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Los bulos sobre la ikurriña protagonizan el debate de las banderas oficiales de Idaho: "Es ilegal ondearla"

Los bulos sobre la ikurriña protagonizan el debate de las banderas oficiales de Idaho: "Es ilegal ondearla"

Una norma impulsada por los republicanos en un estado con una nutrida diáspora vasca pretende impedir que se ice cualquier bandera que no sea la oficial en los edificios gubernamentales Pradales en el Jaialdi de Estados Unidos: bailes, fútbol americano, jugando a pala y exhibición de 'aizkolaris' Boise, la capital del estado estadounidense de Idaho, alberga una comunidad vasca que suma más de 16.000 integrantes. Aunque más de 8.000 kilómetros en línea recta separan esta urbe de Euskadi, allí hay una suerte de 'barrio' vasco, el Basque Block, con frontones, centros culturales, bares con nombre de topónimos en euskera... y muchas ikurriñas, la bandera vasca, la roja, verde y blanca. Ahora, sin embargo, el Partido Republicano, el del presidente Donald Trump, quiere evitar que, al menos en los edificios públicos, se icen y ondeen banderas que no sean las oficiales. Esta legislación afectaría a distintivos internacionales como el del movimiento LGTBIQ+, pero también a la ikurriña. En Boise, con el trasfondo de la nutrida diáspora vasca, la alcaldesa, la demócrata Lauren McLean, ha abierto un frente con los republicanos y, a través de alguna artimaña legal, ha ignorado la nueva norma. “No es la primera vez que alguien trata de ilegalizar la ikurriña, lamentablemente tampoco será la úlltima”, ha protestado Aitor Esteban, presidente del PNV. “La ikurriña es el símbolo de nuestro Pueblo. De nuestra Nación. Y las vascas y los vascos tenemos el derecho de ondearla a lo largo y ancho de nuestra querida diáspora”, ha añadido en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Un poco más adelante, en inglés, ha escrito también que desde Euskadi se siente “orgullo” de oír cómo se habla euskera en calles y escuelas del otro lado del océano Atlántico. Oihane Agirregoitia, eurodiputada del mismo partido, ha elevado el asunto ante el pleno del Parlamento Europeo. “En Idaho les molesta también la ikurriña, la bandera del pueblo vasco, que durante décadas ha ondeado como símbolo de convivencia, de comunidad, de identidad, de amistad, de paz. Ojalá algún día la ikurriña ondee aquí atrás también”, ha dicho en referencia a la Eurocámara. Idaho está inmerso en un profundo debate en torno a las banderas. La norma, que tiene en el republicano Ted Hill a uno de sus más acérrimos impulsores, es la House Bill 561. ¿Qué dice en su literalidad? Tan solo permitirá izar la bandera de las barras y las estrellas de los Estados Unidos, la oficial del estado y, en centros universitarios, la oficial de la institución en caso de que se haya aprobado. Aunque aún quedan flecos por cerrar, se prevén multas de hasta 2.000 dólares (1.684 euros al cambio actual) por bandera no permitida y día. Hill ha defendido que todas estas banderas tienen su lugar, pero que las astas gubernamentales no son ese lugar. Ha aseverado, además, que las autoridades locales llegan a ser “opresivas” e “imponen” su “agenda”. “El término 'inclusivo' es divertido, porque rara vez se me incluye a mí cuando se usa”, ha dicho. En el marco de este impulso legislativo, la alcaldesa demócrata de Boise, Lauren McLean, ha encontrado una triquiñuela para mantener la bandera de la comunidad LGTBIQ+. “Decepcionada” con las pretensiones republicanas, ha aceptado izar solamente banderas oficiales, pero le ha conferido a la bandera arcoíris el estatus de oficial, de manera que sigue esquivando la norma. La primera edil ha defendido que esta bandera se ha ondeado “como símbolo de una ciudad que es acogedora y segura para todo el mundo”. Cree, además, que representa los valores de Boise y que es una declaración de intenciones, de que es posible acoger y respetar a todos. Los debates de los últimos meses en torno a la prohibición de las banderas han tenido momentos acalorados. Se han puesto a la misma altura la bandera de la Alemania nazi y la del