Aunque el directivo afirma haberse ido "por decisión propia", su figura estaba muy cuestionada por decisiones editoriales relacionadas con la guerra en Gaza, el asalto al Capitolio o los derechos trans. Más información: Gary Lineker, comentarista, fuera de la BBC después de compartir una publicación antisemita
La cadena britànica va emetre un fragment editat del discurs en què semblava que el president encoratjava l’assalt al Capitoli el 2021
Lando Norris ha rematado un segundo fin de semana perfecto después de México y ha firmando un valioso doblete en el Gran Premio de Brasil. Después de su triunfo en el sprint del sábado, el piloto de McLaren ha dominado de principio a fin la carrera de este domingo y sale reforzado de Interlagos, consolidando su liderato a falta de tres grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi.
Lando Norris ha rematado un segundo fin de semana perfecto después de México y ha firmando un valioso doblete en el Gran Premio de Brasil. Después de su triunfo en el sprint del sábado, el piloto de McLaren ha dominado de principio a fin la carrera de este domingo y sale reforzado de Interlagos, consolidando su liderato a falta de tres grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi.
Los betabloqueantes no aportan ningún beneficio en pacientes con función cardíaca normal tras un ataque
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Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no . ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta. Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas . Y las sanciones médicas no son una excepción. Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos. Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores . Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer. La investigación Bad Practice ( Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre , ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro . Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional , simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados. Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos . Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre , fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—. El propio colegio anunció esa suspensión temporal . El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas , ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio . De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego. La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]". El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción . La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente . Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente. Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales . La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme . Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas . Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular. Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar. Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra , el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya , no recogen nada similar. Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas". A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga". A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto , como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos . Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras. El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta . Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación. Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012 . Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas. Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse . De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando . La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema . Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España . El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas. Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice ( Mala Praxis , en español), coordinada por OCCRP , The Times y VG , y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre. La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo. Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción . infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España . Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.
"Juguete para masturbación masculina con cuerpo erótico". El pelo trenzado, las mejillas sonrosadas y en los brazos, un osito de peluche. Es uno de los anuncios que cualquiera puede encontrar en la tienda online Shein y el motivo por el que el Gobierno de Francia ha decidido suspender temporalmente la web. Es, también, una de las expresiones más evidentes de cómo la cultura de la pederastia permea gracias a sus dos grandes alianzas: patriarcado y capitalismo. Pero hay mucho más. "La gente dice de darle unos añitos , pero yo creo que no hace falta". El comentario lo dejaba un usuario en redes sociales, el año pasado. Se refería a la actriz Luna Fulgencio, de entonces trece años. Y no era un mensaje aislado. Al contrario: estaba arropado por otro puñado de perfiles que comentaban públicamente lo mismo. "A la fuerza si no quiere", lanzaba otro. En las webs pornográficas, el contenido alrededor de la terminología colegiala o adolescente se mantiene, a nivel global, entre los más populares. Un estudio publicado en The British Journal of Criminology concluyó en 2021 que la palabra teen era el término más frecuente en los tres principales portales porno de Reino Unido. También corren como la pólvora los vídeos generados por inteligencia artificial en los que personajes femeninos infantiles, como las princesas Disney, son modificados físicamente para mostrar un aspecto sexualizado. Según la web WeProtect Global Alliance , entre 2020 y 2022 los deepfakes con temática sexual infantil aumentaron un 360%. El Instituto de las Mujeres, a través de un análisis publicado en 2020, sentenciaba que "existe una sexualización infantil temprana y normalizada por una parte de la publicidad, que pone el mercado por delante del bienestar y de los derechos de las niñas". Ese mismo año, la institución dependiente del Ministerio de Igualdad publicaba un estudio en el que determinaba que el 11% de los anuncios de juguetes sexualiza a las niñas. Y dos años después, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres llamaba la atención sobre la publicidad de bikinis infantiles, con "poses sexualizadas" o prendas "con relleno para simular un pecho desarrollado ". En 2019, Zara retiró una campaña en Reino Unido tras haber recibido acusaciones de sexualizar a la niña que la protagonizaba. Y cinco años después, H&M hizo lo propio, esta vez con una campaña de vuelta al cole objeto de duras críticas. Pero no se trata sólo de performar contextos y simbología vinculada a la infancia, muchas veces va más allá. "Una vez un cliente me llevó a un piso donde solo había menores… Yo no pude, no pude ir con ninguna. Es muy fuerte… Pensé en mis hermanas". Es un testimonio real de un