El video fue entregado por los administradores del bar a las autoridades judiciales como parte del proceso de colaboración en la investigación.
El colombiano vio la tarjeta roja en la visita del Bayern Múnich a París.
Un avión de carga modelo McDonnell Douglas MD-11 se estrelló este martes a momentos de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en la ciudad de Louisville, Kentucky (EE.UU.). La Administración Federal de Aviación ya anunció que abrirá una investigación para determinar las causas del siniestro. La aerolínea UPS, a la que pertenece la aeronave siniestrada, confirmó que a bordo se encontraban tres tripulantes.
Un avión de carga modelo McDonnell Douglas MD-11 se estrelló este martes a momentos de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en la ciudad de Louisville, Kentucky (EE.UU.). La Administración Federal de Aviación ya anunció que abrirá una investigación para determinar las causas del siniestro. La aerolínea UPS, a la que pertenece la aeronave siniestrada, confirmó que a bordo se encontraban tres tripulantes.
Esto fue estructurado con las directrices de emisión de bonos de la Amazonía, desarrolladas conjuntamente por el BID y el Banco Mundial, así como bajo el marco de deuda sostenible
El FBI incluyó al mercenario y exmilitar Jordan Goudreau en su lista de "los más buscados".
La masacre de cinco personas en una taberna de Corinto, un carrobomba en Suárez, la muerte de un militar en Patía y el secuestro de dos soldados en una asonada en Mapiripán, tienen dos elementos en común: las disidencias de las Farc y la débil respuesta de las autoridades encargadas del orden público. El hecho más reciente fue el insólito doble secuestro de dos soldados profesionales en el Meta, que fueron retenidos en una asonada, entregados a un cura y luego raptados de nuevo a las pocas horas. La historia comenzó al amanecer del lunes festivo, cuando tropas de la Fuerza de Tarea Omega acompañaron a unos agentes del CTI en la captura de una mujer, en la vereda Getsemaní, de Mapiripán. Luego de la evacuación de la capturada y los agentes, 400 personas rodearon a los militares que quedaban en el territorio. Esa muchedumbre “habría sido objeto de constreñimiento y coacción por parte de l bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc”, informó la Institución. En las primeras horas retuvieron a un teniente y tres soldados; ese mismo lunes liberaron más tarde al oficial y a uno de los soldados. A los otros dos, Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, les quitaron las armas y el uniforme, entregándoles ropa de civil, y se los llevaron a un paraje desconocido. A las 11.30 a.m. de este martes, luego de una negociación entre las autoridades y la comunidad, los soldados fueron entregados a un párroco de la región, pero a 22 kilómetros de distancia del sitio del rapto, monte adentro en la vereda Alto Quebradón, lo que dificultó la pronta llegada de una comisión humanitaria de la OEA, que iría a recogerlos. “Cuando los dos vehículos de la OEA llegan a sitio (cuatro horas después), nos dimos cuenta de que la población civil volvió a secuestrar a nuestros soldados”, confirmó el general Carlos Marmolejo, jefe de la Fuerza de Tarea Omega. La mala racha había comenzado el 30 de octubre, con un ataque con drones y explosivos en la entrada del casco urbano de El Patía, Cauca, en el que murió el soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y 10 de sus compañeros quedaron heridos. El atentado fue cometido por el frente Carlos Patiño del EMC. Pese a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo en reciente entrevista con EL COLOMBIANO que “no estamos perdiendo la guerra”. A su juicio, “si muere algún policía o militar es para que no mueran civiles por decenas. No estamos con las manos atadas, hemos incrementado la ofensiva, pero combatir el crimen produce un daño no deseado, porque somos el escudo protector. Si no hacemos esas operaciones, se traslada la violencia a la población civil. Es algo muy doloroso, este año llevamos 150 asesinados, más que el año pasado”. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: “No estamos perdiendo la guerra”: ministro Sánchez.
Para el juzgado, estos datos son pruebas de referencia, cuya incorporación al juicio debe realizarse bajo las reglas del testimonio.
Para el juzgado, estos datos son pruebas de referencia, cuya incorporación al juicio debe realizarse bajo las reglas del testimonio.
Coursera (@coursera) nombra a Dorota Zawistowska como directora de Enterprise para América Latina. La ejecutiva liderará la estrategia regional para fortalecer alianzas con universidades, empresas y gobiernos. Detalles. ⬇
Las víctimas reciben apoyo jurídico y psicológico, con prioridad en casos que involucran a menores.