colectivo LGTBIQ+. Y, según ha admitido la alcaldesa, se ha discutido mucho sobre la ikurriña. En la Cámara de Representantes de Idaho, Hill, impulsor de la norma, ha hecho una serie de declaraciones infundadas: ha aseverado que la ikurriña “no está reconocida oficialmente”, que es “una bandera revolucionaria”, que, dado que ETA la enarbolaba, es “ilegal ondearla” en España. “Sería cruzar la línea y, entonces, la bandera palestina también tendría que permitirse”, añadió. Mientras, varios ciudadanos esperaban a los políticos a la salida con diversas banderas, ninguna de las cuales podría izarse en los edificios públicos según la norma. Se da la circunstancia de que hace apenas unos meses, en julio, Boise acogió el Jaialdi, la gran fiesta de la cultura vasca, plagada de actividades folclóricas y que contó con la participación de una nutrida representación institucional de este lado del océano Atlántico, incluido el lehendakari, Imanol Pradales. Se recuperaba la actividad diez años después de la última edición, pues la pandemia de COVID-19 obligó a suspender la prevista para 2020. En su primer Jaialdi, Pradales jugó a pala, bailó y asistió a una exhibición de 'aizkolaris' , pero la visita también tuvo contenido político —si bien inferior al de anteriores citas—, con un encuentro, por ejemplo, con Brad Little, Gobernador de Idaho. “Datos falsos” “Estuvimos en verano y allí estaba la ikurriña”, ha recordado este miércoles en una entrevista en Euskadi Irratia Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, a raíz de la polémica. “La decisión no es directamente contra la ikuriña, pero un representante la ha puesto encima de la mesa, dando datos falsos”, ha lamentado. El Gobierno de Pradales, según ha dado a conocer la vicelehendakari, ha enviado “información real” tanto a demócratas como a republicanos, para que el debate se dé con cononocimiento de causa. “Nuestra diáspora es muy activa y defiende nuestra identidad y nuestros símbolos”, se ha congratulado Bengoetxea. En una de sus comparecencias ante la prensa de esta semana, la alcaldesa se ha referido expresamente a la visita del lehendakari del año pasado. Fue, ha dicho, una “excepción” a la norma de usar solo banderas oficiales —la estadounidense, la de Idaho y la LGTBIQ+—: ante la visita de una delegación oficial de otro país, se aprobó una resolución en el Ayuntamiento para conmemorar la cita y ondear la bandera vasca.

Los bulos sobre la ikurriña protagonizan el debate de las banderas oficiales de Idaho: "Es ilegal ondearla"

Los bulos sobre la ikurriña protagonizan el debate de las banderas oficiales de Idaho: "Es ilegal ondearla"

Una norma impulsada por los republicanos en un estado con una nutrida diáspora vasca pretende impedir que se ice cualquier bandera que no sea la oficial en los edificios gubernamentales Pradales en el Jaialdi de Estados Unidos: bailes, fútbol americano, jugando a pala y exhibición de 'aizkolaris' Boise, la capital del estado estadounidense de Idaho, alberga una comunidad vasca que suma más de 16.000 integrantes. Aunque más de 8.000 kilómetros en línea recta separan esta urbe de Euskadi, allí hay una suerte de 'barrio' vasco, el Basque Block, con frontones, centros culturales, bares con nombre de topónimos en euskera... y muchas ikurriñas, la bandera vasca, la roja, verde y blanca. Ahora, sin embargo, el Partido Republicano, el del presidente Donald Trump, quiere evitar que, al menos en los edificios públicos, se icen y ondeen banderas que no sean las oficiales. Esta legislación afectaría a distintivos internacionales como el del movimiento LGTBIQ+, pero también a la ikurriña. En Boise, con el trasfondo de la nutrida diáspora vasca, la alcaldesa, la demócrata Lauren McLean, ha abierto un frente con los republicanos y, a través de alguna artimaña legal, ha ignorado la nueva norma. “No es la primera vez que alguien trata de ilegalizar la ikurriña, lamentablemente tampoco será la úlltima”, ha protestado Aitor Esteban, presidente del PNV. “La ikurriña es el símbolo de nuestro Pueblo. De nuestra Nación. Y las vascas y los vascos tenemos el derecho de ondearla