consumidor de prostitución , contenido en el libro El putero español (Catarata, 2015). Según el último Informe mundial sobre trata de personas (2024) elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de niños y niñas está experimentando un aumento progresivo. El 60% de las niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual , siendo un 8% en el caso de los niños. ¿Qué hay detrás de todos estos casos? "Hay un interés creciente por parte de la industria de la explotación sexual" en todo lo que tiene que ver con la infancia, reflexiona la periodista y activista feminista Graciela Atencio . "Esa industria necesita demandantes a escala global y uno de los anzuelos está en la venta de este tipo de objetos. Es una expresión más de la era del capitalismo". Un mercado que no es, en realidad, nuevo. "Un aumento en el número de incautaciones de muñecas sexuales con aspecto de niñas ha llevado a los investigadores a identificar a decenas de supuestos pedófilos de los que hasta el momento no se tenía conocimiento". En entrecomillado pertenece a una noticia publicada en el año 2017. "Las muñecas de silicona hiperrealistas, que pesan alrededor de 25 kilogramos y que pueden costar miles de euros , están siendo importadas a Reino Unido después de ser vendidas por diferentes comerciantes a través de Amazon o eBay". Miguel Lorente , médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, precisa que todo lo que está pasando "a distintos niveles forma parte de una misma realidad y es consecuencia de la cultura". El análisis, a su juicio, debe pasar entonces por examinar la estructura: "La construcción de poder que supone la cultura androcéntrica es transmisible a todos los adultos", prosigue en entrevista telefónica, por lo que "mientras no haya una crítica a la cuestión cultural, no seremos capaces de resolver el problema". En ese marco, añade, quien está en una situación de poder tiene el privilegio de "disponer de aquello que desea". Incluso aunque su deseo pase por tener relaciones con menores. "Hemos llegado a un extremo inimaginable , con muñecas hiperrealistas, a tamaño real y con una réplica de sus órganos sexuales para que el cliente se pueda masturbar. Este es un riesgo tremendo, porque no sabemos qué porcentaje de esos hombres pasan al acto real de violar a una niña y porque supone la normalización de la cultura de la pederastia", advierte la periodista. Si bien no disponemos de datos certeros sobre cuál es el porcentaje de consumidores de pornografía infantil que terminan siendo agresores sexuales, sí existe lo que la investigación ha definido como agresores duales , aquellos delincuentes que "descargan contenidos de explotación sexual infantil y además abusan de niños, produciendo en muchos casos material con las víctimas a las que agreden sexualmente", según indica el análisis El perfil del consumidor de imágenes de abuso sexual infantil . Este tipo de agresor presenta "mayores niveles de pedofilia y mayor facilidad de acceso a niños en su entorno". La idea de que el consumo de muñecas hiperrealistas puede funcionar como terapia para los pedófilos es, en opinión de las expertas, un mito. "Cometer el delito va a depender del riesgo que la persona quiera asumir", resuelve Lorente. "Muchas personas cometerían delitos todos los días y no lo hacen por las consecuencias. La idea de que son factores de sustitución no es cierta", zanja. "Es una incitación a la pederastia y a la violación", completa Atencio, "un puente hacia el delito ", no una forma de contenerlo. Porque quien "acude a un elemento de sustitución" como es una muñeca, prosigue el médico forense, lo hace para "satisfacer una fantasía o deseo". El deseo no es tener sexo con la muñeca, sino con "la mujer o la niña que representa esa muñeca ". Las voces consultadas insisten, siguiendo esa misma lógica, en que no se trata de hombres enfermos: "Es el extremo de la misoginia, el odio a las mujeres desde que son niñas", expone la periodista. Lorente propone un ejercicio: preguntarse "si esa persona sabe lo que hace y si puede elegir entre hacerlo o no". Si la respuesta es afirmativa, la premisa de la patología no tiene cabida. Al contrario, añade, "lo que hace es negar una realidad : hay hombres que quieren tener sexo con niños". Cada vez que lo "patologizamos, estamos quitando el espejo de lo que somos como sociedad" y descargando de responsabilidad a los autores. Para Lorente, el hecho de "humanizar los objetos de deseo es muy significativo" porque cuando "más humanizas al objeto, más cosificas a la persona ", lo que resulta "muy peligroso". Según la organización para la Prevención del Abuso Sexual Infantil ( PrevenSi ) el uso de este tipo de muñecas deriva en "la cosificación de la víctima, ya que la práctica con muñecos acaba convirtiendo el cuerpo del niño o la niña en un objeto inanimado, sin vida ni propiedades humanas". Y por tanto, añade la entidad en un artículo , "sin capacidad de sufrir daños", lo que da alas a un "mecanismo mental" que convierte "al cuerpo del menor en un objeto sexual y puede provocar una profunda y grave distorsión cognitiva". ¿Y qué ocurre con las niñas que están estos días siendo testigo de los titulares y observando las imágenes de las muñecas sexualizadas? Laura López Navarro , secretaria de la Federación de Mujeres Jóvenes, lo tilda como un "nivel de violencia desorbitada", un marco que "relega a la niña a la esfera" del placer masculino, haciendo que estén "disponibles para ellos como objetos sexuales". "Se produce una violencia simbólica tremenda contra las niñas", lamenta Atencio. Como parte de ese entramado de violencia, la periodista se detiene en todos los eslabones: "El que decidió diseñar esa muñeca, las manos que pasaron por la producción y la mercantilización. Quien lo vende, quien lo consume y quien mira hacia otro lado", sembrando un "nivel de permisividad" que impacta directamente sobre los menores.
Las universidades públicas andaluzas y madrileñas encaran dos frentes que dificultan aún más su continuidad. A la infrafinanciación que sufren desde los recortes de 2008 se suman unas nuevas leyes autonómicas que no se comprometen a mejorar la falta de recursos ni a reforzar la continuidad del sistema público. Unas universidades que, en la mayoría de casos, han tenido que hacer frente a recortes, congelación de plantillas y carencia de inversiones en infraestructuras. La Universidad de Málaga (UMA) recibió un préstamo de rescate de 48,5 millones de euros de la Junta de Andalucía como reconocimiento de su "situación financiera preocupante" a finales de 2024 . Una ayuda que también ha solicitado la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en octubre de este año para poder pagar la paga extra de Navidad y las nóminas de sus trabajadores en diciembre. Las críticas se han centrado principalmente en el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La comunidad educativa y los sindicatos denuncian que la norma busca otorgar más poder a los órganos ajenos a la comunidad universitaria, reducir la autonomía y facilitar