Firmeza del Govern ante el dictamen de Europa

Frente al dictamen de la Comisión Europea, el Govern ha optado por una postura que, lejos de ser caprichosa, responde a una realidad social innegable: el acceso a la vivienda en las Islas se encuentra en una situación límite. Defender la continuidad del decreto de contención turística no es un gesto de rebeldía institucional, sino un ejercicio de responsabilidad política ante una emergencia habitacional que exige medidas contundentes. La crítica de Bruselas, basada en la supuesta vulneración de la Directiva de Servicios de la UE, parte de un principio legítimo –la libertad de establecimiento–, pero ignora en gran medida el contexto específico de territorios como Balears. Aquí, el alquiler vacacional no es una actividad económica más: es un factor estructural que ha contribuido a tensionar el mercado residencial hasta niveles difíciles de sostener para la población local.

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