a lo largo y ancho de nuestra querida diáspora”, ha añadido en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Un poco más adelante, en inglés, ha escrito también que desde Euskadi se siente “orgullo” de oír cómo se habla euskera en calles y escuelas del otro lado del océano Atlántico. Oihane Agirregoitia, eurodiputada del mismo partido, ha elevado el asunto ante el pleno del Parlamento Europeo. “En Idaho les molesta también la ikurriña, la bandera del pueblo vasco, que durante décadas ha ondeado como símbolo de convivencia, de comunidad, de identidad, de amistad, de paz. Ojalá algún día la ikurriña ondee aquí atrás también”, ha dicho en referencia a la Eurocámara. Idaho está inmerso en un profundo debate en torno a las banderas. La norma, que tiene en el republicano Ted Hill a uno de sus más acérrimos impulsores, es la House Bill 561. ¿Qué dice en su literalidad? Tan solo permitirá izar la bandera de las barras y las estrellas de los Estados Unidos, la oficial del estado y, en centros universitarios, la oficial de la institución en caso de que se haya aprobado. Aunque aún quedan flecos por cerrar, se prevén multas de hasta 2.000 dólares (1.684 euros al cambio actual) por bandera no permitida y día. Hill ha defendido que todas estas banderas tienen su lugar, pero que las astas gubernamentales no son ese lugar. Ha aseverado, además, que las autoridades locales llegan a ser “opresivas” e “imponen” su “agenda”. “El término 'inclusivo' es divertido, porque rara vez se me incluye a mí cuando se usa”, ha dicho. En el marco de este impulso legislativo, la alcaldesa demócrata de Boise, Lauren McLean, ha encontrado una triquiñuela para mantener la bandera de la comunidad LGTBIQ+. “Decepcionada” con las pretensiones republicanas, ha aceptado izar solamente banderas oficiales, pero le ha conferido a la bandera arcoíris el estatus de oficial, de manera que sigue esquivando la norma. La primera edil ha defendido que esta bandera se ha ondeado “como símbolo de una ciudad que es acogedora y segura para todo el mundo”. Cree, además, que representa los valores de Boise y que es una declaración de intenciones, de que es posible acoger y respetar a todos. Los debates de los últimos meses en torno a la prohibición de las banderas han tenido momentos acalorados. Se han puesto a la misma altura la bandera de la Alemania nazi y la del colectivo LGTBIQ+. Y, según ha admitido la alcaldesa, se ha discutido mucho sobre la ikurriña. En la Cámara de Representantes de Idaho, Hill, impulsor de la norma, ha hecho una serie de declaraciones infundadas: ha aseverado que la ikurriña “no está reconocida oficialmente”, que es “una bandera revolucionaria”, que, dado que ETA la enarbolaba, es “ilegal ondearla” en España. “Sería cruzar la línea y, entonces, la bandera palestina también tendría que permitirse”, añadió. Mientras, varios ciudadanos esperaban a los políticos a la salida con diversas banderas, ninguna de las cuales podría izarse en los edificios públicos según la norma. Se da la circunstancia de que hace apenas unos meses, en julio, Boise acogió el Jaialdi, la gran fiesta de la cultura vasca, plagada de actividades folclóricas y que contó con la participación de una nutrida representación institucional de este lado del océano Atlántico, incluido el lehendakari, Imanol Pradales. Se recuperaba la actividad diez años después de la última edición, pues la pandemia de COVID-19 obligó a suspender la prevista para 2020. En su primer Jaialdi, Pradales jugó a pala, bailó y asistió a una exhibición de 'aizkolaris' , pero la visita también tuvo contenido político —si bien inferior al de anteriores citas—, con un encuentro, por ejemplo, con Brad Little, Gobernador de Idaho. “Datos falsos” “Estuvimos en verano y allí estaba la ikurriña”, ha recordado este miércoles en una entrevista en Euskadi Irratia Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, a raíz de la polémica. “La decisión no es directamente contra la ikuriña, pero un representante la ha puesto encima de la mesa, dando datos falsos”, ha lamentado. El Gobierno de Pradales, según ha dado a conocer la