El productor Jerry Bruckheimer asegura que "están trabajando" para que haya secuela de 'F1: La película', la exitosa película ambientada en el mundo de la Fórmula 1 con Brad Pitt.
El exministro y Koldo García reaparecen tras 77 díasen prisión, defienden su inocencia ante el tribunal juzgador y el exasesor ofrece hacer un polígrafoy un careo con Aldama
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado «optimista» en que la capital balear pase en marzo el primer corte para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 en la entrega de los premios artísticos y literarios Ciutat de Palma. Según ha remarcado, «vivimos en una ciudad que, independientemente de cuál sea la … Continuar leyendo "El alcalde «optimista» en ser Capital Europea de la Cultura 2031 en la entrega de los Ciutat de Palma"
Para hoy se prevén lluvias y, por la tarde, más viento en el norte y sur de Catalunya
El ministro galo de Exteriores pidió la renuncia de Francesca Albanese tras las críticas suscitadas en las redes sociales por un vídeo manipulado
La empresa estatal Unión Eléctrica informó de que durante la tarde-noche de este jueves, la isla sufrirá un apagón dejando sin corriente al 59% del territorio.
El salón de plenos del Ajuntament ha acogido este jueves esta ceremonia que se anuló por luto nacional durante Sant Sebastià.
Hemos de sentirnos comprensivos con nuestros compatriotas de derechas. Entre los que utilizamos los trenes ellos sufren más cancelaciones , retrasos y averías que nosotros (entre 10 y 20 puntos porcentuales más, para ser exactos). Pobrecitos. Hasta ese punto llega la plasticidad de nuestro cerebro para percibir la realidad en función de nuestros prejuicios . Lo saben los sociólogos y los psicólogos y hay toda una corriente pluridisciplinar que lo estudia en la Academia, bajo el rótulo “ciencias del comportamiento”. Nuestra ideología es un atajo cognitivo que nos permite ordenar el mundo ahorrando energía , objetivo esencial de las especies en la lucha por su supervivencia. Por supuesto, subyace en los datos el absurdo: los retrasos son los mismos para los usuarios de la derecha y la izquierda, del norte, del sur y del centro. Nuestra percepción está sin embargo muy condicionada por la atribución de responsabilidades que hacemos de los actores implicados. Yo mismo, este pasado miércoles, no sabía si cagarme en los muertos de los agricultores o aplaudir solidariamente sus justas reivindicaciones, cuando aguantaba en mi moto y bajo la lluvia los cortes de las calles de Madrid provocados por varios miles de tractores que protestaban por el tratado Mercosur. Me confundía que algunos de ellos llevaran carteles “contra la Agenda 2030”, banderitas de España con el escudo preconstitucional o rótulos que les identificaban con la extrema derecha. Por eso puedo entender las palabras de Felipe González cuando el martes en el Ateneo de Madrid afirmó dos veces que “España no funciona”. A mí me parece que funciona muy bien. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en hechos concretos como las cancelaciones de Renfe, qué podemos esperar de nuestra evaluación del funcionamiento de España … La extrema derecha lleva más de una década entendiendo mejor que la izquierda este fenómeno incuestionable. Lo ha denominado “ hechos alternativos ”, una curiosa definición. Cualquier cosa puede replantearse y el consenso científico puede fácilmente ser sustituido por la superstición y la superchería . El cambio climático, que cuenta con toneladas de pruebas y con el consenso casi pleno de los científicos, se convierte en “fanatismo”. La Agenda 2030, un impresionante listado de objetivos aprobados por la inmensa mayoría de las naciones, en el origen de nuestros males. Y así, paso a paso, terminamos por describir a Sánchez como el mismísimo demonio, al que es perentorio enviar a prisión. Naturalmente, los beneficiarios de esos disparates son los guarros que contaminan el planeta, las oligarquías que se hacen con sus recursos, las élites a las que perjudica el avance de la igualdad y la libertad, y los meapilas cuyos dogmas cuestiona la Razón desde hace algo más de dos siglos. Les funciona relativamente . Es cierto que con esas argucias han logrado la presidencia de los Estados Unidos o, con más modestia, la de Argentina o la de la Comunidad de Madrid. Pero no les demos más crédito del que merecen. El idiota de Trump está en los peores niveles de popularidad de un presidente desde que se mide, en el último siglo. La economía argentina está asfixiando a millones de ciudadanos que están reaccionando con virulencia creciente. Y aquí en Madrid, el rechazo al estilo desabrido y pintoresco de la presidenta es cada vez mayor. Todos ellos y sus envalentonados colegas, líderes del neofascismo patrio y mundial, en sus diversas tonalidades, se saldrán de la curva por pisar con tanta violencia los aceleradores de sus maquinarias. Esperemos que no se lleven a demasiada gente por delante.
