
Popular centro comercial en Bucaramanga anunció remodelación tras cierre de supermercado
Se prevé que la adecuación esté lista entre abril y mayo de 2026. Registra una vacancia del 15 %, principalmente en los dos pisos.
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La organización Pacientes Colombia expresó su preocupación por la Resolución 35379 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esta normativa autoriza a nueve entidades promotoras de salud (EPS) bajo intervención a negociar directamente con laboratorios farmacéuticos la compra de medicamentos. Le puede interesar: ¿Por qué datos de pacientes con VIH es reservada? EPS fue sancionada por divulgarla . Según ese colectivo, esto podría desencadenar una crisis en la entrega de medicamentos y afectar la continuidad de los tratamientos de los pacientes. Si bien reconocen que la iniciativa busca optimizar el gasto en salud, consideran que la implementación carece de una estructura organizada y de garantías para los usuarios. Lo anterior debido a que la metodología propuesta no asegura la dispensación efectiva de medicamentos, pues generaría barreras en la adherencia y continuidad de tratamientos. Uno de los principales riesgos identificados por Pacientes Colombia es la situación financiera de esas EPS, que enfrentan serios problemas de flujo de caja y arrastran deudas crecientes. Por otro lado, cuestionaron la capacidad de la industria farmacéutica para asumir la dispensación directa a los afiliados, ya que históricamente las gestoras farmacéuticas han sido las encargadas de garantizar su distribución. Por eso recordaron que los gremios del sector han expresado dudas sobre el rol y la remuneración de estas gestoras en el nuevo esquema propuesto. Así mismo, alertan que al permitir que cada aseguradora negocie con laboratorios de manera independiente, no queda claro quién centralizará y se hará cargo de la entrega de medicamentos. Esto podría afectar especialmente a los pacientes con varios medicamentos recetados que requieren varios tratamientos de manera simultánea. Pacientes Colombia también señaló que si en las negociaciones conjuntas —que plantea la resolución— se incluyen únicamente tratamientos que cumplen con especificaciones técnicas definidas por la SIC, existe el riesgo de que un médico formule un medicamento y el paciente reciba uno diferente, lo cual podría tener consecuencias sobre la eficacia de los tratamientos. Ante estas alertas, el vocero de esa organización, Denis Silva, sostuvo que “hacemos un llamado urgente a todas las partes implicadas, incluido el Comité para el Seguimiento y Ejecución del Acuerdo de Negociación Conjunta de Tecnologías Sanitarias, para que establezcan un proceso más ordenado, transparente y participativo”. Para esta agrupación, la verdadera causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos. En ese sentido, alegan que en paralelo a esta nueva política de negociación, informes financieros muestran que las EPS acumulan deudas por más de $29 billones y un patrimonio negativo que compromete su viabilidad. Finalmente, Pacientes manifestó su incertidumbre porque la implementación de la Resolución 35379 de 2025 no logre resolver los problemas en la entrega de medicinas y que la falta de una planificación adecuada y de garantías para los usuarios termine en un mayor desabastecimiento de fármacos y en una interrupción de los tratamientos. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
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Ramiro Antonio Correa era el tendero de la vereda Nueva York–epicentro del secuestro y liberación de 33 militares en El Guaviare– y terminó muerto en medio de la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco . Ahora será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este hecho. El presidente Gustavo Petro señaló al civil de, aparentemente, ser un colaborador de los disidentes de las Farc. La Defensoría del Pueblo lo desmintió, advirtió que la muerte fue accidental y recordó la importancia de que las Fuerzas Militares estén apegadas al Derecho Internacional Humanitario durante sus operaciones. Leer más: “Muerte de civil (presunto colaborador de grupo armado) será investigada”: Petro por liberación de soldados La Fuerza Pública llegó a la vereda Nueva York –un caserío ubicado a cinco horas del casco urbano de El Retorno (Guaviare)– para adelantar un operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias. Después del enfrentamiento armado, cayó Ramiro. El operativo comenzó sobre el mediodía de este 24 de agosto. Su muerte desató el secuestro de 33 militares. La comunidad, enfurecida, exigía explicaciones sobre el operativo y se mantuvieron rodeados a los soldados que participaron en él durante tres días. Buscaban entender por qué al tendero no se le hizo levantamiento del cuerpo y apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate. EL COLOMBIANO ya relató la versión de la comunidad. El hombre asesinado tenía una tienda en la que vendía víveres, cervezas y gaseosas. El enfrentamiento se desató a las afueras de su local comercial. En medio del tiroteo, buscó refugio en una casa vecina junto a otros labriegos. Cuando las balas cesaron, insiste en la comunidad, los militares ingresaron a la casa donde estaba refugiado Ramiro y pidieron a los campesinos evacuar y regresar a la tienda. "El señor Ramiro era el último que iba entrando de los que estaban ahí. Alguien le disparó. Lo mataron. Estamos indignados porque lo mataron y fuera de eso lo quisieron pasarlo como guerrillero. Ahí, según ellos, no había ningún civil muerto y resulta que sí, era él ”, dijo una vecina de la zona. La Defensoría del Pueblo señaló que en el municipio de El Retorno hay una fuerte gobernanza ilegal. Explicó que estas estructuras ejercen el control social que incluye carnetización obligatoria, restricciones de movilidad, imposición de horarios y hasta el control de bienes de primera necesidad. Hicieron un llamado para no estigmatizar a las comunidades. “Las disidencias de Mordisco tienen un fuerte control hegemónico en la zona. Se trata de una gobernanza ilegal que somete a la población civil. ”, apuntó Marín. El municipio de El Retorno, particularmente, es una zona en disputa entre las disidencias del Bloque Amazonas (Iván Mordisco) y el Bloque Jorge Suárez Briceño (alias Calarcá). Después de una mediación de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP OEA, los militares pudieron ser evacuados de la zona y trasladados en la noche de este 28 de agosto hasta San José del Guaviare. EL COLOMBIANO ya contó que el cuerpo de Ramiro permanece en la morgue de San José del Guaviare. Desde allí será trasladado a Bogotá, donde viven sus hijas. En la vereda, la comunidad no deja de pedir explicaciones: insisten en que no murió un combatiente.
En total, fueron ocho capturas por orden judicial, una en flagrancia y seis notificaciones a internos que seguían delinquiendo desde prisión