Hacienda confirma que este 2026 reforzará el control de los gastos financieros y del fraude por la compra, venta o alquiler de viviendas de los contribuyentes

Hacienda reforzará en 2026 el control sobre el sector inmobiliario, con especial atención a la deducción improcedente de gastos financieros y la prevención del fraude. El Plan de Control Tributario publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) también pone el foco en el negocio digital, las rentas y patrimonios ocultos y la lucha contra la economía sumergida, según ha informado Europa Press. La Agencia Tributaria aprovechará la nueva información financiera disponible, como las declaraciones informativas mensuales de los bancos sobre cobros con tarjeta, para mejorar el control de posibles ocultaciones de actividades empresariales. Esta información, junto a la de pagos transfronterizos, impulsará el control sobre cuentas en entidades financieras digitales ('neobancos') usadas para ocultar rentas o patrimonios en el exterior. El comercio electrónico sigue siendo un "objetivo prioritario". Se realizarán actuaciones de comprobación de entidades que simulan estar en la UE para eludir el pago del IVA y se profundizará en la correcta tributación de los creadores de contenido o 'influencers', incluyendo el análisis de su residencia fiscal. En 2026 también se impulsarán actuaciones de control sobre contribuyentes que, habiendo operado con monedas virtuales, no hayan declarado las rentas o ganancias patrimoniales correspondientes. Para ello, se usarán herramientas de trazabilidad en 'blockchain' con el fin de detectar patrimonios no justificados o rentas no declaradas. El organismo prestará especial atención a los riesgos potenciales del sector inmobiliario, como la utilización abusiva de subcontratas, la correcta valoración de los inmuebles en transmisiones y el cumplimiento de requisitos en operaciones complejas de promoción, rehabilitación y transmisión. También se vigilará de cerca la comercialización e intermediación en la venta y arrendamiento de inmuebles. En el ámbito de los arrendamientos, se intensificarán las actuaciones para verificar la correcta declaración de los rendimientos, con especial atención a los alquileres gestionados a través de plataformas digitales. El plan reitera que se trata de "detectar artificios en el alquiler de pisos turísticos y arrendamientos de temporada". Además, se continuará acentuando el control sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), dado su régimen fiscal especial. También se vigilará la correcta tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de inmuebles obtenidas por no residentes. En paralelo, el Gobierno estudia nuevas herramientas fiscales, como penalizar a través del IRPF a los caseros que suban los precios al finalizar un contrato en zonas tensionadas. La medida surge ante lo que la presidenta de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), Carolina Roca, ha calificado como una "emergencia social". Roca reclama seguridad jurídica para afrontar un reto que, según el sector, requerirá más de tres millones de viviendas de alquiler en los próximos quince años. Como incentivo, la normativa contempla una reducción de hasta el 90 % en el IRPF para propietarios que bajen el precio, aunque solo Cataluña, País Vasco y Navarra han declarado estas áreas. Sin embargo, Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, ha lamentado que "los alquileres protegidos son excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos". Esta visión apunta a que el alquiler está penalizado fiscalmente, lo que añade complejidad al mercado de la vivienda. La Campaña de la Renta y Patrimonio 2025 comenzará el 8 de abril de 2026 para la presentación por internet y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026. Están obligados a declarar, entre otros, los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador, todos los trabajadores autónomos y los titulares del ingreso mínimo vital.

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