vicelehendakari, ha enviado “información real” tanto a demócratas como a republicanos, para que el debate se dé con cononocimiento de causa. “Nuestra diáspora es muy activa y defiende nuestra identidad y nuestros símbolos”, se ha congratulado Bengoetxea. En una de sus comparecencias ante la prensa de esta semana, la alcaldesa se ha referido expresamente a la visita del lehendakari del año pasado. Fue, ha dicho, una “excepción” a la norma de usar solo banderas oficiales —la estadounidense, la de Idaho y la LGTBIQ+—: ante la visita de una delegación oficial de otro país, se aprobó una resolución en el Ayuntamiento para conmemorar la cita y ondear la bandera vasca.

Los imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo alimentan la tesis de que es una conspiración de la Ertzaintza

Los imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo alimentan la tesis de que es una conspiración de la Ertzaintza

El abogado Gonzalo Susaeta, que ya utilizó esa estrategia en el 'caso De Miguel', alude a actuaciones "extrajudiciales" de la Policía vasca y, como otros letrados, busca evitar que sean analizados los móviles y correos aprehendidos en enero Suspendidas las declaraciones del 25 de febrero de los imputados en el caso del derribo del palacete Irurak Bat de Getxo El bufete Cuatrecasas promociona a Gonzalo Susaeta como un abogado de referencia “en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años”. Es un experto en delitos económicos y de corrupción, subraya. Durante más de una década defendió al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que terminó condenado a doce años de prisión . Desde el inicio, fundamentó su estrategia de defensa en tratar de anular pruebas describiendo supuestos excesos de la Ertzaintza, del juez instructor y de la Fiscalía que nunca quedaron acreditados. Llegó a decir que todo era tan “paranormal” que podría ser investigado por Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'. Lustros después, Susaeta es el letrado de uno de los imputados en la investigación penal abierta en el Tribunal de Instancia de Getxo a cuenta del derribo del edificio protegido Irurak Bat de la calle de San Nicolás , donde iban a levantarse viviendas de lujo, el arquitecto José Ramón Foraster. Y ha planteado un duro escrito de 22 páginas al nuevo instructor de este asunto tras la salida de Neus Galobardes, Marcos Amor, en el que alienta la tesis de que todo es una conspiración de la Ertzaintza, que aparentemente realiza actuaciones “extrajudiciales”. Del “no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial” con el que redondeó su intervención en el 'caso De Miguel', donde su cliente recibió una severa condena, al “cuerpo policial que actúa paralela o autónomamente fuera de lo ordenado por el juzgado” en Getxo. Susaeta, con estos términos, busca devolver el caso a comienzos de 2026, es decir, anular los registros que realizó la Policía en dependencias municipales y en variadas empresas y que los dispositivos electrónicos aprehendidos no sean clonados y revisados. La Fiscalía y otras acusaciones, como el PP, ya se han opuesto. El ministerio fiscal ve “ingenuo” plantear que se pueda llevar a término una investigación esperando solamente lo que voluntariamente puedan aportar los imputados. El escrito de los 'populares' ironiza que si nada tienen que ocultar daría igual analizar esos móviles, correos electrónicos y demás materiales incautados: “Quien nada teme, nada debe”. El volcado de ese material aún no se ha realizado a la espera de que se resuelvan estas peticiones, según fuentes judiciales. Susaeta, que pide no llamar “palacete” al edificio Irurak Bat, aprecia una investigación “prospectiva”, a la que llama en inglés “fishing expedition” por parte de una unidad de la Ertzaintza no es especializada -según su criterio- en las materias objeto de discusión y que va por libre. Asegura que no hay “rastro” de quién encargó a los agentes una ampliación de su atestado, en referencia al informe emitido a comienzos de enero con nuevos indicios de criminalidad y que motivó los registros. “Decidió seguir 'autónomamente', en