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El dispositivo especial de Valencia para blindar la seguridad en Navidad

El dispositivo especial de Valencia para blindar la seguridad en Navidad

La Policía Local de Valencia ha desplegado un dispositivo especial de Navidad que contará con un total de 7.050 agentes hasta el próximo 6 de enero. El objetivo es garantizar la seguridad durante los numerosos eventos programados en la ciudad con motivo de las fiestas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comunicado estas cifras durante su visita en Nochebuena a la Central de la Policía Local y al Cecom de Bomberos. Desde allí, ha felicitado las fiestas a los agentes de servicio, a quienes ha descrito como “una pieza esencial del servicio público y un orgullo para nuestra ciudad”. Durante su mensaje, Catalá ha agradecido el trabajo de los efectivos: “En este dia sois el mejor ejemplo de solidaridad, entrega y responsabilidad”. Solo en la noche de Nochebuena, un total de 550 policías locales y bomberos han velado por el bienestar en la capital. Una de las prioridades del dispositivo es la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que se multiplicarán los controles discrecionales por toda la ciudad. Asimismo, se ha aumentado la vigilancia para controlar la venta ambulante ilegal, que suele incrementarse en la zona centro y en los mercados durante esta época festiva. El dispositivo más importante será el de Nochevieja, con 200 policías destinados a dos escenarios principales. La Plaza del Ayuntamiento acogerá las campanadas y una fiesta, con un refuerzo de 90 agentes, mientras que otros 65 policías cubrirán el castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. La 40ª edición de la carrera San Silvestre también contará con una amplia cobertura. Se desplegarán 101 agentes de la Policía Local y más de 430 efectivos para velar por la seguridad en un evento que prevé la participación de más de 18.000 corredores. Finalmente, para la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, se ha diseñado un operativo con 139 agentes que reforzarán el servicio ordinario, compuesto por más de 900 policías en sus diferentes turnos, para cerrar el periodo festivo.

El dispositivo especial de Valencia para blindar la seguridad en Navidad

El dispositivo especial de Valencia para blindar la seguridad en Navidad

La Policía Local de Valencia ha desplegado un dispositivo especial de Navidad que contará con un total de 7.050 agentes hasta el próximo 6 de enero. El objetivo es garantizar la seguridad durante los numerosos eventos programados en la ciudad con motivo de las fiestas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comunicado estas cifras durante su visita en Nochebuena a la Central de la Policía Local y al Cecom de Bomberos. Desde allí, ha felicitado las fiestas a los agentes de servicio, a quienes ha descrito como “una pieza esencial del servicio público y un orgullo para nuestra ciudad”. Durante su mensaje, Catalá ha agradecido el trabajo de los efectivos: “En este dia sois el mejor ejemplo de solidaridad, entrega y responsabilidad”. Solo en la noche de Nochebuena, un total de 550 policías locales y bomberos han velado por el bienestar en la capital. Una de las prioridades del dispositivo es la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que se multiplicarán los controles discrecionales por toda la ciudad. Asimismo, se ha aumentado la vigilancia para controlar la venta ambulante ilegal, que suele incrementarse en la zona centro y en los mercados durante esta época festiva. El dispositivo más importante será el de Nochevieja, con 200 policías destinados a dos escenarios principales. La Plaza del Ayuntamiento acogerá las campanadas y una fiesta, con un refuerzo de 90 agentes, mientras que otros 65 policías cubrirán el castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. La 40ª edición de la carrera San Silvestre también contará con una amplia cobertura. Se desplegarán 101 agentes de la Policía Local y más de 430 efectivos para velar por la seguridad en un evento que prevé la participación de más de 18.000 corredores. Finalmente, para la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero, se ha diseñado un operativo con 139 agentes que reforzarán el servicio ordinario, compuesto por más de 900 policías en sus diferentes turnos, para cerrar el periodo festivo.