la entrada de financiación privada en las instituciones públicas. No obstante, el Proyecto de la Ley Universitaria para Andalucía , ya en tramitación parlamentaria tras haber sido aprobado por la Junta, persigue implantar un ecosistema similar al madrileño. Otra de las principales denuncias hacia ambas normas es el fomento de las universidades privadas , defendido por el Partido Popular en ambos territorios. Desde 2020, la Junta ha autorizado la creación de cuatro nuevos centros privados , mientras que la Comunidad de Madrid es la región con más universidades de este tipo, con trece, por delante de territorios como Cataluña, Castilla y León, Canarias y la propia Andalucía, que cuenta con cinco. Pese a los problemas de infrafinanciación, una de las novedades más polémicas de ambos proyectos consiste en que las propias instituciones públicas deberán conseguir por su cuenta alrededor de un cuarto de su presupuesto. En Andalucía, el proyecto de ley introduce la obligación de que las universidades capten al menos un 25% de sus recursos mediante financiación adicional, es decir, externos al presupuesto aportado por la Junta. En Madrid, el borrador impone una meta cercana al 30% de financiación externa para cada universidad como parte del nuevo "modelo de eficiencia". Los peligros que implica esta exigencia de autofinanciación no pasan inadvertidos entre los sindicatos y el personal docente. José Luis Martos, responsable andaluz de Universidad en Comisiones Obreras Andalucía, exige que "como mínimo la Junta debería garantizar la suficiencia financiera del sistema". " La infrafinanciación no existiría si la Consejería no llevara cinco años sin cumplir lo pactado en materia financiera. No importa que la Junta aporte un 75% o un 80% del presupuesto universitario si sus cuentas autonómicas siguen sin aumentar lo suficiente", aclara. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece en su artículo 55 que las Administraciones públicas deberán alcanzar como objetivo un mínimo del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para la financiación de la educación universitaria pública, con el fin de garantizar la suficiencia financiera del sistema. Pero ninguno de los proyectos legislativos recoge este compromiso, que sus gobiernos autonómicos tampoco cumplen. Andalucía destina un 0,74% de su PIB, mientras que Madrid no alcanza el 0,5%. Montserrat Rius, investigadora de la Universidad Complutense (UCM) y portavoz de la plataforma UCM por la Pública, señala el riesgo de que la universidad "deje de ser un servicio público". "Cuando la financiación autonómica no basta, se abre la puerta a las lógicas de mercado para captar fondos externos, lo que provoca que la institución se vuelva menos democrática e igualitaria", incide. La segunda polémica de ambos modelos tiene que ver con quién decide y gobierna sobre el sistema. En Andalucía, el proyecto de ley propone la creación del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU). Un órgano que presidirá la Dirección General de Universidades, desplazando así a los rectores del papel que tradicionalmente ocupaban en la coordinación del sistema . A diferencia del actual Consejo Andaluz de Universidades, donde los rectores de las universidades públicas son mayoría, el CACU introduce nuevos agentes. También estarán representadas las universidades privadas, los presidentes de los Consejos Sociales —nombrados por el propio Gobierno andaluz— y varias consejerías, como Hacienda, Empleo, Ciencia o Educación. Una nueva composición que otorga al Ejecutivo autonómico una mayoría funcional sobre las decisiones del sistema. Martos denuncia que este nuevo órgano "va a dar cabida a los rectores de las privadas para que decidan sobre la planificación de titulaciones, la creación de centros y la supervisión del modelo de financiación de las públicas". El caso madrileño va incluso más lejos. El borrador de la LESUC introduce una Oficina de Control Económico y Presupuestario para cada universidad que, según Rius, "busca sustituir al rector y al gerente como máximos responsables económicos de los campus públicos". El artículo 55 establece que la última potestad sobre la gestión del gasto quedará en manos de dicho órgano , formado por dos representantes elegidos por los Consejos Sociales, cuyo presidente nombra directamente el Gobierno regional, y una tercera persona elegida por la propia universidad, quedando así en minoría. Los Consejos Sociales de las seis universidades públicas madrileñas ya están presididos por figuras afines al Partido Popular o vinculadas al sector privado. Los nombres más destacados son Francisco Marhuenda y Carlos Mayor Oreja . Marhuenda, exdiputado del PP y decano de la universidad privada UNIE del Grupo Planeta (aparte de ser director de La Razón, propiedad del mismo conglomerado empresarial), dirige el de la Universidad Carlos III. Por su parte, Mayor Oreja, exparlamentario popular y directivo de la UNIR, preside el de la Universidad de Alcalá. Alejandro Tiana, exsecretario de Estado de Educación y exrector de la UNED, subraya a infoLibre que la pérdida de poder de los rectores frente a órganos externos "no es un asunto de gestión, sino de autonomía democrática". "El rector no es un directivo nombrado por un Gobierno, sino un representante electo por la comunidad universitaria, elegido por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Esa legitimidad es la que garantiza que la universidad mantenga su independencia respecto al poder político o económico", incide. Ambos proyectos de ley autonómicos no solo regulan la creación de universidades privadas, sino que también les abren la puerta al acceso a fondos y medios autonómicos que tradicionalmente estaban reservados al sistema universitario público. El artículo 116 del proyecto andaluz establece que los centros privados podrán obtener "convenios de colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y con las universidades públicas" para desarrollar actividades de formación, investigación o innovación. En Madrid, el borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) allana, según Rius, que "centros privados, incluidas escuelas de negocios" se integren también en el sistema universitario madrileño con el mismo estatus normativo que los públicos. Tanto Rius como Martos denuncian que esta regulación de las privadas podría traducirse en ventajas como el acceso a becas, convenios y uso de instalaciones públicas. "Lo que buscan es meter a las públicas en el mismo terreno competitivo que las universidades privadas para que luchen en atractivo a la hora de conseguir alumnos", apunta Rius. Desde la comunidad educativa consideran que ambos proyectos legislativos suponen "un cambio de rumbo que amenaza con desmantelar el modelo público" de educación superior. " Estamos asistiendo a un proceso de privatización silenciosa . Las universidades públicas tienen cada vez menos margen para decidir y más presión para ser rentables. Eso no es modernización, es debilitamiento institucional", concluye la investigadora de la Complutense.
