Con motivo del estreno de ‘Cumbres borrascosas’ (2026), la película de Emerald Fennell, la novela en la que se basa regresa a las librerías en nuevas ediciones Entrevista - David Uclés: “Los mismos que me apoyaron al principio me han hecho luego la zancadilla por vender mucho” Almudena Grandes , ante la pregunta de si le gustaría ganar el Premio Nobel, respondía que, ella, lo que hubiera querido es escribir Cumbres borrascosas . La madrileña es solo una de la larga lista de escritores entusiastas de esta obra maestra, en la que figuran Ana María Matute , Carmen Martín Gaite –autora de una de sus traducciones más leídas, hoy disponible en la editorial Alba–, Álvaro Pombo , Javier Marías o Maryse Condé, que la versionó en su novela inédita en castellano La migration des coeurs (1995). En realidad, sus incondicionales empezaron a surgir mucho antes, en el entorno más inmediato de la autora: su hermana Charlotte fue la primera en reconocer su genialidad. Lo expresó en una nota biográfica a propósito de una reedición de Cumbres borrascosas (1847) de 1850, en la que traza un perfil de sus hermanas y revela su fascinación ante el hallazgo de los poemas de su hermana Emily, a su juicio, “los únicos que valen la pena” del volumen que publicaron las tres: “No se trataba de efusiones corrientes ni se parecía en nada a los versos que suelen escribir las mujeres”, escribe Charlotte. “Me parecieron directos y tersos, vigorosos y genuinos. […] Tenían una musicalidad particular, salvaje, melancólica y edificante”. Estos últimos calificativos –salvaje, melancólica y edificante– también pueden aplicarse a su obra maestra; e incluso, guiándonos por el retrato esbozado por su hermana mayor, a su propia autora, Emily Jane Brontë (Thornton, 1818-Haworth, 1848), que publicó su obra maestra bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell para sortear los obstáculos de la época a la publicación de mujeres escritoras. Murió a los 30 años de tuberculosis, como su hermana Anne (Thornton, 1820-Scarborough, 1949) unos meses después. Desde niña acarició el sueño, compartido con sus hermanas, de convertirse en escritora. Solo llegó a escribir una novela, además de los poemas, pero su huella en la historia de la literatura, junto con el misterio que rodea al clan Brontë, no deja de provocar fascinación. Una fascinación que se materializa en múltiples vertientes de la cultura contemporánea, en la que, por supuesto, no puede ignorarse el cine. Su nueva adaptación , dirigida por Emerald Fennell –actriz en otras adaptaciones literarias, como Anna Karénina (2012), La chica danesa (2015), Pan (Viaje a Nunca Jamás) (2015) o Vita y Virginia (2018)–, con Margot Robbie y Jacob Elordi en los papeles protagonistas, es la última aproximación al clásico, en plena ola de un renacimiento del interés por las historias góticas románticas. Historias tenebrosas para un mundo sombrío Tendencias como el dark academia –un subgénero de la literatura gótica que engloba la ficción de internados y colleges , con una estética oscura y de aire clásico, como el libro Babel (2022), de R. F. Kuang, o la serie de televisión Miércoles (2022-2025), por poner dos ejemplos recientes–, el redescubrimiento de El secreto (1992), de Donna Tartt, que se ha convertido en fenómeno viral de las comunidades lectoras en línea, o la reedición de clásicos contemporáneos como El mago (1965), de John Fowles, y Posesión (1990), de A. S. Byatt, indican una receptividad renovada hacia el género gótico por parte de las nuevas generaciones de lectores. Esta corriente literaria llega después de una década de predominio de la autoficción y la narrativa más contemporánea entre los jóvenes, con autores como Sally Rooney , Caitlin Moran , Naoise Dolan y Gabrielle Zevin a la cabeza, o, en España, Eva Baltasar , Cristina Morales , Elisa Victoria o Marta Jiménez Serrano , entre otros. Frente al gran relato, se impuso un tipo de novela más íntima, que pone la lupa sobre los conflictos personales en un proceso de redefinición de la identidad, de explicarse a uno mismo en diferentes etapas vitales. El auge, o más bien el regreso a primera línea, de la literatura de tintes lóbregos con un marco que remite a tiempos remotos puede deberse, para empezar, a una reacción de hartazgo ante la tendencia precedente: llega un punto en el que las historias individuales, los traumas expuestos (no solo en los libros), dejan de impactar, cansan. Esas narraciones, además, suelen ser breves, su lectura dura poco, como tantas prácticas de esta era de la inmediatez. En la búsqueda de un clásico o una versión renovada del género gótico, que son novelas de largo aliento, se observa un deseo de duración, de la lectura como refugio en el que permanecer durante varios días o semanas, en oposición al consumo rápido, al ritmo frenético que impone la sociedad. Jaco Elordi y Margot Robbie en la reimaginación del clásico de Emerald Fennell Los temas, así como la ambientación (fundamental en este tipo de historias), tampoco se pueden separar del contexto sociopolítico en el que vivimos. Porque lo que es tendencia no son las comedias de P. G. Wodehouse, David Nobbs o Eduardo Mendoza , sino algo que, a menudo, roza lo macabro. No solo por la ficción gótica de aire clásico: la nueva generación de escritoras latinoamericanas (como Samanta Schweblin , Mariana Enriquez o Mónica Ojeada , entre otras) o la omnipresente novela negra en el territorio best-seller , cada vez más tétrica, también responden, desde otras técnicas literarias, a ese patrón. También están aumentando los sellos editoriales dedicados al género del terror, tan a menudo relegado al circuito alternativo: La Biblioteca de Carfax , Dilatando Mentes , Horror Vacui u Obscura , que se unen a las veteranas como Valdemar . ¿Por qué esta atracción por lo turbulento? Quizá porque el sentimiento contemporáneo que impera es, junto con la incertidumbre, el miedo. El trumpismo, la extrema derecha europea, la emergencia climática o la crisis de la vivienda son solo algunas de nuestras preocupaciones más habituales, más definitorias de estos tiempos. Y, aunque de entrada suene a paradoja, tiene sentido que, ante el desasosiego, busquemos amparo en historias aún más oscuras que nuestro futuro. La ficción, al recrear escenarios extremos, traslada al lector a una situación que le permite anticiparse al desastre, sentir