Hemos de sentirnos comprensivos con nuestros compatriotas de derechas. Entre los que utilizamos los trenes ellos sufren más cancelaciones , retrasos y averías que nosotros (entre 10 y 20 puntos porcentuales más, para ser exactos). Pobrecitos. Hasta ese punto llega la plasticidad de nuestro cerebro para percibir la realidad en función de nuestros prejuicios . Lo saben los sociólogos y los psicólogos y hay toda una corriente pluridisciplinar que lo estudia en la Academia, bajo el rótulo “ciencias del comportamiento”. Nuestra ideología es un atajo cognitivo que nos permite ordenar el mundo ahorrando energía , objetivo esencial de las especies en la lucha por su supervivencia. Por supuesto, subyace en los datos el absurdo: los retrasos son los mismos para los usuarios de la derecha y la izquierda, del norte, del sur y del centro. Nuestra percepción está sin embargo muy condicionada por la atribución de responsabilidades que hacemos de los actores implicados. Yo mismo, este pasado miércoles, no sabía si cagarme en los muertos de los agricultores o aplaudir solidariamente sus justas reivindicaciones, cuando aguantaba en mi moto y bajo la lluvia los cortes de las calles de Madrid provocados por varios miles de tractores que protestaban por el tratado Mercosur. Me confundía que algunos de ellos llevaran carteles “contra la Agenda 2030”, banderitas de España con el escudo preconstitucional o rótulos que les identificaban con la extrema derecha. Por eso puedo entender las palabras de Felipe González cuando el martes en el Ateneo de Madrid afirmó dos veces que “España no funciona”. A mí me parece que funciona muy bien. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en hechos concretos como las cancelaciones de Renfe, qué podemos esperar de nuestra evaluación del funcionamiento de España … La extrema derecha lleva más de una década entendiendo mejor que la izquierda este fenómeno incuestionable. Lo ha denominado “ hechos alternativos ”, una curiosa definición. Cualquier cosa puede replantearse y el consenso científico puede fácilmente ser sustituido por la superstición y la superchería . El cambio climático, que cuenta con toneladas de pruebas y con el consenso casi pleno de los científicos, se convierte en “fanatismo”. La Agenda 2030, un impresionante listado de objetivos aprobados por la inmensa mayoría de las naciones, en el origen de nuestros males. Y así, paso a paso, terminamos por describir a Sánchez como el mismísimo demonio, al que es perentorio enviar a prisión. Naturalmente, los beneficiarios de esos disparates son los guarros que contaminan el planeta, las oligarquías que se hacen con sus recursos, las élites a las que perjudica el avance de la igualdad y la libertad, y los meapilas cuyos dogmas cuestiona la Razón desde hace algo más de dos siglos. Les funciona relativamente . Es cierto que con esas argucias han logrado la presidencia de los Estados Unidos o, con más modestia, la de Argentina o la de la Comunidad de Madrid. Pero no les demos más crédito del que merecen. El idiota de Trump está en los peores niveles de popularidad de un presidente desde que se mide, en el último siglo. La economía argentina está asfixiando a millones de ciudadanos que están reaccionando con virulencia creciente. Y aquí en Madrid, el rechazo al estilo desabrido y pintoresco de la presidenta es cada vez mayor. Todos ellos y sus envalentonados colegas, líderes del neofascismo patrio y mundial, en sus diversas tonalidades, se saldrán de la curva por pisar con tanta violencia los aceleradores de sus maquinarias. Esperemos que no se lleven a demasiada gente por delante.
Ahora que tanto nos hablan desde la ultraderecha de la teoría del gran reemplazo , esa invención de que los gobiernos quieren suplantar la hegemonía cultural de los países occidentales llenándolos de migrantes, pido una reflexión sobre el otro gran reemplazo que, de forma sigilosa, nos están colando las grandes tecnológicas. Las redes deciden qué queremos ver, qué queremos comprar, qué debemos pensar, a quién tenemos que creer, a dónde queremos ir y qué queremos escuchar. El algoritmo nos va reconduciendo en ese mundo infinito del scroll para atiborrarnos de contenido que, de forma ingenua, creemos que hemos elegido nosotros. Pero no. Nuestras búsquedas en internet, nuestras compras, nuestros segundos de atención en cada publicación han ido redirigiendo el algoritmo hasta meternos en el callejón sin salida en el que nos querían tener. Ahí. Atiborrados de contenidos, en ocasiones contaminados de odio, otras de consumismo compulsivo, otras de necesidades creadas y, la mayoría de las veces, con cero interés, jamás habríamos comprado o visto eso si realmente hubiésemos sido libres a la hora de decidir qué escuchar o qué ver. El gran reemplazo está ahí, pero nadie lo quiere ver. Piensen un momento. La última vez que fueron a comer a un restaurante o fueron a ver una exposición o hicieron una escapada, ¿cómo eligieron a dónde ir? ¿Fue una recomendación de un amigo o fue una publicación vista en redes la que les sugirió el plan? Mañana, día de San Valentín, cuántos y cuántos fabricarán una publicación ad hoc para las redes, con las mismas músicas, los mismos ramos, los mismos planes, los mismos platos fotografiados y los mismos regalos. ¿Hasta qué punto vamos a ser libres de aquí a nada para saber qué queremos? Los propietarios de las grandes tecnológicas rabian cada vez que alguien amenaza con acotar su chiringuito. Han decidido comerciar con nuestros datos sin pedirnos permiso. Les hemos regalado nuestra vida para que comercien con ella y, lo peor, para que llenen las redes de odio y sesgos racistas, machistas y xenófobos. Leía el otro día un artículo en el que hablaban de una app que utilizan en el supermercado los consumidores daneses: escanean cada producto y así pueden saber quién es el propietario, si esa empresa respeta el medio ambiente, financia a algún partido –especialmente en Estados Unidos– o qué tipo de intereses más allá de los comerciales promueve. Una app creada por consumidores para intercambiar información y, así, ser libres a la hora de decidir qué compran. Y, también claro, para organizarse para boicotear a determinadas marcas que no hacen lo que dicen o que no son responsables con el medio ambiente , por ejemplo. Es la rebelión de los consumidores frente a un consumismo oscuro, a un mundo en el que cada gesto puede suponer un cambio, por muy pequeño que sea. Planteaban en ese artículo qué pasaría si por un día dejáramos de comprar en Amazon; es decir, a Jeff Bezos, el hombre que ha decidido plegarse a Trump, pagando una millonada para un documental sobre su mujer mientras ha despedido a decenas de periodistas de uno de los periódicos históricamente más independientes del país, The Washington Post. Supongo que le haríamos un pequeño agujero al señor Bezos. Vivimos en un mundo en el que parece imposible manejarse si no llevamos un smartphone , un teléfono inteligente, encima. Yo, admito, casi ya no salgo con bolso. En el móvil lo llevamos todo, hasta la cartera. Y aunque pensemos que hemos aligerado el peso de lo que necesitamos llevar, que con un móvil la vida es más fácil, quizás hemos vendido nuestra libertad a cambio de ese aparato . Quizás, el gran reemplazo esté ahí y no nos hayamos dado cuenta todavía.