El Partido Popular está viviendo su propio dejà vu con la dimisión de Carlos Mazón. El valenciano anunció su marcha el lunes , pero nadie sabe muy bien cuándo se irá ni quién le sustituirá —ni siquiera sus compañeros de filas—, aunque el nombre del actual portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aparece en todas las quinielas. En Génova la crisis valenciana ha generado un desgaste que ha arrastrado a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo , tras decidir mantener a Mazón en el cargo durante un año pese a su negligente gestión de la dana. Incluso ahora niega ser el artífice de su caída. Por su parte, en el PP valenciano la mayoría celebra —en privado—dejar atrás una agónica etapa, pero teme que se revivan las viejas pugnas en el partido y un futuro condicionado, más aún, por Vox. La salida a la crisis no será fácil ni estará exenta de movimientos internos para lograr el control del partido. La Comunitat Valenciana vuelve, así, a convertirse en el epicentro de los problemas del PP. Fue la misma que, en 2015, marcó el inicio del declive de la presidencia de Mariano Rajoy con los escándalos de corrupción que desahuciaron a los conservadores de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital. También fue la primera en pactar y aceptar un Gobierno de coalición con la extrema derecha tras las autonómicas de 2023, esta vez bajo el mandato de Feijóo, y con un Mazón al que Génova siempre ha culpado de frustrar las expectativas de su líder de alcanzar La Moncloa meses después. Ahora, los de Santiago Abascal están más fuertes y ya han anticipado que impondrán condiciones más duras. El antaño feudo del PP, que gobernó veinte años ininterrumpidos en la comunidad, de 1995 a 2015, y veinticuatro en el Ayuntamiento de la capital bajo la batuta de Rita Barberá, fue también un símbolo de poder y caciquismo : el PP de las plazas de toros llenas, del derroche sin complejos, de televisiones manipuladas y obras faraónicas. Valencia aparecía como la tierra prometida que el Partido Popular predicó en tres provincias: Castellón, Valencia y Alicante. "El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo", llegó a admitir Carlos Fabra , presidente de la Diputación Provincial de Castellón, condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ese era el estilo PP . Una forma de gestionar el partido y las instituciones que dio muchas victorias, pero también campañas electorales irregularmente financiadas , proyectos costosos con presupuestos doblados, proyectos fallidos como el aeropuerto de Castellón , Terra Mítica, la Ciudad de la Luz y eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1. Y muchos casos de corrupción: Orange Market, Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Taroncher, Fabra, Nóos. Los escándalos alcanzaban todos los niveles , hasta el punto que tres de los cinco presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido han sido procesados: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Se salvan, de momento, Alberto Fabra y el citado Carlos Mazón, aunque si pierde el aforamiento podría ser imputado por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra , que ha solicitado hasta en dos ocasiones su declaración voluntaria. El gran artífice de que el PP se convirtiera en una fuerza hegemónica en la Comunitat Valenciana fue fue Eduardo Zaplana . Fue él quien unificó en las siglas del PP a toda la derecha nacionalista española y quien, en ese proceso, logró fagocitar a Unión Valenciana, el principal partido de la derecha valencianista. Una formación que llegó a tener diputados en el Congreso, logró la presidencia de las Cortes Valencianas y varias carteras en el Consell gracias a más de 200.000 votos. Originario de Cartagena, Zaplana supo hacer suyo ese discurso anticatalanista que tuvo tan buen predicamento en la cultura valenciana. El ascenso del partido en la Comunitat fue meteórico gracias al apoyo de José María Aznar, pese a que antes de ser candidato a la Generalitat y cuando era presidente del PP de Alicante, se vio envuelto en el primer escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro , con unas escuchas que finalmente fueron anuladas en el proceso. En 1995 el PP consiguió con Zaplana sus mejores resultados en unas elecciones autonómicas, pero necesitó acordar con la citada Unión Valenciana para alcanzar la presidencia de la Generalitat, lo que después se conoció como el pacto del pollo por la forma de repartirse el poder: para el PP el Consell y para UV la presidencia de las Corts Valencianes. En 1999, Zaplana alcanzó su primera mayoría absoluta , aunque no llegó a acabar su mandato. Se le quedó pequeña la política autonómica y, en 2002, dio el salto al ministerio de Trabajo con el Gobierno de Aznar . Como sucesor dejó a quien había sido su mano derecha, José Luis Olivas —un caso que recuerda a la actual situación de Mazón y Pérez Llorca—, que ocupó el interregno de menos de un año hasta que en 2003 viniera el sucesor, Francisco Camps, con otra nueva mayoría del PP. Olivas fue recompensado con la presidencia de Bancaixa y del Banco de Valencia, ambos ya desaparecidos, y también fue condenado a año y medio de prisión por falsedad documental . Zaplana fue una de las caras de la portavocía del Gobierno de Aznar tras los atentados del 11-M de Madrid, cuando se intentó vender que en la masacre yihadista había intervenido ETA. Tras la derrota del PP en esos comicios, pasó a la oposición como portavoz del PP de Mariano Rajoy y, tras completar una legislatura, en 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica . La sombra de corrupción siempre planeó sobre su figura y, años después de dejar la política, fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. Tras Zaplana y Olivas llegó Camps, que tampoco acabó su último mandato en la Generalitat. El Ayuntamiento de València fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la ex alcaldesa de València, Rita Barberá , cuando ella militaba en la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el Gobierno valenciano presidido por Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president . Allí se mantuvo Camps desde 2003 hasta 2011, en pleno boom inmobiliario. Fue también la época de los pelotazos urbanísticos, las facturas falsas, la duplicidad de gastos , el troceo de licitaciones para evitar el control administrativo y de la valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Todo ello con la complicidad de la Administración pública valenciana. En su ascenso al poder, Camps fue dejando más de un enemigo por el camino. Uno de ellos fue su antecesor y mentor, el citado Zaplana, y le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia . Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos en la que penetraron con suma facilidad nombres como el Álvaro Pérez , alias el Bigotes . Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo. Sin embargo, el expresident –que controlaba su partido al milímetro– consiguió sortear la corrupción pese a ser el primero en sentarse en el banquillo , en 2011, por el llamado caso de los Trajes. En ese grupo de adeptos también estuvo el expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y principal cabecilla de la operación Taula, Alfonso Rus , al igual que la exalcaldesa de València, Rita Barberá , que murió por un problema hepático en 2016 y tras ser defenestrada por sus propios compañeros de partido. Pese haber ganado con mayoría absoluta, Camps abandonó la Generalitat presionado por Mariano Rajoy, que sin embargo mantuvo hasta el final la "honradez" del valenciano . El expresident , que lleva meses tratando de volver a la primera línea de la política, presentó su despedida como "un sacrificio personal y político" para "no ser un obstáculo" en el camino de Rajoy a La Moncloa. Los pronunciamientos de Rajoy en los meses anteriores a la imputación del mandatario valenciano habían buscado arroparlo al calificarlo como un "político honrado" y un "extraordinario dirigente", e incluso llegó a decir que ambos eran "parecidos". " Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado , me da igual", afirmó. El apoyo de Camps fue clave para que Rajoy se mantuviera en el poder en el congreso del año 2008 en el que Esperanza Aguirre amagó con dar la batalla contra él. Paradójicamente, Camps sobrevivió a la guerra con Zaplana y sus afines, pero no pudo convencer al hombre al que salvó de perder el control del PP. La abrupta salida de Camps dio paso a Alberto Fabra , que no solo llegó a la presidencia de la Generalitat, sino que también heredó la del PP valenciano, con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio: sólo el grupo parlamentario que heredó ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado, entre ellos el caso Gürtel, el caso Cooperación y el caso Brugal. Fabra logró sortear los recelos de Rajoy a su candidatura y fue el cabeza de lista en 2015, pero las urnas pusieron fin a la hegemonía del PP en la Administración valenciana. Durante esos años Barberá y Fabra mantuvieron una dura pugna por el control interno, sobre todo después que esta última llevara el timón durante los meses en los que Camps estuvo alejado mentalmente del Consell por sus problemas judiciales con la Gürtel . Finalmente fue Isabel Bonig la que se hizo con el puente de mando del PP valenciano tras la derrota electoral. Cuando llegó la caída de Rajoy en 2018 y se produjo el congreso nacional para elegir a su sucesor, ella apoyó de manera expresa a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría , mientras otros cargos del PP, especialmente del alicantino, se decantaron por Pablo Casado . Entre ellos estuvo el propio Mazón, al que poco después Ciudadanos trató de fichar como candidato a la alcaldía de Alicante. Una oferta que provocó que el lugarteniente de Casado, Teodoro García Egea, le prometiera a Mazón la Generalitat a cambio de quedarse en el partido. Hoy la situación interna del PPCV no es sencilla. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, aunque algunos cargos como Fabra, Esteban González Pons (portavoz del PP en Bruselas) y la alcaldesa de València, María José Catalá, no se circunscriben en ninguna de esas dos familias. Mazón, sin embargo, decidió premiar a los afines al primer president de la Generalitat bajo las siglas del PP. Y es que la trayectoria —y el ascenso político— del alicantino no se entendería sin Zaplana. Él fue quien nombró a Mazón director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Ahora el PP valenciano vive otro momento de transición y ya hay algunos que han pedido paso, como Vicent Mompó , que aspira a ser el próximo presidente del partido. Pero, como siempre sucede, será Madrid, es decir, Génova, quien tendrá la última palabra.
La causa contra el fiscal general del Estado ha alumbrado un momento de epifanía democrática cuando el presidente de la sala segunda del Supremo reconocía que el rigor periodístico era una amenaza para la ramplonería de la burocracia judicial. En la película Frost/Nixon , que adapta la obra de teatro de Peter Morgan basada en la intrahistoria de la célebre entrevista real del británico David Frost a un Richard Nixon retirado, Ron Howard hace pivotar el discurso en torno a un instante fulgurante, una epifanía, que pertenece antes a la historia de la verdad que a la historia del cine. Después de horas de evasivas, Richard Nixon, acorralado por las preguntas de David Frost, pronuncia su frase más célebre: “Lo que quiero decir es que si el presidente lo hace, no es ilegal ”. Es cierto que Donald Trump lleva confesando sus abusos de poder y sus patizambas inclinaciones autocráticas con expresiones de culpabilidad tan o más transparentes, pero la sociedad estadounidense de hace medio siglo todavía no se había despeñado por los acantilados irracionales del miedo a todo y tenía un cierto sentido de la honestidad y el decoro. Así que el impacto fue tremendo. La escena de Frank Langella (Nixon) y Michael Sheen (Frost) no es una mera admisión de culpa, sino la revelación de algo mucho más profundo y terrible: la confesión de un hombre que, como tantos otros, ha confundido el ejercicio del poder con la encarnación de la ley. Nixon no está describiendo un acto, sino que está revelando un principio que impugna la filosofía del derecho democrático. La entrevista se convierte entonces en una revelación política tan deslumbrante que Frost calla. Porque el periodismo no necesita añadir nada a lo patente. En ese silencio ocurre la verdad : el espectador comprende lo que ningún tribunal había logrado probar, que Nixon era un autócrata y se situaba fuera de los mínimos de funcionamiento de la democracia. El mérito, ya ven, no fue de un juez ni de un sagaz fiscal, sino de un periodista de variedades que ni siquiera era especialista en asuntos políticos y sobre cuyo éxito en la entrevista/legado con el expresidente estadounidense todos descreían. Lo que el periodismo consiguió aquella noche —sin imperio de la ley y sin la autoridad coercitiva del Estado— fue arrancar una verdad que la justicia no supo o no pudo extraer y entregársela a la sociedad . Nixon dio pie a una verdad política, no procesal, y cuando el espectador la vio en televisión, ya