Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo, según este informe de la Consejería sobre la libre elección al que ha tenido acceso elDiario.es, es “no encontrar documentación de la actividad clínica” El Ministerio de Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales Madrid tiene un sistema sanitario singular. En él, conviven hospitales de gestión pública con cinco de gestión privada (cuatro en manos de Quirón y uno, de Ribera Salud). Además, compiten entre ellos por pacientes, desde que Esperanza Aguirre aprobó una ley que permitía la libre elección , de manera que cada paciente puede decidir en qué centro se trata, le toque o no por zona. Estos pacientes son los más rentables para las empresas, que ponen en marcha estrategias para captarlos. Precisamente, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar este martes una ley para poner coto a la privatización sanitaria , que ha aumentado exponencialmente en Madrid, sobre todo desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso . La singularidad de Madrid tiene una consecuencia farragosa desde el punto de vista económico y financiero en los llamados 'balances intercentros'. Es el saldo final de los pacientes de libre elección que dejaron su hospital para irse a otro y los que llegaron. Los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen. Por ejemplo, si una mujer a quien corresponde dar a luz en La Paz (público), prefiere ir a la Fundación Jiménez Díaz (concertado de Quirón), el sistema público tendrá que pagar a Quirón por ese parto. Lo mismo sucede a la inversa. De manera mensual y anual se meten al sistema todos estos casos y se contabilizan los costes. El balance va sumando y restando casos y arroja un saldo final a favor de la pública o a favor de las empresas concesionarias (que es lo que pasa siempre, ya que son quienes absorben mayoritariamente pacientes de la pública). Desde 2018 hasta 2023, la Comunidad de Madrid desembolsó 1.268 millones extra por ese balance final , dinero que ha ido a las dos empresas que manejan los cinco hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad, cuatro de ellos de Quirón (Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba, Jiménez Díaz e Infanta Elena de Valdemoro) más el de Torrejón, de Ribera Salud. Este dinero es un desembolso extra por los pacientes de libre elección que atienden, que se suma al canon fijo que cobran anualmente por cada habitante de su área. Los hospitales privatizados de Quirón y Ribera, los más beneficiados por el sistema en 2024 Saldo neto entre citas entrantes y salientes del sistema de libre elección de la Comunidad de Madrid en cada hospital en 2024. En amarillo, destacados los hospitales de gestión privada de Quirón y Ribera Salud Fuente: Comunidad de Madrid Pero el éxito en el cobro de estos pacientes de fuera no es el mismo en las dos direcciones. Un documento interno del Gobierno de Ayuso al que ha tenido acceso elDiario.es pone cifras al “impacto económico” que ha tenido para la sanidad pública madrileña no haber cobrado a Quirón y Ribera Salud cientos de tratamientos. Entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo: “No encontrar documentación de la actividad clínica”, dice el informe interno. Es decir, el sistema no encuentra los datos suficientes del paciente o su tratamiento para poder facturar según las normas. Este “impacto económico” fueron más de 11 millones de euros solo en 2023, los últimos datos disponibles en este documento elaborado dentro de la Consejería de Sanidad. Preguntada por esta pérdida, fuentes de la Consejería la consideran no ajustada –pese a que está constatada por su propio servicio de control económico–, pero no dan una cifra alternativa: “No tiene en cuenta que la información que justifica la actividad realizada se puede obtener por distintos procedimientos”. ¿Cómo es posible que el sistema público no encuentre documentación de pacientes? La respuesta está en el Manual de Facturación Intercentros, que es la norma que comparten el Servicio Madrileño de Salud y las empresas para anotarse servicios y luego poder calcular un saldo final por pacientes de libre elección. En ese manual, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Consejería de Sanidad de Ayuso ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que el apunte sea válido. Ese mismo documento advierte de que en los centros hospitalarios públicos hay “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, no todos los hospitales públicos hacen la gestión de datos de manera estándar y centralizada, lo que explicaría que haya tratamientos que no se puedan facturar a Quirón y Ribera Salud porque no hay datos precisos a los que obliga ese manual. