Una jueza investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante tras una denuncia de Manos Limpias

Una jueza investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante tras una denuncia de Manos Limpias

La instructora abre diligencias previas después de que el pseudosindicato denunciara a nueves personas, entre ellas de exconcejala El Ayuntamiento de Alicante detecta más casos de funcionarios que pueden haber sido agraciados con VPO La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus , según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el pseudosindicato Manos Limpias contra nueve personas , entre ellas la exconcejala popular de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general María Pérez-Hickman, y otros empleados municipales. El pseudosindicato también denunció al jefe del servicio de Viviendas y Protección Oficial del consistorio; al notario José María Izaguirre, y a la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. Como ha venido informando elDiario.es, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez , los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. El escándalo también forzó la dimisión del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria , Turismo, Innovación y Comercio y excoordinador de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez. La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.

Una jueza investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante tras una denuncia de Manos Limpias

Una jueza investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante tras una denuncia de Manos Limpias

La instructora abre diligencias previas después de que el pseudosindicato denunciara a nueves personas, entre ellas la exconcejala popular Rocío Gómez y un notario El Ayuntamiento de Alicante detecta más casos de funcionarios que pueden haber sido agraciados con VPO La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus , según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el pseudosindicato Manos Limpias contra nueve personas , entre ellas la exconcejala popular de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general María Pérez-Hickman, y otros empleados municipales. Manos Limpias también denunció al jefe del servicio de Viviendas y Protección Oficial del consistorio; al notario José María Izaguirre, y a la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. Como ha venido informando elDiario.es, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez , los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. El escándalo también forzó la dimisión del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria , Turismo, Innovación y Comercio y excoordinador de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez. La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.

Britney Spears vende su catálogo musical en una operación millonaria

Britney Spears vende su catálogo musical en una operación millonaria

La cantante Britney Spears ha vendido los derechos de su catálogo musical en una operación que diversas fuentes de la industria sitúan en torno a los cientos de millones de dólares y que supone uno de los movimientos empresariales más relevantes de su carrera reciente. La transacción, cerrada con la compañía editorial Primary Wave, incluye la participación que la artista poseía en algunas de las canciones más influyentes del pop de finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, un repertorio que sigue generando ingresos constantes a través del streaming, las licencias audiovisuales y el uso publicitario. Aunque este tipo de acuerdos se ha vuelto cada vez más frecuente entre grandes figuras de la música internacional, el caso de Spears adquiere una dimensión particular por el contexto personal y profesional que rodea a la artista. Su trayectoria ha estado marcada por un éxito comercial extraordinario -con más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo- y por un prolongado conflicto legal vinculado a la tutela que controló su vida personal y financiera durante más de una década y que finalizó en 2021. Desde entonces, cada decisión económica o creativa ha sido interpretada también como un gesto de autonomía. La venta de catálogos musicales responde, en términos generales, a una lógica financiera clara. Para los artistas, supone transformar ingresos futuros inciertos en liquidez inmediata, reduciendo la dependencia de las fluctuaciones del mercado digital. Para las compañías compradoras, en cambio, representa la adquisición de activos con rentabilidad previsible: canciones ampliamente conocidas, con millones de reproducciones acumuladas y alto potencial de explotación en cine, televisión, publicidad o redes sociales. En un ecosistema dominado por el streaming, donde el consumo es masivo pero fragmentado, los repertorios consolidados funcionan como inversiones relativamente seguras. En los últimos años, figuras de distintas generaciones han optado por operaciones similares, consolidando una tendencia que algunos analistas interpretan como la financiarización definitiva del patrimonio cultural popular. La música grabada deja de ser únicamente una obra artística para convertirse también en un paquete de derechos susceptible de compra, venta y gestión empresarial. Este cambio refleja la transformación estructural de la industria desde la caída del modelo basado en ventas físicas hacia otro centrado en la explotación continua del catálogo. El repertorio asociado a Spears incluye algunos de los sencillos más reconocibles del pop contemporáneo, temas que definieron una estética y un sonido característicos de su época y que continúan presentes en playlists globales y productos audiovisuales. La permanencia de estas canciones en el circuito comercial explica el interés de firmas especializadas en gestión de derechos, cuyo negocio consiste precisamente en maximizar la vida económica de obras ya consolidadas mediante nuevas licencias, reediciones o estrategias de posicionamiento digital. La artista ha mantenido en los últimos años una presencia intermitente en la actividad musical, combinada con proyectos autobiográficos y una comunicación directa con sus seguidores a través de redes sociales. Esa distancia relativa respecto a la producción de nueva música ha alimentado las interpretaciones sobre una posible retirada...