no podía desconocerla. Quédense pues con esa idea, porque la justicia, en sus alambicados y ominosos gerundios, puede absolver o condenar, puede declarar hechos probados y obliterar pruebas fehacientes, por asuntos formales, pero quien sabe lo que ha visto, no puede ignorarlo . Y ese es el caso del periodismo. Esa escena asaltó a este cronista mitómano la pasada semana, al escuchar al periodista del Eldiario.es José Precedo declarar en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sala segunda del Tribunal Supremo. No fue el único que compareció ni el único que transmitió el mismo relato ante la sala. Otros periodistas honrados y meticulosos refrendaron lo dicho por Precedo. Pero en su intervención última, Precedo explicó el dilema que le robaba el sueño : saber a ciencia cierta que el acusado era inocente, que no era el autor de la filtración, porque él fue quien publicó la exclusiva y sabía quién era su fuente, aunque no la revelaría —dijo— por deber de secreto profesional. Le faltó añadir que hay otra razón de salud democrática para no revelarla, ni aunque la fuente lo permitiera: que, en democracia, la carga de la prueba no descansa en el acusado sino en la acusación . La inocencia no ha de ser probada, es una realidad por defecto. Es quien acusa quien debe avalar con evidencias, más allá de toda duda, lo que malicia sobre el reo. Precedo simplemente señaló que sabía que el filtrador no era el acusado. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, magistrado Andrés Martínez Arrieta, respondió de súbito: “No nos amenace”. En primer término, nadie pareció entender con exactitud a qué se refería el togado, pues el tono y las palabras del periodista no parecían amenazadores, pero el sentido latente de ese demoledor lapsus del juez —expresando en voz alta su temor a lo que pudiese decir el periodista— es sin duda la gran revelación de este proceso. El tribunal percibió, quizá por un instante, que toda la arquitectura del proceso , desde su discutible admisión a trámite, su instrucción y hasta su inopinada llegada a juicio oral, pendía de un hilo y podía venirse abajo si un hecho cierto, modesto, insignificante y formalmente irrelevante —pues yace protegido por el secreto profesional—, tal que varios periodistas saben quién filtró el email, era pronunciado de viva voz en la sala. Esa frase, “no nos amenace”, ese momento de debilidad, fue un temblor imperceptible en los cimientos del Palacio de las Salesas por la confesión involuntaria del presidente de la sala. Era, al cabo, el reconocimiento de que el saber periodístico tiene la potencia disruptiva de quien maneja un tipo de verdad irrefutable que la justicia no puede administrar ni gestionar y que, en último término, puede demoler la reputación de procesos infames en insidiosos como el que nos ocupa. Precedo, sin pretenderlo y seguramente sin ser consciente, al trasladar su dilema ético al juez, le estaba diciendo: “Os veo, yo sé lo que estáis haciendo”. Y el ilustre togado dio un respingo . Ahí reside la frontera esencial entre ambos oficios: la justicia se debe a los hechos probados mediante un método concreto y contingente; el periodismo, a los hechos ciertos . Es pues el periodismo, en su informalidad y su desorden, una disciplina cuya exigencia es muy superior a la ramplonería burocrática de la justicia. La justicia puede “des-ver” pruebas obtenidas irregularmente, borrar testimonios viciados, ignorar lo que no cumple las normas del procedimiento por muy verdadero que sea, e incluso exigir a los jurados que no los consideren o al secretario que no los haga figurar en el acta. La justicia puede emanciparse de lo real , de lo verdadero. Es cierto que esta cautela formal en un sistema garantista como es el democrático debería proteger al reo (es decir, las pruebas incriminatorias son las que deben rechazarse por motivos formales, no las que exoneran), pero en todo caso, es una potestad que revela que la justicia está atada a la forma, no al conocimiento. El periodismo, en cambio, no puede fingir ignorancia, una vez conoce algo cierto no puede desconocerlo. Su deber no es con la forma, sino con la verdad factual. Lo vimos en el procedimiento del Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez, o en el de la Audiencia Nacional contra los vecinos de Altsasu, en los que pruebas y testimonios exculpatorios fueron rechazados por ambos tribunales para producir sentencias aberrantes, contrarias a la realidad de los hechos. Paradójicamente, el garantismo que no protegió a esos acusados, sí ampara a los miembros de esas salas para que no puedan acabar fácilmente en la cárcel por prevaricación. Pero como le recuerda Spencer Tracy a Burt Lancaster en la escena final de Vencedores o vencidos , esos precedentes no son inocuos. Cuando el juez Ernst Janning (Lancaster), ya condenado, lamenta el alcance del genocidio patrocinado por el III Reich, y dice “nunca pensé que llegaría a esto”, el magistrado Dan Haywood le recuerda: “Llegó a esto la primera vez que condenó a un hombre sabiendo que era inocente”. El mal no empieza cuando se quiebra la ley , sino cuando se abdica de la verdad evidente. El juez actúa bajo la protección del código , su virtud consiste en no salirse de él y su vicio, en pertrecharse tras él. El periodista opera en la intemperie moral del conocimiento, su virtud consiste en no traicionar lo que sabe y su vicio, como también vimos con otros periodistas ante el Supremo, en el sofisma, el malentendido deliberado y la insinuación insidiosa. Y esa soledad última del periodista con un método no regulado, que es su fragilidad, es también su fuerza: el buen periodismo no tiene poder formal, pero tiene todo el poder moral , un poder desregulado y por tanto, inmanejable para las instituciones, como aprendió por las malas Richard Nixon. Por eso el periodismo no es sólo un oficio, sino la formulación más virtuosa y precaria de la sociedad civil en los términos en los que la define el liberalismo democrático, como un contrapoder al absolutismo . En un Estado democrático, la justicia pertenece al Estado, pese a la independencia blindada del juez, y el periodismo pertenece al ciudadano , pese a la dependencia salarial del periodista. Uno administra el derecho; el otro administra lo real. En esa diferencia radica la esencia del liberalismo democrático y su sistema imperfecto de contrapesos: la existencia de un espacio civil que no depende del Estado para ejercer su función crítica y que puede desmantelar el castillo de naipes de las afirmaciones institucionales. La Ilustración inventó dos grandes instituciones de