la emoción fuerte sin el dolor que conlleva en una experiencia real. Lejos de desalentar o asustar, tienen un efecto catártico. La fascinación por ‘Cumbres borrascosas’ Sin embargo, Cumbres borrascosas no es un caso del montón: esta obra, desde siempre, posee un magnetismo capaz de subyugar a lectores de cualquier época, muy diversos entre sí, y en diferentes etapas vitales. Es frecuente llegar al libro por primera vez en la adolescencia, atraídos por esa promesa de romance intenso entre Heathcliff y Catherine, tan diferente a (otra lectura de formación) las parejas de Jane Austen . En la práctica, no obstante, lo que uno encuentra, más aún cuando se vuelve a leer años después, es una narración con muchas capas. Misteriosa, sí, aunque no en el sentido convencional. Es un misterio cómo Emily Brontë logró ensamblar una novela como esta; un clásico, un referente y, por eso mismo, un hito imposible de igualar. Porque está escrita con algo más que oficio: se diría que la escribió “en estado de gracia”, tiene ese “don”, ese talento inclasificable de los genios, un hechizo, un arte, lo que en música se llamaría “duende”. Ese es el encanto sombrío que ya constató su hermana Charlotte, y que grandes escritores de todos los tiempos, como Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ernest Hemingway o Margaret Atwood , han venerado. Cumbres borrascosas narra una relación tormentosa, pero es mucho más que la historia ¿de amor? Una de sus claves se encuentra en el punto de vista: la acción comienza con el motivo clásico de la llegada de un forastero, que conocerá el pasado de su casero, un señor Heathcliff hosco y amargado, a través del relato del ama de llaves, la señora Dean, que encaja en lo que se conoce como narrador no confiable, otro recurso recurrente del género. En otras palabras: el lector descubre esta historia a través de la mirada subjetiva de un personaje vinculado a los protagonistas, que le comunica, ni que sea de manera inconsciente, sus afectos y prejuicios. Margot Robbie en la nueva versión de 'Cumbres Borrascosas' Esto, unido a la estructura –dos historias sucesivas, la de los protagonistas, Heathcliff y Catherine, y, a continuación, la de sus herederos, que en cierto modo repite el patrón en lo que hoy puede interpretarse como la historia un linaje en el que las heridas no curadas se heredan de generación en generación–, da lugar a una obra con múltiples capas, con esa narración dentro de la narración, ese trasvase de protagonismo sin dejar de constituir un todo, con ese halo de leyenda, de mito que los envuelve a todos. Esto último, además de reforzarse por las eventuales inexactitudes de la narradora y su sistema de valores, se alimenta del paisaje en el que se desarrolla: los sombríos páramos de las colinas de Yorkshire, donde las hermanas crecieron. Hijas de un pastor anglicano, su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de la madre (en 1821), recibieron una educación exquisita y en su juventud trabajaron como institutrices –experiencias que a Charlotte le inspiraron, en parte, Jane Eyre (1847), Villette (1853) y El profesor (1857); y, a Anne, Agnes Grey (1847)–. Desde pequeñas cultivaron el amor por la lectura y, desde su pueblo aislado en aquel paraje agreste, fantaseaban con mundos imaginarios a los que escapaban en sus juegos, que, poco a poco, se convirtieron en tentativas literarias más serias. Las hermanas eran jóvenes solitarias, tenaces y perseverantes en su propósito de ser escritoras. De Emily, dice Charlotte que en su carácter “parecían encontrarse los extremos de la sencillez y el vigor”: “Bajo una cultura sencilla, unos gustos naturales y sin artificio y una apariencia modesta, había una fuerza secreta y un fuego que podrían haber inspirado el cerebro e inflamado las venas de un héroe”. Las inagotables lecturas de un clásico Obra y autor siempre van unidos, pero a veces otro creador lleva un texto a su terreno y da forma, con su estilo, a una creación nueva, acorde con la sensibilidad de su tiempo y de su artífice. Es lo que ha hecho la cineasta Emerald Fennell con su adaptación, y con ello ha vuelto a poner el clásico sobre la mesa de novedades. Son muchas las editoriales que, aprovechando la ausencia de derechos sobre el texto, se han lanzado a reeditarla en ediciones para todos los gustos (y bolsillos), desde la exquisitez de las de Siruela (trad. Cristina Sánchez-Andrade) o Molino (trad. Nicole d’Amonville) a los formatos más económicos de Alianza (trad. Rosa Castillo) o Austral (trad. Rafael Santervás). Pero si una edición que sobresale por méritos propios es la de Akal : una joya editada y anotada por la investigadora Janet Gezari (Newark, Nueva Jersey, 1945), que, después de una carrera dedicada al estudio de las hermanas Brontë, la poesía victoriana y otros autores como Vladímir Nabókov, en 2014 publicó una exhaustiva edición del clásico que ahora ve la luz en castellano con traducción de Lucía Márquez de la Plata. Este volumen, de gran tamaño, forma parte de la colección de la editorial dedicada a las ediciones anotadas de clásicos , en la que también están Mujercitas , Frankenstein , Peter Pan y Orgullo y prejuicio , entre otros. No es un libro para quienes descubran Cumbres borrascosas por primera vez, sino para los que ya son grandes amantes de esta novela: hay un perfil biográfico de la autora y su familia, análisis de cada capítulo, asociaciones de determinados pasajes con las influencias de Emily y otras obras, comentarios sobre las adaptaciones y diversas curiosidades. El texto se acompaña de una amplia selección de fotografías de pinturas, grabados, ediciones originales y escenas de las películas. En suma, la de Janet Gezari es una edición excepcional por la profundidad del estudio, la calidad de la encuadernación y el atractivo visual que proporcionan las imágenes; un libro digno de regalar a uno de sus entusiastas o de regalarse a uno mismo para celebrar la nueva adaptación de la novela. Porque, sí, todavía queda mucho por desentrañar de Cumbres borrascosas y las Brontë, todavía pueden ofrecerse nuevas aproximaciones, matices y precisiones que enriquezcan la perspectiva de quienes ya la conocen y que, a la vez, la acerquen a las nuevas generaciones. Bienvenidos a este universo de obsesión, relaciones posesivas, desdicha y abatimiento que, en pleno siglo XXI, sigue muy vivo.

