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Dos palabras

Dos palabras

Entiendo como una realidad palmaria que la situación actual de la sociedad española en su conjunto gravita, principalmente, alrededor del significado y contenido de dos palabras: polarización y mesura. La polarización orienta en dos direcciones contrapuestas y, también, tiende a concentrar en una única dirección. La mesura tiende a la moderación, al comedimiento, a la sensatez, a la cordura. Y a lo que se ve, viene imponiéndose claramente la primera frente a la segunda, estando más que demostrado que ello ni es bueno, ni es conveniente. En esencia no es que se imponga, es que la segunda está desaparecida y desgraciadamente es así porque quiénes debieran velar con celo porque eso no ocurriera, se han constituido, a sabiendas y por torticero interés, en defensores a ultranza de la primera. A resultas de esa situación y dada nuestra calidad de meros administrados está más que claro que no estamos jugando buenas cartas como sociedad civil. Y la culpa es nuestra. Ni más, ni menos. Sí, de toda esa mayoría de personas anónimas que, sin adscripción política significativa alguna, mantenemos todo esto desde hace mucho tiempo aguantando y aguantando golpe tras golpe, desatino, tras desatino porque creemos firmemente en lo que significa vivir en un sistema de libertades. Preocupante, muy preocupante. Desde hace décadas hemos dejado que se fuera creando una clase política llena de personalidades mediocres, toscas y faltas de preparación para ejercer la Administración. La Administración en general. Hay excepciones, lógicamente, pero son pocas. Es evidente que quién lea hasta aquí pueda preguntarse ¿Y en qué te basas para hacer esa afirmación? Y mi respuesta es que lo ratifican los hechos con los que me encuentro día tras día desde hace demasiado tiempo y que me afectan directamente como administrado. Constato que el interés de unos pocos se ha impuesto al bien general. Y lo hacen continuamente. Con descaro. Desde el engaño. Y esa clase de hacer política mediocre, tosca y falta de preparación, nos ha metido de lleno en una vorágine absurda de enfrentamiento tras haber conocido unos años plenos de efervescencia marcados, en primer lugar, por las ansias de alcanzar y disfrutar una libertad fuerte y duradera que España tenía olvidada como sociedad civil por mor tanto de la nefasta Segunda República como de la Dictadura que la siguió tras la guerra civil y, en segundo lugar, por haber podido contemplar, disfrutar y saborear una época basada en mantener un ambiente de tolerancia constructiva que hizo posible un consenso, desgraciadamente desaparecido, que nos aupó y transformó en una nación admirada que sirvió de ejemplo y aún de espejo para otras: La Transición; ahora interesadamente denostada. Y esa misma clase de hacer política - no exenta de habilidad para conseguir sus objetivos, ciertamente- entre otras muchas cosas, nos ha ido coaccionando hasta el mimetismo para que, en vez de mirar hacia delante, miremos hacia atrás buscando, de nuevo, el enfrentamiento. Su interés no es el de fomentar mentes razonadoras que individualmente busquen la creatividad con todo lo que ello conlleva, si no que procura, hasta conseguirlo, hacer que queden relegadas y subordinadas a las necesidades, opiniones o deseos de los demás debiéndose sacrificar por el interés colectivo. Funciona como un parásito, buscando el poder a toda costa y saqueando sin rubor. Para quiénes la conforman, en tanto en cuanto administrados, solamente somos herramientas para ser utilizadas a su conveniencia que tenemos que pensar de una forma única y permanecer a servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la propia. Salvando las distancias, se hace muy difícil tratar de comportarse como unos «Howard Roark» ante tanto «Toohey», a pesar de que nuestra mente trate de imponer ése «Yo no pienso en usted» frente a tanto desatino y coacción interesada e impuesta. La polarización provoca que los extremos surjan a diestra y siniestra. Los únicos culpables de que eso ocurra son quiénes la buscan, tengámoslo claro. Cantos de sirena engañosos acompañados de impostados aspavientos y ojos disparatadamente abiertos que nos avisan falsamente asustados de que viene la extrema (derecha o izquierda, tanto da) y que lo único que consiguen es mantenernos en un desastre continuo que nos impide avanzar. Y en este caso quién calla, otorga. Por eso, creo firmemente que ante este tipo de situaciones sí que son necesarias las revoluciones mesuradas, evidente y necesariamente, para tratar de oponerse con fuerza al imperio de la sinrazón. Ellos, quiénes componen la clase política mediocre, tosca y falta de preparación, van por un lado y el pueblo soberano por otro; siendo el segundo quién deba imponerse en un auténtico sistema de libertades. Y lo más contradictorio, afortunadamente, es que lo hace siempre y sin dudarlo ante un determinado momento: el de la solidaridad. Es, por ahora, nuestro único alivio.

