Luis Villares y el sector eólico: la alargada sombra de una disputa judicial, económica y política que llegó a la UE

La sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 21 de enero de 2022 que anuló la autorización de la Xunta a EDP para repotenciar el parque eólico Corme cuando las obras estaban ya finalizadas marcó un antes y un después en el desarrollo del sector en la comunidad. Por primera vez se cuestionó la forma de tramitar las instalaciones obligadas a pasar un examen de impacto en el entorno. El auto firmado por Francisco Javier Cambón —el entonces presidente de la sala—, Juan Carlos Fernández y Luis Villares tumbó los permisos para cambiar los aerogeneradores antiguos basándose en la supuesta vulneración de la directiva europea de evaluación ambiental por recortar de 30 a 15 días el plazo de exposición pública del proyecto y no poner a disposición de los interesados en ese mismo momento los informes sectoriales que elaboran los organismos públicos con competencias en el análisis de las afecciones a la naturaleza, el paisaje, valores culturales, urbanismo o el turismo. Fue un terremoto en la administración y entre las promotoras. En pleno bum de las renovables para acelerar la descarbonización de la economía, decenas de proyectos en la comunidad, una de las zonas del país con mayor potencial para exprimir las fuentes limpias, se asomaron al abismo.

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