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En el debate entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económica, política y socialmente, se soslaya un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata. No basta con regularizar inmigrantes, hay que incluirlos Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España se ha convertido también en un icono internacional debido a su política migratoria. En tiempos en los que los gobiernos occidentales están aprobando duras políticas de restricción de los flujos migratorios, el gobierno de coalición ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares. La cuestión se ha internacionalizado en prensa porque es un movimiento que va a contramano de la política dominante y coincide con el momento más duro de la represión anti-migratoria de Estados Unidos en las últimas décadas. El debate consecuente tiende a polarizarse entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales o porque los inmigrantes proporcionan un beneficio a las economías, y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económicamente a ciertos grupos sociales nativos, porque promueven la inestabilidad política y social, porque amenazan las conquistas sociales del Estado del Bienestar o, sencillamente, por razones fundadas en la xenofobia y el racismo. Pero todas estas interpretaciones soslayan un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata. Las migraciones en perspectiva histórica Empecemos por lo básico: la mayoría de las personas no quieren emigrar, y cuando lo hacen es porque están empujadas por circunstancias políticas, sociales, ecológicas o económicas. Pero no tienden a “aterrizar” en cualquier lado, sino que se dirigen casi en su totalidad hacia donde existe demanda de mano de obra. Es decir, es la lógica capitalista la que condiciona de manera importante los flujos migratorios. No por casualidad las primeras grandes migraciones de la economía-mundo, a partir del siglo XVI, tomaron la forma de trabajo esclavo o contratos de servidumbre. No menos de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras —más del 8% en embarcaciones españolas— para convertirse en mano de obra esclava en las plantaciones coloniales, fundamentalmente en América. Como he explicado con más detalle en La guerra por la energía: Poder, imperios y crisis ecológica , aquel trabajo forzado constituyó el elemento central que durante los siglos siguientes garantizaría un flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales. El resultado fue la instauración de un modo imperial de vida del que se benefició el conjunto de países occidentales, que accedían así a calorías, ropa y otros productos mucho más baratos. O, dicho de otra forma, los países occidentales se beneficiaban de un salario real más alto del que hubiera existido en ausencia de aquella explotación de carácter imperialista. Ya desde el comienzo, con aquellas primeras industrias capitalistas que fueron las plantaciones esclavistas —que se anticiparon varios siglos al arquetipo de fábrica de producción estandarizada y con trabajo altamente supervisado—, se ponía de relieve que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor estructural central en la activación y canalización de los movimientos migratorios. Incluso en lugares donde inicialmente se había recurrido a la población indígena o a la población blanca, como en las minas del Potosí o en las colonias británicas de Norteamérica, esa oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda tan elevada de mano de obra, lo que empujó a los mercaderes y capitalistas a recurrir crecientemente a los esclavos africanos. Ya en el siglo XIX, y gracias al abaratamiento de los pasajes transatlánticos, se produjeron nuevos extraordinarios movimientos de personas. Se ha calculado que entre mediados de siglo y hasta la primera guerra mundial se dirigieron hacia el Nuevo Mundo —sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia— más de 55 millones de europeos. Esta mano de obra entrante, mucho más barata que la nativa, fue determinante para el ascenso e industrialización de los países americanos, particularmente de Estados Unidos. Cabe recordar que, hasta el período de entreguerras, los controles a la movilidad internacional eran significativamente más laxos que en la actualidad, aunque estaban atravesados por jerarquías coloniales y raciales. Tras las dos Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Aun así, los países europeos recuperaron sus economías gracias a la mano de obra barata que proporcionaba la inmigración, que se atraía a través de programas estatales, pero también de los irregulares que llegaban desde países más pobres —en menos de veinte años Alemania recibió unos 14 millones de trabajadores en régimen de rotación, no pocos de ellos españoles—. En la época neoliberal los flujos migratorios se mantuvieron impulsados por la demanda de mano de obra, pero no sólo en Europa: en algunos países del Golfo Pérsico la mano de obra migrante representa actualmente más del 50% de la población, que es atraída a través del sistema kafala que vincula legalmente a los más de veinte millones de trabajadores a sus empleadores —el trabajador no puede salir del país sin permiso ni cambiar de puesto de trabajo, y pierde el derecho de residencia al perder el empleo—. A este patrón migratorio histórico se suma hoy la crisis ecológica global. La degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actúan como multiplicación de las dinámicas de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. Pero, de