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por ahí se han perdido esos 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la concertada a la pública. Cuando se hacen los 'balances intercentros', de manera mensual y anual, los grupos privados están muy atentos a los importes que les quiere endosar la sanidad pública. Si hay errores (graves o simplemente formales) o faltan datos no dan la conformidad. “En la privada, a los departamentos financieros no se les escapa una factura, porque su supervivencia depende de eso e invierten en personal y en programas informáticos”, cuenta un directivo. “Los gestores diseñaron un mal sistema y no tienen interés en que esto mejore. En el caso de Madrid, ni siquiera es el hospital el que recibe el dinero por tratar a un paciente de Quirón o Ribera, sino los servicios centrales del Sermas (el Servicio Madrileño de Salud), de manera que los incentivos son menores”, coincide José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de Sanidad del País Vasco. En las reuniones habituales entre el Servicio Madrileño de Salud y las concesionarias –unas comisiones periódicas en las que se resuelven conflictos cuyo contenido dejó de colgarse online en 2021– también se observa cómo pelean las privadas con Sanidad por las facturas. En la de julio de 2019 se puede leer : “Las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”, anota el secretario de la reunión de ese año. Es decir, si Sanidad no se ajusta a los criterios de facturación, no le pagarán. Una auditoría de 2018 del Hospital de Villalba (gestionado por Quirón) colgada en la web evidencia también cómo funciona el control económico del sistema de libre elección y cómo se obstaculiza el cobro de la pública. Por una parte, la Comunidad de Madrid revisa los gastos por tratamientos que le presentan los grupos privados, pero no todos, sino con un muestreo. En la dirección inversa, la empresa privada revisa si los tratamientos que le ha presentado la Comunidad por pacientes asignados a Villalba, pero que se fueron a la pública encaja totalmente, incluyendo si están los datos precisos o falta alguno. En el caso de Villalba, lo facturado por la sanidad pública a este hospital no tiene una conformidad total de Quirón. El motivo: “La falta de informes que cumplan los criterios del Manual de facturación intercentros, ya que es condición indispensable la existencia del correspondiente registro en la historia clínica del paciente tal y como se detalla en dicho manual”. Es decir, si faltan datos o no están obtenidos como ese manual indica, se desecha la factura y la sanidad pública no cobra por el tratamiento que ha hecho. La Comunidad de Madrid insiste en que el Sermas hace auditorías “no observando ineficiencia” y recuerda que el 'balance intercentros' se ajusta al 100% a favor de los hospitales de gestión directa y al 90% a favor de los de gestión indirecta y según la orden de precios vigente. No han contestado específicamente sobre cuánto dinero se ha dejado sin cobrar por fallas en el sistema de obtención de datos que evidencia su equipo en este documento al que ha tenido acceso elDiario.es o los problemas de cobro que quedan también reflejados en las actas. El hospital de Torrejón (de Ribera Salud) y el grupo hospitalario Quirón no han contestado a las preguntas de elDiario.es. Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es

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Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo, según este informe de la Consejería sobre la libre elección al que ha tenido acceso elDiario.es, es “no encontrar documentación de la actividad clínica” El Ministerio de Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales Madrid tiene un sistema sanitario singular. En él, conviven hospitales de gestión pública con cinco de gestión privada (cuatro en manos de Quirón y uno, de Ribera Salud). Además, compiten entre ellos por pacientes, desde que Esperanza Aguirre aprobó una ley que permitía la libre elección , de manera que cada paciente puede decidir en qué centro se trata, le toque o no por zona. Estos pacientes son los más rentables para las empresas, que ponen en marcha estrategias para captarlos. Precisamente, el Ministerio de Sanidad acaba de anunciar este martes una ley para poner coto a la privatización sanitaria , que ha aumentado exponencialmente en Madrid, sobre todo desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso . La singularidad de Madrid tiene una consecuencia farragosa desde el punto de vista económico y financiero en los llamados 'balances intercentros'. Es el saldo final de los pacientes de libre elección que dejaron su hospital para irse a otro y los que llegaron. Los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen. Por ejemplo, si una mujer a quien corresponde dar a luz en La Paz (público), prefiere ir a la Fundación Jiménez Díaz (concertado de Quirón), el sistema público tendrá que pagar a Quirón por ese parto. Lo mismo sucede a la inversa. De manera mensual y anual se meten al sistema todos estos casos y se contabilizan los costes. El balance va sumando y restando casos y arroja un saldo final a favor de la pública o a favor de las empresas concesionarias (que es lo