El PP se alinea con VOX para derogar la Ley de Memoria Democrática
El Parlament balear ha vivido este martes un debate de alto voltaje político a cuenta de la proposición de ley presentada por Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática de las Illes Balears. El Partido Popular ha vuelto a respaldar a la formación que lidera Manuela Cañadas en cámara autonómica y sus votos conjuntos han rechazado las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos de izquierda, allanando así el camino para la tramitación de la iniciativa. La derogación de esta norma, aprobada en 2018 bajo el Govern Armengol, era uno de los principales objetivos políticos de Vox esta legislatura y formó parte de las exigencias planteadas por el partido a cambio de su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2025. Aunque posteriormente no respaldó las cuentas de 2026, el PP necesita a la formación para sacar adelante algunas de sus leyes clave hasta el final de la legislatura. El debate ha evidenciado la fractura ideológica de la Cámara. Desde el PSIB-PSOE, el diputado Omar Lamín ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de dar la espalda a las víctimas del franquismo. «Para este Govern no importa el dolor de las víctimas», ha afirmado, antes de reprochar al PP que haya «cedido una vez más a las exigencias de la ultraderecha, que blanquea la dictadura». A su juicio, «la memoria es justicia, es reparación y la mejor garantía para evitar que vuelva a pasar». Lamín también ha criticado la ausencia de la presidenta autonómica durante el debate, en una sesión marcada por el tono bronco y los reproches cruzados. Las otras formaciones de la izquierda han acusado al PP de «engañar» tanto a las víctimas como a la propia Cámara, recordando que en diciembre de 2024 los populares votaron junto a la izquierda para mantener la ley cuando Vox presentó una iniciativa similar. Entonces, los populares necesitaban esos apoyos para corregir un error parlamentario en otra votación. Desde Més per Mallorca han insistido en que eliminar la norma supone «tomar partido por el olvido» frente a la reparación de las víctimas. «Derogar la Ley es un acto político», han señalado, alertando de que la medida implicaría un retroceso en las políticas públicas de memoria. La diputada María Salomé Cabrera de defendido la postura del PP y ha apostado por «reconocer a todas las víctimas sin distinción» y evitar que el pasado y los muertos se utilicen como «motivo de división». Cabrera ha tratado además de rebajar la preocupación sobre las consecuencias de la derogación al asegurar que esta no afectará a la Ley de Fosas ni a los trabajos de localización y exhumación que se desarrollan en las islas. Por su parte, el diputado de VOX Sergio Rodríguez ha defendido que eliminar la normativa «es bueno para la convivencia» y ha cargado contra la izquierda por, a su juicio, intentar «tergiversar la verdad». «No es cierto que fuera una guerra entre buenos y malos», ha afirmado, antes de acusar a sus adversarios políticos de ser «una fábrica de franquistas» por su gestión. Con el rechazo a las enmiendas de la izquierda, la proposición de ley seguirá ahora su tramitación parlamentaria en un clima de máxima polarización. El debate sobre la memoria democrática, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en uno de los principales frentes políticos de la legislatura balear, al confrontar dos visiones antagónicas: la de quienes consideran estas políticas una obligación institucional con las víctimas y la de quienes defienden pasar página para evitar la división social.