Récord histórico de creación de empresas en Castilla-La Mancha mientras otras regiones frenan su crecimiento

Récord histórico de creación de empresas en Castilla-La Mancha mientras otras regiones frenan su crecimiento

Castilla-La Mancha ha cerrado diciembre con el mejor dato de creación de empresas en un mes de diciembre de toda la serie histórica, al constituirse 390 sociedades mercantiles, lo que ha supuesto un incremento del 33,1% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos, difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, han confirmado una tendencia que se ha consolidado en los últimos meses y que ha situado a la comunidad autónoma por encima de la media en dinamismo empresarial. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha valorado las cifras asegurando que se trata de "un dato para celebrar: es histórico y, además, respalda nuestras políticas". García-Page ha subrayado que Castilla-La Mancha ha cerrado diciembre con el mejor resultado de creación de empresas de su historia y ha defendido que "alcanzar récords y situarnos por encima de la media se está consolidando como una auténtica seña de identidad del modelo Castilla-La Mancha". En el último mes del año se han suscrito algo más de 9,54 millones de euros para la constitución de estas 390 sociedades, lo que representa un 39,03% más de capital que en diciembre del año anterior. Este impulso ha permitido que la región haya encadenado cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual en creación de empresas, reforzando una tendencia positiva que el Ejecutivo autonómico vincula a la estabilidad institucional y al diálogo social. García-Page ha defendido que el modelo castellanomanchego se ha basado en "la estabilidad y el diálogo que genera confianza y demuestra que el esfuerzo colectivo da resultados", en un contexto nacional marcado por la incertidumbre política y por las tensiones generadas desde comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, donde los mensajes de confrontación han contrastado con la estrategia de acuerdos impulsada en Castilla-La Mancha. En paralelo al crecimiento en la constitución de empresas, la región ha registrado un descenso del 22,6% en las disoluciones en tasa interanual. En diciembre se han cerrado 72 sociedades, de las cuales 67 lo han hecho de forma voluntaria, dos por fusión y tres por otras causas. Castilla-La Mancha se ha situado así entre las comunidades donde menos han aumentado las disoluciones, junto a Murcia y Galicia, en contraste con territorios como Asturias, Castilla y León o Extremadura, donde el número de empresas que han echado el cierre ha crecido con fuerza. El dinamismo empresarial se ha extendido también a las ampliaciones de capital. En diciembre, 89 sociedades han ampliado capital en Castilla-La Mancha, un 56,1% más que un año antes. El capital suscrito en estas operaciones ha alcanzado los 15,99 millones de euros, si bien esta cifra ha sido un 2,9% inferior a la registrada en el mismo mes del ejercicio anterior. A nivel nacional, la creación de empresas ha crecido en todas las comunidades autónomas salvo en Murcia, donde ha descendido ligeramente un 0,68%. Navarra, Baleares y Asturias han encabezado los mayores incrementos porcentuales. En este contexto, Castilla-La Mancha ha reforzado su posición como una de las regiones con mayor crecimiento relativo, consolidando un cierre...

