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Thomas Greg and Sons ya firmó prórroga de contrato de pasaportes con el Gobierno por $161 mil millones; estos son los detalles

Thomas Greg and Sons ya firmó prórroga de contrato de pasaportes con el Gobierno por $161 mil millones; estos son los detalles

Este miércoles, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que nunca ha habido, ni habrá, crisis por expedición de pasaportes. Sus palabras llegaron para calmar las dudas sobre los recientes cambios en la entidad que busca formalizar y ejecutar un contrato con Portugal para expedir el documento junto a la Imprenta Nacional. Una estrategia criticada por la excanciller Laura Sarabia, quien salió de su puesto por estas diferencias logísticas. Lea además: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses En medio de la puja, EL COLOMBIANO conoció el nuevo contrato del Estado con Thomas Greg and Sons (TGS) para la creación y entrega de pasaportes hasta abril de 2026. Según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo contrato con TGS es de $161.290 millones y estipula que durará hasta el 30 de abril de 2026. El objeto del convenio es “ suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, según se lee en los documentos cargados en la plataforma Secop II. La publicación del contrato se hizo a las 4:25 de la tarde de este martes. El contrato ya fue firmado electrónicamente e iniciará su ejecución el próximo 1 de septiembre . De acuerdo con la Cancillería, el acuerdo se celebrará por la figura de contratación directa bajo urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 , liderada por Thomas Greg. Esta figura se aplicó con el argumento de que la empresa acredita la capacidad logística, técnica y financiera para continuar con el servicio sin interrupciones. La duración del convenio será de ocho meses , periodo en el que la unión temporal se hará cargo de la producción, distribución y custodia de los documentos de viaje. El contrato contempla que de los $161 mil millones, $100 mil millones provendrán de vigencias futuras aprobadas el pasado 21 de agosto por el Ministerio de Hacienda. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: Vigencia 2025 : $80.922 millones Vigencia 2026 : $80.368 millones Se puede decir que la prorroga del contrato con TGS no sorprende. Thomas Greg ha sido la firma encargada de la elaboración de pasaportes desde hace más de 15 años y, actualmente, la capacidad del Estado para expedir pasaportes a partir del 1 de septiembre estaba en constante cuestionamiento. La empresa fue fuertemente criticada por Saade, exjefe del despacho de Presidencia, quien además le dio órdenes explícitas a funcionarios de la cancillería para que “racionalizaran” o retrasaran la expedición de pasaportes en el país con el fin de dar tiempo para que se firmara el convenio con Portugal y con la imprenta colombiana, según denuncias de la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia. Sin embargo, fue eso mismo lo que lo llevó a ser sancionado por la Procuraduría y apartado del cargo que ostentaba en las filas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Lea también: Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes En su decisión, el Ministerio Público señaló que “en lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”. En medio de las controversias, el tiempo apremiaba. El próximo 1 de septiembre se vence el contrato actual con TGS, y viendo que el contrato con Portugal no prosperaba (porque los órganos de control estatales aseguraron que la Imprenta Nacional no tenía la capacidad de asumir la responsabilidad de expedir los pasaportes), el Gobierno anunció que habría una prorroga con la empresa privada. Cabe resaltar que, aunque el traspaso de la responsabilidad de TGS a la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional aún no se ha dado, el Gobierno Nacional no ha descartado la posibilidad. La prorroga hasta 2026 se da como una estrategia para ganar tiempo. Lea aquí: Gobierno ya firmó convenio con Portugal para la expedición de pasaportes; este es el documento Según la canciller Villavicencio, en un periodo 10 años Colombia tendrá “total autonomía para producir las libretas con todos los estándares”. Al ser cuestionada sobre por qué se eligió a la Casa de la Moneda de Portugal, la canciller sostuvo que “es una empresa que tiene más de 700 años de experiencia, que se fusionó con otra también pública , y fue la que ofreció menos tiempo posible para hacer todo el proceso de transferencia de tecnología. Ofreció 10 años, Alemania ofrecía 15 años y las demás más tiempo. Además, dejará instaladas máquinas y serán donadas”. Le puede interesar: Gobierno publicó convenio entre la Imprenta y Portugal para la expedición de pasaportes

Corte Suprema se inhibe de investigar a cuatro senadores por el caso “Las Marionetas”; ¿por qué?

Corte Suprema se inhibe de investigar a cuatro senadores por el caso “Las Marionetas”; ¿por qué?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir investigación formal contra los senadores Carlos Fernando Motoa Solarte, Juan Samy Merheg Marun, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe , quienes habían sido vinculados por la Fiscalía al entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas” . La decisión estuvo a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, que acogió los argumentos de la defensa y concluyó que no existían pruebas que comprometieran a los congresistas en actos ilícitos relacionados con manipulación de contratos o desvío de recursos públicos. Según el fallo, la Sala Especial de Instrucción determinó que no resultaba razonable avanzar en la valoración de pruebas frente a hipótesis delictivas, pues se acreditó la inexistencia de una conducta punible atribuible a los senadores. En consecuencia, el alto tribunal descartó abrir proceso en su contra. Lea también: Se entregó a las autoridades Juan Carlos Martínez, implicado en caso de “Las marionetas” El abogado Mauricio Pava, defensor de uno de los congresistas, había solicitado un auto inhibitorio argumentando la falta de material probatorio, solicitud que fue acogida por la Corte. Tras conocerse la decisión, el senador Carlos Fernando Motoa afirmó: “Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso ”. Motoa también hizo un llamado a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación, recordando que en ocasiones la información circula “sin filtros” y puede afectar la reputación de las personas investigadas. Lea además: Más señalamientos contra el exsenador Mario Castaño: Procuraduría le formuló cargos por presunta contratación indebida En la misma línea, el senador Carlos Abraham Jiménez celebró la determinación a través de su cuenta de X, donde escribió: “¡Triunfó la verdad! (...) Este pronunciamiento, categórico y definitivo, demuestra que los señalamientos en su contra carecían de sustento y se basaban únicamente en conjeturas”. Sin embargo, es importante resaltar que la determinación de la Sala Especial de Instrucción es susceptible de recurso de reposición, por lo que la decisión aún podría ser objeto de revisión. El proceso hace parte del escándalo de corrupción por el cual fue condenado el exsenador Mario Castaño, fallecido en prisión mientras cumplía una pena de 15 años y 11 meses. Según la Fiscalía, Castaño y su red operaron en departamentos como Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá. Le puede interesar: Iván Cepeda retó a los congresistas uribistas a que le hagan un debate sobre la Farcpolítica La investigación documentó más de 3.500 llamadas en las que se discutían acuerdos ilegales con alcaldes para adjudicar contratos a cambio de comisiones del 10 % de su valor. También se descubrió la manipulación de contratos de prestación de servicios en distintas entidades estatales. Dentro del entramado fueron vinculados exfuncionarios como Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS); Tatiana Vuelvas Ramos; y Pablo César Herrera Correa, gerente de Proyecta Quindío, quien colabora hoy como testigo. También fueron judicializados contratistas como Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro, este último en proceso de colaboración con la justicia. Además: El liberal Mario Castaño admite que es corrupto: se acoge a sentencia anticipada