nuevo, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina en qué condiciones esas personas son incorporadas al mercado de trabajo. Precariedad y explotación migrante Así, en esta dinámica capitalista en la que el ser humano es reducido a un recurso explotable —como la propia naturaleza—, existe una demanda estructural de mano de obra por parte de las economías más industrializadas. La inmensa mayoría de los inmigrantes llegan a los países de destino para cubrir actividades de bajo valor añadido, tales como la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, reparto y trabajos de cuidados. De hecho, el bienestar de las poblaciones occidentales sería impensable sin la existencia de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones de trabajo son altamente precarias y vulnerables, especialmente cuando se realizan en condiciones de irregularidad administrativa. Los migrantes procedentes de países más pobres aceptan condiciones de trabajo peores que los nativos porque su posición jurídica y social debilita su poder de negociación colectiva, facilitando salarios más bajos, mayor flexibilidad forzada y menores costes de despido para el empleador. Esto produce una segmentación del mercado, lo que tiene consecuencias socioeconómicas de gran magnitud. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los nacidos en el extranjero es del 44% frente al 19% de los nacidos en el país. Como flujo funcional al beneficio capitalista, el grifo de la migración es abierto y cerrado en función de las necesidades del capital. Cuando los migrantes son canalizados dentro de programas públicos o públicos-privados, en el momento bajo del ciclo económico se les devuelve a sus países de procedencia —un recurso barato estrictamente de “usar y tirar”—, pero cuando se trata de movimientos no canalizados son las políticas de migración las que funcionan como una válvula que se abre y cierra. Las redadas y las deportaciones se multiplican cuando el recurso ya no aparece como necesario para las necesidades estructurales del sistema. La condición de irregularidad en la que recaen los inmigrantes los hace especialmente vulnerables. Al fin y al cabo, la amenaza de deportabilidad es también una forma adicional de disciplinar la mano de obra, facilitando su explotación y abuso por parte de los empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay casi 10 millones de inmigrantes irregulares, con una fuerte concentración en la construcción, la restauración y la agricultura. Todas esas personas reciben ingresos, consumen y pagan impuestos—hasta 90.000 millones anuales, según el American Inmigration Council—, pero carecen de derechos políticos y tienen que asumir las condiciones laborales que les impongan sus empleadores. Es aquí donde la propuesta del Gobierno de Sánchez gana enteros, porque tiene un carácter moral y pragmático al mismo tiempo: se trata de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestras comunidades, y por lo tanto les permiten protegerse frente a los abusos. Pero al mismo tiempo, el análisis se queda corto si se limita a la pretensión de regularizar a todo el mundo, pues corre el riesgo de ocultar las condiciones de superexplotación de los inmigrantes y de perpetuar el racismo estructural que se deriva de esa dualidad laboral. Sin una política laboral activa -refuerzo sustancial de la inspección de Trabajo, persecución de la subcontratación fraudulenta, extensión real de la negociación colectiva, sanciones efectivas a los empleadores que se benefician de la irregularidad y garantías de acceso a la sindicación- la regularización puede convertirse en una medida necesaria pero insuficiente. Solidaridad de clase Una perspectiva más aguda debería evitar mistificar la procedencia de los bienes y servicios que se consumen en un país y que forman el centro del bienestar material de las sociedades contemporáneas. Hoy, como ocurre desde el siglo XVI, una parte considerable de nuestro consumo-bienestar es barato porque se produce una explotación de recursos naturales y de personas tanto en la economía-mundo como en el interior de nuestras comunidades. De la misma manera que nuestra ropa es relativamente barata porque hay trabajadores explotados en las periferias de la economía-mundo, parte de nuestro sistema alimentario y de cuidados se sostiene en la superexplotación de personas migrantes a nivel nacional. La competencia entre trabajadores no es un resultado natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Allí donde una parte de la fuerza de trabajo carece de estabilidad jurídica, de protección sindical efectiva y de capacidad real para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que termina afectando al conjunto de la clase trabajadora. La clave no es, por tanto, reducir la inmigración, sino reducir la segmentación institucional del mercado de trabajo. Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza directa para los trabajadores nativos -una narrativa hoy promovida tanto por la extrema derecha como por sectores que se reclaman de izquierdas-, este escenario abre la oportunidad de tejer alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto y dentro de los límites del planeta. Y aquí tanto el sindicalismo como el gobierno de coalición han dado pasos muy importantes, no sólo regularizando migrantes y subiendo el salario mínimo sino también persiguiendo la explotación laboral que se produce en los sectores de la economía informal. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.