que pasa siempre, ya que son quienes absorben mayoritariamente pacientes de la pública). Desde 2018 hasta 2023, la Comunidad de Madrid desembolsó 1.268 millones extra por ese balance final , dinero que ha ido a las dos empresas que manejan los cinco hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad, cuatro de ellos de Quirón (Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba, Jiménez Díaz e Infanta Elena de Valdemoro) más el de Torrejón, de Ribera Salud. Este dinero es un desembolso extra por los pacientes de libre elección que atienden, que se suma al canon fijo que cobran anualmente por cada habitante de su área. Los hospitales privatizados de Quirón y Ribera, los más beneficiados por el sistema en 2024 Saldo neto entre citas entrantes y salientes del sistema de libre elección de la Comunidad de Madrid en cada hospital en 2024. En amarillo, destacados los hospitales de gestión privada de Quirón y Ribera Salud Fuente: Comunidad de Madrid Pero el éxito en el cobro de estos pacientes de fuera no es el mismo en las dos direcciones. Un documento interno del Gobierno de Ayuso al que ha tenido acceso elDiario.es pone cifras al “impacto económico” que ha tenido para la sanidad pública madrileña no haber cobrado a Quirón y Ribera Salud cientos de tratamientos. Entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo: “No encontrar documentación de la actividad clínica”, dice el informe interno. Es decir, el sistema no encuentra los datos suficientes del paciente o su tratamiento para poder facturar según las normas. Este “impacto económico” fueron más de 11 millones de euros solo en 2023, los últimos datos disponibles en este documento elaborado dentro de la Consejería de Sanidad. Preguntada por esta pérdida, fuentes de la Consejería la consideran no ajustada –pese a que está constatada por su propio servicio de control económico–, pero no dan una cifra alternativa: “No tiene en cuenta que la información que justifica la actividad realizada se puede obtener por distintos procedimientos”. ¿Cómo es posible que el sistema público no encuentre documentación de pacientes? La respuesta está en el Manual de Facturación Intercentros, que es la norma que comparten el Servicio Madrileño de Salud y las empresas para anotarse servicios y luego poder calcular un saldo final por pacientes de libre elección. En ese manual, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Consejería de Sanidad de Ayuso ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que el apunte sea válido. Ese mismo documento advierte de que en los centros hospitalarios públicos hay “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, no todos los hospitales públicos hacen la gestión de datos de manera estándar y centralizada, lo que explicaría que haya tratamientos que no se puedan facturar a Quirón y Ribera Salud porque no hay datos precisos a los que obliga ese manual. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por ahí se han perdido esos 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la concertada a la pública. Cuando se hacen los 'balances intercentros', de manera mensual y anual, los grupos privados están muy atentos a los importes que les quiere endosar la sanidad pública. Si hay errores (graves o simplemente formales) o faltan datos no dan la conformidad. “En la privada, a los departamentos financieros no se les escapa una factura, porque su supervivencia depende de eso e invierten en personal y en programas informáticos”, cuenta un directivo. “Los gestores diseñaron un mal sistema y no tienen interés en que esto mejore. En el caso de Madrid, ni siquiera es el hospital el que recibe el dinero por tratar a un paciente de Quirón o Ribera, sino los servicios centrales del Sermas (el Servicio Madrileño de Salud), de manera que los incentivos son menores”, coincide José Manuel Freire, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de Sanidad del País Vasco. En las reuniones habituales entre el Servicio Madrileño de Salud y las concesionarias –unas comisiones periódicas en las que se resuelven conflictos cuyo contenido dejó de colgarse online en 2021– también se observa cómo pelean las privadas con Sanidad por las facturas. En la de julio de 2019 se puede leer : “Las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”, anota el secretario de la reunión de ese año. Es decir, si Sanidad no se ajusta a los criterios de facturación, no le pagarán. Una auditoría de 2018 del Hospital de Villalba (gestionado por Quirón) colgada en la web evidencia también cómo funciona el control económico del sistema de libre elección y cómo se obstaculiza el cobro de la pública. Por una parte, la Comunidad de Madrid revisa los gastos por tratamientos que le presentan los grupos privados, pero no todos, sino con un muestreo. En la dirección inversa, la empresa privada revisa si los tratamientos que le ha presentado la Comunidad por pacientes asignados a Villalba, pero que se fueron a la pública