La jurista que demanda a Igualdad por apropiarse de su trabajo presenta mensajes ante notario con la número dos de Montero

La jurista guatemalteca y experta en legislación internacional sobre salud sexual y reproductiva, Adilia de las Mercedes, que ha presentado una demanda contra el Ministerio de Igualdad en el periodo en que Irene Montero estaba al frente de éste por apropiarse, presuntamente, de su trabajo y conocimiento para la reforma de la ley del aborto, ha presentado ante notario mensajes intercambiados con la exsecretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam en 2023. La Audiencia Nacional acaba de admitir la demanda de la abogada en la vía contencioso administrativa. De las Mercedes denuncia que el Ministerio de Montero le hizo tres encargos y no le abonó correctamente uno de ellos, su participación en la redacción de la ley 1/2023 del aborto, por lo que considera que ha habido un enriquecimiento injusto de la Administración del que también responsabiliza a la actual ministra, Ana Redondo, puesto que «no ha hecho nada para revertir la situación en el periodo administrativo», considera. Adilia de las Mercedes se siente víctima de una discriminación racial y una revancha por parte de la exministra Montero y su equipo más próximo por su falta de afiliación: «Nunca he sido militante de Podemos ni de ningún partido político y parece que aquí se exigía una implicación política que yo no tuve», afirma en conversación con ABC. La experta -que ha realizado informes de asesoramiento para organismos de todo el mundo y distintos estados- asegura que accedió a colaborar en la redacción de la ley del aborto con su conocimiento experto convencida de que trabajaba con el Estado español, pero se encontró con que, mientras a ella se le pidió colaborar en la creación y redacción de la norma y sus aportaciones quedaron reflejadas en el borrador de la norma, sus emolumentos se correspondían, en cambio, con «asesoría técnica». De ahí que se sienta engañada. Entre la prueba que tiene recogida para el procedimiento se encuentran, según traslada a este diario, mensajes que intercambió en 2023 con la número dos de Montero, la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam, en 2023. En éstos, reclamaba el correcto reconocimiento y retribución de su trabajo y se quejaba de estar sufriendo «violencia institucional». Dichos mensajes fueron registrados ante notario. Según la demanda -en la que se denuncia vulneración de derechos fundamentales a la igualdad (discriminación por razón de origen racial), a la autoría, al honor, a la libertad de expresión y a la integridad física y psíquica- los hechos denunciados se iniciarion con su contratación, en octubre de 2021 y se extendieron hasta octubre de 2023. «Desde entonces y hasta el final de la legislatura, la cúpula del Ministerio de Igualdad de Irene Montero se dedicó a borrar toda huella de la autoría y participación de la recurrente en dicha legislación estatal, sin que la ministra Ana Redondo haya realizado acción alguna hasta el momento para cesar la situación de discriminación y/o para reparar el daño, o siquiera para investigar los hechos; por lo que persisten el incumplimiento en el pago de la remuneración correspondiente, la falta de reconocimiento formal por el trabajo realizado y la ausencia de medidas de reparación por el daño causado a la recurrente», se puede leer en la acción ante los tribunales. La denunciante ha agotado la vía administrativa antes de dirigirse a la Audiencia Nacional, puesto que el 2 de enero de 2024 interpuso solicitud de revisión de oficio por el impago de los honorarios correspondientes a la redacción del anteproyecto de ley y también por la nulidad de dos contratos impuestos de forma verbal, como parte del trato discriminatorio al que asegura fue sometida por el Ministerio de Igualdad y que supuso la vulneración de los derechos fundamentales mencionados. El 4 de julio de 2024, transcurridos más de seis meses desde la presentación de la solicitud de revisión de oficio y sin que se obtuviera respuesta, presentó el recurso de interposición en la vía contencioso-administrativa. La jurista se queja de que «el Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento producido en otros territorios y presentarlo como propio». «Cuando denuncié ante la persona responsable lo que estaba sufriendo, que en ese momento era Ángela Rodríguez, ella no solo no actuó para detener esa violencia institucional reiterada, sino que se sumó activamente a ella para intentar quebrantar mi resistencia de meses contra el abuso y el autoritarismo. Mientras, Irene Montero seguía consolidando un relato tan falaz como extractivista sobre un trabajo que ni ella ni su equipo realizaron, pero que les genera a ella y a su partido enormes réditos políticos hasta hoy», afirma sobre la reforma de la ley del aborto, de la que se siente orgullosa porque, asegura, a diferencia de otras como la del 'sí es sí' o la Ley Trans, no han recibido críticas en el ámbito judicial.

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