Casares insiste en que el Ayuntamiento de Santander era parte responsable de mantener la pasarela de El Bocal, a pesar del auto de la jueza

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha hecho declaraciones este martes sobre el auto de la magistrada que investiga el accidente en la pasarela de El Bocal del pasado 3 de marzo. Tras conocerse que se va a investigar a dos funcionarios de Demarcación de Costas, "única administración responsable del mantenimiento" según la jueza, Casares ha afirmado que desde el Ministerio de Transición Ecológica entienden que la responsabilidad de mantener la infraestructura correspondía al Ayuntamiento de Santander. Desde el Miteco apuntan que durante las obras de la pasarela, el Ayuntamiento pidió la paralización de los trabajos, y ahora alegan a que se terminó la primera fase de la senda costera, y una vez finalizada y entregada una parte de la obra, su mantenimiento pasaba a ser competencia del Ayuntamiento de Santander. No obstante, el delegado del Gobierno ha reconocido que el auto inicial de la jueza "apunta en otra dirección", pero confía en que el procedimiento judicial, una vez se analice toda la documentación y se complete el informe pericial encargado, aclarará este punto. Pedro Casares ha mostrado su máximo respeto al procedimiento judicial y ha subrayado la importancia de "esclarecer todos los hechos y todas las responsabilidades, sean de quien sean". En este sentido, ha insistido en la necesidad de llegar "hasta el final" por deferencia a las víctimas y sus familias. Ha explicado que la decisión de que la Dirección General de Costas se persone en la causa responde a la investigación de dos funcionarios de este organismo. "Parece razonable que tengas acceso en calidad de una administración con una posible responsabilidad civil", ha concluido Casares, comparando la situación con la personación del Ayuntamiento de Santander cuando se investigó a una agente de la Policía Local. El delegado del Gobierno considera que las pesquisas no deben centrarse únicamente en individuos específicos. "Creemos que no pueden recaer solo en personas concretas", ha declarado Casares, pidiendo que se depuren todas las responsabilidades. En cuanto a la seguridad de las infraestructuras, Casares ha sido tajante al afirmar que es una competencia municipal, un aspecto en el que, según él, también "insiste la magistrada en su auto". Como prueba, ha mencionado la reciente colocación de señalización y vallas por parte del consistorio en varios puntos, lo que a su juicio "demuestra esa idea de que el ayuntamiento es quien es el competente para garantizar la seguridad en todo el término municipal". Estas declaraciones de Casares no dejan de ser un ejercicio de echar balones fuera después de ver que la jueza apunta en otra dirección. Además, sobre las posibles fases de la obra en la senda costera de El Bocal, es algo que tendrá que dirimir la jueza.

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