una suerte de investigación extrajudicial, sin amparo legal alguno. [...] Esto no solamente implica la infracción de normas procesales, quebrantando el derecho a un proceso con unas mínimas normas y garantías, sino que determina notoria indefensión. Señaladamente porque -según se puede fácilmente comprobar con la lectura de los dos atestados 'reampliatorios' de 12 y 22 de enero-, la Policía autonómica no solamente se puso a solicitar y recabar de otras Policías, instituciones y organismos diversa información o documentos con posterioridad a la emisión y entrega de su informe de septiembre de 2025, sino que... comenzó a tomar declaraciones testificales a diversas personas, sin intervención judicial y -aún más importante- a espaldas de los ya investigados, personados ya en las presentes actuaciones”, describe. Y continúa: “Malo es que, mediando procedimiento judicial, un cuerpo policial actúe paralela o autónomamente, fuera de lo ordenado por el Juzgado, pero peor aún es que se impida a los investigados una mínima intervención y posibilidad de contradicción en testificales y una mínima información sobre lo que se está investigando y de qué forma, qué documentos se piden y a quién, etc. Empero y para más INRI, SS la instructora [por Galobardes] no solo no reprende dicho proceder, no solo no ordena el cese de las intervenciones autónomas y la devolución de los atestados 'reampliatorios', sino que los valida indirecta o tácitamente, aceptando adoptar dos medidas drásticas y restrictivas de derechos fundamentales como son [las] entradas y registro e incautación/copiado de dispositivos tecnológicos”. La defensa de Foraster se queja también de cómo se hicieron esos concretos registros por parte de la Ertzaintza. Cree que no se acotó el tipo de material que se quería obtener de los dispositivos electrónicos. “No un copiado selectivo de documentos, mensajes y/o correos relacionados con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, sino la aprehensión del celular, con orden a los investigados de que faciliten el PIN y facultad a los agentes de cambiarlo”, protesta Susaeta. Y añade que su cliente, antes de entregar el dispositivo, pudo borrar algunos datos. “Nosotros pudimos lograr la desinstalación del programa de correo [del móvil], pero no tuvieron esa suerte los otros investigados”, expone. En la causa hay imputados tres exconcejales del PNV. Uno de ellos, Iñigo Urkitza, ha fichado como abogado a Javier Beramendi, reconocido penalista vasco y también partícipe en el 'caso De Miguel', en su caso al lado de otro de los encarcelados por corrupción, Xabier Sánchez Robles . En su caso, ha formulado un recurso de 16 folios. También pide la nulidad de las actuaciones. “Téngase en cuenta que entre las autorizaciones establecidas en la resolución se encuentra la incautación no solo de los teléfonos móviles de uso laboral, sino también los personales. En una terminal telefónica se pueden almacenar multitud de datos, referentes a un largo periodo de tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos se señalan algunos: listado telefónico, contactos de WhatsApp y de otras mensajerías similares, contactos con los que se ha mantenido comunicación telefónica o por mensajería instantánea (con indicación de días, hora y duración de las llamadas), acceso a correos electrónicos conservados en el dispositivo, mensajes de sms, acceso al historial de Google Maps, acceso al historial de YouTube, fotografías, videos, descargas realizadas, datos sobre la salud, historial de acceso a internet, información económica y bancaria, datos sobre la ubicación del dispositivo en un momento determinado, etc.”, argumenta el abogado. El defensor Jon Kepa Huertas, al cargo de las defensas de las funcionarias municipales imputadas, tira de argumentos similares. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, sostiene. En su caso, se refire al último informe policial como “sospechosa ampliación”. Y avisa de que sus tres patrocinadas fueron imputadas después de los registros, de modo que sufrieron los registros e incautaciones antes de tener esa condición.