encaja totalmente, incluyendo si están los datos precisos o falta alguno. En el caso de Villalba, lo facturado por la sanidad pública a este hospital no tiene una conformidad total de Quirón. El motivo: “La falta de informes que cumplan los criterios del Manual de facturación intercentros, ya que es condición indispensable la existencia del correspondiente registro en la historia clínica del paciente tal y como se detalla en dicho manual”. Es decir, si faltan datos o no están obtenidos como ese manual indica, se desecha la factura y la sanidad pública no cobra por el tratamiento que ha hecho. La Comunidad de Madrid insiste en que el Sermas hace auditorías “no observando ineficiencia” y recuerda que el 'balance intercentros' se ajusta al 100% a favor de los hospitales de gestión directa y al 90% a favor de los de gestión indirecta y según la orden de precios vigente. No han contestado específicamente sobre cuánto dinero se ha dejado sin cobrar por fallas en el sistema de obtención de datos que evidencia su equipo en este documento al que ha tenido acceso elDiario.es o los problemas de cobro que quedan también reflejados en las actas. El hospital de Torrejón (de Ribera Salud) y el grupo hospitalario Quirón no han contestado a las preguntas de elDiario.es. Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es

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El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, sigue muy de cerca la evolución del agua que está llegando a la ciudad ante la «inacción y el silencio» de la Confederación Hidrográfica del Júcar , mientras el Ayuntamiento busca soluciones para mitigar, en la medida de lo posible, la entrada de caudales por el principal colector urbano, el Canal de María Cristina, y evitar nuevas inundaciones. Las lluvias han provocado ya anegamientos en varias calles, garajes y bajos comerciales de la ciudad, como Alicante, Letur, Juan de Toledo, paseo de la Cuba o Gabriel Ciscar. Ante esta situación, Serrano ha explicado que el Ayuntamiento se ha visto obligado a intervenir de urgencia, incluso fuera del término municipal, en colaboración con el alcalde de La Herrera , a quien ha agradecido su cooperación, con el objetivo de evitar que siga llegando tanta agua a la capital y se produzcan más inundaciones. Según ha detallado el alcalde, y siguiendo las recomendaciones de los técnicos, se ha enviado maquinaria pesada a La Lobera y a La Herrera para derivar agua a la balsa de laminación de La Lobera y a la gravera de La Herrera, con el fin de reducir la lámina de agua que entra en la red de colectores de la ciudad, actualmente en una situación «muy crítica» por la saturación de un tercio de la red. Serrano ha asegurado que se trata de «una situación de emergencia» que «se podía haber evitado», ya que el Ayuntamiento envió desde el pasado viernes hasta tres cartas a la Confederación Hidrográfica del Júcar advirtiendo de lo que finalmente ha ocurrido y solicitando medidas preventivas que, según ha denunciado, «nunca llegaron». El alcalde ha lamentado nuevamente la «sin razón» de la Confederación ante un problema que, a su juicio, «es muy sencillo de solucionar si hay voluntad». En este sentido, ha señalado que ha contado con la colaboración del subdelegado del Gobierno en Albacete, del presidente de la Diputación Provincial de Albacete y del delegado provincial de la Junta, pero que «del titular de los cauces, solo tenemos el silencio como respuesta». Para Serrano, «una situación de urgencia requiere de medidas extraordinarias, que es lo que el Ayuntamiento está haciendo para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Albacete». En este contexto, ha recalcado que «lo urgente es actuar y ya habrá tiempo después para hablar de cuestiones competenciales cuando no tengamos problemas de inundación». El alcalde ha recordado que en los últimos días han caído más de 600 litros por metro cuadrado en la Sierra de Alcaraz , y que la llegada de tanta agua a la ciudad ha provocado el desbordamiento del Canal de María Cristina y el colapso de un tercio de la red de colectores de Albacete. Serrano ha advertido de que «cuando una administración que es competente de los cauces que pasan por nuestra ciudad, los cuales han colapsado 120 kilómetros de la red de abastecimiento de Albacete, no responde ni actúa, no solo es una irresponsabilidad, sino una temeridad», ya que, según ha subrayado, «estamos hablando de poner en peligro vidas humanas , casas, bajos comerciales, sótanos y garajes». Por último, el alcalde ha asegurado que no cejará en su empeño de reclamar a la Confederación Hidrográfica del Júcar que derive agua al Trasvase Tajo-Segura para bajar el nivel del Canal de María Cristina y permitir así que se descargue la red de saneamiento de la ciudad. Si quieres, puedo afinar el titular para hacerlo aún más contundente, acortarlo para edición digital, o preparar una pieza paralela con la respuesta de la Confederación cuando la haya.