Ahora que tanto nos hablan desde la ultraderecha de la teoría del gran reemplazo , esa invención de que los gobiernos quieren suplantar la hegemonía cultural de los países occidentales llenándolos de migrantes, pido una reflexión sobre el otro gran reemplazo que, de forma sigilosa, nos están colando las grandes tecnológicas. Las redes deciden qué queremos ver, qué queremos comprar, qué debemos pensar, a quién tenemos que creer, a dónde queremos ir y qué queremos escuchar. El algoritmo nos va reconduciendo en ese mundo infinito del scroll para atiborrarnos de contenido que, de forma ingenua, creemos que hemos elegido nosotros. Pero no. Nuestras búsquedas en internet, nuestras compras, nuestros segundos de atención en cada publicación han ido redirigiendo el algoritmo hasta meternos en el callejón sin salida en el que nos querían tener. Ahí. Atiborrados de contenidos, en ocasiones contaminados de odio, otras de consumismo compulsivo, otras de necesidades creadas y, la mayoría de las veces, con cero interés, jamás habríamos comprado o visto eso si realmente hubiésemos sido libres a la hora de decidir qué escuchar o qué ver. El gran reemplazo está ahí, pero nadie lo quiere ver. Piensen un momento. La última vez que fueron a comer a un restaurante o fueron a ver una exposición o hicieron una escapada, ¿cómo eligieron a dónde ir? ¿Fue una recomendación de un amigo o fue una publicación vista en redes la que les sugirió el plan? Mañana, día de San Valentín, cuántos y cuántos fabricarán una publicación ad hoc para las redes, con las mismas músicas, los mismos ramos, los mismos planes, los mismos platos fotografiados y los mismos regalos. ¿Hasta qué punto vamos a ser libres de aquí a nada para saber qué queremos? Los propietarios de las grandes tecnológicas rabian cada vez que alguien amenaza con acotar su chiringuito. Han decidido comerciar con nuestros datos sin pedirnos permiso. Les hemos regalado nuestra vida para que comercien con ella y, lo peor, para que llenen las redes de odio y sesgos racistas, machistas y xenófobos. Leía el otro día un artículo en el que hablaban de una app que utilizan en el supermercado los consumidores daneses: escanean cada producto y así pueden saber quién es el propietario, si esa empresa respeta el medio ambiente, financia a algún partido –especialmente en Estados Unidos– o qué tipo de intereses más allá de los comerciales promueve. Una app creada por consumidores para intercambiar información y, así, ser libres a la hora de decidir qué compran. Y, también claro, para organizarse para boicotear a determinadas marcas que no hacen lo que dicen o que no son responsables con el medio ambiente , por ejemplo. Es la rebelión de los consumidores frente a un consumismo oscuro, a un mundo en el que cada gesto puede suponer un cambio, por muy pequeño que sea. Planteaban en ese artículo qué pasaría si por un día dejáramos de comprar en Amazon; es decir, a Jeff Bezos, el hombre que ha decidido plegarse a Trump, pagando una millonada para un documental sobre su mujer mientras ha despedido a decenas de periodistas de uno de los periódicos históricamente más independientes del país, The Washington Post. Supongo que le haríamos un pequeño agujero al señor Bezos. Vivimos en un mundo en el que parece imposible manejarse si no llevamos un smartphone , un teléfono inteligente, encima. Yo, admito, casi ya no salgo con bolso. En el móvil lo llevamos todo, hasta la cartera. Y aunque pensemos que hemos aligerado el peso de lo que necesitamos llevar, que con un móvil la vida es más fácil, quizás hemos vendido nuestra libertad a cambio de ese aparato . Quizás, el gran reemplazo esté ahí y no nos hayamos dado cuenta todavía.
