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Thomas Greg and Sons ya firmó prórroga de contrato de pasaportes con el Gobierno por $161 mil millones; estos son los detalles

Thomas Greg and Sons ya firmó prórroga de contrato de pasaportes con el Gobierno por $161 mil millones; estos son los detalles

Este miércoles, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que nunca ha habido, ni habrá, crisis por expedición de pasaportes. Sus palabras llegaron para calmar las dudas sobre los recientes cambios en la entidad que busca formalizar y ejecutar un contrato con Portugal para expedir el documento junto a la Imprenta Nacional. Una estrategia criticada por la excanciller Laura Sarabia, quien salió de su puesto por estas diferencias logísticas. Lea además: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses En medio de la puja, EL COLOMBIANO conoció el nuevo contrato del Estado con Thomas Greg and Sons (TGS) para la creación y entrega de pasaportes hasta abril de 2026. Según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo contrato con TGS es de $161.290 millones y estipula que durará hasta el 30 de abril de 2026. El objeto del convenio es “ suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, según se lee en los documentos cargados en la plataforma Secop II. La publicación del contrato se hizo a las 4:25 de la tarde de este martes. El contrato ya fue firmado electrónicamente e iniciará su ejecución el próximo 1 de septiembre . De acuerdo con la Cancillería, el acuerdo se celebrará por la figura de contratación directa bajo urgencia manifiesta con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2026 , liderada por Thomas Greg. Esta figura se aplicó con el argumento de que la empresa acredita la capacidad logística, técnica y financiera para continuar con el servicio sin interrupciones. La duración del convenio será de ocho meses , periodo en el que la unión temporal se hará cargo de la producción, distribución y custodia de los documentos de viaje. El contrato contempla que de los $161 mil millones, $100 mil millones provendrán de vigencias futuras aprobadas el pasado 21 de agosto por el Ministerio de Hacienda. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: Vigencia 2025 : $80.922 millones Vigencia 2026 : $80.368 millones Se puede decir que la prorroga del contrato con TGS no sorprende. Thomas Greg ha sido la firma encargada de la elaboración de pasaportes desde hace más de 15 años y, actualmente, la capacidad del Estado para expedir pasaportes a partir del 1 de septiembre estaba en constante cuestionamiento. La empresa fue fuertemente criticada por Saade, exjefe del despacho de Presidencia, quien además le dio órdenes explícitas a funcionarios de la cancillería para que “racionalizaran” o retrasaran la expedición de pasaportes en el país con el fin de dar tiempo para que se firmara el convenio con Portugal y con la imprenta colombiana, según denuncias de la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia. Sin embargo, fue eso mismo lo que lo llevó a ser sancionado por la Procuraduría y apartado del cargo que ostentaba en las filas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Lea también: Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes En su decisión, el Ministerio Público señaló que “en lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”. En medio de las controversias, el tiempo apremiaba. El próximo 1 de septiembre se vence el contrato actual con TGS, y viendo que el contrato con Portugal no prosperaba (porque los órganos de control estatales aseguraron que la Imprenta Nacional no tenía la capacidad de asumir la responsabilidad de expedir los pasaportes), el Gobierno anunció que habría una prorroga con la empresa privada. Cabe resaltar que, aunque el traspaso de la responsabilidad de TGS a la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional aún no se ha dado, el Gobierno Nacional no ha descartado la posibilidad. La prorroga hasta 2026 se da como una estrategia para ganar tiempo. Lea aquí: Gobierno ya firmó convenio con Portugal para la expedición de pasaportes; este es el documento Según la canciller Villavicencio, en un periodo 10 años Colombia tendrá “total autonomía para producir las libretas con todos los estándares”. Al ser cuestionada sobre por qué se eligió a la Casa de la Moneda de Portugal, la canciller sostuvo que “es una empresa que tiene más de 700 años de experiencia, que se fusionó con otra también pública , y fue la que ofreció menos tiempo posible para hacer todo el proceso de transferencia de tecnología. Ofreció 10 años, Alemania ofrecía 15 años y las demás más tiempo. Además, dejará instaladas máquinas y serán donadas”. Le puede interesar: Gobierno publicó convenio entre la Imprenta y Portugal para la expedición de pasaportes

Reunión urgente: Gobernadores alertan a la Defensoría por grave crisis de orden público en vísperas de elecciones 2026

Reunión urgente: Gobernadores alertan a la Defensoría por grave crisis de orden público en vísperas de elecciones 2026

