El PSOE se une a PP, Vox, Junts y PNV para aprobar definitivamente que se endurezca el castigo a los hurtos reincidentes

El Congreso da luz verde a la ley de multirreincidencia promovida por los independentistas catalanes, que termina su tramitación entre críticas de los socios de izquierdas del PSOE y con los socialistas defendiendo que "se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda" El Congreso de los Diputados dio este jueves luz verde a la ley de multirreincidencia con la que se endurecerá en el Código Penal el castigo para los autores reincidentes de pequeños hurtos. El PSOE volvió a sumar sus votos a los de PP, Vox, Junts y PNV para sacar adelante la norma, como lleva haciendo desde que a finales del año pasado decidió reactivar la tramitación de esta norma promovida por la formación de Carles Puigdemont para intentar volver a ganarse su favor. En contra votaron Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG, mientras ERC (a quien este asunto le genera una enorme incomodidad) se abstuvo. Tras pasar por segunda vez por el Congreso, la norma queda aprobada defintivamente y será de aplicación en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. La negativa de Junts a apoyar este jueves en el Congreso la mayor parte de las enmiendas que el PP introdujo en el Senado implica que la ley ha quedado aprobada prácticamente en los mismos términos en los que salió de la Cámara Baja hace mes y medio. La norma endurecerá las penas por hurto en dos supuestos, cuando haya multirreincidencia y cuando el objeto robado sea un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico, y en estos casos el autor podrá ser castigado con hasta tres años de prisión. Asimismo, se modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los ayuntamientos ejercer la acción penal contra este tipo de delincuentes cuando no lo haga la Fiscalía. El Congreso, además, sí ha respaldado una de las enmiendas introducidas por el Senado: la que endurece las penas por el robo de fluido eléctrico para actividades como el cultivo de marihuana. La votación de este jueves, la última de la tramitación parlamentaria de la ley, culmina el giro que emprendió hace unos meses el PSOE para intentar tender puentes con Junts a través de esta ley, una de las reivindicaciones más clásicas de los independentistas. A finales del año pasado, los socialistas permitieron que se desbloqueara la proposición de ley de multirreincidencia como gesto hacia Puigdemont, con quien las relaciones ya entonces se encontraban muy tocadas y a quien la Moncloa intentó contentar asumiendo algunos de sus postulados en relación a este asunto. Y, desde entonces, su alianza en relación a este asunto se ha mantenido firme y cada paso de la tramitación ha contado con el apoyo de PSOE, PP, Junts, PNV y Vox, lo que convierte a la ley de multirreincidencia en una de las que más respaldo ha recibido en toda la legislatura: 272 votos a favor de los 350 de la cámara. En los últimos tiempos, presionado por su pugna con la ultraderechista Aliança Catalana y por algunos de sus alcaldes de la Catalunya interior, Junts ha ido endureciendo progresivamente su discurso sobre seguridad ciudadana. Y el debate de este jueves fue, de nuevo, buen ejemplo de ello, si bien la diputada de la formación independentista Marta Madrenas intentó repetidamente sacudirse ese sambenito e insistió en que “la seguridad no es de izquierdas ni de derechas” y en que quien ve “racismo” en la norma —una de las acusaciones que hizo, por ejemplo, Podemos— lo hace por su “mirada llena de prejuicios”. El dilema, aseguró Madrenas, es “continuar mirando hacia otro lado o hacer lo que hace falta”, porque “la realidad no desaparece por mucho que algunos decidan ignorarla”. Por su parte, el PSOE —muy señalado por socios de izquierdas como Sumar, Podemos o EH Bildu por haber respaldado la tramitación y la aprobación de esta ley— también quiso hacer hincapié en que la norma “nace de una realidad que ha sido largamente trasladada por alcaldes” que “conocen mejor que nadie que la multirreincidencia es un problema de seguridad ciudadana”. Por boca de su diputado Francisco Aranda, los socialistas insistieron en que “se puede y se debe hacer política de seguridad desde la izquierda, porque seguridad y derechos no son opuestos, son la misma cosa”, y prometieron no confudir “nunca la lucha contra el delito o la sospecha sobre el inmigrante”. Algo que, dijo, han intentado PP y Vox con enmiendas como la que aprobaron los populares en el Senado para intentar entorpecer el proceso de regularización de inmigrantes que comenzará en las próximas semanas. A través de dicha enmienda, el PP quería reformar la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de un procedimiento de regularización extraordinaria probaran su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable. Los populares pretendían que solo una certificación oficial sirviese para demostrar la ausencia de un historial delictivo, pero esa enmienda fue vetada el martes por el Gobierno aduciendo que forzaría al Estado a elevar su gasto público para contratar a más funcionarios, algo que criticó duramente este jueves la diputada del PP María Jesús Moro, que calificó el veto de “antidemocrático, abusivo, intempestivo”. Moro, asimismo, bromeó con el hecho de que el PSOE virase hace unos meses su posición en relación a esta ley después de muchos meses bloqueándola. “Señor Aranda, bienvenido al club, qué entusiasmo”, ironizó la diputada del PP, que aseguró que quienes se oponen al endurecimiento en el Código Penal de los hurtos reincidentes están “desconectados de la realidad”. “Hemos trabajado escuchando a las fuerzas de seguridad, a alcaldes, a comerciantes, a víctimas, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a procesalistas, a la academia y a abogados”, enumeró la parlamentaria. Sumar critica la ley y ERC se abstiene Sumar, uno de esos grupos que se opusieron a aprobar la ley de multirreincidencia, volvió a acusar a PSOE, PP, Vox y Junts de promover el “populismo punitivo”, y su diputado Enrique Santiago sostuvo que “incrementar las sanciones por hurto” no va a “acabar con los hurtos”, pero sí a “multiplicar la población penitenciaria”. “Una plaza de prisión nos cuesta 24.000 euros, mientras que una de formación profesional, poco más de 6.000 euros”, y sin embargo “no hay plazas de formación profesional para muchos jóvenes que las necesitan para salir de las calles”, denunció Santiago, que insistió en que buena parte del problema de los hurtos repetidos tiene que ver con las circunstancias económicas y vitales de sus autores. ERC, por su parte, se abstuvo, como lleva haciendo desde el inicio de la tramitación de una norma que ha generado una enorme incomodidad a la formación republicana. Su diputada Pilar Vallugera afirmó que, aunque “las políticas de seguridad no son ni de derechas ni de izquierdas, sí lo es la manera como afrontas y defines la seguridad”, y cargó contra el “populismo punitivo”. “Los datos dicen que ha bajado la delincuencia, pero que los datos no les estropeen un buen relato”, afeó a los grupos proponentes Vallugera, que sin embargo justificó su abstención asegurando que no quiere contradecir a algunos alcaldes de ERC que han planteado la necesidad de endurecer la persecución de los hurtos.

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