“Lo único más poderoso que el odio es el amor”. No es baladí que este sea el mensaje más potente de la comentada actuación de Bad Bunny en la Super Bowl , pues el auge de las políticas de ultraderecha, con Trump al frente, está propagando una auténtica internacional del odio que atenta contra los derechos humanos. La odiocracia , tal y como la llama Luciana Peker —periodista y activista argentina exiliada en España— en el nuevo ensayo recién editado por Libros del K.O. en el que trata de entender cómo se construye todo este sistema en el que el amor no encuentra su espacio . Ella misma nos lo explica. ¿Qué es La odiocracia ? El libro no es un objeto solitario, es un fuego alrededor del que giran cosas, un lugar de encuentro, de conversación. Además, frente lo que significan las redes sociales, en manos de Mark Zuckerberg y de los otros 'tecnoligarcas' de los que habla La odiocracia , el libro es un lugar de resistencia y de re-existencia, de poder volver a leer y a pensar el mundo en el que vivimos sin que nos impongan qué escuchar, qué pensar, qué leer. También desde una concepción que salga del escroleo reflexivo, ese en el que pienso algo, me indigno, pasa otra cosa y me olvido. Por eso, el libro permite pensar el mundo de una manera más global, no en el sentido de la globalización, sino de entender que las cosas que están pasando hoy no pasan solo en un lugar o nos pasan solo a nosotros, sino que se están ejerciendo sobre una hegemonía global. Habla de Musk, Trump, Miley, Abascal, Ayuso, Orbán. ¿Ellos son la odiocracia mundial? ¿Son los supervillanos que se han hecho con el poder? Exactamente, sí. Son los supervillanos que se han hecho con el poder. En la Super Bowl vimos esa frase tan fuerte de Bad Bunny de que el amor gana al odio, pero justamente estamos en un momento en el que no se trata de 'hablemos de amor y no de odio', sino que hay que hablar de ese odio, hay que entender qué significa, hay que ver cómo se construye ese sistema de odio que constituye hoy una odiocracia, y hay que ver también cómo se le da batalla. Además, con el caso de Jeffrey Epstein termina de quedar claro que este es un mundo donde los hombres eran los que tenían el poder sobre el amor y el sexo, por lo que las mujeres fuimos a interpelar eso, y vino un odio muy fuerte hacia los feminismos. Hoy lo que se implanta desde lo político, desde lo económico, desde lo amoroso y desde lo sexual es una legitimación del odio. "Lo peor no es lo que pasa o deje de pasar, sino que pasa como si no pasara nada", avisa. Al mismo tiempo, cada vez se publican más libros tratando de explicar este momento histórico. Por un lado, hay muchos libros, pero por el otro no se presta la suficiente atención. Una atención que sea activa, no solo reflexiva, porque esta no es una fase más. Por ejemplo, no creo que el Gobierno de Trump sea un Gobierno como otros de Estados Unidos que hayan intervenido en América Latina. No, es un Gobierno que intenta volver a una fase del imperialismo de una dominación absoluta sobre América Latina, que interviene e interfiere en las democracias europeas como nunca Europa se había dejado interferir. Elon Musk interfiere directamente en los procesos electorales de Alemania, del Reino Unido y de España. No estamos ante una fase más, estamos ante una fase definitiva frente a la cual hay que actuar. En este punto, es importante que se puedan escuchar las voces del sur porque España escucha la música, come la comida o aprovecha el poder económico de los migrantes, pero no escucha las voces de América Latina. Ni con curiosidad, ni con atención, ni con respeto. Y esas son las voces de América Latina que por condiciones económicas sufrimos mucho más las consecuencias que Europa en carne propia y en la vida diaria. No se puede desaprovechar la potencialidad de poder reflexionar y de entender qué pasó ya en otros países. Y, en este caso, esa voz viene desde una mujer feminista, porque creo que ahí se está produciendo una vuelta de la monopolización masculina de la palabra en el pensamiento y en la escritura, que si se consagra como solo un pensamiento masculino, finalmente hace el juego al 'espadeo' fálico que propone la ultraderecha. La motosierra nos parecía una excentricidad sin más, pero se ha convertido en un símbolo muy potente para la ultraderecha. ¿Por qué? En España cuesta, pero Ayuso fue a pasar fin de año a Punta del Este (Uruguay), fue a visitar a Milei a la Casa Rosada y se sentó en la mesa con una motosierra. Ella difundió la foto cortada y él la difundió entera, pero la Comunidad de Madrid está gobernada por alguien que también ostenta la motosierra. Que en España no se vea lo que hoy ya está pasando frente a los ojos de todos, que es la amenaza de la motosierra, muestra también hasta qué punto la ultraderecha está conectada con el sur y con Argentina, mientras la izquierda y los sectores democráticos españoles no están viendo el nivel de amenaza que tienen ya sobre la mesa y no están conectando con los sectores del sur como si lo hace la derecha. Esa motosierra era en principio una metáfora del ajuste económico, pero después es una amenaza, pues no olvidemos que la inspiración viene de una película de terror, La matanza de Texas , y es el gran gesto en el caso de un feminicida real. La motosierra está puesta ahí como un símbolo fálico de una extensión peniana, pero no de hombres que transmiten virilidad, pues la verdad es que a mí ninguno de los que se ponen la motosierra de penes me parece que sea muy viril, sino que frente a la impotencia de la masculinidad de hoy, la extensión peniana es una sobreactuación de una prepotencia que necesitan hacer justamente por la pérdida de su propia virilidad. ¿Ese libro puede servir de aviso para España? Este