La confección de las listas del PSOE en Aragón desata una crisis con la renuncia de cinco diputados

La confección de las listas del PSOE en Aragón desata una crisis con la renuncia de cinco diputados

La elaboración de las listas del PSOE para las próximas elecciones del 8-F en Aragón ha generado una importante crisis interna. Un total de cinco diputados autonómicos han comunicado que renuncian a formar parte de la candidatura encabezada por Pilar Alegría tras ser relegados a puestos sin opciones reales de ser elegidos. Entre los que han renunciado se encuentran la hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario, Leticia Soria; el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz; y los diputados Pilimar Zamora, Ángel Peralta y Silvia Gimeno. Alegría había ofrecido a Soria el puesto 13 por Zaragoza y a Ortiz el 14, muy lejos de los puestos de salida que garantizan un escaño. Miembros destacados del partido interpretan estos movimientos como un nuevo castigo a los afines a Javier Lambán. Consideran que es una estrategia para premiar al núcleo duro de la ministra y candidata, Pilar Alegría, y dejar en un segundo plano a quienes no coinciden con la línea oficial del PSOE de Pedro Sánchez. Aunque los afectados ya intuían que Alegría buscaría formar su propio equipo, la exclusión de figuras como Leticia Soria ha causado sorpresa en sectores del socialismo aragonés. Otro caso significativo es el de Iván Carpi, conocido por su fiscalización a Jorge Azcón en sanidad, que ha sido relegado al puesto 7 por Huesca. Estos choques evidencian que en Aragón persisten dos almas en el Partido Socialista, una situación que podría agravarse si se obtiene un mal resultado en las urnas. Desde el PSOE se observa con atención el mal resultado de Extremadura y se confía en poder revertir la situación. La exministra ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista, asegurando que los votantes no se han ido a otro partido, sino que "se quedaron en sus casas". Pese a la tensión, las listas de Zaragoza, Huesca y Teruel fueron aprobadas este martes sin votos en contra. Alegría ha situado como número dos por Zaragoza a Darío Villagrasa, quien fuera su rival en la sucesión de Lambán. Le siguen la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, como número tres, y el portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, en el cuarto puesto. En Huesca, la lista está encabezada por Fernando Sabés, Lorena Canales y Marcelino Iglesias. En Teruel, los primeros puestos son para el secretario provincial, Rafael Guía, seguido de María Ariño y Pedro Manuel Polo.

Ricardo Bravo, afectado por inquiokupación: "Son los jubilados y familias trabajadoras los que están poniendo el recurso habitacional para estas familias vulnerables a coste 0; esto es inconcebible"

Ricardo Bravo, afectado por inquiokupación: "Son los jubilados y familias trabajadoras los que están poniendo el recurso habitacional para estas familias vulnerables a coste 0; esto es inconcebible"