control: el derecho y la opinión pública . El primero regula el poder mediante la norma; la segunda lo regula mediante la luz. Si el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, el periodismo es el monopolio legítimo de la mirada. No gobierna, vigila. No condena, expone. No sentencia, ilumina. Y esa capacidad de verter luz sobre las penumbras donde el poder pergeña, como esta conspiración de la derecha cortesana contra la realidad, lo convierte en el corazón mismo del proyecto liberal. Will McAvoy (Jeff Daniels) decía en The Newsroom que “la prensa es el sistema inmunológico de la democracia . Si reacciona mal o no reacciona, el sistema entero enferma”. Esa metáfora biológica captura el sentido político del periodismo, un organismo sin poder coercitivo pero indispensable para la salud del cuerpo democrático. No manda, pero detecta, alerta y reacciona. Y cuando se pliega o se deja sedar por el poder del Estado, sea el poder declarado de los gobiernos o el inmanente de los aparatos del Estado, la infección avanza. Por eso, cuando el presidente de la sala segunda dice “no nos amenace”, en realidad verbaliza el miedo más antiguo del Estado y de sus pasantes, el miedo a la mirada y al verbo que no son modulables ni perseguibles. El periodista no amenaza con un arma, sino con una evidencia palmaria, pueda encajar o no en una declaración de hechos probados. Como ya hemos dicho aquí, el derecho no agota el lenguaje ni el relato de lo cierto, y el periodismo, en ese gesto de emancipación que consiste en decir lo que sabe o simplemente decir que lo sabe , conjuga toda la política moderna: el poder teme a quien puede contar lo que ve . Y no pocas veces, como ocurre con la justicia, quiere reescribirlo. Atada a sus formas, la toga puede exonerar a quien es culpable o condenar a quien no lo es, sin por ello traicionar su mecanismo, aunque sí su encomienda. El periodismo, en cambio, sólo traiciona cuando calla o miente. La verdad procesal puede prescindir de la verdad material, pero el periodismo no puede permitirse ese lujo, de ahí que su compromiso sea más arduo pues no hay amparo institucional para el conocimiento que le incumbe. En el fondo, el periodismo representa lo que el liberalismo quiso proteger desde su origen: la soberanía moral e informal del individuo frente al Estado. Cada periodista encarna, en su práctica cotidiana, esa pequeña rebelión ilustrada según la cual el ciudadano tiene derecho a mirar y a decir, incluso —y sobre todo— cuando el poder preferiría el silencio . Como gusta de repetir el filósofo Javier Gomá, en democracia, cada ciudadano es un contrapoder. Porque, al final, la verdad periodística —esa que se apoya en los hechos ciertos, no en los hechos probados— es el último baluarte de la libertad civil, la prueba viva de que aún existe una sociedad capaz de mirar al poder sin pedirle permiso. Como el inexperto Frost sentado frente al coloso Nixon, este oficio de impostores no condena ni absuelve, solo ilumina. Y una vez que la luz se ha encendido, el mundo no puede volver a fingir que no ve. Eso ha bastado para que togas y artesonados temblasen: un periodista explicando su método y afirmando, sin aspaviento , “lo sé”.
Cuando el jueves por la mañana el grupo parlamentario de Junts en el Congreso anunció una comparecencia sorpresa, la vida continuó con normalidad . Nadie mandó parar máquinas, ni se interrumpieron los programas matinales de las televisiones más allá de alguna llamada en pantalla sensacionalista de quienes desean que todo estalle. Míriam Nogueras, al frente de su grupo, compareció para decir que rechazan cualquier iniciativa del Gobierno , que no van a negociar ninguna propuesta y que, de esta forma, “la legislatura de Sánchez queda bloqueada” . ¿Y? Nada nuevo bajo el sol. Junts ha echado por tierra ya votaciones estratégicas en el Congreso, como la reducción de la jornada laboral o el decreto anti-apagones. Si quiere verse alguna novedad, podrá encontrarse en el lenguaje utilizado. Nogueras afiló el cuchillo para hablar de la “ley Begoña” o “ley Bolaños”, es decir, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en virtud de la cual sean los fiscales los que instruyan las causas penales y se limiten las acusaciones populares. Tras decir que la legislatura estaba bloqueada, Nogueras salvó de la quema cinco leyes por haber sido tramitadas con anterioridad : el proyecto de ley de movilidad sostenible, el de la ley de atención al cliente, el de la ley del cine, el de la ley de economía social y la convalidación del real decreto-ley ELA. Bloqueo, pero poco, por tanto. Queda la duda de qué pasará con el resto de iniciativas y de si el Gobierno será capaz de poner encima de la mesa algo a lo que Junts no pueda decir que no; pero lo que se ha explicitado de forma inequívoca es la impotencia de los independentistas para hacer valer su fuerza en el Congreso asfixiados por el crecimiento de Aliança Catalana y con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales. (No es casualidad que una de sus últimas iniciativas haya sido proponer una quita de la deuda a los municipios similar a la que a la que se plantea para las comunidades autónomas). Los de Junts saben que la única posibilidad real que tienen de dar un puñetazo encima de la mesa pasa por apoyar una moción de censura anti-natura, uniendo sus votos a los del PP y Vox. De momento, hoy no están ahí. Veremos mañana. No obstante, la aritmética parlamentaria, ya complicada desde el primer momento como el propio presidente reconoce en esta entrevista , se tensa cada día más. Si alguna vez Sánchez tuvo esperanzas reales de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado , ahora ya no puede defender ni siquiera la posibilidad. Así las cosas, ¿puede continuar la legislatura? Hay quienes abordan este debate desde el punto de vista de la legitimidad, dudando de que sea legítima la continuidad de un Ejecutivo que sabe que no tiene la mayoría parlamentaria. Otros aducen que el Parlamento es el que las urnas quisieron que fuera y que, superada la investidura, a Sánchez le quedan casi dos años para seguir gobernando, o al menos, gestionando . Es decir, limitando la acción de gobierno a aquellos asuntos que no necesiten de tramitación parlamentaria, y que no son pocos. Sería una oportunidad, defienden, de ir recuperando apoyos con políticas sociales y avance en derechos. No creo, sin embargo, que la decisión se vaya a sustanciar en términos de legitimidad, sino de oportunidad. Los fondos europeos van a ir tocando a su fin y el desgaste del Gobierno puede acusarse con la celebración de elecciones