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El cambio de custodia se dictó por incumplimiento del régimen de visitas cuando el progenitor todavía estaba siendo investigado por la vía penal, que archivó la causa justo una semana después “Doblemente maltratada”: cuando la burocracia obstaculiza la ayuda psicológica al hijo de una víctima de violencia de género Una jueza de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Sevilla número 6 ordenó la retirada inmediata de una menor que estaba bajo la custodia de su madre para entregársela al padre, quien en ese momento estaba siendo investigado por supuestos delitos de abuso sexual y maltrato a su hija de seis años. La defensa de la madre ha recurrido el cambio de custodia –dictado el pasado 26 de enero por incumplimiento del régimen de visitas– al entender que se acordó mientras existía una investigación penal en curso contra el progenitor, al que la hija había identificado como autor de lesiones en el cuello y la zona genital, según consta en hasta tres partes médicos incorporados a la causa. Se da la circunstancia de que, una semana después de la orden de entrega, una magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla —que investigaba los hechos desde mayo de 2025— resolvió archivar la causa penal, al considerar que no concurrían indicios suficientes para continuar con el procedimiento por los delitos de maltrato o agresión sexual denunciados. El auto de archivo, firmado el 2 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico, se basa fundamentalmente en el informe médico forense, que concluye que de los siete partes de asistencia médica revisados solo dos reflejaban lesiones de carácter leve, compatibles con presión manual, sin que pudieran considerarse indicio concluyente de violencia intencional. No obstante, la defensa sostiene en su recurso de apelación que la ausencia de lesiones externas no descarta conductas abusivas, especialmente en menores con dificultades de expresión o desarrollo madurativo, como es el caso de esta niña. Citando doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que los abusos sexuales pueden no dejar huella física, pero sí afectar gravemente a la esfera psicológica y moral del menor. En ese sentido, advierte de que negarse a practicar diligencias adicionales –como la exploración judicial recomendada por el Programa especializado de Evaluación y Diagnóstico (ADIMA)– impide completar la evaluación técnica del caso, provocando un archivo “prematuro” que podría dificultar el esclarecimiento real de los hechos. Por ello, la letrada solicita que continúe la investigación hasta agotar las indagaciones pertinentes en aras de garantizar la protección integral de la menor. De la “contradicción” a la “contaminación” entre jurisdicciones La defensa de la madre señaló en un primer momento que se había producido una “absoluta contradicción” entre la jurisdicción civil y la penal. El Juzgado de Familia ordenó la entrega de la menor a su padre el 26 de enero, al considerar que la madre había incumplido el régimen de visitas establecido. En esa resolución se obviaba que, en paralelo, seguía abierta una causa penal por presuntos delitos cometidos contra la niña. Esa fue la razón que, según la representación legal de la madre, motivó que impidiera los encuentros con el progenitor hasta que se esclarecieran los hechos denunciados. En un segundo momento, la letrada sostiene que la situación se invierte y es la vía penal la que acaba viéndose “contaminada” por la resolución civil. Según expone en su recurso, el archivo de la causa se adopta el 2 de febrero sin practicar diligencias orientadas a esclarecer si las manifestaciones de la menor recogidas en los partes médicos y el rechazo hacia la figura paterna descrito por los profesionales especializados guardan relación con conductas del progenitor, ni si los hechos relatados por la niña efectivamente ocurrieron. Partes médicos y evaluaciones sobre la menor En el marco de la investigación penal, constan tres partes médicos de urgencias emitidos por distintos facultativos del Servicio Andaluz de Salud entre mayo y julio de 2025. En ellos se describen lesiones objetivadas en cuello, extremidades y zona genital, y se recogen manifestaciones espontáneas de la propia menor identificando como autor a su padre biológico. En esos informes médicos, a los que ha tenido acceso este medio, se deja constancia de haber remitido partes directos al juzgado por sospecha de agresión. Asimismo, informes técnicos elaborados por profesionales especializados en atención a menores –también incorporados a las diligencias– alertaban del rechazo que manifestaba la niña hacia la figura paterna y proponían la práctica de una exploración judicial anticipada para evitar su revictimización. A estos documentos se suma un informe psicosocial elaborado en 2022 por el equipo del Juzgado de Familia, que recomendaba atribuir la custodia monoparental a la madre. Dicho informe señalaba dificultades en el ejercicio parental por parte del padre, describiéndolo con un acusado “desfase madurativo”, notable inestabilidad emocional y tendencia a descalificar reiteradamente a la madre “sin mencionar las necesidades de su hija”. El auto de archivo de la causa penal concluye que no concurren indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el