libro es esencial para España, porque está a tiempo de evitarse el avance de la ultraderecha. Para mí, no es sólo importante lo político y electoral, pero en lo político y electoral en principio hay que entender que los sistemas electorales son un bingo. Si Argentina hubiera tenido el sistema electoral de España no estaría gobernando Milei, y si España hubiera tenido el sistema electoral de Argentina estarían gobernando el PP y Vox. España se enfrenta a la posibilidad del gobierno total, porque hoy ya gobiernan en gran parte del país y además ejercen modos de violencia, por lo cual está Cristina Fallarás amenazada en la lista de Vox, igual que Sara Santaolalla y otros periodistas y comediantes que se están yendo de la televisión o de las redes... hoy España está sufriendo ya consecuencias de la violencia como si gobernara la ultraderecha. ¿Cómo de importante es lo que pase en España como país europeo y puente con América Latina? ¿Es esencial la unidad de los demócratas? España es claramente esencial por sus posiciones en Europa y por su puente con América Latina. En el libro cito una entrevista con el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, que dice que España hoy es esencial para la extrema derecha en Occidente. Es una ficha de ajedrez que quieren, y por eso es tan importante que España hoy atienda y escuche, porque están a tiempo, y están a tiempo no solo de hacer frentes electorales. Por supuesto que creo que si España mira el laboratorio de la extrema derecha que es Argentina, tiene que haber unidad política y partidaria, pero también mayor unidad en lo social para entender el nivel de la adversidad a la que nos enfrentamos y las consecuencias que eso tiene. ¿Es importante que España confronte directamente, por ejemplo con Pedro Sánchez defendiendo la regularización de inmigrantes ante Elon Musk? España se pone a la vanguardia con esta medida ejemplar, que es una medida de prevención frente a lo que está pasando con el ICE y Donald Trump. Al mismo tiempo, creo que no se le está dando la envergadura que tiene al ataque de Musk a Irene Montero y Pedro Sánchez, pues él ya intervino directamente en las elecciones alemanas e intervino en el Reino Unido, y no sólo en lo electoral, sino en que haya un brote racista que llegó a incendiar hospedajes de migrantes y refugiados. La interferencia sobre la política española es muy grave, y por algo lo hace con dos referentes de dos partidos distintos, y pasa como si solo fuera una discusión de Twitter. Frente a eso, las medidas que anuncia Pedro Sánchez están incluso siendo analizadas de vuelta con lupa, aunque para mí lo que propone La odiocracia es dejar de mirar todo con lupa y empezar a subir a la montaña para mirarlo desde una vista panorámica. Eso sí, vos no vas a derrotar a Elon Musk porque restrinjas las redes sociales para adolescentes, pero vos tenés que ejercer autoridad frente al autoritarismo. Si no hay autoridad y si no hay medidas, el autoritarismo termina con la democracia. Por eso está bien implementar medidas, y es incluso preferible equivocarse haciendo que quedarse frenado hasta que terminen de quitarnos la libertad, los derechos y la dignidad. Y, sin embargo, el coste político de todo ese odio que es lanza es cero, aunque va contra los derechos humanos. Ese es el punto donde el odio se convierte en sistemático, en donde les funciona, les da votos, les da rating , les viraliza. Hoy el odio funciona en términos del mercado comunicacional, y ese odio que funciona se convierte en una posibilidad tangible que además se expresa y se transmite en la calle, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Ese odio hoy es lo que hay que parar, porque es algo que está canalizando en la sociedad. En esa disputa entre amor y odio es muy importante decir que las mujeres sufrimos violencia porque no podíamos acceder al amor y al sexo como queríamos, y una vez que lo interpelamos, viene este odio. Pero al odio no se lo combate solamente con amor hoy, porque nosotras somos las que quisimos poner nuevas reglas sobre el amor, se lo combate con mucha decisión y dimensionando lo que significa esta estrategia del odio, que no es solo votos, porque si fuera solo votos, tendría otro alcance. Hoy permea toda la sociedad. ¿El siglo XXI será feminista o no será? La extrema derecha sabe perfectamente que el único movimiento capaz de confrontarlo fue el feminismo. Lo digo en pasado, porque obviamente los ataques de la extrema derecha han mermado, digamos, la capacidad transnacional del feminismo de hacerle frente. Pero hay que aunar indudablemente con los movimientos sociales, y es importante también que los varones salgan de la complicidad con el machismo, porque ahí es donde hacen alianza con la extrema derecha, y porque la alianza con los feminismos y con las construcciones populares y de movimientos sociales que generan raíces a partir del feminismo es la única alianza. Eso sí, el 'no será' es una frase temeraria. Por eso la motosierra, porque ellos juegan con el miedo. Musk vienen de atacar a Pedro Sánchez, y luego sale con esto de que a Marte se tarda seis meses en llegar, pero que la luna sí está cerca y que la humanidad ya no tiene más salida. Cuando dice eso, más allá de las bases científicas o no, lo que está diciendo es que acá no queda nada, y yo creo que los feminismos sí decimos que acá queda. Esa cosa de destrucción es el sálvese quien pueda, y ellos juegan con la idea de destrucción: Nos vamos a ir y que esto se destruya. Y en esa destrucción está el 'matémonos entre todos', cuando los feminismos proponemos otra cosa. Por eso proponíamos antes la idea de amor. Salvemos esto. Después, si pueden ir a Marte o a la Luna, no sé, vayan, veremos. Pero ahora sí nos podemos salvar.
