Un hombre y una mujer mueren en el incendio de una vivienda en La Matanza
Un hombre de 63 años y una mujer fallecieron durante un incendio en el interior de una vivienda en el norte de Tenerife en la madrugada de este viernes, 26 de diciembre.
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El Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca ha aprobado este viernes una segunda fase del plan de simplificación administrativa con un decreto ley que elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas. Afecta, entre otras cuestiones, a los plazos de concesión de licencias de obra para vivienda o el reconocimiento del grado de dependencia. En concreto, se trata del decreto ley de medidas urgentes frente a la hiperregulación, para la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, que entra en vigor el 1 de enero pero deberá enviarse a continuación a las Cortes Valencianas y tiene por objeto «responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo». Sumando las medidas del primer decreto ley de simplificación administrativa, supondría la modificación o eliminación de 149 normas en total. La disposición se estructura en 111 artículos distribuidos en nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. Con este decreto ley se van a modificar o eliminar 96 normas, entre ellas, 38 leyes y 43 decretos; 750 artículos que, en conjunto con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos modificados o eliminados con el objetivo de modernizar, agilizar y simplificar la Administración Pública de la Comunitat Valenciana. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno que el decreto ley obedece a un «propósito múltiple» y «afecta a todas las áreas». Así, ha avanzado que «reduce en el ámbito de la vivienda a la mitad los plazos de la concesión de licencias de obras». Barrachina ha destacado que con esta nueva medida se agiliza la consecución del reconocimiento del grado de dependencia y se permite que aquellas empresas que tengan licencia para poder trabajar en cualquier comunidad autónoma española también puedan hacerlo en la Comunidad Valenciana sin necesitar una segunda licencia, ha detallado. El portavoz ha destacado también que se evita que los particulares tengan que hacer aportación de su certificado bancario cuando se relacionan con la Administración y se establecen « renovaciones automáticas de alguna serie de solicitudes, como es, por ejemplo, la renovación automática de la certificación de familia numerosa». Según ha explicado el Consell, se incluyen medidas que reducen la densidad de la carga normativa, eliminan duplicidades, refuerzan la seguridad jurídica y establecen herramientas innovadoras para garantizar la interoperabilidad, la automatización y el uso ético del dato público. Asimismo, se pretende «desbloquear proyectos estratégicos, eliminar trabas injustificadas y reforzar la capacidad de intervención pública». «Esta norma también promueve una simplificación desde el diseño, orientada a prevenir nuevas cargas administrativas, facilitar el cumplimiento normativo y garantizar una administración más ágil, más proactiva y centrada en la ciudadanía». El portavoz ha resaltado que la Comunidad Valenciana se convierte en «la primera autonomía española en aprobar una norma contra la hiperregulación que supone el compromiso de que cada vez que haya una nueva norma habrá al menos otra derogada o suprimida». «La inflación de normas que asfixia a muchos, lógicamente con el primer acuerdo de simplificación y con este segundo, ha tocado a su fin», ha asegurado. En el capítulo I se regulan medidas frente a la «hiperregulación» y se establece un conjunto integrado de principios y herramientas que orienten toda la actividad normativa autonómica hacia criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad«. Se incorporan exigencias de evaluación sistemática, mecanismos de control del crecimiento normativo, así como medidas de simplificación y depuración del ordenamiento jurídico. A tal fin, este decreto ley articula medidas innovadoras que combinan exigencias técnicas con recursos tecnológicos avanzados, como el uso de inteligencia artificial para la detección de redundancias normativas, la creación de un cuadro de mando sobre la carga regulatoria o el establecimiento de un buzón para que la ciudadanía y las empresas puedan presentar propuestas de simplificación. Asimismo, se avanza en la digitalización efectiva de los procedimientos administrativos dirigidos a personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, mediante la obligación de que las Oficinas PROP, las oficinas de asistencia en materia de registro (OAMR) y las oficinas de atención especializada (que tengan la condición de OAMR) presten asistencia en la identificación y firma electrónica, mediante personal funcionario habilitado, para aquellos procedimientos administrativos que cuenten con aplicación de gestión electrónica y elevado volumen de solicitudes. Según el Consell, esta medida permitirá reducir de manera significativa el uso de documentos en papel, minimizar errores y acortar los tiempos en la tramitación administrativa, a la vez que se preservan los derechos de las personas interesadas, justificando así su adopción inmediata mediante la presente norma. Del mismo modo, se regula la unidad de mercado mediante la implementación de un régimen jurídico específico para garantizar la libertad de establecimiento y circulación de operadores económicos en la Comunitat Valenciana. El título II contiene las medidas generales y organizativas en materia de simplificación administrativa y regula las medidas de simplificación procedimental, tecnológica, en materia de función pública, de archivos, así como medidas de simplificación en el ámbito de la Inspección General de Servicios. Por su parte, el título III contiene medidas de carácter social, en concreto, modificaciones en materia de servicios sociales, de vivienda y otras medidas dirigidas a la ciudadanía, mientras que el título IV contiene los cambios normativos en materia de economía y hacienda. Igualmente, el título V comprende las modificaciones en materia de sanidad; el título VI las variaciones en materia de educación, cultura y deporte; el título VII está dedicado a las modificaciones en materia de medioambiente, urbanismo y agricultura; el título VIII incluye las medidas dirigidas al sector industrial, energético y el comercio, y el título IX las modificaciones en materia de turismo. Preguntado por si cree que ocurrirá como la anterior ley de simplificación que se tramitó como proyecto de ley en el marco de su negociación con Vox, Barrachina ha señalado que «por lo extenso de la normativa, entra dentro de lo normal de que, aunque entre en vigor a partir del día 1, pueda ser debatida en las Cortes Valencianas como un proyecto de ley ». Se dispondrá de 30 días para su debate parlamentario y «sería razonable» que se tramite como proyecto de ley debido a «las aportaciones de Vox y el resto de grupos que pueden hacerse en un documento tan necesario», ha comentado.
Los 214,7 kilómetros del trazado de la AP-9 desde Ferrol hasta la puerta del vecino portugués son, además de fuente habitual de polémicas por las tarifas y la concatenación de prórrogas a la concesión, una frontera artificial de las dos Galicias. La fachada atlántica frente al área de interior, separadas por diferentes climas, geografías, número de habitantes y también velocidades muy desiguales en el crecimiento económico. En el plan estratégico de la comunidad con horizonte 2030, la propia Xunta identifica ese enorme desequilibrio entre las principales debilidades para lograr la cohesión territorial. Pesa el alto grado de dispersión poblacional, la baja densidad de población en zonas donde a menudo se dan los mayores índices de envejecimiento. Ahí se localizan también las menores rentas por habitante porque la actividad mengua a medida que desciende el grado de urbanización. El diagnóstico de la administración asume la existencia de una «visión mayoritaria» de que la riqueza va ligada al desarrollo metropolitano «que hace que la gente abandone el rural cuando quiere emprender alguna actividad económica».
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"Es con gran pesar que compartimos la noticia de que Bernard Meunier, antiguo miembro del comité ejecutivo y director de unidades de negocio estratégicas, marketing y ventas, ha fallecido esta semana tras una larga enfermedad". Así despide Nestlé, este viernes, mediante una circular interna a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fallecimiento de uno de sus altos cargos históricos. Uno que, entre otras cosas, fue durante cinco años máximo responsable de Nestlé España.
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