progenitor. La resolución se fundamenta principalmente en el informe del médico forense, que califica los hallazgos como “absolutamente inespecíficos” y señala que no se objetivaron lesiones propias de agresión sexual. La defensa de la madre sostiene que esta resolución minimiza el contenido de los partes médicos y obvia que varios facultativos recogieron manifestaciones espontáneas de la menor a solas e incluso remitieron partes judiciales por sospecha fundada, y que informes especializados recomendaban continuar la evaluación antes de cerrar la causa. Archivo “prematuro”, según la defensa A las conclusiones del informe forense, la jueza añade que el contexto de “clara conflictividad” entre los progenitores obliga a extremar la cautela en la valoración de las manifestaciones. En ese sentido, considera que la actuación de la madre responde a “un interés que va más allá del interés superior del menor” y subraya que el rechazo de la niña a su padre no puede vincularse de manera directa a hechos delictivos acreditados. El auto descarta someter a la menor a nuevas evaluaciones o a la prueba preconstituida recomendada por el programa especializado, considerando que podría resultarle perjudicial, ya que el informe redactado por ADIMA recogía que la menor no se encontraba preparada para hablar de los supuestos hechos y que la revelación inicial pudo verse alterada por el entorno familiar. Frente a esta argumentación, el recurso de apelación de la defensa de la madre insiste en que el archivo se adoptó de manera “prematura” y sin agotar diligencias esenciales. La letrada niega que la actuación de la progenitora pueda interpretarse como instrumentalización del proceso penal, y afirma que su conducta se enmarca en el deber de protección inherente a la patria potestad. El recurso cuestiona también la valoración del informe forense y solicita la práctica de una segunda pericial, recordando que la inexistencia de lesiones externas no excluye la comisión de abusos sexuales, tal como reconoce la jurisprudencia. Asimismo, reprocha que se haya prescindido de la prueba preconstituida y del informe integral previo recomendados por ADIMA, lo que, según la defensa, impide completar la evaluación técnica del caso y priva a la menor de una tutela judicial reforzada. La causa penal se encuentra ahora pendiente de la resolución del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras la resolución dictada por el Juzgado de Familia que ordena el cambio de custodia permanece en vigor. Ambas decisiones, adoptadas en momentos distintos del procedimiento, siguen su tramitación en jurisdicciones diferentes.

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El cambio de custodia se dictó por incumplimiento del régimen de visitas cuando el progenitor todavía estaba siendo investigado por la vía penal, que archivó la causa justo una semana después “Doblemente maltratada”: cuando la burocracia obstaculiza la ayuda psicológica al hijo de una víctima de violencia de género Una jueza de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Sevilla número 6 ordenó la retirada inmediata de una menor que estaba bajo la custodia de su madre para entregársela al padre, quien en ese momento estaba siendo investigado por supuestos delitos de abuso sexual y maltrato a su hija de seis años. La defensa de la madre ha recurrido el cambio de custodia –dictado el pasado 26 de enero por incumplimiento del régimen de visitas– al entender que se acordó mientras existía una investigación penal en curso contra el progenitor, al que la hija había identificado como autor de lesiones en el cuello y la zona genital, según consta en hasta tres partes médicos incorporados a la causa. Se da la circunstancia de que, una semana después de la orden de entrega, una magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla —que investigaba los hechos desde mayo de 2025— resolvió archivar la causa penal, al considerar que no concurrían indicios suficientes para continuar con el procedimiento por los delitos de maltrato o agresión sexual denunciados. El auto de archivo, firmado el 2 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico, se basa fundamentalmente en el informe médico forense, que concluye que de los siete partes de asistencia médica revisados solo dos reflejaban lesiones de carácter leve, compatibles con presión manual, sin que pudieran considerarse indicio concluyente de violencia intencional. No obstante, la defensa sostiene en su recurso de apelación que la ausencia de lesiones externas no descarta conductas abusivas, especialmente en menores con dificultades de expresión o desarrollo madurativo, como es el caso de esta niña. Citando doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recuerda que los abusos sexuales pueden no dejar huella física, pero sí afectar gravemente a la esfera psicológica y moral del menor. En ese sentido, advierte de que negarse a practicar diligencias adicionales –como la exploración judicial recomendada por el Programa especializado de Evaluación y Diagnóstico (ADIMA)– impide completar la evaluación técnica del caso, provocando un archivo “prematuro” que podría dificultar el esclarecimiento real de los hechos. Por ello, la letrada solicita que continúe la investigación hasta agotar las indagaciones