El Plural
El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas contra el exalcalde de Maracena (Granada) entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP), después de que el Ayuntamiento de Maracena lo haya denunciado por presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. De acuerdo al expediente de denuncia, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los hechos denunciados siguen dos líneas paralelas, y cuyo trasfondo esconde un presunto interés por parte del exalcalde del PP por manchar la imagen de sus adversarios políticos en el municipio granadino. Espionaje En primer lugar, el Ayuntamiento de Maracena ha denunciado la contratación irregular por parte del alcalde de una empresa para llevar a cabo un espionaje político. Para ello, según consta en la denuncia, el alcalde, en connivencia con un concejal popular ya fallecido, habrían facilitado a dicha empresa el acceso a la plataforma 'Gestiona', para poder acceder a infinidad de datos e informes sobre los rivales políticos -y también de compañeros de partido- en ese momento en el Consistorio. Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública. Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público. Además, el Técnico de Contratación y los responsables de las Áreas de Deportes, Educación y Recursos Humanos emitieron informes certificando que no solicitaron dichos servicios y que no existe registro de entrada ni expediente administrativo alguno que dé cobertura, soporte o justificación legal a la generación de dichos informes. Los documentos obtenidos quedaron en poder del solicitante para su uso particular. El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan "un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales". En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde "admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales". Esta actuación al margen de la ley generó cuatro facturas emitidas entre marzo y abril de 2024 que ascienden a un total de 2.327,65 euros. Este importe ha quedado pendiente de pago y a cargo del Ayuntamiento, representando un desvío de fondos para una finalidad totalmente desvinculada de la competencia municipal. Cabe destacar, además, que el propio exalcalde admitió públicamente en una sesión plenaria haber encargado estos informes durante la sesión plenaria del 2 de octubre de 2025. La contratación para personarse en el caso Maracena Por otro lado, la denuncia también se centra en la contratación de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición. Una...
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