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El sistema fiscal se enfrenta al reto de paliar los efectos de las nuevas tecnologías en el empleo y en la recaudación. ¿Es posible crear un tributo específico para la automatización? Las propuestas pasan por reformar Sociedades o crear cánones específicos Las inversiones disparadas y la falta de retornos activan la cuenta atrás de la burbuja de la IA Han pasado 58 años desde que el escritor Philip K. Dick se hiciera una pregunta clave para la historia de la ciencia ficción: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Medio siglo después, con algoritmos reconvertidos en psicólogos y despidos masivos bajo la excusa del desarrollo tecnológico , la pregunta que comienza a barruntarse en la academia económica es otra: ¿Deben los robots empezar a pagar impuestos? El debate es una vuelta de tuerca más al ya mainstream ‘ Tax the rich! ’ (¡Impuestos para los ricos!), toda vez que las grandes empresas tecnológicas lo son cada vez más, y las promesas de progreso y empleos de alto valor añadido se difuminan entre anuncios millonarios en Inteligencia Artificial, a pesar de que aún no hay números que sostengan la fiebre inversora . Una jornada celebrada este lunes en el Congreso, organizada por Más Madrid, reunió a un nutrido grupo de economistas y expertos en empleo, fiscalidad, educación y tecnología para discutir sobre un nuevo frente con los tecno-oligarcas, justo cuando el presidente Pedro Sánchez se ha convertido en el objeto de las críticas de magnates como Elon Musk (Tesla) o Pável Dúrov (Telegram). “¿Cuál es el contrato social que vamos a hacer en la era digital?”, se preguntó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la apertura de la jornada. “Queremos ponerles impuestos, no a los robots, pero sí a unas tecnologías que están sustituyendo a un modelo claro de redistribución de la riqueza, de nuestras fuerzas de trabajo y de la tecnología”, respondió. Empresas fuera del alcance de Hacienda El eslogan y el objetivo están claros, pero los expertos dudan sobre cómo conseguir el objetivo. El principal escollo: las grandes empresas tecnológicas son compañías con sede, mayoritariamente, en Estados Unidos. Y el derecho tributario internacional tradicional ha limitado el margen de maniobra para las Haciendas nacionales en solo aquellas empresas con presencia permanente en el país, algo que las grandes tecnológicas esquivan fijando sus sedes en países como Irlanda, con un sistema fiscal muy laxo para las multinacionales . “Las reglas actuales no están adaptadas al nuevo contexto”, reconoció Pascal Saint-Amans, el exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, uno de los impulsores del impuesto mínimo global para las grandes empresas (Pilar II) y de la reforma de la imposición para las multinacionales, de tal manera que se graven los servicios en los países y jurisdicciones donde las multinacionales los venden y no donde tienen su sede (Pilar I). Había cierto consenso sobre estas reformas en el seno de la organización multilateral, pero una de las primeras decisiones de Donald Trump a su vuelta a la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos de ambos acuerdos. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y ex secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, defendió que “lo fácil desde el punto de vista fiscal” sería gravar la renta y el patrimonio de las grandes compañías a través de una reforma del Impuesto de Sociedades que, indirectamente, elevaría la tributación de las grandes tecnológicas. “Esta figura tributaria hay que repensarla para que no necesariamente graves los resultados contables, en un contexto en el que los grandes grupos empresariales mueven sus bases imponibles entre países, sino que estén gravados con un proxy [indicador] como los ingresos”, propuso. Otros cambios pasarían por hacer tributar la automatización eliminando reducciones fiscales para aquel capital maquinizado o introducir recargos en Sociedades en función de la intensidad de la robotización del empleo, la sustitución neta de puestos de trabajo ‘humanos’ por máquinas o las rentas extraordinarias derivadas de algoritmos. Además, Álvarez subrayó la necesidad de poner el foco en las grandísimas fortunas –potenciales beneficiarias de estas inversiones millonarias en tecnología– a través de la conocida como ‘ tasa Zucman ’. Los cambios en el Impuesto de Sociedades son también una solución para el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universitat de València, Adrián Todolí. “Las tres grandes tecnológicas de Estados Unidos ganan lo mismo que las tres grandes industriales, pero con una novena parte de trabajadores”, ejemplificó. “En el sistema actual, el mayor repartidor de la riqueza es el salario. ¿Qué pasa si se gana mucho con pocos trabajadores? Que el capital se lo queda”, zanjó. Para Todolí, el Impuesto de Sociedades debería ganar progresividad (que paguen más las empresas que más ganan) y no ser solamente proporcional. Una progresividad no solo en relación con sus ingresos, sino también con el número de trabajadores “Si ganas mucho con muy pocos trabajadores, pagarás más. Esto solventará otras cuestiones, como el tema de los falsos autónomos o de la subcontratación”, propuso. Los otros retos: los datos y el diseño de un impuesto “beligerante” Los retos del sistema fiscal no pasan únicamente por la incapacidad de Hacienda de cobrar a empresas extranjeras. También porque es muy complejo hallar cifras que muestren los efectos de la digitalización sobre algunos factores clave para el mercado laboral –el primer indicador en resentirse por estos avances–, como el salario o los despidos colectivos. Por ejemplo, el Observatorio de Márgenes que desarrolló el Gobierno tras la crisis inflacionaria, a pesar de su detalle, no tiene la capacidad de recoger estos fenómenos, como reconoció uno de sus encargados, el Subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios de la Agencia Tributaria, Rafael Frutos. “No podemos tratar de poner un impuesto a algo cuyo proceso no controlamos. Tenemos indicadores que podemos utilizar, que nos sirven para el combate y pelear las cosas, pero lo verdaderamente importante está por medir y no lo podemos hacer con los medios actuales”, apuntó. Julia María Díaz, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, apuntó al diseño de esos futuribles impuestos, que deberían tener en cuenta múltiples aspectos: si son recaudatorios o “extra fiscales” –es decir, buscan desincentivar comportamientos como la destrucción de empleo–, cómo se aplica la automatización por sectores y, al tratarse de un tributo vinculado a una transición tecnológica, si es provisional o duradero. Hablar de un impuesto a los robots parte de cuestionarse, dice la profesora, si los propios robots serán los contribuyentes –un debate no solo legal, sino incluso ético–, o si lo serán sus propietarios, sus fabricantes o los propios usuarios. Por su parte, el portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín, defendió que cualquier impuesto a las tecnológicas debe ser “beligerante” para “orientar la tecnología hacia donde queremos”. “Ha habido una huelga muy importante de los guionistas de Hollywood porque se están desarrollando IA que intentan sustituir el trabajo creativo. A eso nos deberíamos oponer: no necesariamente con su prohibición, pero sí gravando con impuestos el ahorro de trabajo en determinadas organizaciones”, insistió. El abanico de posibilidades que esbozó Martín es más amplio que la sola reforma del Impuesto de Sociedades: a través de pago de licencias obligatorias para las IA que realizan tareas creativas, cánones para aquellos modelos que beben de obras publicadas, tasas a las plataformas que automatizan la información cultural… “Para eso podemos utilizar la imposición, para incentivar esos comportamientos”, dijo el economista, que reclamó imaginación y “sacar conejos de las chisteras” para desbaratar las estrategias de las grandes tecnológicas para evitar sus obligaciones tributarias. La pregunta de Philip K. Dick derivó, catorce años después, en el guion de Blade Runner , una de las cintas de culto en la historia del cine. ¿Cristalizará el debate en un impuesto a los robots y a las grandes tecnologías? La respuesta no está clara, pero hemos visto cosas que nuestros antepasados no creerían.