El Constitucional afronta el futuro de Puigdemont con dos informes favorables a amnistiar el delito de malversación

El Constitucional afronta el futuro de Puigdemont con dos informes favorables a amnistiar el delito de malversación

La Fiscalía y la Abogacía del Estado censuran en sendos informes la interpretación restrictiva del Supremo y apoyan el amparo que pide el expresidente catalán Puigdemont aguarda su amnistía en 2026 tras las idas y venidas con el PSOE El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuento cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España. El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”. La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”. La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“. Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”. La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”. El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

El Constitucional afronta el futuro de Puigdemont con dos informes favorables a amnistiar el delito de malversación

El Constitucional afronta el futuro de Puigdemont con dos informes favorables a amnistiar el delito de malversación

La Fiscalía y la Abogacía del Estado censuran en sendos informes la interpretación restrictiva del Supremo y apoyan el amparo que pide el expresidente catalán Puigdemont aguarda su amnistía en 2026 tras las idas y venidas con el PSOE El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuento cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España. El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”. La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”. La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“. Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”. La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”. El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

El Gobierno dice que las ayudas para Cádiz «van a llegar pronto» pero no especifica cuándo

El Gobierno dice que las ayudas para Cádiz «van a llegar pronto» pero no especifica cuándo

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha asegurado que «le consta» que las líneas de ayuda para paliar los daños provocados en los distintos municipios de la provincia por los efectos de las borrascas «van a venir pronto» y «en distintos aspectos», recordando que ya se establecieron ayudas «el año pasado» cuando las distintas danas y que entonces «no tuvieron nada que ver con lo que ha sido ahora este desastre». En declaraciones a los medios durante una convocatoria en Jerez de la Frontera junto a la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, la subdelegada ha señalado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) «todavía está en el territorio trabajando para que se vuelva a la normalidad lo antes posible» , con la apertura de colegios, labores de limpieza de calles, retirada de piedras de las carreteras tras desprendimientos, todo ello para que «vuelva la gente a sus casas». «La situación es complicada porque todo este tren de borrascas ha sido en esta provincia donde ha descargado», ha lamentado Blanca Flores, que ha citado daños en la agricultura en zonas como Costa Noroeste, Jerez o Jimena, con los cultivos de aguacate, así como la evaluación de daños en playas o carreteras de la provincia gaditana para ver cuáles serán las actuaciones que se van a acometer en estos días. La subdelegada ha reconocido que «la reconstrucción va a ser dura en la provincia» pero que «no vamos a dejar de trabajar en ningún momento», siguiendo además a disposición de la ciudadanía y de su seguridad. En ese sentido, ha hecho hincapié en que «desde el primer momento» la dirección de la emergencia ha estado en nivel 2, por lo tanto «en manos» de la Junta de Andalucía, pero que el Gobierno de España «desde el minuto cero hemos puesto a disposición todos y cada uno de los recursos que han sido solicitados por la administración que llevaba la emergencia». Para ello, se han movilizado en estas semanas «los efectivos necesarios» de Policía Nacional, de Guardia Civil y de Conservación de carreteras, entre otros, recordando que su presencia «ha sido un continuo para que las vías principales estuvieran disponibles para las comunicaciones» por carretera, apuntando además que «hemos estado sufriendo diariamente desprendimientos y deslizamientos» en distintas vías de la provincia.