El Gobierno ha aprobado la prórroga del llamado escudo social, un paquete de medidas que incluye el acuerdo con Bildu para extender un año más la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte contestación por parte de los propietarios. En 'Herrera en COPE', el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Inquiokupación, Ricardo Bravo, ha asegurado a Sofía Buera que la medida provoca “el efecto contrario al deseado”. Bravo ha denunciado que son las familias trabajadoras quienes están sosteniendo este escudo social, y no las administraciones públicas. "¿Cuántas viviendas disponen las administraciones públicas para ofrecer a estas familias vulnerables? Cero", ha cuestionado, afirmando que se están utilizando "viviendas de terceros" para alojar a estas personas. Según él, esta situación perjudica a pequeños propietarios mientras que los servicios sociales no ejercen sus funciones y los llamados "inquiokupas" se aprovechan del decreto. El portavoz ha ofrecido datos para ilustrar la situación del mercado del alquiler en España. Ha señalado que, aunque no hay cifras oficiales, se estima que podría haber más de 80.000 alquileres impagados, una cifra que ha ido creciendo desde que se aplicó el decreto por primera vez en 2020. Además, ha subrayado que el 93,4% de la vivienda en alquiler en España pertenece a "familias con una única vivienda" y casi la mitad de estos propietarios son "personas jubiladas" que complementan con ello su pensión. La principal consecuencia de esta prórroga, según Bravo, es la "inseguridad jurídica" que se está creando en el mercado del alquiler. Este miedo a que un inquilino, sea o no un "falso vulnerable", deje de pagar provoca que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado. Como resultado, "se ha reducido muchísimo la oferta y han aumentado muchísimo los precios", un fenómeno que coincide con la aplicación del escudo social. Desde la plataforma insisten en que no se oponen a que se ayude a las familias vulnerables, pero creen que es una responsabilidad que debe asumir el Gobierno. "Creemos que es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de ellas, ofreciéndoles las viviendas o los recursos económicos que necesiten, no familias trabajadoras", ha sentenciado Bravo. También ha lamentado la falta de diálogo con el Ejecutivo, asegurando que llevan solicitando reuniones con los ministros de Justicia y de Vivienda desde 2020 sin haber recibido jamás una respuesta. Aunque la medida entrará en vigor con su publicación en el BOE, todavía debe pasar por la convalidación en el Congreso. Bravo ha mostrado su incertidumbre, ya que el Gobierno ha incluido esta prórroga en un decreto junto a otras medidas de gran aceptación social. Entre ellas se encuentran la subida de las pensiones o los descuentos en el transporte público, lo que, en su opinión, pone Por ello, la plataforma está pidiendo a los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que las medidas se voten por separado para no "sacrificar" a los propietarios por séptimo año consecutivo. "No aguantamos más esta situación, es totalmente insostenible", ha concluido Ricardo Bravo.

Ricardo Bravo, afectado por inquiokupación: "Son los jubilados y familias trabajadoras los que están poniendo el recurso habitacional para estas familias vulnerables a coste 0; esto es inconcebible"

Ricardo Bravo, afectado por inquiokupación: "Son los jubilados y familias trabajadoras los que están poniendo el recurso habitacional para estas familias vulnerables a coste 0; esto es inconcebible"

El Gobierno ha aprobado la prórroga del llamado escudo social, un paquete de medidas que incluye el acuerdo con Bildu para extender un año más la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables. Sin embargo, esta decisión ha generado una fuerte contestación por parte de los propietarios. En 'Herrera en COPE', el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Inquiokupación, Ricardo Bravo, ha asegurado a Sofía Buera que la medida provoca “el efecto contrario al deseado”. Bravo ha denunciado que son las familias trabajadoras quienes están sosteniendo este escudo social, y no las administraciones públicas. "¿Cuántas viviendas disponen las administraciones públicas para ofrecer a estas familias vulnerables? Cero", ha cuestionado, afirmando que se están utilizando "viviendas de terceros" para alojar a estas personas. Según él, esta situación perjudica a pequeños propietarios mientras que los servicios sociales no ejercen sus funciones y los llamados "inquiokupas" se aprovechan del decreto. El portavoz ha ofrecido datos para ilustrar la situación del mercado del alquiler en España. Ha señalado que, aunque no hay cifras oficiales, se estima que podría haber más de 80.000 alquileres impagados, una cifra que ha ido creciendo desde que se aplicó el decreto por primera vez en 2020. Además, ha subrayado que el 93,4% de la vivienda en alquiler en España pertenece a "familias con una única vivienda" y casi la mitad de estos propietarios son "personas jubiladas" que complementan con ello su pensión. La principal consecuencia de esta prórroga, según Bravo, es la "inseguridad jurídica" que se está creando en el mercado del alquiler. Este miedo a que un inquilino, sea o no un "falso vulnerable", deje de pagar provoca que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado. Como resultado, "se ha reducido muchísimo la oferta y han aumentado muchísimo los precios", un fenómeno que coincide con la aplicación del escudo social. Desde la plataforma insisten en que no se oponen a que se ayude a las familias vulnerables, pero creen que es una responsabilidad que debe asumir el Gobierno. "Creemos que es el gobierno quien tiene que hacerse cargo de ellas, ofreciéndoles las viviendas o los recursos económicos que necesiten, no familias trabajadoras", ha sentenciado Bravo. También ha lamentado la falta de diálogo con el Ejecutivo, asegurando que llevan solicitando reuniones con los ministros de Justicia y de Vivienda desde 2020 sin haber recibido jamás una respuesta. Aunque la medida entrará en vigor con su publicación en el BOE, todavía debe pasar por la convalidación en el Congreso. Bravo ha mostrado su incertidumbre, ya que el Gobierno ha incluido esta prórroga en un decreto junto a otras medidas de gran aceptación social. Entre ellas se encuentran la subida de las pensiones o los descuentos en el transporte público, lo que, en su opinión, pone Por ello, la plataforma está pidiendo a los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que las medidas se voten por separado para no "sacrificar" a los propietarios por séptimo año consecutivo. "No aguantamos más esta situación, es totalmente insostenible", ha concluido Ricardo Bravo.