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Me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime: creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo Crónica - Desde Venezuela hasta Cuba: Trump usa la fuerza y la asfixia para derrocar Gobiernos que no le gustan Dormía profundo cuando el revuelo de mis gatas me despertó. Una me daba con la pata en la cara, las tres se me subían por la espalda, saltaban en la cama y tiraban cosas al suelo. Me incorporé sin comprender lo que pasaba. En pocos segundos escuché el estruendo, tiroteos y lo que pensé que eran helicópteros. Corrí a mi biblioteca a encender la computadora y me metí en X. ¿Nos están bombardeando? Nos están bombardeando . A la mayoría la tomó por sorpresa. Después de cinco meses de amenazas en las que pocos creían, llegó el lobo y derrocó a Nicolás Maduro. O lo secuestró, como dicen los izquierdistas del mundo, y los chavistas. De imprudente me asomé por la ventana: un sinfín de columnas naranja intenso, como si un dragón exhalara fuego con fuerza hacia el cielo. Desde mi casa, en una zona alta de Caracas, divisé varios puntos arder. Parecía que intentaban formar una figura geométrica. Se escuchaban las aspas de los helicópteros. Había aviones que solo vi en Instagram. Fuego, miedo e histeria esparcido por todo el valle de Caracas, La Guaira y Aragua. En muchos sitios se fue la luz y en mi casa se cayó internet, pero yo tenía señal en mi móvil. Leí en el 'New York Times', hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí Los gringos al final nos atacaban, todo el mundo lo tenía claro. Aunque nadie sabía del destino de Nicolás, Cilia, Diosdado ni los hermanos Rodríguez. Mis ventanas crujían y la estructura de metal se movía al ritmo de una danza macabra. En las redes, la gente de casas aledañas a los blancos de los norteamericanos, contaba lo que veía. Reportaban desde La Carlota, en los alrededores de la base de aviación y de la Casona; desde Prados del Este, Manzanares y Cumbres de Curumo, cerca de una de las entradas de Fuerte Tiuna, donde estaba el búnker de Maduro. El ruido desesperante de la “operación quirúrgica” duró un poco más de dos horas. La “extracción” de Maduro y Cilia, menos de tres minutos. Allí sí hubo enfrentamientos y liquidaron a todo el mundo. 130 muertos, destrozos en toda Caracas, el aeropuerto de Higuerote en ruinas, los edificios frente a Maiquetía arrasados. También lanzaron drones sobre la zona y, por rebote, destruyeron edificios residenciales. Murieron vecinos y perdieron sus casas. Pero fue una operación limpia, hecha con pinzas. Ninguna baja de marines. No quiero saber qué pasaría con una invasión. Cerca de las cuatro terminó el bombardeó, pero pasaron horas antes de que pudiera hacerme una idea de lo que había pasado. ¿Nos habrían invadido? ¿Habrían entrado los marines? El silencio era aterrador. Nada se movía, no se escuchaba ni una voz, creo que la gente susurraba. Ese silenció se prolongó un día y medio. Desprevenida como muchos, no había guardado comida. Los gabinetes estaban vacíos; en la nevera, solo agua. Llamé a la panadería que queda a dos cuadras de mi casa: ¿iban a abrir? Me preguntaron si estaba loca. Sí tenía un buen acopio de pienso para gatos y medicamentos por otra razón: sospechaba que el bloqueo nos iba a llevar a un escenario como el de 2016. Nada de comida ni medicamentos a menos que te los mandaran del exterior o pudieras viajar para aprovisionarte. Pero esa es otra historia desgarradora: los años del hambre. Le escribí a un amigo que vive cerca de Fuerte Tiuna, en el este de Caracas, en un reducto de nuestra extinguida clase media. Nada: solo una raya en su WhatsApp. Me alarmé. Pensé que el ataque a la fortaleza de Maduro había arrasado su casa. En redes circulaban videos de helicópteros y aviones norteamericanos enzarzados en combates contra el fuego antiaéreo venezolano. Me escribió cuando volvió la luz: estaba vivo y su edificio intacto, pero en shock . Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones Leí en el New York Times , hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear . Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí. El 4 de enero me llamó: “Tenías razón. Nos bombardearon”. Esa lectura había producido una epifanía, tuve la certeza visceral de un final cruento. La aparición de Delcy Rodríguez En algún momento de esa mañana, Delcy Rodríguez dijo en VTV que habían secuestrado a Maduro y a Cilia. Por un momento pensé que estaba en Rusia con su hermano Jorge, porque no había imagen. No fue así. Horas más tarde, Delcy apareció en Miraflores. Mi recuerdo sobre lo que dijo es brumoso. Al día siguiente, cuando se instaló el Parlamento para el período 2026-2031, su hermano Jorge Rodríguez, el sempiterno presidente de la Asamblea Nacional, la juramentó como presidenta encargada. La acompañaban los ministros de Defensa y de Justicia, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. El rostro furioso e impotente de Cabello me impresionó. Los labios fruncidos y la mirada asesina. Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro . Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones. Silencio sobre los muertos Lo que de verdad pasó ese día, pocos lo saben. El Gobierno ha guardado con celo el nombre de los fallecidos y ha dado una cifra que dista mucho de la publicada en medios internacionales. Solo se sabe que murieron 32 cubanos, porque se repatriaron sus cuerpos y Díaz-Canel hizo un funeral con honores. El miedo, el cerco policial y la autocensura por prevención han hecho que los periodistas no salgan a buscar esas historias. Además, la ciudad está tomada por los cuerpos policiales y militares, cualquiera que sea su nombre. Todos intimidan. Llevan capuchas y fusiles inmensos. Al principio había muchas alcabalas. A mí todavía me aterrorizan, lo confieso. Pero fuera sí se han publicado algunas buenas historias, antes y después. Recuerdo una de la BBC: un padre en duelo por su hijo. Ahí estaba el hombre en el Cementerio del Sur, apoyado en un murito de cemento, con la mirada fija en la foto de su hijo junto a su lápida. Era un cadete muy joven. Ese rostro de dolor por una muerte en vano me hizo soltar unas lágrimas. Todo por una guerra que ese muchacho no querría pelear. Quise abrazar a ese padre desconsolado. Imagen de un edificio de viviendas destruido por el bombardeo estadounidense en La Guaira (Venezuela). De nuestros muertos nadie habla. Están fuera del debate público. La oposición los ignora: son pobres. Y al gobierno de facto tampoco le interesa divulgar la dimensión del ataque y las historias de los caídos. Según el New York Times fueron 130, no los 75 que reporta el Ministerio de Defensa. En Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Maiquetía, y en Higuerote hubo víctimas civiles y edificios residenciales en escombros. Tres semanas después del ataque, el alcalde de Baruta, Gustavo Duque, visitó La Carlota y escribió en un post que el 90% de las casas cerca de La Carlota estaba en ruinas. La Alcaldía prometió ayudar a reconstruirlas. La renuncia a la política Quizá soy rara, pero a mí me dolían y me duelen esas muertes que se despachan como “daño colateral”. En algunas personas, el odio a Maduro y la felicidad por su secuestro han borrado todo rastro de humanidad. Me indigna que en todo este largo conflicto paguen los más inocentes, y que los líderes ni siquiera por pudor hablen de las vidas truncadas. Es un peaje, dicen muchos, el precio que hay que pagar por salir del chavismo. Me niego a verlo así. Al chavismo había que vencerlo con un verdadero trabajo político. Es verdad que son tramposos, hasta criminales, pero no acepto el “solos no podemos”. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención. Soy de las pocas periodistas venezolanas que desconfía de María Corina Machado. Siempre he rechazado las salidas insurreccionales y las sanciones económicas. Me pareció absurdo que le dieran el Nobel de la Paz a Machado e interpreté el discurso del Comité como una justificación de la fuerza bruta. Es verdad que el chavismo está atornillado al poder y cada vez que parece vencido se saca un as de bajo la manga e invierte la situación. La gente dice que lo hemos intentado todo y eso en parte es verdad. Pero jamás hemos tenido una autocrítica sincera de las torpezas de la oposición que han contribuido a fortalecer al chavismo. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención Nadie ha reconocido que los llamados a la abstención fueron errores garrafales. Tampoco que las aventuras insurreccionales, amén de inútiles, dejaron a una catarata de civiles y militares presos. Pienso en el ataque con un dron a Maduro en el centro de Caracas o en la ridícula “operación Gedeón”, lideradas por Julio Borges y Leopoldo López, respectivamente. Puedo seguir enumerando todas las locuras de unos adversarios que han demostrado, en estos 25 años, no ser una alternativa de poder. María Corina Machado ha formado parte de todos estos desastres. Hasta del golpe de Carmona Estanga en 2002. El mismo elenco de gobierno y la misma oposición han ido envejeciendo sin dar paso a nadie. Un statu quo al que no le importa la gente. Después de meses de un intenso lobby en Washington, de cortejar a senadores republicanos y a aliados en toda la fauna de la extrema derecha latinoamericana y europea, se creó un clima proclive a que Maduro saliera al costo que fuera. Pero los medios que emplees determinan el fin. El uso de la fuerza es la renuncia a la política, es claudicar, y muestra que no crees en la democracia, sino en el poder. Es raro que una persona pida un ataque militar en su propio país para que, cuando depongan al dictador... Eso es tercerizar la acción política. Al final, esa oposición en el exilio junto a María Corina Machado ha perdido su apuesta. Después de todo lo invertido en campañas de apoyo a una salida militar, Trump y Marco Rubio decidieron que gobernara el chavismo, la causa era conocida. Machado no tiene apoyo interno para gobernar, informó la CIA. Ni falta que hacía. Sabíamos que no existía ese plan de 100 horas para tomar el control del territorio, que era absurdo. La verdad es que ni el chavismo tiene un verdadero control territorial. La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses Los medios internacionales revelaron las inconsistencias del programa de gobierno de Machado. No era verdad que el 80% de los militares estuviera con la oposición ni que se pudiera purgar al otro 20%. Era fácil adivinarlo. ¿Cómo se sostiene Maduro entonces? No eran más que inferencias de los resultados del 28 de julio. Pero una cosa es votar sin que nadie te vea y otra cuadrarte ante otro comandante. La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses . Aunque sea inverosímil, mucha gente piensa que Delcy Rodríguez cumplirá los designios de Trump y calmará a los chavistas que se sienten vejados. Creen que lo hará para evitar el segundo bombardeo con el que Washington nos ha amenazado varias veces. Yo no lo creo. Si María Corina fuese norteamericana y hubiese promovido —aun sin éxito— un bombardeo a Estados Unidos, la habrían procesado por traición a la patria. Es falso que en el amor y en la guerra todo valga. Hay líneas que no deberíamos cruzar. Machado y su oposición, para mí, están fuera del juego político por su sectarismo y por la gracia del bombardeo. También por su falta de empatía: ni siquiera han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas. Es como si la gente afectada no existiera. A mí me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime. Creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Seguro que ni llegaré a verlo.

