio permanente de que el poder no pertenece a quien lo ejerce. En una democracia donde todo tiende a dramatizarse, donde cada decisión se presenta como irreversible y cada adversario como ilegítimo, esa función no es menor. Felipe VI ha asumido este papel con una sobriedad que contrasta con el clima político de su tiempo. No ha buscado protagonismo, ni lo necesita. No habla como actor político, sino como quien recuerda las condiciones mismas del juego. Sus intervenciones (desde el decisivo discurso del 3 de octubre de 2017 hasta sus mensajes institucionales más recientes) han tenido un hilo conductor claro. La defensa explícita del orden constitucional y del Estado de derecho como marco de la libertad de todos. Recordó Su Majestad, al celebrar medio siglo de Corona constitucional y parlamentaria, que «el mejor legado de aquella generación fue, y sigue siendo, la Constitución de 1978, que consagró nuestra monarquía parlamentaria y articuló un sistema democrático plural y estable». No se refería solo a una institución, sino a un método. El de las grandes transformaciones hechas «desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua». En tiempos de desafección a la libertad y a la democracia, la Corona, con sus imperfecciones, introduce algo que escasea: continuidad, previsibilidad y un lenguaje distinto al de la lucha partidista. Las encuestas muestran una opinión pública matizada, crítica y exigente, pero que, en su inmensa mayoría, percibe la monarquía de Felipe VI de forma muy positiva. No se trata de una adhesión incondicional, sino de un reconocimiento práctico. En una época de hipérbole, su función ha sido, precisamente, la contraria; reducir la temperatura del sistema. Introducir distancia donde hay inmediatez. Estabilidad donde hay volatilidad. Y una cierta idea de permanencia donde todo parece sometido al ciclo corto de la confrontación política. En un sistema que todo lo convierte en disputa, conviene que haya al menos una institución que no participe en la competición diaria por el poder. La monarquía parlamentaria no compite, no divide y no acumula poder. Una institución que, sin gobernar, recuerda constantemente que nadie gobierna en nombre propio. No se trata de idealizar la institución real. Las críticas existen y son señal de una sociedad libre. Pero tanto la tradición española, de Vitoria a Suárez, como el constitucionalismo contemporáneo coinciden en algo esencial. El poder tiene límites anteriores y superiores a la voluntad de los gobernantes. Dicho de otro modo; la desconfianza hacia la concentración del poder no es una moda contemporánea, sino una constante de nuestra mejor tradición jurídica española, europea y occidental. La Corona, en su configuración actual, no es una excepción a esta cultura política, sino una de sus expresiones más depuradas. En tiempos de democracia acosada, la cuestión no es quién manda, sino cómo se limita el mando. Si la civilización política comienza cuando el poder acepta sus límites, la monarquía parlamentaria no es un residuo del pasado, sino una forma exigente de recordar ese principio. Un Rey parlamentario, como Felipe VI, no es un lujo, sino un recordatorio del futuro que queremos. Y en el esquema de la democracia y la libertad, la aportación de la Corona es singular; porque, al no decidir, obliga a todos a recordar que el poder nunca es propio. Es su función más silenciosa y decisiva. También, la más necesaria. El Rey, sin gobernar, recuerda a todos que nadie está por encima de la Constitución y la ley. Y el mejor exponente de todo ello, dentro y fuera de nuestras fronteras, es Felipe VI.

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