“Lo único más poderoso que el odio es el amor”. No es baladí que este sea el mensaje más potente de la comentada actuación de Bad Bunny en la Super Bowl , pues el auge de las políticas de ultraderecha, con Trump al frente, está propagando una auténtica internacional del odio que atenta contra los derechos humanos. La odiocracia , tal y como la llama Luciana Peker —periodista y activista argentina exiliada en España— en el nuevo ensayo recién editado por Libros del K.O. en el que trata de entender cómo se construye todo este sistema en el que el amor no encuentra su espacio . Ella misma nos lo explica. ¿Qué es La odiocracia ? El libro no es un objeto solitario, es un fuego alrededor del que giran cosas, un lugar de encuentro, de conversación. Además, frente lo que significan las redes sociales, en manos de Mark Zuckerberg y de los otros 'tecnoligarcas' de los que habla La odiocracia , el libro es un lugar de resistencia y de re-existencia, de poder volver a leer y a pensar el mundo en el que vivimos sin que nos impongan qué escuchar, qué pensar, qué leer. También desde una concepción que salga del escroleo reflexivo, ese en el que pienso algo, me indigno, pasa otra cosa y me olvido. Por eso, el libro permite pensar el mundo de una manera más global, no en el sentido de la globalización, sino de entender que las cosas que están pasando hoy no pasan solo en un lugar o nos pasan solo a nosotros, sino que se están ejerciendo sobre una hegemonía global. Habla de Musk, Trump, Miley, Abascal, Ayuso, Orbán. ¿Ellos son la odiocracia mundial? ¿Son los supervillanos que se han hecho con el poder? Exactamente, sí. Son los supervillanos que se han hecho con el poder. En la Super Bowl vimos esa frase tan fuerte de Bad Bunny de que el amor gana al odio, pero justamente estamos en un momento en el que no se trata de 'hablemos de amor y no de odio', sino que hay que hablar de ese odio, hay que entender qué significa, hay que ver cómo se construye ese sistema de odio que constituye hoy una odiocracia, y hay que ver también cómo se le da batalla. Además, con el caso de Jeffrey Epstein termina de quedar claro que este es un mundo donde los hombres eran los que tenían el poder sobre el amor y el sexo, por lo que las mujeres fuimos a interpelar eso, y vino un odio muy fuerte hacia los feminismos. Hoy lo que se implanta desde lo político, desde lo económico, desde lo amoroso y desde lo sexual es una legitimación del odio. "Lo peor no es lo que pasa o deje de pasar, sino que pasa como si no pasara nada", avisa. Al mismo tiempo, cada vez se publican más libros tratando de explicar este momento histórico. Por un lado, hay muchos libros, pero por el otro no se presta la suficiente atención. Una atención que sea activa, no solo reflexiva, porque esta no es una fase más. Por ejemplo, no creo que el Gobierno de Trump sea un Gobierno como otros de Estados Unidos que hayan intervenido en América Latina. No, es un Gobierno que intenta volver a una fase del imperialismo de una dominación absoluta sobre América Latina, que interviene e interfiere en las democracias europeas como nunca Europa se había dejado interferir. Elon Musk interfiere directamente en los procesos electorales de Alemania, del Reino Unido y de España. No estamos ante una fase más, estamos ante una fase definitiva frente a la cual hay que actuar. En este punto, es importante que se puedan escuchar las voces del sur porque España escucha la música, come la comida o aprovecha el poder económico de los migrantes, pero no escucha las voces de América Latina. Ni con curiosidad, ni con atención, ni con respeto. Y esas son las voces de América Latina que por condiciones económicas sufrimos mucho más las consecuencias que Europa en carne propia y en la vida diaria. No se puede desaprovechar la potencialidad de poder reflexionar y de entender qué pasó ya en otros países. Y, en este caso, esa voz viene desde una mujer feminista, porque creo que ahí se está produciendo una vuelta de la monopolización masculina de la palabra en el pensamiento y en la escritura, que si se consagra como solo un pensamiento masculino, finalmente hace el juego al 'espadeo' fálico que propone la ultraderecha. La motosierra nos parecía una excentricidad sin más, pero se ha convertido en un símbolo muy potente para la ultraderecha. ¿Por qué? En España cuesta, pero Ayuso fue a pasar fin de año a Punta del Este (Uruguay), fue a visitar a Milei a la Casa Rosada y se sentó en la mesa con una motosierra. Ella difundió la foto cortada y él la difundió entera, pero la Comunidad de Madrid está gobernada por alguien que también ostenta la motosierra. Que en España no se vea lo que hoy ya está pasando frente a los ojos de todos, que es la amenaza de la motosierra, muestra también hasta qué punto la ultraderecha está conectada con el sur y con Argentina, mientras la izquierda y los sectores democráticos españoles no están viendo el nivel de amenaza que tienen ya sobre la mesa y no están conectando con los sectores del sur como si lo hace la derecha. Esa motosierra era en principio una metáfora del ajuste económico, pero después es una amenaza, pues no olvidemos que la inspiración viene de una película de terror, La matanza de Texas , y es el gran gesto en el caso de un feminicida real. La motosierra está puesta ahí como un símbolo fálico de una extensión peniana, pero no de hombres que transmiten virilidad, pues la verdad es que a mí ninguno de los que se ponen la motosierra de penes me parece que sea muy viril, sino que frente a la impotencia de la masculinidad de hoy, la extensión peniana es una sobreactuación de una prepotencia que necesitan hacer justamente por la pérdida de su propia virilidad. ¿Ese libro puede servir de aviso para España? Este libro es esencial para España, porque está a tiempo de evitarse el avance de la ultraderecha. Para mí, no es sólo importante lo político y electoral, pero en lo político y electoral en principio hay que entender que los sistemas electorales son un bingo. Si Argentina hubiera tenido el sistema electoral de España no estaría gobernando Milei, y si España hubiera tenido el sistema electoral de Argentina estarían gobernando el PP y Vox. España se enfrenta a la posibilidad del gobierno total, porque hoy ya gobiernan en gran parte del país y además ejercen modos de violencia, por lo cual está Cristina Fallarás amenazada en la lista de Vox, igual que Sara Santaolalla y otros periodistas y comediantes que se están yendo de la televisión o de las redes... hoy España está sufriendo ya consecuencias de la violencia como si gobernara la ultraderecha. ¿Cómo de importante es lo que pase en España como país europeo y puente con América Latina? ¿Es esencial la unidad de los demócratas? España es claramente esencial por sus posiciones en Europa y por su puente con América Latina. En el libro cito una entrevista con el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, que dice que España hoy es