Leer a diario mejora la concentración, reduce el estrés y potencia la creatividad
Jerí aseguró que el país terminará el año con un déficit fiscal de 2,2% del Producto Interno bruto, en línea con la regla fiscal prevista por las autoridades económicas
El técnico bosnio del Radnički 1923, de 44 años, se desplomó en el minuto 20 del encuentro. El partido fue suspendido tras confirmarse su deceso.
Colombia ha pasado por un sinfín de tragedias, pero una de las más dolorosas fue la toma del Palacio de Justicia , ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Este hecho terminó con la destrucción del edificio y la muerte de un centenar de personas. Aún se recuerda cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19 , dirigidos por Alfonso Jacquín y Andrés Almarales , ingresó por la puerta principal del Palacio y tomó como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes, con el propósito de realizar un “ juicio político ” al entonces presidente Belisario Betancur . Aunque se registraron vulneraciones a los derechos humanos de múltiples formas y se responsabilizó al Estado, cuarenta años después el país sigue recordando aquel momento y se espera el perdón para los hijos, padres y hermanos de quienes murieron defendiendo la libertad de su país. Todavía hay incógnitas y continúa la búsqueda de la verdad, aunque con la plena responsabilidad que recae en el M-19 y el Cartel de Medellín. Por eso, para el magistrado Ibañez, todavía no se ha contado la historia completa de aquel acontecimiento, de aquel acto de terror que sumió al país en la zozobra y que permanece vivo en la memoria de quienes lo vivieron. Un suceso que el magistrado y presidente de la Corte Constitucional calificó como “una acción demencial”: “No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado” , declaró Ibañez. Durante el acto formal de instalación de la jornada académica “Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos” , el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar , expresó las siguientes palabras, en presencia de Octavio Augusto Tejeiro Duque , presidente de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Enrique Vallejo Jaramillo , presidente del Consejo Superior de la Judicatura; Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo , presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Alberto Montaña Plata , vicepresidente del Consejo de Estado; y Hernando Parra Nieto , rector de la Universidad Externado de Colombia. Estas fueron sus palabras: Nos convoca hoy la conmemoración del cuadragésimo aniversario de uno de los hechos más graves y determinantes en la historia judicial de Colombia. No es un aniversario neutro: es un acto de responsabilidad frente a lo que somos hoy, y frente a lo que no podemos volver a permitir. La toma y la retoma del Palacio de Justicia no son simplemente un capítulo trágico; son una herida fundacional que redefine cómo entendemos el Estado de Derecho, la autoridad pública, y la fragilidad de nuestras democracias bajo presión. Recordemos que el ataque perpetrado contra la Corte el 6 y 7 de noviembre de 1985, lo fue contra esa Corporación que obraba entonces como tribunal constitucional. Por esa época la Corte Suprema de Justicia además de sus funciones como tribunal de casación, cumplía sus funciones de control constitucional de altísimo impacto nacional y, como toda discusión constitucional, no se desencadenaba en un vacío. El país afrontaba una grave violencia política después de la ruptura del cese al fuego y demás compromisos por alcanzar la paz, asumía serios ataques certeros del narcotráfico que ya habían cegado la vida del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y se presentaban progresivas amenazas y atentados a jueces de instrucción y de juzgamiento. Era un país en plena disputa por el imperio del Estado de Derecho. En todas las investigaciones judiciales y disciplinarias adelantadas por el Estado respecto de los hechos acaecidos en 1985 se reconoció: Que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia –especialmente los de la Sala Constitucional y los de la Sala de Casación Penal- fueron amenazados por el Cartel de Medellín, el que pedía que si el Tratado de Extradición celebrado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América en 1979, aprobado por la Ley 27 de 1980, no era declarado inexequible por la Corte derrumbarían la estructura jurídica de la Nación y ejecutarían a los Magistrados y a sus familias; igualmente fueron amenazados los Consejeros de Estado. Que desde el mes de mayo de 1985, el entonces movimiento guerrillero M-19 había decidido tomarse el Palacio de Justicia y había previsto hacerlo el 10 de octubre de ese año, con el objeto de adelantar allí un proceso contra el Presidente de la República por su presunta responsabilidad en la ruptura de los acuerdos de paz, para lo cual diseñó un operativo que comenzó a ejecutarse desde el mes de agosto de 1985, pero la fecha hubo