La Iglesia reafirma su voluntad de colaborar con el Defensor del Pueblo en la reparación a víctimas de abusos y señala la necesidad de evitar duplicidades

Fuentes de la Conferencia Episcopal afirman a COPE que los obispos celebran que el Defensor del Pueblo haya pedido que se investigue la explotación sexual de menores tutelados, tal y como recoge el informe de la institución de 2025 que presentó en el Congreso el pasado miércoles. Y es que se trata de una petición que realizó el episcopado en el acuerdo firmado con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el pasado 8 de enero, por el que el Defensor del Pueblo puede recibir a través de su oficina los casos de víctimas que no quieran acudir directamente a la Iglesia. Un procedimiento complementario pero no alternativo por lo que sus condiciones no pueden diferir de las que sí acuden a la Iglesia. A su vez el Defensor del Pueblo ha vuelto a exigir la exención fiscal a las indemnizaciones que reciban las víctimas de abusos, algo que por ahora se da tan solo en Navarra. Las mismas fuentes señalan que, en relación a la firma de este acuerdo con el Defensor del Pueblo, la Iglesia mantiene también la necesidad de que no se den duplicidades en la gestión de los casos, como establecía el acuerdo del día 8 de enero. A juicio de los obispos, se trata de que no se den dos acuerdos distintos sobre el mismo caso. Así, advierten de que cambiar esa condición sería cambiar las condiciones del acuerdo ya firmado con el ministro Bolaños. Cabe recordar que dicho acuerdo recoge que será la Oficina del Defensor del Pueblo la que estudia los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado por la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia. En caso de discrepancia de la valoración, una comisión mixta estudiaría el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal o de la CONFER según el caso. En este sentido, los obispos señalan que procedimiento creado por el PRIVA no es una obligación legal de la Iglesia ni tiene un marco jurídico, sino es una cuestión estrictamente moral que la Iglesia se ha impuesto para acoger a aquellas víctimas que no han podido acudir a una instancia jurídica. Desde la Conferencia Episcopal sostiene que es un procedimiento que funciona, que acoge a las víctimas y que ofrece reparaciones muy por encima de lo dispuesto por las sentencias civiles. Además, este procedimiento quedará abierto aun en el supuesto de que no se llegara a un acuerdo pues su propuesta es de reparación integral que abarca lo económico pero también el acompañamiento, la acogida, y el encuentro con las víctimas.

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