Moreno desinfla la Ley de Transparencia andaluza al suprimir las multas a los altos cargos que veten el acceso a datos públicos

Moreno desinfla la Ley de Transparencia andaluza al suprimir las multas a los altos cargos que veten el acceso a datos públicos

El Gobierno andaluz cuela en la nueva ley universitaria una enmienda que rebaja el régimen sancionador autonómico en materia de transparencia y lo sustituye por el estatal, más laxo en las infracciones Andalucía saca adelante la nueva ley universitaria que otorga poder de decisión a las privadas en la planificación del sistema El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha modificado la Ley de Transparencia autonómica usando un resquicio legal para rebajar las penas a los altos cargos que veten el acceso a la información pública. La reforma, aprobada este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz, elimina todo el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y lo equipara a la normativa estatal , que contempla un sistema de infracciones menos exigente tanto en la tipificación de las faltas como en las sanciones previstas. La Ley de Transparencia autonómica, aprobada en 2014 , supuso en su momento un avance significativo con respecto a la ley estatal, que había entrado en vigor un año antes. La norma andaluza incorporaba un régimen sancionador propio y más severo para los responsables que obstaculizaran o denegaran el acceso a datos solicitados por la ciudadanía u organizaciones. Un modelo que sirvió de referencia para otras comunidades autónomas. Entre las sanciones contempladas, figuraban multas que oscilaban entre los 200 y los 400.000 euros, así como el cese en el cargo y la inhabilitación para ocupar puestos similares por un período de hasta tres años en los casos de infracciones muy graves. El Gobierno de Moreno ha logrado sacar adelante este cambio normativo mediante lo que se conoce como una 'enmienda intrusa', que ha colado vía enmiendas en un nuevo proyecto legislativo que nada tiene que ver con la Transparencia: la Ley Universitaria para Andalucía, aprobada en el pleno de este 11 de febrero . La enmienda en cuestión, promovida por el PP, modifica el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, al suprimir en bloque sus artículos y remitir la aplicación de las sanciones al marco estatal. Con esta modificación, la Junta vacía de contenido su sistema sancionador propio en materia de transparencia y lo iguala al modelo estatal, de carácter más general, renunciando a instrumentos autonómicos específicos de control. El grupo popular justifica esta reforma como una “mejora técnica”, según consta en el texto de la enmienda al que ha tenido acceso este periódico. Cambio en las competencias del Consejo de Transparencia La reforma impulsada por el PP andaluz incluye, además, un cambio relevante en las funciones del director del Consejo de Transparencia de Andalucía , un puesto que nombra el Parlamento autonómico y precisa de mayoría absoluta. Hasta ahora, el director de este órgano tenía atribuida la potestad para incoar expedientes disciplinarios y sancionadores en materia de transparencia, una competencia que desaparece con la nueva redacción, pasando estos procedimientos al marco general de la administración. Cabe recordar que el Consejo de Transparencia de Andalucía es el encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y ejerce funciones de control sobre el Parlamento, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la administración de la Junta y sus entidades instrumentales, los ayuntamientos, las universidades, los partidos políticos, sindicatos, así como las entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos (como los conciertos sanitarios), los beneficiarios de subvenciones y los contratistas de la administración. Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley en 2014 ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones. Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han criticado que el PP haya cambiado la Ley de Transparencia andaluza “por la puerta de atrás” mediante una 'enmienda intrusa', que sin ser una práctica ilegal, ha sido censurada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones. Precisamente la semana pasada, el Gobierno de Moreno y los populares andaluces criticaron con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el llamado 'decreto ómnibus' que metía en el mismo saco la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del llamado escudo social, que afectan a 15 millones de personas, como la prohibición de desahucios para los inquilinos más vulnerables. El rechazo frontal del PP a esta última iniciativa obligó a Sánchez a trocear el citado decreto. Durante la tramitación parlamentaria de la ya nueva Ley Universitaria Para Andalucía, el portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz, denunció la normativa impulsada por el partido de Moreno por “fomentar el negocio de la universidad privada pero también indirectamente el negocio en otros sectores como la sanidad por medio de esa enmienda intrusa que el PP ha metido con calzador y que sólo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía”.

