¿Qué sanciones puede aplicar Occidente a Israel por Gaza según el derecho internacional?

Occidente no puede alegar que no sabe qué hacer con Israel. El derecho internacional lleva meses, incluso años, señalando qué medidas están al alcance de los Estados para frenar, castigar y no contribuir a los crímenes cometidos en Gaza. El problema no ha sido la falta de herramientas jurídicas. Ha sido la negativa de buena parte de las potencias occidentales a utilizarlas contra un aliado. Desde enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias órdenes cautelares en el caso abierto por Sudáfrica contra Israel. En julio de 2024, además, emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal y recordó que terceros Estados no deben reconocer esa situación ni prestar ayuda para mantenerla. El margen de maniobra, por tanto, no es teórico. Está escrito. La secuencia importa. El 26 de enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos comprendidos en la Convención sobre Genocidio y garantizar más ayuda humanitaria para la población de Gaza. El 28 de marzo reforzó esas medidas. El 24 de mayo fue más lejos y exigió detener la ofensiva militar en Rafá. La Corte no zanjó entonces el fondo del caso, pero sí estableció algo decisivo: que existía un riesgo suficiente como para activar obligaciones inmediatas. A partir de ahí, la discusión dejó de ser política en sentido estricto. También pasó a ser jurídica. Qué hace cada Estado con Israel desde ese momento ya no depende solo de afinidades diplomáticas o cálculos electorales. Depende de si está cumpliendo o no con su deber de prevenir y no facilitar una situación ilegal. Las herramientas están sobre la mesa La primera vía de presión es comercial. La opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 fue bastante clara al señalar que los Estados no deben reconocer como lícita la presencia israelí en el territorio palestino ocupado ni prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. También afirmó que deben cooperar para ponerle fin. Eso abre la puerta a revisar acuerdos preferenciales, congelar inversiones, excluir productos ligados a la ocupación y suspender relaciones económicas que contribuyan a sostenerla. No hace falta una arquitectura nueva. La base jurídica ya existe. Ahí la Unión Europea ocupa un lugar central. La UE sigue siendo el principal socio comercial de Israel. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 42.600 millones de euros en 2024 y Bruselas representó el 32% del comercio total israelí de bienes, según la Comisión Europea. Esa cifra no es un simple dato de contexto. Marca la capacidad real de presión. Si la UE suspendiera concesiones comerciales, endureciera controles sobre importaciones vinculadas a los asentamientos o congelara el trato preferencial del Acuerdo de Asociación, el golpe sería tangible. De hecho, la propia Comisión Europea propuso en septiembre de 2025 suspender concesiones comerciales sobre bienes israelíes, lo que evidencia que ese instrumento está sobre la mesa y no pertenece al terreno de la especulación académica. La segunda vía es militar...

Go to News Site