esencial para la extrema derecha en Occidente. Es una ficha de ajedrez que quieren, y por eso es tan importante que España hoy atienda y escuche, porque están a tiempo, y están a tiempo no solo de hacer frentes electorales. Por supuesto que creo que si España mira el laboratorio de la extrema derecha que es Argentina, tiene que haber unidad política y partidaria, pero también mayor unidad en lo social para entender el nivel de la adversidad a la que nos enfrentamos y las consecuencias que eso tiene. ¿Es importante que España confronte directamente, por ejemplo con Pedro Sánchez defendiendo la regularización de inmigrantes ante Elon Musk? España se pone a la vanguardia con esta medida ejemplar, que es una medida de prevención frente a lo que está pasando con el ICE y Donald Trump. Al mismo tiempo, creo que no se le está dando la envergadura que tiene al ataque de Musk a Irene Montero y Pedro Sánchez, pues él ya intervino directamente en las elecciones alemanas e intervino en el Reino Unido, y no sólo en lo electoral, sino en que haya un brote racista que llegó a incendiar hospedajes de migrantes y refugiados. La interferencia sobre la política española es muy grave, y por algo lo hace con dos referentes de dos partidos distintos, y pasa como si solo fuera una discusión de Twitter. Frente a eso, las medidas que anuncia Pedro Sánchez están incluso siendo analizadas de vuelta con lupa, aunque para mí lo que propone La odiocracia es dejar de mirar todo con lupa y empezar a subir a la montaña para mirarlo desde una vista panorámica. Eso sí, vos no vas a derrotar a Elon Musk porque restrinjas las redes sociales para adolescentes, pero vos tenés que ejercer autoridad frente al autoritarismo. Si no hay autoridad y si no hay medidas, el autoritarismo termina con la democracia. Por eso está bien implementar medidas, y es incluso preferible equivocarse haciendo que quedarse frenado hasta que terminen de quitarnos la libertad, los derechos y la dignidad. Y, sin embargo, el coste político de todo ese odio que es lanza es cero, aunque va contra los derechos humanos. Ese es el punto donde el odio se convierte en sistemático, en donde les funciona, les da votos, les da rating , les viraliza. Hoy el odio funciona en términos del mercado comunicacional, y ese odio que funciona se convierte en una posibilidad tangible que además se expresa y se transmite en la calle, en las escuelas, en los institutos, en las universidades. Ese odio hoy es lo que hay que parar, porque es algo que está canalizando en la sociedad. En esa disputa entre amor y odio es muy importante decir que las mujeres sufrimos violencia porque no podíamos acceder al amor y al sexo como queríamos, y una vez que lo interpelamos, viene este odio. Pero al odio no se lo combate solamente con amor hoy, porque nosotras somos las que quisimos poner nuevas reglas sobre el amor, se lo combate con mucha decisión y dimensionando lo que significa esta estrategia del odio, que no es solo votos, porque si fuera solo votos, tendría otro alcance. Hoy permea toda la sociedad. ¿El siglo XXI será feminista o no será? La extrema derecha sabe perfectamente que el único movimiento capaz de confrontarlo fue el feminismo. Lo digo en pasado, porque obviamente los ataques de la extrema derecha han mermado, digamos, la capacidad transnacional del feminismo de hacerle frente. Pero hay que aunar indudablemente con los movimientos sociales, y es importante también que los varones salgan de la complicidad con el machismo, porque ahí es donde hacen alianza con la extrema derecha, y porque la alianza con los feminismos y con las construcciones populares y de movimientos sociales que generan raíces a partir del feminismo es la única alianza. Eso sí, el 'no será' es una frase temeraria. Por eso la motosierra, porque ellos juegan con el miedo. Musk vienen de atacar a Pedro Sánchez, y luego sale con esto de que a Marte se tarda seis meses en llegar, pero que la luna sí está cerca y que la humanidad ya no tiene más salida. Cuando dice eso, más allá de las bases científicas o no, lo que está diciendo es que acá no queda nada, y yo creo que los feminismos sí decimos que acá queda. Esa cosa de destrucción es el sálvese quien pueda, y ellos juegan con la idea de destrucción: Nos vamos a ir y que esto se destruya. Y en esa destrucción está el 'matémonos entre todos', cuando los feminismos proponemos otra cosa. Por eso proponíamos antes la idea de amor. Salvemos esto. Después, si pueden ir a Marte o a la Luna, no sé, vayan, veremos. Pero ahora sí nos podemos salvar.
Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo . Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas. La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. Miquel Francés , expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029. Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias. El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial. Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados. La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales. El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt . Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional. La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales. Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política. El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo. Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo. La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente. El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego . Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público. No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional. Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es s i Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse.
Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo . Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas. La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. Miquel Francés , expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029. Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias. El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial. Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados. La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales. El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt . Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional. La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales. Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política. El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo. Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo. La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente. El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego . Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público. No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional. Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es s i Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse.