autonómicas que, a priori, no les resultarán favorables ni al PSOE ni a Sumar . La primera, Extremadura, con el imputado Gallardo como candidato el 21 de diciembre. Luego llegará Castilla y León, y quién sabe qué puede ocurrir en Valencia y, por supuesto, Andalucía. Los destinos electorales suelen depender de dos cosas: de los aciertos propios y de los errores ajenos. En Moncloa saben que su situación puede mejorar o empeorar levemente, a la luz de cómo se han ido moviendo las encuestas en los últimos meses, pero el suelo socialista, en un contexto de extra confrontación izquierda/derecha, parece resistir bien . Donde está el problema real en el bloque de la izquierda es en el resto de fuerzas , en ese espacio que antaño ocupaba Podemos, ahora Sumar y lo que queda de los morados, y en un futuro próximo quién sabe. No parece que las relaciones de Podemos y Sumar estén enfocadas al reencuentro y, aunque así fuera, la desconfianza de su electorado sería demasiado alta, visto lo visto, para volver a elegir la papeleta común. Por otro lado, el sueño de que el PSOE recoja todo el voto de la izquierda no pasa de ser eso, un sueño ; ningún dato ni indicio lo avala. Cosa distinta es que pudiera haber acuerdos en provincias en las que la suma de toda la izquierda pudiera ser un ganar-ganar para ambos. Veremos. Pero no olvidemos la otra parte de la ecuación. Incluso en el peor momento del PSOE, allá por julio, cuando estalló el caso Koldo, los populares apenas crecían nada. Era Vox quien salía beneficiado del descontento , como lo es también en Valencia. De esta manera, el momento idóneo para que los socialistas decidan convocar elecciones puede ser aquel en que la derecha, y especialmente el PP, se encuentre en mínimos. Quizá la historia esta vez sí que se repita y el acuerdo de la derecha y la ultraderecha para elegir nuevo president en Valencia precipite una convocatoria electoral. Los escenarios que se abren son muchos, pero todos se construyen sobre dos ejes: la creciente dificultad del Gobierno para continuar sin mayoría parlamentaria y la creciente debilidad de los populares con la ultraderecha al acecho. En el punto donde ambas líneas se crucen, iremos a las urnas; sea eso en unos días, o en la primavera de 2027. Y, probablemente, ni ellos lo saben.
Lando Norris ha completat un cap de setmana impecable al GP del Brasil: va guanyar l’esprint , va aconseguir la pole i ara, com era previsible, ha imposat el seu domini a la cursa. A falta de només tres caps de setmana, Norris se situa 34 punts per sobre d' Oscar Piastri , que ha finalitzat cinquè després de complir una sanció de 10 segons . Max Verstappen , que sortia des del pit-lane, ha protagonitzat una remuntada espectacular i ha travessat la meta en tercera posició, mentre que Kimi Antonelli ha completat el podi en segona plaça. LANDO NORRIS WINS THE 2025 SÃO PAULO GRAND PRIX!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/u1EGFOIHuB — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 Norris domina de principi a fi i remuntada de Verstappen Les mirades estaven posades en els tres pilots amb opcions al títol. Norris sortia primer, Piastri quart, i Verstappen ho feia des del pit-lane després de modificar la configuració del cotxe després d’una classificació desastrosa , quedant setzè. La sortida ha estat neta: Norris ha defensat el lideratge amb comoditat, mentre que Hamilton ha hagut de retirar-se després de canviar l’aleró davanter. Piastri ha rebut una sanció de 10 segons després d’un contacte amb Kimi Antonelli, incident que també ha provocat l’abandonament de Leclerc a la volta 6. Els McLaren han pres ràpidament el control de la cursa. Norris ha gaudit d’una cursa tranquil·la, sense entrebancs. Verstappen, per la seva banda, ha anat guanyant posicions de manera constant, demostrant una remuntada digna de la seva condició de quatre cops campió del món. Piastri, penalitzat per la sanció, ha quedat relegat a la cinquena plaça. Al final, Norris ha travessat la línia de meta com a líder indiscutible, amb Antonelli segon i Verstappen completant el podi després d’una actuació memorable. ¡MAX, QUÉ BUENO ERES! La pasada que le mete a George Rusell por fuera es IMPRESIONANTE ¡Verstappen ya está en el podio cuando salía desde el pit lane! #BrasilDAZNF1 pic.twitter.com/Iv3HA8AOXf — DAZN España (@DAZN_ES) November 9, 2025 Decepció d'Alonso i dificultats de Sainz Fernando Alonso havia tret bon profit del seu Aston Martin aquest cap de setmana. Va ser sisè a l’esprint i afrontava la cursa des de l’onzena posició amb l’objectiu d’arribar a la zona de punts. Tot i això, no li ha estat possible: l’asturià ha cedit posicions i ha finalitzat en catorzena plaça , en terra de ningú. Carlos Sainz , per la seva banda, ha fet una cursa sense entrebancs, però tampoc amb grans opcions de sumar. Sortia quinzè i ha acabat tretzè . Amb aquesta cursa, Norris dona un cop de puny sobre la taula i envia un missatge clar: està més a prop que mai de ser campió del món. Només falten tres caps de setmana, i el seu company d’equip, Piastri, continua perdent oportunitats en les últimes curses; ara li treu 34 punts. Verstappen, per la seva banda, retalla punts de l’australià, però amplia la diferència amb el britànic fins a 49 punts. Un Mundial que promet emoció fins al final. Segueix ElNacional.cat a WhatsApp , hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!
"Todos los Estados son iguales y deben respetar el derecho internacional y resolver sus disputas por medios pacíficos y en la igualdad soberana de los Estados", dijo el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al tomar la palabra en la IV Cumbre de la Comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe (Celac) y la Unión Europea. La cuestión de las acciones norteamericanas en aguas caribeñas y del Pacífico había estado presente de manera explícita en el discurso inaugural del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de un modo elusivo en otras voces.
"Todos los Estados son iguales y deben respetar el derecho internacional y resolver sus disputas por medios pacíficos y en la igualdad soberana de los Estados", dijo el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al tomar la palabra en la IV Cumbre de la Comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe (Celac) y la Unión Europea. La cuestión de las acciones norteamericanas en aguas caribeñas y del Pacífico había estado presente de manera explícita en el discurso inaugural del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de un modo elusivo en otras voces.
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