Los imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo alimentan la tesis de que es una conspiración de la Ertzaintza

Los imputados por el derribo del Irurak Bat de Getxo alimentan la tesis de que es una conspiración de la Ertzaintza

El abogado Gonzalo Susaeta, que ya utilizó esa estrategia en el 'caso De Miguel', alude a actuaciones "extrajudiciales" de la Policía vasca y, como otros letrados, busca evitar que sean analizados los móviles y correos aprehendidos en enero Suspendidas las declaraciones del 25 de febrero de los imputados en el caso del derribo del palacete Irurak Bat de Getxo El bufete Cuatrecasas promociona a Gonzalo Susaeta como un abogado de referencia “en los sumarios más relevantes del País Vasco en los últimos años”. Es un experto en delitos económicos y de corrupción, subraya. Durante más de una década defendió al ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que terminó condenado a doce años de prisión . Desde el inicio, fundamentó su estrategia de defensa en tratar de anular pruebas describiendo supuestos excesos de la Ertzaintza, del juez instructor y de la Fiscalía que nunca quedaron acreditados. Llegó a decir que todo era tan “paranormal” que podría ser investigado por Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'. Lustros después, Susaeta es el letrado de uno de los imputados en la investigación penal abierta en el Tribunal de Instancia de Getxo a cuenta del derribo del edificio protegido Irurak Bat de la calle de San Nicolás , donde iban a levantarse viviendas de lujo, el arquitecto José Ramón Foraster. Y ha planteado un duro escrito de 22 páginas al nuevo instructor de este asunto tras la salida de Neus Galobardes, Marcos Amor, en el que alienta la tesis de que todo es una conspiración de la Ertzaintza, que aparentemente realiza actuaciones “extrajudiciales”. Del “no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial” con el que redondeó su intervención en el 'caso De Miguel', donde su cliente recibió una severa condena, al “cuerpo policial que actúa paralela o autónomamente fuera de lo ordenado por el juzgado” en Getxo. Susaeta, con estos términos, busca devolver el caso a comienzos de 2026, es decir, anular los registros que realizó la Policía en dependencias municipales y en variadas empresas y que los dispositivos electrónicos aprehendidos no sean clonados y revisados. La Fiscalía y otras acusaciones, como el PP, ya se han opuesto. El ministerio fiscal ve “ingenuo” plantear que se pueda llevar a término una investigación esperando solamente lo que voluntariamente puedan aportar los imputados. El escrito de los 'populares' ironiza que si nada tienen que ocultar daría igual analizar esos móviles, correos electrónicos y demás materiales incautados: “Quien nada teme, nada debe”. El volcado de ese material aún no se ha realizado a la espera de que se resuelvan estas peticiones, según fuentes judiciales. Susaeta, que pide no llamar “palacete” al edificio Irurak Bat, aprecia una investigación “prospectiva”, a la que llama en inglés “fishing expedition” por parte de una unidad de la Ertzaintza no es especializada -según su criterio- en las materias objeto de discusión y que va por libre. Asegura que no hay “rastro” de quién encargó a los agentes una ampliación de su atestado, en referencia al informe emitido a comienzos de enero con nuevos indicios de criminalidad y que motivó los registros. “Decidió seguir 'autónomamente', en una suerte de investigación extrajudicial, sin amparo legal alguno. [...] Esto no solamente implica la infracción de normas procesales, quebrantando el derecho a un proceso con unas mínimas normas y garantías, sino que determina notoria indefensión. Señaladamente porque -según se puede fácilmente comprobar con la lectura de los dos atestados 'reampliatorios' de 12 y 22 de enero-, la Policía autonómica no solamente se puso a solicitar y recabar de otras Policías, instituciones