de postergarse por diferentes circunstancias. Un planpara la toma del Palacio por una célula guerrillera del M-19 fue develado el 16 de octubre para el día de la visita del Presidente de Francia Francois Miterrand . Que probablemente desde el sábado 2 o el lunes 4 de noviembre de 1985, se había desmontado el plan de seguridad interna de las instalaciones del Palacio de Justicia, motivo por el cual éste ya no se estaba ejecutando el martes 5 de noviembre, después de un puente festivo y, obviamente, el miércoles 6 de noviembre de ese año, cuando el grupo armado del M-19 perpetró la toma del Palacio de Justicia. Ese día sólo había en la parte exterior una patrulla estacionaria compuesta porcuatro (4) agentes con deficiente dotación. Que hubo responsabilidad de los miembros del M-19 en la operación la cual sería compartida con el Cartel de Medellín de probarse su participación en el diseño y financiación de la operación. Fueron ellos los que idearon, planearon y ejecutaron la toma del Palacio de Justicia, que de no haberse producido, se habría evitado el holocausto en que desencadenó. Los integrantes del M-19 entraron al Palacio de Justicia asesinando a los vigilantes y durante la operación ejecutaron a varios rehenes, entre ellos, a varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La toma del Palacio de Justicia fue perpetrada el 6 de noviembre de 1985 en dos etapas: La primera, y yo estaba allí como abogado del Banco de la República, desde horas muy temprano mediante un grupo de siete guerrilleros que entraron a las instalaciones del Palacio de Justicia vestidos de civil, haciéndose pasar por abogados, estudiantes o visitantes ocasionales, quienes primero se instalaron en la Cafetería y, luego, cuatro de ellos se desplazaron y ubicaron estratégicamente en la edificación y sacaron sus armas para participar activamente la operación cuando entraron sus demás compañeros. La segunda, a partir de las 11:35 a.m., mediante un grupo de 28 guerrilleros que entraron a sangre y fuego, ejecutando una operación armada, por la entrada del parqueadero en la carrera 8ª hasta ubicarse estratégicamente en los pisos 2 y 3 de la edificación en los términos concebidos por el plan de toma. El M-19, contaba y utilizó un amplio arsenal destructivo contra la población civil. Otro grupo de siete guerrilleros que iba a ingresar por la entrada principal, no pudo entrar porque no entendieron las instrucciones para penetrar al tiempo de los demás. Por lo tanto, el principal responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19. En algunos procesos judiciales tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al citado grupo guerrillero se le atribuyó el carácter de terrorista y a la acción por él emprendida y ejecutada el 6 y 7 de noviembre de 1985, el calificativo de acto terrorista. La Comisión de la Verdad señaló que el M-19 realizó un ataque armado a un bien de carácter civil, utilizando un primer grupo de combatientes que ingresó al Palacio camuflados como visitantes de la sede judicial. Otro grupo entró por el parqueadero y asesinó a dos vigilantes privados, y al administrador del Palacio. Luego tomó como rehenes a quienes estaban en el Palacio de Justicia, ya algunos de ellos los utilizó como escudos humanos. Así mismo, integrantes del M-19 dispararon contra algunos rehenes ocasionándoles lesiones graves o aun la muerte. Para la Comisión de la Verdad no existió ningún asomo de duda en relación con la grave infracción cometida por el M-19 al ingresar a una edificación de carácter civil, que además albergaba las más altas autoridades de una de las ramas del poder público, acto que supone una vulneración del principio de distinción, tanto frente a la ausencia de un objetivo militar legítimo como frente a las personas -civiles- protegidas por el DIH. La prohibición de tomar rehenes, establecida como absoluta en los conflictos armados de carácter no internacional y reconocida como norma de DIH consuetudinario, fue incuestionablemente desconocida por el comando guerrillero del M-19 que ingresó el 6 de noviembre de 1985 al Palacio de Justicia. Su acción armada contra la sede del poder judicial fue una flagrante violación de las normas fundamentales de humanidad previstas en el Derecho Internacional. La Comisión de la Verdad consideró, con base en el principio de protección, teniendo en cuenta además que el Palacio constituía un bien civil protegido por el DIH y que las víctimas eran civiles ajenos al conflicto, que se trató de homicidios, y, en consecuencia, se vulneró la protección debida a las personas protegidas, tal como lo dispone el Derecho Internacional Humanitario. El comando del M-19, al ordenar una determinada ubicación a los rehenes que se encontraban en el baño, cuando era más intenso el ataque del Ejército e inminente su ingreso al lugar, cometió una infracción con la “utilización de escudos humanos”, conducta prohibida, al igual que la discriminación. A pesar del