CORDÓPOLIS
Su presidente Daniel García-Ibarrola explica que "no tiene ningún sentido" que las ordenanzas de 2026 entren en vigor para saneamiento en junio y para abastecimiento en septiembre", por lo que "lo único que se hacía era un ajuste para que se empezase a aplicar" El presidente de la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa), Daniel García-Ibarrola, ha defendido este jueves la presentación de las ordenanzas para dos años porque “el único objetivo que tenía era poder equilibrar y ser mucho más realistas las cuentas dentro del ejercicio económico de una empresa como Emacsa”. En un audio difundido por el Ayuntamiento, el edil ha comentado que “la Junta de Andalucía permitía presentar las ordenanzas para dos años, si bien, porque había proliferado ese tipo de demandas, decía que aprobaría 2026 y luego habría que solicitar más adelante el 2027, pero sin pasar por todo el proceso desde que se pone en marcha el tema de las ordenanzas”. Al respecto, ha indicado que “desde que arranca el proceso de las ordenanzas hasta que se pueden hacer efectivas, pueden pasar en torno a unos diez meses”. Por tanto, ha remarcado que “el objetivo que se buscaba con esto era meramente de gestión, ajustar el ejercicio económico en las partidas tanto de ingresos como gastos”. Según ha expuesto, “no tiene ningún sentido que las ordenanzas de 2026 vayan a entrar en vigor para saneamiento en junio y para abastecimiento en septiembre”, por lo cual “lo único que se hacía era un ajuste, pero realmente se buscaba poder empezar a aplicar, presentando estos dos años, corregir el desfase histórico que existía y que realmente los ingresos y los gastos fueran de la mano”, ha apuntado. En este sentido, el presidente ha resaltado que “los ejercicios van de enero a diciembre y no tiene mucho sentido que la modificación de ingresos entre en vigor en torno al mes de septiembre”. Así, ha abundado en que “era un objetivo meramente técnico y de gestión y la única solución que se podía implementar era esa medida que se ha adoptado en otras empresas del sector, como Emasesa, la empresa de Sevilla; Emasagra, la empresa de Granada, y en Linares, junto a alguna que otra más”. “Todo esto evidentemente desde la más absoluta legalidad, puesto que se hizo la consulta al CREA y decía que era perfectamente legal poder hacer la solicitud para dos años”, ha manifestado García-Ibarrola, quien ha subrayado que “ese es el objetivo y con el aval del CREA y el resto de informes son opiniones, pero que no son vinculantes”.
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