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El reciente arresto de un profesor universitario marroquí en Algeciras tras abandonar a sus dos hijos menores en Bilbao ha reavivado la polémica sobre el uso del sistema de protección social. La portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Bizkaia, Raquel González, denuncia que este caso no es aislado y forma parte de un "modus operandi" que ya se ha detectado en otras ocasiones en Euskadi. "Los traen aquí como si esto fuera un campamento de verano y eso no lo podemos permitir", critica. La portavoz popular advierte de que estas acciones "ponen en riesgo el futuro de los demás menores no acompañados que sí necesitan ser atendidos". Advierte que la llegada de lo que califica como "caraduras" provoca que haya "menos recursos para quienes lo necesitan". Para González, esta situación tiene una doble consecuencia negativa, por un lado, "quiebran la confianza del ciudadano, que es importantísimo", y, por otro, "revientan la solidaridad". Por ello, insiste en una medida que el PP defiende desde hace tiempo. "Cuando llegan menores no acompañados, quizá una de las opciones importantes sería buscar a sus familias". El modelo actual de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) también es muy cuestionable para el PP. Un estudio realizado por el partido en cinco municipios vizcaínos concluye que el sistema "cronifica el paro", ya que, según sus datos, "el 40 % de los perceptores lleva cinco años atrapado en el sistema", sin contar a pensionistas y personas con discapacidad. González considera "obligatorio" vincular la ayuda a una formación real y orientada al empleo, ya que, según asegura, hay personas que reconocen que no les compensa aceptar un trabajo por un sueldo similar o inferior a la RGI. Para la portavoz del PP, el problema es que "la puerta de entrada en la RGI es bastante amplia, pero la puerta de salida es mínima". Defiende que se debe orientar a los beneficiarios hacia una salida laboral, no solo por su propia autoestima, sino para que se les permita "que vuelvan también ellos a aportar al sistema para ayudar a otros". La gestión del patrimonio foral también ha sido objeto de la fiscalización del PP. González ha puesto como ejemplo el caserío Tei, un edificio histórico del siglo XVIII en la reserva de Urdaibai que la Diputación compró en 1990 y ha mantenido "durante 36 años vacío, deteriorándose" y con gastos de mantenimiento y seguridad. La portavoz lamenta que no se haya aprovechado para cubrir necesidades sociales, como "una residencia de grandes dependientes o de menores con discapacidad que no tienen plazas". Finalmente, González ha calificado de "dantesca y realmente estremecedora" la situación denunciada por familiares en la residencia Tavira Berry de Durango, y ha señalado que no es un caso único, ya que se han relatado sucesos similares en centros de Portugalete y Alonsotegi. El PP ha solicitado la comparecencia de la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegui, y exige que "todo el sistema de las plazas concertadas de la diputación debería ser revisado", dado que hay "deficiencias gravísimas" en algunas de ellas.
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