pertinentes en aras de garantizar la protección integral de la menor. De la “contradicción” a la “contaminación” entre jurisdicciones La defensa de la madre señaló en un primer momento que se había producido una “absoluta contradicción” entre la jurisdicción civil y la penal. El Juzgado de Familia ordenó la entrega de la menor a su padre el 26 de enero, al considerar que la madre había incumplido el régimen de visitas establecido. En esa resolución se obviaba que, en paralelo, seguía abierta una causa penal por presuntos delitos cometidos contra la niña. Esa fue la razón que, según la representación legal de la madre, motivó que impidiera los encuentros con el progenitor hasta que se esclarecieran los hechos denunciados. En un segundo momento, la letrada sostiene que la situación se invierte y es la vía penal la que acaba viéndose “contaminada” por la resolución civil. Según expone en su recurso, el archivo de la causa se adopta el 2 de febrero sin practicar diligencias orientadas a esclarecer si las manifestaciones de la menor recogidas en los partes médicos y el rechazo hacia la figura paterna descrito por los profesionales especializados guardan relación con conductas del progenitor, ni si los hechos relatados por la niña efectivamente ocurrieron. Partes médicos y evaluaciones sobre la menor En el marco de la investigación penal, constan tres partes médicos de urgencias emitidos por distintos facultativos del Servicio Andaluz de Salud entre mayo y julio de 2025. En ellos se describen lesiones objetivadas en cuello, extremidades y zona genital, y se recogen manifestaciones espontáneas de la propia menor identificando como autor a su padre biológico. En esos informes médicos, a los que ha tenido acceso este medio, se deja constancia de haber remitido partes directos al juzgado por sospecha de agresión. Asimismo, informes técnicos elaborados por profesionales especializados en atención a menores –también incorporados a las diligencias– alertaban del rechazo que manifestaba la niña hacia la figura paterna y proponían la práctica de una exploración judicial anticipada para evitar su revictimización. A estos documentos se suma un informe psicosocial elaborado en 2022 por el equipo del Juzgado de Familia, que recomendaba atribuir la custodia monoparental a la madre. Dicho informe señalaba dificultades en el ejercicio parental por parte del padre, describiéndolo con un acusado “desfase madurativo”, notable inestabilidad emocional y tendencia a descalificar reiteradamente a la madre “sin mencionar las necesidades de su hija”. El auto de archivo de la causa penal concluye que no concurren indicios suficientes para continuar el procedimiento contra el progenitor. La resolución se fundamenta principalmente en el informe del médico forense, que califica los hallazgos como “absolutamente inespecíficos” y señala que no se objetivaron lesiones propias de agresión sexual. La defensa de la madre sostiene que esta resolución minimiza el contenido de los partes médicos y obvia que varios facultativos recogieron manifestaciones espontáneas de la menor a solas e incluso remitieron partes judiciales por sospecha fundada, y que informes especializados recomendaban continuar la evaluación antes de cerrar la causa. Archivo “prematuro”, según la defensa A las conclusiones del informe forense, la jueza añade que el contexto de “clara conflictividad” entre los progenitores obliga a extremar la cautela en la valoración de las manifestaciones. En ese sentido, considera que la actuación de la madre responde a “un interés que va más allá del interés superior del menor” y subraya que el rechazo de la niña a su padre no puede vincularse de manera directa a hechos delictivos acreditados. El auto descarta someter a la menor a nuevas evaluaciones o a la prueba preconstituida recomendada por el programa especializado, considerando que podría resultarle perjudicial, ya que el informe redactado por ADIMA recogía que la menor no se encontraba preparada para hablar de los supuestos hechos y que la revelación inicial pudo verse alterada por el entorno familiar. Frente a esta argumentación, el recurso de apelación de la defensa de la madre insiste en que el archivo se adoptó de manera “prematura” y sin agotar diligencias esenciales. La letrada niega que la actuación de la progenitora pueda interpretarse como instrumentalización del proceso penal, y afirma que su conducta se enmarca en el deber de protección inherente a la patria potestad. El recurso cuestiona también la valoración del informe forense y solicita la práctica de una segunda pericial, recordando que la inexistencia de lesiones externas no excluye la comisión de abusos sexuales, tal como reconoce la jurisprudencia. Asimismo, reprocha que se haya prescindido de la prueba preconstituida y del informe integral previo recomendados por ADIMA, lo que, según la defensa, impide completar la evaluación técnica del caso y priva a la menor de una tutela judicial reforzada. La causa penal se encuentra ahora pendiente de la resolución del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras la resolución dictada por el Juzgado de Familia que ordena el cambio de custodia permanece en vigor. Ambas decisiones, adoptadas en momentos distintos del procedimiento, siguen su tramitación en jurisdicciones diferentes.

