José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional: "La condena ética, política y moral de lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado es para echarse a temblar"
El catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera analizó en El Cascabel de TRECE la comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Durante su intervención, Vera subrayó que el borrado del contenido del teléfono y del correo electrónico del fiscal constituye un indicio que “carece absolutamente de sentido” en quien debe garantizar la legalidad y el interés público. “Si la Fiscalía General del Estado tiene que velar por el interés público y por el principio de legalidad, carece de sentido que borre totalmente los contenidos de su teléfono, ya sea por casualidad o de otra forma. Pone de manifiesto una manera de actuar que no es la correcta”, explicó Vera. El profesor insistió en que esa actitud no implica jurídicamente culpabilidad, pero sí evidencia falta de colaboración con la justicia. "Colaborar con la justicia no está colaborando, eso es evidente". El jurista también se refirió a las declaraciones de los 11 agentes de la UCO que afirmaron que el borrado fue intencionado y que el fiscal general tuvo conocimiento directo de lo ocurrido. A su juicio, este comportamiento afecta a la credibilidad del Ministerio Público y a la imagen de las instituciones del Estado. “Estamos en una situación donde la Fiscalía, en vez de luchar por el principio de legalidad, está defendiendo a uno de los suyos. No es normal en un Estado democrático que se respete la separación de poderes”. Vera fue más allá al criticar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la presunta inocencia de García Ortiz: “El presidente del Gobierno no puede decir que el fiscal general es inocente. Tiene que respetar al Tribunal Supremo”. El catedrático consideró que incluso en el caso de una absolución, la condena ética y moral seguiría existiendo: “La exculpación jurídica es una cosa, pero la condena ética, política y moral es para echarse a temblar”. Vera también explicó que la dependencia jerárquica dentro de la Fiscalía, reconocida en el artículo 124 de la Constitución, agrava la responsabilidad del fiscal general. “Si alguien que depende de ti no actúa como debe, deberías haberlo cesado. Hay culpa por no haber vigilado”. Añadió que, aunque jurídicamente el Tribunal Supremo pueda no encontrar responsabilidad penal, la actuación de García Ortiz es reprobable desde el punto de vista ético y político. “Puede que no sea culpable jurídicamente de un delito, pero lo es desde el punto de vista moral, político y de respeto a las instituciones”. El profesor subrayó que el fiscal general debería haber presentado su dimisión para preservar la credibilidad del Ministerio Público: “Por respeto a la institución, no debería haber dejado la toga en el momento de declarar, debería haber dimitido o haber sido cesado por el Gobierno”. En su reflexión final, José Manuel Vera concluyó que este caso trasciende lo jurídico: “El problema no es solo si hubo delito, sino el deterioro ético que genera que quien debe velar por la legalidad se vea envuelto en este tipo de actuaciones”. A su juicio, la Fiscalía General del Estado ha perdido parte de su autoridad moral, y recuperar la confianza institucional “va a costar muchos años”.
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