y organismos diversa información o documentos con posterioridad a la emisión y entrega de su informe de septiembre de 2025, sino que... comenzó a tomar declaraciones testificales a diversas personas, sin intervención judicial y -aún más importante- a espaldas de los ya investigados, personados ya en las presentes actuaciones”, describe. Y continúa: “Malo es que, mediando procedimiento judicial, un cuerpo policial actúe paralela o autónomamente, fuera de lo ordenado por el Juzgado, pero peor aún es que se impida a los investigados una mínima intervención y posibilidad de contradicción en testificales y una mínima información sobre lo que se está investigando y de qué forma, qué documentos se piden y a quién, etc. Empero y para más INRI, SS la instructora [por Galobardes] no solo no reprende dicho proceder, no solo no ordena el cese de las intervenciones autónomas y la devolución de los atestados 'reampliatorios', sino que los valida indirecta o tácitamente, aceptando adoptar dos medidas drásticas y restrictivas de derechos fundamentales como son [las] entradas y registro e incautación/copiado de dispositivos tecnológicos”. La defensa de Foraster se queja también de cómo se hicieron esos concretos registros por parte de la Ertzaintza. Cree que no se acotó el tipo de material que se quería obtener de los dispositivos electrónicos. “No un copiado selectivo de documentos, mensajes y/o correos relacionados con lo que hemos señalado en el párrafo anterior, sino la aprehensión del celular, con orden a los investigados de que faciliten el PIN y facultad a los agentes de cambiarlo”, protesta Susaeta. Y añade que su cliente, antes de entregar el dispositivo, pudo borrar algunos datos. “Nosotros pudimos lograr la desinstalación del programa de correo [del móvil], pero no tuvieron esa suerte los otros investigados”, expone. En la causa hay imputados tres exconcejales del PNV. Uno de ellos, Iñigo Urkitza, ha fichado como abogado a Javier Beramendi, reconocido penalista vasco y también partícipe en el 'caso De Miguel', en su caso al lado de otro de los encarcelados por corrupción, Xabier Sánchez Robles . En su caso, ha formulado un recurso de 16 folios. También pide la nulidad de las actuaciones. “Téngase en cuenta que entre las autorizaciones establecidas en la resolución se encuentra la incautación no solo de los teléfonos móviles de uso laboral, sino también los personales. En una terminal telefónica se pueden almacenar multitud de datos, referentes a un largo periodo de tiempo. Sin ánimo de ser exhaustivos se señalan algunos: listado telefónico, contactos de WhatsApp y de otras mensajerías similares, contactos con los que se ha mantenido comunicación telefónica o por mensajería instantánea (con indicación de días, hora y duración de las llamadas), acceso a correos electrónicos conservados en el dispositivo, mensajes de sms, acceso al historial de Google Maps, acceso al historial de YouTube, fotografías, videos, descargas realizadas, datos sobre la salud, historial de acceso a internet, información económica y bancaria, datos sobre la ubicación del dispositivo en un momento determinado, etc.”, argumenta el abogado. El defensor Jon Kepa Huertas, al cargo de las defensas de las funcionarias municipales imputadas, tira de argumentos similares. “Los agentes de la Ertzaintza, en una posición que constitucionalmente no les corresponde, e irrogándose funciones de expertos en materia urbanística, pretenden resolver de un plumazo aquello que había sido requerido por parte del ministerio fiscal y comienzan su atestado con una calificación jurídica del nivel de protección del edificio demolido, incurriendo en errores de bulto”, sostiene. En su caso, se refire al último informe policial como “sospechosa ampliación”. Y avisa de que sus tres patrocinadas fueron imputadas después de los registros, de modo que sufrieron los registros e incautaciones antes de tener esa condición.