Subir IEPS a juegos y apuestas bajará recaudación y potenciará informalidad: fiscalistas
El incremento de 30 a 50 por ciento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las empresas de juegosy apuestas, previsto en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2026, provocará que el negocio se mueva hasta en 80 por ciento a la informalidad y que, por consiguiente, el gobierno no logre sus metas recaudatorias, que ascienden a más de 5 mil millones de pesos —35 por ciento más de lo estimado para 2025—, aseguraron abogados fiscalistas consultados por MILENIO.El ajuste a la miscelánea fiscal de 2026 también prevé permitir que firmas extranjeras operen en el país sin licencia local, sin un esquema diferenciado respecto a los concesionarios nacionales debidamente reglamentados, lo que debilitaría la operación de los establecimientos con permiso vigente y ampliaría el espacio para el juego clandestino.“La propuesta plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno implementar estas medidas, no solo en materia fiscal, sino también dentro del marco regulatorio de losjuegos de azar. Por ello, los autores consideran esencial establecer reglas claras para garantizar una carga tributaria razonable, un régimen de cumplimiento actualizado y eficaz, y un entorno empresarial saludable”, expusieron los abogados del despacho Lazcano Sámano, Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo.El dictamen se votará en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, antes de enviarse al pleno para su aprobación definitiva. De obtener luz verde, la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y también alcanzaría a plataformas extranjeras que operan en México, las cuales podrían ser bloqueadas temporalmente si incumplen con sus obligaciones fiscales.Efectos contrariosEl alza en la tasa del impuesto y la mayor competencia reducirán los márgenes actuales —ya presionados por la competencia— y elevarán los costos operativos de los empresarios legales.“Esto puede obligar a los permisionarios a replantear sus modelos de negocio, renegociar contratos con proveedores tecnológicos y de plataformas o incluso reconsiderar su estrategia de mercado”, señalaron Lazcano y Avedillo.“En el caso de los operadores más pequeños, el cambio podría amenazar su viabilidad, generando una consolidación del mercado a favor de los grupos más grandes y con mayor capital”, afirmaron.Actualmente, los operadores legales y con actividad formal generan más de 10 mil millones de pesos anuales en contribuciones y más de 60 mil empleos directos.Sin embargo, fuentes de la industria estiman que alrededor de 60 por ciento del mercado de apuestas en líneaen México opera de manera ilegal, con cerca de 4 mil 500 sitios activos. Este segmento, según sus cálculos, elude el pago de impuestos y no cumple con las normas de supervisión ni con las de protección al consumidor establecidas por la Secretaría de Gobernación.Además, los abogados fiscalistas destacaron que, si se llegara a permitir que firmas extranjeras operen en el país sin una licencia, se debe cuestionar cómo planea el gobierno implementar estas medidas, no solo en materia fiscal, sino también dentro del marco regulatorio de los juegos de azar.Piden reglas clarasEl dictamen será discutido por los 45 integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pertenecientes a todas las fracciones parlamentarias. Si se aprueba, será turnado al Senado antes del 31 de octubre.El sector formal espera que durante el proceso legislativo se evalúen esquemas escalonados y mecanismos específicos para combatir a las plataformas ilegales que concentran más del 60 por ciento del mercado.Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo consideran esencial establecer reglas claras para garantizar una carga tributaria razonable, un régimen de cumplimiento actualizado y eficaz, y un entorno empresarial saludable.“Desde una perspectiva no fiscal, lo que podría representar un cambio disruptivo para el sector de apuestas en línea en México es que operadores extranjeros podrían operar legalmente desde el extranjero sin necesidad de hacerlo mediante un permisionario mexicano”, expusieron.Subrayaron que la iniciativa aún es solo una propuesta.“Como cualquier proyecto legislativo en México, deberá ser debatido y aprobado por el Congreso, y su versión final podría diferir del borrador actual. Factores políticos, presiones de la industria y el contexto fiscal nacional influirán en el desenlace.”“No obstante, el mensaje del gobierno es claro: el juego, especialmente en su forma digital, está en la mira como una nueva fuente de ingresos fiscales”, remarcaron.Aconsejaron que la industria deberá prepararse para un periodo de cambio sustancial. Las empresas que operan o planean llegar a México deberán monitorear de cerca el proceso legislativo, evaluar el impacto potencial en sus operaciones y anticipar un entorno de cumplimiento más complejo.Caso de estudio: Países BajosUn país donde ya se intentó algo similar fue Países Bajos. En 2025 decidieron elevar elimpuestode 30.5 a 34.2 por ciento para incrementar la recaudación.El gobierno del país europeo encontró que los ingresos esperados no se alcanzaron y que cayeron 25 por ciento los ingresos brutos del sector.Por otro lado, se redujo 17 por ciento la recaudación fiscal, es decir, 200 millones de euros menos en captación de impuestos. Esto se debió a que solo 50 por ciento de las apuestas permanecieron en el mercado legal, según reportes de KSA, IGB, Houlihan Lokey y Regulus Partners.En otros mercados maduros de Europa también se intentaron estrategias similares: los impuestos altos trasladaron a los jugadores hacia mercados ilegales y los gobiernos perdieron millones en recaudación fiscal.“La experiencia europea muestra que un equilibrio razonable en las tasas impositivas fortalece la regulación y protege al consumidor sin asfixiar a la industria legal”, concluyeron.AG
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