COPE
El número de personas sin hogar que viven en las calles de Alicante ha aumentado hasta alcanzar la cifra de 300, según ha alertado María Núñez, miembro del equipo de calle de Cáritas. Este dato, que confirma la tendencia creciente de los últimos años, ha sido analizado en el último informe que la Red de Entidades para la Atención a Personas Sin Hogar (REAPSHA) ha presentado. El perfil de las personas en situación de calle es variado, aunque la edad media se sitúa entre los 40 y 60 años. Sin embargo, Núñez ha mostrado su preocupación por “un creciente aumento de la juventud en situación de calle”, un fenómeno que ha calificado como sinhogarismo juvenil. También ha destacado la existencia de un “sinhogarismo cronificado”, con personas que llevan más de dos e incluso cinco años en esta situación. María Núñez ha puesto el foco en las causas estructurales que provocan esta realidad. “Es muy fácil decir que una persona está en calle porque quiere”, ha afirmado, para después señalar a la sociedad “individualista”, la especulación inmobiliaria, la falta de políticas preventivas y la aporofobia como algunos de los factores clave. Ha subrayado que incluso hay “personas trabajadoras, pero que necesitan dos o tres trabajos para llegar a fin de mes” y que, ni con esas, “pueden conseguir una habitación”. La miembro de Cáritas ha explicado que las personas en situación de calle acumulan una carga de traumas y duelos no resueltos. “Las personas que vivimos en una situación normalizada, a lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos con cinco momentos traumáticos. Estas personas, en su infancia, ya han vivido 15”, ha detallado. Durante los últimos meses, se han producido “muchos momentos de desalojos forzados de los asentamientos de estas personas”, ha denunciado Núñez. Según ha relatado, la policía acude y les echa, lo que provoca que se alejen todavía más de los puntos de atención. “No tienen otra alternativa que que irse más lejos, es decir, más lejos de los servicios, más lejos de la seguridad, más lejos de la salud”, ha lamentado, calificando esta práctica como “violencia institucional”. Los recursos municipales resultan claramente insuficientes. El Centro de Acogida e Inclusión Social (CAI) solo dispone de 15 plazas de comedor para las más de 300 personas en situación de calle, lo que supone apenas un 6,4% de cobertura. En total, la ciudad cuenta con 69 plazas de alojamiento para todas las personas que lo necesiten, un servicio que Núñez ha descrito como “limitado y fragmentado” y que evidencia una “insuficiencia de servicios municipales especializados”.
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