Los defensores de los desahuciados por García Albiol recuerdan las incoherencias de los que atacan a los afectados: "Qué feo debe ser

Los defensores de los desahuciados por García Albiol recuerdan las incoherencias de los que atacan a los afectados: "Qué feo debe ser

Los desahuciados de Badalona no están solos, múltiples son las personas que están denunciando su situación de vulnerabilidad en las calles tras haberles obligado a abandonar un instituto abandonado en el que se resguardaban del frío. Este desahucio está provocando gran movilización social, tanto para los que se muestran en contra, como para otros tantos que lo han aplaudido. Numerosas personas han prestado ayuda a los desalojados para ofrecer una mano amiga en estas duras jornadas de invierno, llegando la parroquia Mare de Déu de Montserrat, con apoyo de Cruz Roja, Càritas y la Generalitat, a ofrecer un techo a 15 de los afectados, que se encontraban en situación de especial dificultad. No obstante, muestra del conflicto social que está generando esta situación es que un grupo de vecinos protestó frente a la iglesia y bloqueó la entrada, impidiendo que se introdujeran camas y material para la acogida. Ante esta presión social, la iniciativa quedó finalmente descartada y las personas fueron reubicadas en otros espacios facilitados por organizaciones y la administración para evitar que siguieran durmiendo en la calle. A pesar de que se están tratando de aportar soluciones momentáneas a esta situación, las protestas en las calles siguen. Precisamente, en la tarde noche de este pasado lunes se producía una movilización en contra de los colectivos que están ejerciendo presión sobre los desahuciados, ataques racistas que encontraron una respuesta, cuando quedó claro el mensaje que les transmitieron tratando de recordarles incoherencias en las que algunos de ellos caen. Qué feo tiene que ser, ser un facha pobre y querer tener poder Estos son los cánticos ayer de los vecinos y vecinas de Badalona contra los racistas que atacan a los migrantes desahuciados por Albiol del PP: "Qué feo tiene que ser, ser un facha pobre y querer tener poder". Grandes. pic.twitter.com/DZmVfVAaBO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 23, 2025 Contexto del desahucio En Badalona se ha ejecutado recientemente un macrodesalojo de cerca de 400 personas que vivían en el antiguo instituto municipal B-9, un edificio ocupado desde hace años por personas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría migrantes sin vivienda. El operativo policial, a cargo de los Mossos d'Esquadra, fue autorizado por una resolución judicial tras más de dos años de litigio entre el Ayuntamiento y los ocupantes, y se llevó a cabo en la mañana del 17 de diciembre de 2025. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), impulsó el desalojo desde el gobierno municipal, argumentando la necesidad de actuar contra la ocupación ilegal y los supuestos problemas asociados. Tras la intervención policial, Albiol declaró que el Ayuntamiento no iba a invertir recursos municipales en realojar a los afectados, con lo que muchos quedaron en la calle, sin alternativas de alojamiento aunque era pleno invierno. La actuación ha generado una fuerte crítica social y política. Representantes de los Comuns, como el eurodiputado Jaume Asens, han presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Albiol por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia judicial, discriminación y odio, al considerar que se...