En medio de la crisis de orden público que se registra en varias ciudades de Colombia, este martes hubo una reunión entre varios gobernadores del país y la defensora del Pueblo, Iris Marín. El asunto no podría ser otro que la situación de inseguridad y la zozobra que se cierne con miras a las elecciones de 2026. El encuentro se realizó en la noche del martes y durante este los gobernadores de Antioquia, Tolima o Meta, así como una funcionaria encarga de Valle del Cauca –donde la semana pasada hubo una oleada de ataques terroristas –, le expresaron a la defensora las preocupaciones de orden público. También se hizo presente el director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera. Según fuentes que estuvieron presentes durante la reunión, hubo alertas por la instrumentalización de la sociedad civil en los territorios, así como por el aumento del secuestro. En particular, hubo una alerta por la situación en la que se encuentran alcaldes de poblaciones medianas y pequeñas para atender la crisis de inseguridad. “El diagnóstico de gobernadores y alcaldes sobre el orden público en los territorios fue terrible en la reunión”, expresó uno de los presentes, llamando la atención además por el riesgo inmediato ante atentados y ataques que involucran en mayor medida a la población civil. Otro punto a considerar como riesgo de mediano plazo es la zozobra frente al periodo electoral y el eventual recrudecimiento de la situación con miras a las elecciones al Congreso en marzo próximo. “Los gobernantes se han encontrado con que la Fuerza Pública tiene dificultades en recursos, como personal limitado y crisis en suministro de gasolina” , señaló otra fuente, alertando por el poderío creciente de grupos al margen de la ley. De allí el temor por la seguridad de los ciudadanos, pero también de los propios mandatarios. Incluso, no se descarta que la alerta temprana que usualmente emite la Defensoría del Pueblo tres meses antes de las elecciones para prever situaciones de riesgo sea activada con antelación, cubriendo además la situación de los mandatarios locales. En el caso del Valle del Cauca, hubo especial atención por la magnitud del atentado en Cali, donde –según reportó la propia Defensoría–, un camión cargado con cilindros bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando como saldo seis civiles muertos, 64 personas heridas, además de graves daños a viviendas, locales comerciales y vehículos. “El atentado fue de día y menos mal no explotó la carga grande. Eso evidencia que los terroristas no tienen ninguna consideración con la población civil”, advirtió uno de los asistentes. No menos importante fue la alerta por lo ocurrido en la vereda Los Trozos, en zona rural de Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero de la Policía que brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca fue atacado con un dron cargado de explosivos. El hecho dejó ocho policías muertos y al menos ocho heridos. “El temor mayor es cómo van a incidir esos grupos en elecciones de marzo” , insistieron los mandatarios regionales, quienes desde ya promovieron la creación de un equipo de trabajo entre los gobernadores, alcaldes y la Defensoría.

Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

Tras condena de 7 años al sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿qué pasará con los otros cinco implicados?

El adolescente que disparó contra el congresista el pasado 7 de junio en el barrio Modelia fue condenado a siete años de privación de la libertad en un centro especializado , bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Contexto: Atención: imponen una de las sanciones más altas al adolescente que asesinó a Miguel Uribe; esta es la pena que cumplirá Durante la investigación se estableció que el joven fue contactado y persuadido para ejecutar el ataque, recibió el arma de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y llegó al parque El Golfito, donde abrió fuego contra Uribe. Mientras el menor inicia el cumplimiento de su sanción, los otros cinco detenidos avanzan en sus procesos judiciales. Todos permanecen bajo medida de aseguramiento e imputados por diferentes delitos. Tras la muerte del senador Miguel Uribe, la Fiscalía recalificó el caso de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado consumado para los cinco adultos implicados.Según el artículo 104 del Código Penal , este delito se sanciona con 33 a 50 años de prisión . Además, a casi todos se les suman los mismos cargos: f abricación, tráfico o porte de armas de fuego con penas de 9 a 12 años , que pueden duplicarse (18 a 24) si concurren agravantes; uso de menores de edad para delinquir , castigado con 10 a 20 años ; y en casos como el de William Fernando González Cruz, se le señala de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento probatorio con sanciones de 4 a 12 años . Y en el caso de alias El Costeño , además, concierto para delinquir agravado , con penas de 6 a 12 años . Pero, a rasgos generales, todos comparten como eje central el cargo de homicidio agravado (33–50 años de prisión) , más delitos conexos (armas, uso de menores y, en algunos casos, ocultamiento de pruebas o concierto para delinquir). Las diferencias están en el rol atribuido por la Fiscalía, lo que puede influir en la severidad de la condena final. Todos permanecen en prisión preventiva mientras se adelantan los juicios. Le puede interesar: Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en el asesinato de Miguel Uribe Turbay