Belmonte vuelve a Córdoba con 'Forma y fondo', una retrospectiva por sus 40 años de actividad

Belmonte vuelve a Córdoba con 'Forma y fondo', una retrospectiva por sus 40 años de actividad

La muestra ya se exhibió en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid, donde superó las 60.000 visitas, según su responsable El Teatro Cómico Principal de Córdoba acoge desde hoy Forma y fondo. 40 años de escultura , la exposición retrospectiva de José Manuel Belmonte, que se inauguró el pasado año en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. La muestra, organizada por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y diversas entidades culturales, se enmarca además en la programación del Día de Andalucía y coincide con el quinto aniversario de la reapertura de este espacio cultural de titularidad autonómica. El acto de inauguración ha contado con la presencia del delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el alcalde de la ciudad, José María Bellido; el delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena; el comisario de la exposición, Félix Ruiz Calador; y el propio artista. "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte" Visiblemente emocionado, José Manuel Belmonte ha reconocido que traer la exposición a Córdoba supone “una obligación moral” y un motivo de especial ilusión. “Es la ciudad donde me he criado, donde me he formado y donde me siento tan querido”, afirmó. El escultor recordó que la muestra en Madrid, para cuya organización ya recibió apoyo económico del Ayuntamiento, “superó las 60.000 visitas” en apenas 26 días. Forma y fondo reúne alrededor de 60 obras, entre bajorrelieves y esculturas de bulto redondo, que recorren cuatro décadas de trayectoria. En la planta superior se presentan series como El cuerpo del pecado y Bestiario , mientras que en la planta baja se exhiben piezas emblemáticas como los Hombres pájaro , una de ellas galardonada con el premio de la Fundación de Arte y los Artistas, considerado uno de los más prestigiosos de Europa. "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte" El título de la exposición alude, según explicó el artista, a la doble dimensión de su trabajo: la forma, entendida como volumen, equilibrio y juego de luces y sombras; y el fondo, como contenido emocional y mensaje. “Intento que cada escultura provoque algún tipo de sentimiento en el espectador”, señaló. Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha subrayado la importancia de que la exposición llegue a la ciudad natal del escultor tras su paso por Madrid, donde obtuvo un notable éxito de público. “Esta propuesta supone cerrar un círculo y devolver a casa una obra que ha dialogado con públicos muy diversos y exigentes”, señaló, destacando también el ejemplo de colaboración institucional que ha hecho posible la muestra. En este sentido, insistió en que “cuando las administraciones y el tejido cultural trabajan de la mano, los proyectos culturales ganan en alcance y calidad”. "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte" Por su parte, el alcalde calificó la exposición como “uno de los grandes eventos culturales de Córdoba en 2026” y aseguró que no se trata de “una muestra más, ni de un escultor más”, sino de uno de los artistas más relevantes de las últimas cuatro décadas en España. Bellido recordó el éxito de la exposición en la Casa de Vacas del Retiro madrileño, donde se convirtió en uno de los acontecimientos culturales del otoño, y defendió que Córdoba debe seguir siendo “una ciudad de creadores” capaz de mantener vivo su legado artístico. El regidor destacó además la dimensión social de parte de la obra expuesta, especialmente la serie dedicada al alzhéimer, en la que Belmonte aborda la decrepitud, la demencia y la fragilidad humana. “Hay una verdad y una belleza artística, pero también un mensaje social y un compromiso con una realidad que muchas familias viven de cerca”, afirmó. "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte" "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte" "Forma y Fondo. Cuarenta años de escultura de José Manuel Belmonte"

UGT denuncia "graves deficiencias" en la cocina del Hospital Provincial y exige una intervención urgente

UGT denuncia "graves deficiencias" en la cocina del Hospital Provincial y exige una intervención urgente

La sección sindical de UGT Servicios Públicos (UGT SP) en el Hospital Provincial de Córdoba ha remitido un escrito al Comité de Seguridad y Salud en el que denuncia “la grave situación” en la que el personal de cocina desarrolla su actividad laboral, advirtiendo de que las condiciones actuales pueden suponer un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.