Ibiza retira el bus gratis a migrantes empadronados sin DNI o NIE para "evitar fraudes" de turistas y temporeros
El Consell Insular defiende que "solo quienes tienen residencia legal en España contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos", mientras que las asociaciones de extranjeros advierten que supone un golpe para la economía de los trabajadores más precarios Claves del nuevo abono transporte: ¿cuándo se puede usar? ¿Sirve para trenes y autobuses? ¿Y para el Metro? Jessica (nombre ficticio) espera en la marquesina de la estación de autobuses del Cetis, en la ciudad de Eivissa, después de terminar su turno como voluntaria en el hospital Can Misses. No tiene vehículo propio y semanalmente hace este trayecto de alrededor de media hora hasta la costa oeste, hasta Sant Antoni, donde se baja para ir andando hasta su casa. Llegó hace unos años desde Argentina, donde ejercía de psicóloga y ahora está a la espera de poder homologar su título en España, pero es un trámite complicado. Mientras tanto, trabaja de lo que puede. Mira por la ventana del antiguo autobús sin el que le sería imposible seguir desarrollando su vida que, poco a poco, ha ido construyendo en la isla. La estación de Sant Antoni, en la que se baja, fue el otro día escenario de protesta por parte de decenas de migrantes de diferentes nacionalidades que no están de acuerdo con la nueva decisión del Consell de retirar el bono de transporte gratuito a ciudadanos empadronados, pero sin Documento Nacional de Identidad (DNI) o sin Número de Identidad de Extranjero (NIE). La medida, aprobada por parte de la administración insular a principios de diciembre, ha provocado indignación entre las asociaciones de migrantes, que representan a uno de los sectores más vulnerables y afectados por el endurecimiento de la normativa: trabajadores sin papeles que necesitan asiduamente la red pública de transporte para moverse de su lugar de residencia a su puesto laboral. Las agrupaciones se movilizaron la semana pasada para exigir a la institución que rectifique su decisión de excluir del transporte público gratuito a los residentes en proceso de obtener el DNI o NIE. Por otro lado, entidades de paraguayos y uruguayos ya han registrado una petición formal a través de la sede electrónica del Consell, un movimiento que prevén secundar en los próximos días colectivos de residentes procedentes de Senegal, Marruecos, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina, como ha pubicado Nou Diari . Las asociaciones han expresado, en este escrito, su preocupación por la nueva medida de la institución insular que produce, a su juicio, un trato discriminatorio hacia personas que figuran en el padrón municipal y cuya residencia está acreditada conforme a la normativa vigente. En la petición han reclamado que el acceso al abono gratuito se recupere para garantizar una igualdad de condiciones para todas las personas empadronadas en la isla al margen de su situación administrativa. Los migrantes consideran que es un trato discriminatorio hacia personas que figuran en el padrón municipal y cuya residencia está acreditada conforme a la normativa vigente De momento, para los que ya se están expidiendo estos días, o por primera vez o en forma de duplicado, ya se pide la documentación de acuerdo a la nueva normativa y con la renovación general prevista con la nueva contrata de transporte -adjudicada para la próxima década-, afectará ya a todos los usuarios. Amine, un trabajador marroquí, apunta que varios de sus compañeros, de momento, no se han visto afectados porque ya disponen de la tarjeta gratuita, pero, cuando les caduque, tendrán que empezar a abonar cada uno de los billetes para acudir a su lugar de trabajo. Un gasto que se sumará al elevado nivel de vida que tiene Eivissa en general. Varias personas hacen cola para subirse al bus de una de las líneas regulares. El Consell Insular ha defendido que el cambio en el acceso al transporte público gratuito no supone una retirada de derechos, sino una “clarificación” administrativa. Según ha declarado una portavoz a elDiario.es, lo “único” que se ha hecho con la aprobación de esta instrucción interna ha sido fijar qué documentos son válidos para solicitar la tarjeta de viajero frecuente. Una medida con la que -valora el Consell- la isla deja atrás un sistema “anormalmente flexible” y pasa a equiparar sus criterios con los que se aplican en el resto del Estado. El Consell Insular defiende que la isla deja atrás un sistema 'anormalmente flexible' y pasa a equiparar sus criterios con los que se aplican en el resto del Estado Un requisito “insuficiente” El empadronamiento, por sí solo, no puede considerarse un requisito suficiente, han argumentado desde el equipo de gobierno insular. El principal motivo, al parecer, es que el padrón no genera obligaciones tributarias como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni puede servir -a su juicio- como base para acceder a beneficios públicos de carácter estructural, como el del transporte gratuito habitual. Fue en el segundo semestre de 2022, para paliar la espiral inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania, cuando el Consell puso en marcha el servicio gratis de autobús, que ahora vincula a una residencia estable en la isla, pero más aún a una demostrable contribución fiscal. “Solo quienes tienen residencia legal en España pueden trabajar legalmente, pagan IRPF y cotizaciones sociales, y contribuyen de forma continuada al sostenimiento de los servicios públicos”, han determinado en un contundente comunicado. En el documento también han respondido a las críticas de la oposición, que ha acusado al gobierno de Vicent Marí de “retirar derechos básicos” a vecinos que “viven y trabajan” en Eivissa. A partir de ahora, los ciudadanos que no dispongan de la tarjeta podrán seguir utilizando el transporte público -han querido recordar-, pero abonando cada vez un billete sencillo. La única excepción serán las personas derivadas de Servicios Sociales de los diferentes ayuntamientos de la isla por razones de exclusión social. Los migrantes residentes son los más afectados por la nueva medida del Consell Insular El servicio no tiene tarifas baratas: el ticket para hacer el trayecto de Sant Antoni a la ciudad de Eivissa cuesta, por ejemplo, 2,20 euros. Y en verano, en caso de tener que cogerlo más tarde de medianoche o antes de las seis de la mañana, el único que opera el trayecto es el bautizado como Discobus -porque hace paradas por las principales discotecas de la isla- y la tarifa es más elevada: entre 3 y 5 euros dependiendo de la ruta. En el caso de tener que hacer transbordo -coger dos autobuses para llegar al destino- solo para el viaje de ida se tienen que abonar más de cuatro euros. El ticket puede oscilar de los 2,20 a los 5 euros. La única excepción serán los migrantes derivados de Servicios Sociales de los diferentes ayuntamientos de la isla por razones de exclusión social “Fraudes” en el uso de la tarjeta Para justificar la aprobación de la nueva instrucción que deja fuera a los residentes más vulnerables, el Consell ha alegado que, con el inicio de la gratuidad, se empezaron a detectar fraudes en la obtención del bono de transporte. Llegando hasta el punto en que había grupos de turistas que se presentaban en la sede del Consell, en la avenida de Espanya de Vila, con la intención de adquirir la tarjeta. Así como trabajadores de corta estancia que se trasladaban a la isla para hacer la temporada turística para luego marcharse en invierno. Aunque no han especificado el número de fraudes cometidos durante los dos años y medio en que ha estado activa la medida. El Consell Insular asegura que había fraudes, como grupos de turistas que querían adquirir la tarjeta de transporte público Es por eso que -según la institución- se han decidido clarificar, de nuevo, los requisitos para acceder a la ayuda: tener residencia legal en Eivissa y disponer de un documento de identidad. Unos requisitos que, por otro lado -determinan- no son “nuevos ni arbitrarios”, sino que son los que pide, por ejemplo, el Gobierno para acceder a los descuentos de RENFE o TMB del Ayuntamiento de Barcelona. También han añadido que el empleo sin permiso constituye una infracción grave en materia de extranjería y, en algunos casos, un delito, por lo que consideran que ninguna administración pública debería diseñar políticas de ayudas partiendo de situaciones irregulares o contrarias a la ley. La estación de Sant Antoni, una de las principales de la isla. Los portavoces Elena López (PSOE) y Óscar Rodríguez (Unidas Podemos) han criticado que la nueva instrucción afecta a “centenares de familias residentes” que, pese a estar empadronadas, quedarán ahora excluidas del sistema. Se trata de colectivos de migrantes que contribuyen activamente a la economía local y al sostenimiento de la isla y que son de los que más dependen de la gratuidad del transporte público. La medida se justifica -han denunciado ambos grupos- en la lucha contra el fraude sin aportar pruebas que vinculen a las personas empadronadas sin documentación con los usos irregulares detectados, que atribuyen principalmente a turistas o no residentes. Como alternativa, la oposición ha pedido aplicar controles contra estas acciones ilegales sin penalizar a quienes residen efectivamente en la isla y no aplicar una medida “injusta, cruel y discriminatoria”. De hecho, en otros municipios del resto de Balears, de Mallorca y Menorca, solo piden el empadronamiento para la bonificación. Lo que hace sospechar, aún más, a los sectores afectados de que la exigencia busca “castigar” a las personas migrantes y excluir a vecinos que pagan un alquiler al que cuesta mucho acceder, consumen en la isla y contribuyen todo el año al funcionamiento de su economía.