respeto que dijeron profesar hacia la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del M-19 no tuvieron ninguna consideración por ella, ni por el Consejo de Estado, como tampoco por la justicia que encarnaban con independencia y sujeción estricta al Estado de derecho. Profanó el M-19 violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a otros servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban en el Palacio, el cual convirtió en campo de batalla. A la operación de la toma le siguió una operación de retoma militar del Palacio de Justicia por parte de las autoridades, la que generó un descomunal combate que tuvo como escenario la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en la cual sólo había población civil (350 personas), mediante el uso de armas del más alto poder ofensivo por cada una de las partes en contienda. La operación de retoma adelantada por los organismos de seguridad del Estado se ejecutó de manera improvisada, irrazonable y ciega, por una parte y, por la otra, con un despliegue militar excesivo, con la participación de más de mil militares que usaron contra los 35 guerrilleros y contra todo aquél se moviera, tanques, ametralladoras NP-5, granadas de fragmentación y fusiles G-3, todos ellos de enorme poder letal y poco usual en confrontaciones urbanas. La operación de retoma adelantada por los organismos de seguridad del Estado se ejecutó sin reparar en pedido alguno de cese al fuego formulada por los magistrados de las altas Cortes, entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como del Presidente del Congreso de la República y hasta el punto de no permitir la participación oportuna y efectiva de los organismos de socorro internacional hasta tanto se terminara de ejecutar la operación de retoma. Así, las operaciones de rescate de algunos rehenes se hizo sin suspender en ningún momento el operativo de retoma. Los organismos de seguridad formularon una solución militar, que ejecutaron con la máxima energía sin que el Gobierno intentara siquiera buscar otra alternativa, pues a los pocos minutos de haberse iniciado la toma, ya los tanques de guerra estuvieron al servicio de la operación y, después de derribar la puerta principal, entraron luego al Palacio de Justicia, sin que se hubiera hecho nada realmente efectivo para procurar el rescate de todos los rehenes y de los atrapados con ellos. En el curso de los acontecimientos las Fuerzas Armadas lograron evacuar a la mayor parte de las 215 personas que lograron salir del Palacio de Justicia, pero de los rehenes propiamente dichos, “los fundamentales” por quienes iban, la mayoría pereció trágicamente. El Estado Colombiano, ha sido condenado judicialmente como responsable de algunas omisiones o abstenciones y como responsable de algunas acciones en la toma del Palacio de Justicia los siguientes términos: a. Por falla del servicio consistente en retirar la vigilancia del Palacio de Justicia, al levantar la existente desde el 2 o el 4 de noviembre de 1985 -unos días antes de la ocurrencia de los hechos-, lo que permitió o facilitó la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo armado del M-19 o, al menos, dejó al Palacio y a sus ocupantes permanentes u ocasionales desprotegidos ante el ataque guerrillero perpetrado el 6 de agosto de 1985. b. Por acción desmedida o excesiva en la retoma del Palacio de Justicia, sin obedecer a un operativo estratégicamente estudiando y analizado, sin medir las múltiples y graves consecuencias que de todo orden podían derivarse no solo para el Estado sino para las instituciones amenazadas en particular, haciendo caso omiso de la vida e integridad de quienes sin ser protagonistas de violencia quedaron encerrados en la edificación ocupada, sin atender las llamadas angustiosas de sus miembros, entre ellos los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, pues ni siquiera el Presidente de la República, a la cabeza, prestó atención oportuna y adecuada a tan angustioso llamado. c. Pero no sólo se trata de la falla antes anotada. También obró equivocadamente la fuerza pública al intentar la recuperación del Palacio de Justicia, operativo que se caracterizó por la desorganización, la improvisación, el desorden y anarquía de las Fuerzas Armadas que intervinieron, la ausencia de voluntad para rescatar sanos y salvos a los rehenes, todo esto con el desconocimiento absoluto de los más elementales Derechos Humanos y principios básicos del Derecho de Gentes. d. Por la omisión en la protección de los medios de prueba y por la acción al hacerlos desaparecer. e. Por falla del servicio consistente en la desaparición de varias personas. No obstante las condenas contra el Estado, solo a partir del año 2000 se adelantaron las investigaciones penales contra miembros de las Fuerzas Militares por sus actuaciones en los hechos del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, relacionados con la retoma, la muerte de los rehenes producida