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O Parlamento Europeo deu luz verde ás cláusulas de salvagarda agrícola ligadas ao acordo comercial con Mercosur, unhas medidas que pretenden protexer o campo europeo pero que seguen xerandorexeitamento no sector agrogandeiro.

• Nós Diario
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El anuncio llega en medio de un bloqueo de combustibles contra Cuba.

• RT en Español
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Un escape de gas obliga a cortar al tráfico varias calles de Nuevo Cáceres

• El Periódico Extremadura
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Un escape de gas obliga a cortar al tráfico varias calles de Nuevo Cáceres

• El Periódico Extremadura
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El Benidorm Fest tiene un aroma diferente este 2026, ya que el ganador no irá a Eurovisión debido a la retirada de España por la participación de Israel, iniciativa a la que se sumaron Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. No obstante, tampoco se irá con las manos vacías, ya que, además del trofeo de la Sirenita , obtendrá 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción). Además, uno de los participantes tendrá la oportunidad de grabar un single en Miami con un productor internacional. También habrá un premio independiente que incluye un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles, que ha albergado ya a grandes artistas globales. Con esta motivación se presentan los 18 artistas al concurso, dividido en dos semifinales y una final que se llevan a cabo los días 10, 12 y 14 de febrero . En la primera semifinal, que se celebra este martes, 10 de febrero, contará con nueve participantes , de los cuales seis alcanzarán la gran final , en la que también estará como invitada Melody , representante de España en Eurovisión el año pasado. La segunda semifinal también tendrá nueve actuaciones, de forma que la gran gala reunirá a 12 finalistas , siendo la final con más actuaciones de la historia del certamen. Una buena forma de celebrar su quinto aniversario. Esta primera semifinal celebrada el 10 de febrero comenzará a las 22.15 horas . Será retransmitida por RTVE desde el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm , que ha ampliado su aforo a 3.000 personas. Además, RTVE Play, la plataforma gratuita de RTVE, ofrece esta edición seis entregas en directo de 'Benidorm Calling' , un espacio previo que ya se ha convertido en el calentamiento imprescindible del festival y que reunirá a numerosos presentadores y colaboradores. Las emisiones tuvieron lugar los días 2, 4 y 5, y volverán a emitirse el 10, 12 y 14 de febrero a las 20.00 horas , con conexiones tanto desde Madrid como desde Benidorm en plena semana decisiva del certamen.

• ABC
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Lo que parece un gesto cotidiano e inofensivo podría estar teniendo un efecto silencioso y profundo en cómo funciona tu mente.

• MUY Interesante
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• Diario de Cádiz
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Con 300 kilómetros de recorrido y 7.400 km/h de velocidad, el prototipo de un cohete hipersónico europeo ha superado su primer vuelo de prueba. ¿Es esta 'startup' germano-británica capaz de ponerse al día en tecnología militar?

• Euronews español
• 2 gün, 17 saat, 12 dakika

La jornada de este martes en el biatlón en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, ha dejado una imagen poco habitual. El medallista Sturla Holm Laegreid , apenas minutos después de subir al podio, decidió compartir con el mundo uno de los episodios más duros de su vida personal.

• Ultima Hora Mallorca
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