En agosto de 2019, el “Departamento de Guerra Legal” del Ministerio de Justicia israelí encargó a Cuatrecasas —el despacho español que, como reveló infoLibre en diciembre , llevaba años operando como asesor jurídico secreto del Estado de Israel en España— un análisis detallado sobre una pregunta concreta: ¿qué riesgos legales asume un ciudadano con pasaporte español que se alista en las Fuerzas de Defensa de Israel? El memorando del despacho catalán, marcado como confidencial, respondió con precisión: los combatientes españoles podrían perder la nacionalidad española si la han adquirido después de nacer y, dependiendo de su actuación en combate, enfrentarse a una querella ante los tribunales españoles. Aquella consulta, que en la investigación ‘Israel Files ’ pasaba desapercibida dentro de una historia más amplia, cobra ahora una dimensión mayor. Una solicitud de información sobre los soldados de las Fuerzas de Defensa con otro pasaporte además del israelí presentada ante el propio ejército israelí por la ONG Hatzlacha y publicada por Declassified UK ha obtenido respuesta este febrero: las FDI tienen registrados 451 soldados con ciudadanía española . Las cifras, desglosadas por país en un anexo oficial con membrete del ejército israelí, permiten hacerse una idea de la escala del fenómeno. Las nacionalidades más representadas, con diferencia, son la estadounidense —más de 13.000 soldados con ese pasaporte, casi 1.200 de ellos con una tercera ciudadanía adicional—, la rusa (más de 5.000) y la francesa (más de 6.000). En el caso español, los 451 soldados con pasaporte español se dividen entre quienes tienen doble nacionalidad —la israelí más la española— que suman 372 y 79 militares que acumulan al menos tres pasaportes, uno de ellos el español. También aparece en el listado un combatiente identificado como gibraltareño . No todas las nacionalidades que aparecen en el documento se corresponden con un pasaporte válido: también figuran 11 ciudadanos de la Unión Soviética y 6 de Yugoslavia. Como previó el Ministerio de Justicia de Israel al consultar a Cuatrecasas, el dato tiene relevancia jurídica directa. El Código Civil español y el Decreto 1344/1967 prohíben a los españoles alistarse en ejércitos extranjeros , y establecen que quienes lo hagan contra la prohibición expresa del Gobierno pueden perder la nacionalidad. Cuatrecasas explicó al ministerio israelí que esa consecuencia no afecta a todos por igual: los españoles de origen —es decir, quienes tienen la nacionalidad por nacimiento— no pueden ser privados de ella en ningún caso , según el artículo 11 de la Constitución. Pero quienes la obtuvieron por vía no originaria sí están expuestos. En ese grupo hay un colectivo especialmente relevante en el contexto israelí: los judíos sefardíes que se acogieron a la Ley 12/2015 — más de 72.000 el pasado mes de octubre , al cumplirse diez años de la iniciativa—, que desde ese año les permitía obtener el pasaporte español sin renunciar a su nacionalidad israelí y sin necesidad de residir en España. Para ellos, concluía el memorando, el alistamiento voluntario en las FDI podría acarrear la pérdida de la ciudadanía española . Los ciudadanos israelíes con doble nacionalidad a menudo tienen “muy poco que ver” con su segundo país. “En muchas ocasiones ni siquiera lo han visitado, no tienen familia allí y no hablan el idioma”, explica Yossi Bartal, periodista freelance israelí y coordinador internacional de la investigación ‘Israel Files’ de la red European Investigative Collaborations (EIC). Esto aplica especialmente a los israelíes con nacionalidad española que consiguieron el pasaporte por ser descendientes de judíos sefardíes, declara Bartal. Más allá de la nacionalidad, el informe advertía de un segundo frente: el penal. Un ciudadano español que sirve en las FDI y participa en un conflicto armado puede ser objeto de una querella en España por crímenes cometidos fuera de sus fronteras, en virtud del principio de personalidad activa recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si los hechos son constitutivos de genocidio, crímenes contra la humanidad o terrorismo , entra en juego la jurisdicción universal —el mecanismo que, según reveló la investigación de infoLibre , el Ministerio de Justicia israelí lleva años trabajando para neutralizar en España con la ayuda del mismo despacho que firmó este informe—. El memorando de Cuatrecasas también abordaba un tercer escenario: el de los voluntarios que colaboran con las FDI en tareas no combatientes durante periodos cortos, a través de iniciativas como el Sar-El, un programa de voluntariado temporal para que simpatizantes extranjeros de la causa sionista colaboren con las fuerzas armadas en tareas logísticas. Para ese supuesto, el despacho catalán fue tranquilizador: sin alistamiento formal, no hay implicaciones legales bajo la ley española. El documento de Cuatrecasas, fechado el 30 de septiembre de 2019, forma parte de la filtración de más de dos millones de correos del Ministerio de Justicia israelí que sustenta la investigación Israel Files, realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Su existencia ilustra el tipo de trabajo que el ministerio encargaba a Cuatrecasas: no solo vigilar los avances legislativos sobre jurisdicción universal — blindando a los altos cargos militares y políticos de Israel ante las posibles consecuencias penales de sus crímenes de guerra — o gestionar las visitas de ex altos cargos israelíes a España, sino anticipar los riesgos legales concretos que podía enfrentar cualquier ciudadano con vínculos con el Estado de Israel, desde un ex primer ministro hasta un soldado con doble nacionalidad. infoLibre ha consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España si está al tanto de la situación de los 451 nacionales alistados en el ejército israelí y qué medidas se han tomado o se planean tomar al respecto, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.
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