con motivo de esta operación y la desaparición de varias personas. No obstante lo anterior, muchos interrogantes siguen sin respuesta. Jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los miembros del Cartel de Medellín por las amenazas contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o financiación de la toma del Palacio de Justicia. No obstante las condenas contra el Estado, jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los funcionarios públicos que dispusieron de manera injustificada levantar o terminar abruptamente el plan de seguridad que existía sobre el Palacio de Justicia desde el 17 de octubre de 1985 y, que sin consulta ni notificación alguna, fue suspendido o terminado a partir del sábado 2 o el lunes 4 de noviembre de 1985, de manera tal que aquellas instalaciones quedaron desprotegidas el miércoles 6 de noviembre de 1985, lo que permitió o facilitó el asalto y la toma por parte de la célula guerrillera del M-19. No se probó la identificación plena de los muertos en el Palacio de Justicia. Algunos cuerpos fueron medianamente identificados e inclusive reclamados y entregados a sus familiares sin que a ciencia cierta se pueda comprobar que efectivamente correspondían a su identidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en la responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos humanos debido a la desaparición de las personas en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, sin perjuicio e independientemente de la responsabilidad personal que se pueda derivar de sus agentes conforme a las investigaciones penales que actualmente o en futuro se adelanten. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial sino una acción demencial. Un acto terrorista según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. La verdad como derecho, en su dimensión pública es un bien colectivo; y en su dimensión individual es el espacio en el que las víctimas dejan de ser invisibles. Como lo recordó la Corte Constitucional: la verdad preserva del olvido a la memoria colectiva, y libera a las personas del silencio que encierra la injusticia. Este énfasis no es retórico. Es estructural. Porque la ausencia de verdad amplifica la violencia en el tiempo. También hay una deuda de justicia que sigue abierta 40 años después. 94 muertos, entre ellos 11 magistrados y 242 afectados física o psicológicamente y un número aún por establecer de desaparecidos. Cuarenta años de procesos en los que la responsabilidad política se ha diluido mientras el dolor permanece intacto. Y eso revela un elemento doloroso, pero ineludible: la violencia contra la justicia se defiende con justicia -no con silencio- . Eso fue lo que dijo la Corte Interamericana cuando condenó al Estado colombiano por la negación de garantías judiciales a las víctimas, en el caso “Rodríguez Vera y otros vs. Colombia” (2014), cuando condenó al Estado colombiano por la negación de garantías judiciales y de protección judicial a las víctimas, violando —entre otros—los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. En su punto resolutivo 11 lo dijo sin ambages: el Estado faltó a su deber de investigar, sancionar y evitar la impunidad. Esa sentencia no es pasado: es un espejo que nos confronta hoy, porque nos recuerda que la ausencia de verdad y justicia no es un defecto administrativo —es una violación autónoma a los derechos humanos. Eso es lo que el constitucionalismo contemporáneo considera una obligación reforzada: el deber estatal de no abandonar a quienes acudieron a la justicia confiando en que allí encontrarían protección. Y por eso esta jornada, tiene hoy un valor político y ético esencial. Los discursos de odio contra jueces, la sospecha permanente contra la institucionalidad, y la normalización de la violencia política —sea quien sea el blanco— son síntomas que no podemos trivializar. La destrucción del Estado de Derecho nunca es instantánea. Ocurre cuando se vuelve aceptable erosionar a quienes están llamados a decidir conforme a la Constitución, aun cuando esa decisión sea impopular. Que este aniversario no sea una ceremonia. Que sea una advertencia para el presente. Porque las generaciones más jóvenes -que no vivieron en 1985- tienen derecho a una democracia donde la violencia nunca vuelva a ser un método de disputa política . En últimas, esa es la contribución mínima que les debemos: no dejarles un país que considere normal la agresión contra la justicia. Por eso -y termino aquí- esta conmemoración no es solo para mirar hacia atrás, sino para impedir que lo ocurrido vuelva a ser posible. Y esa advertencia conserva plena vigencia cuarenta años después, y debemos decirlo sin evasivas: un país sin memoria siempre vuelve al punto donde dejó de decir la verdad. Por eso Justicia, memoria y reflexión: es un asunto de todos. Muchas gracias.
La FM 
EL TIEMPO Deporte 
RT en Español 
Revista Semana 
Diario La República 
El Colombiano 
Portafolio 
Minuto30 
Kienyke