Moreno desinfla la Ley de Transparencia andaluza al suprimir las multas a los altos cargos que veten el acceso a datos públicos

Moreno desinfla la Ley de Transparencia andaluza al suprimir las multas a los altos cargos que veten el acceso a datos públicos

El Gobierno andaluz cuela en la nueva ley universitaria una enmienda que rebaja el régimen sancionador autonómico en materia de transparencia y lo sustituye por el estatal, más laxo en las infracciones Andalucía saca adelante la nueva ley universitaria que otorga poder de decisión a las privadas en la planificación del sistema El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha modificado la Ley de Transparencia autonómica usando un resquicio legal para rebajar las penas a los altos cargos que veten el acceso a la información pública. La reforma, aprobada este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz, elimina todo el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía y lo equipara a la normativa estatal , que contempla un sistema de infracciones menos exigente tanto en la tipificación de las faltas como en las sanciones previstas. La Ley de Transparencia autonómica, aprobada en 2014 , supuso en su momento un avance significativo con respecto a la ley estatal, que había entrado en vigor un año antes. La norma andaluza incorporaba un régimen sancionador propio y más severo para los responsables que obstaculizaran o denegaran el acceso a datos solicitados por la ciudadanía u organizaciones. Un modelo que sirvió de referencia para otras comunidades autónomas. Entre las sanciones contempladas, figuraban multas que oscilaban entre los 200 y los 400.000 euros, así como el cese en el cargo y la inhabilitación para ocupar puestos similares por un período de hasta tres años en los casos de infracciones muy graves. El Gobierno de Moreno ha logrado sacar adelante este cambio normativo mediante lo que se conoce como una 'enmienda intrusa', que ha colado vía enmiendas en un nuevo proyecto legislativo que nada tiene que ver con la Transparencia: la Ley Universitaria para Andalucía, aprobada en el pleno de este 11 de febrero . La enmienda en cuestión, promovida por el PP, modifica el régimen sancionador de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, al suprimir en bloque sus artículos y remitir la aplicación de las sanciones al marco estatal. Con esta modificación, la Junta vacía de contenido su sistema sancionador propio en materia de transparencia y lo iguala al modelo estatal, de carácter más general, renunciando a instrumentos autonómicos específicos de control. El grupo popular justifica esta reforma como una “mejora técnica”, según consta en el texto de la enmienda al que ha tenido acceso este periódico. Cambio en las competencias del Consejo de Transparencia La reforma impulsada por el PP andaluz incluye, además, un cambio relevante en las funciones del director del Consejo de Transparencia de Andalucía , un puesto que nombra el Parlamento autonómico y precisa de mayoría absoluta. Hasta ahora, el director de este órgano tenía atribuida la potestad para incoar expedientes disciplinarios y sancionadores en materia de transparencia, una competencia que desaparece con la nueva redacción, pasando estos procedimientos al marco general de la administración. Cabe recordar que el Consejo de Transparencia de Andalucía es el encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y ejerce funciones de control sobre el Parlamento, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la administración de la Junta y sus entidades instrumentales, los ayuntamientos, las universidades, los partidos políticos, sindicatos, así como las entidades públicas o privadas que prestan servicios públicos (como los conciertos sanitarios), los beneficiarios de subvenciones y los contratistas de la administración. Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley en 2014 ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones. Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz han criticado que el PP haya cambiado la Ley de Transparencia andaluza “por la puerta de atrás” mediante una 'enmienda intrusa', que sin ser una práctica ilegal, ha sido censurada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones. Precisamente la semana pasada, el Gobierno de Moreno y los populares andaluces criticaron con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el llamado 'decreto ómnibus' que metía en el mismo saco la revalorización de las pensiones junto a otras medidas del llamado escudo social, que afectan a 15 millones de personas, como la prohibición de desahucios para los inquilinos más vulnerables. El rechazo frontal del PP a esta última iniciativa obligó a Sánchez a trocear el citado decreto. Durante la tramitación parlamentaria de la ya nueva Ley Universitaria Para Andalucía, el portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz, denunció la normativa impulsada por el partido de Moreno por “fomentar el negocio de la universidad privada pero también indirectamente el negocio en otros sectores como la sanidad por medio de esa enmienda intrusa que el PP ha metido con calzador y que sólo busca eximir de sanciones a los altos cargos del Gobierno andaluz que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia de Andalucía”.