Los sinsentidos de la contratación pública

La ley de contratación pública esconde algunas de las trabas más grandes que afectan al funcionamiento de la administración. Si un ayuntamiento, una escuela, una conselleria… quiere contratar a una empresa, no puede hacerlo como un particular. Para servicios y suministros que superan los 15.000 euros u obras de 40.000 euros se debe hacer una licitación, un procedimiento por el cual se determinan unas condiciones, las empresas interesadas se presentan y finalmente se adjudica. Los contratos menores de estas cantidades deben ser de un año como máximo, no son prorrogables, y está prohibido fraccionarlos para evitar la licitación. La interpretación de la ley que hacen las administraciones es incluso más estricta, por eso a partir de 3.000 euros ya suelen buscar tres presupuestos o publican el contrato menor.

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