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En el debate entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económica, política y socialmente, se soslaya un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata. No basta con regularizar inmigrantes, hay que incluirlos Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España se ha convertido también en un icono internacional debido a su política migratoria. En tiempos en los que los gobiernos occidentales están aprobando duras políticas de restricción de los flujos migratorios, el gobierno de coalición ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares. La cuestión se ha internacionalizado en prensa porque es un movimiento que va a contramano de la política dominante y coincide con el momento más duro de la represión anti-migratoria de Estados Unidos en las últimas décadas. El debate consecuente tiende a polarizarse entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales o porque los inmigrantes proporcionan un beneficio a las economías, y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económicamente a ciertos grupos sociales nativos, porque promueven la inestabilidad política y social, porque amenazan las conquistas sociales del Estado del Bienestar o, sencillamente, por razones fundadas en la xenofobia y el racismo. Pero todas estas interpretaciones soslayan un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata. Las migraciones en perspectiva histórica Empecemos por lo básico: la mayoría de las personas no quieren emigrar, y cuando lo hacen es porque están empujadas por circunstancias políticas, sociales, ecológicas o económicas. Pero no tienden a “aterrizar” en cualquier lado, sino que se dirigen casi en su totalidad hacia donde existe demanda de mano de obra. Es decir, es la lógica capitalista la que condiciona de manera importante los flujos migratorios. No por casualidad las primeras grandes migraciones de la economía-mundo, a partir del siglo XVI, tomaron la forma de trabajo esclavo o contratos de servidumbre. No menos de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras —más del 8% en embarcaciones españolas— para convertirse en mano de obra esclava en las plantaciones coloniales, fundamentalmente en América. Como he explicado con más detalle en La guerra por la energía: Poder, imperios y crisis ecológica , aquel trabajo forzado constituyó el elemento central que durante los siglos siguientes garantizaría un flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales. El resultado fue la instauración de un modo imperial de vida del que se benefició el conjunto de países occidentales, que accedían así a calorías, ropa y otros productos mucho más baratos. O, dicho de otra forma, los países occidentales se beneficiaban de un salario real más alto del que hubiera existido en ausencia de aquella explotación de carácter imperialista. Ya desde el comienzo, con aquellas primeras industrias capitalistas que fueron las plantaciones esclavistas —que se anticiparon varios siglos al arquetipo de fábrica de producción estandarizada y con trabajo altamente supervisado—, se ponía de relieve que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor estructural central en la activación y canalización de los movimientos migratorios. Incluso en lugares donde inicialmente se había recurrido a la población indígena o a la población blanca, como en las minas del Potosí o en las colonias británicas de Norteamérica, esa oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda tan elevada de mano de obra, lo que empujó a los mercaderes y capitalistas a recurrir crecientemente a los esclavos africanos. Ya en el siglo XIX, y gracias al abaratamiento de los pasajes transatlánticos, se produjeron nuevos extraordinarios movimientos de personas. Se ha calculado que entre mediados de siglo y hasta la primera guerra mundial se dirigieron hacia el Nuevo Mundo —sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia— más de 55 millones de europeos. Esta mano de obra entrante, mucho más barata que la nativa, fue determinante para el ascenso e industrialización de los países americanos, particularmente de Estados Unidos. Cabe recordar que, hasta el período de entreguerras, los controles a la movilidad internacional eran significativamente más laxos que en la actualidad, aunque estaban atravesados por jerarquías coloniales y raciales. Tras las dos Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Aun así, los países europeos recuperaron sus economías gracias a la mano de obra barata que proporcionaba la inmigración, que se atraía a través de programas estatales, pero también de los irregulares que llegaban desde países más pobres —en menos de veinte años Alemania recibió unos 14 millones de trabajadores en régimen de rotación, no pocos de ellos españoles—. En la época neoliberal los flujos migratorios se mantuvieron impulsados por la demanda de mano de obra, pero no sólo en Europa: en algunos países del Golfo Pérsico la mano de obra migrante representa actualmente más del 50% de la población, que es atraída a través del sistema kafala que vincula legalmente a los más de veinte millones de trabajadores a sus empleadores —el trabajador no puede salir del país sin permiso ni cambiar de puesto de trabajo, y pierde el derecho de residencia al perder el empleo—. A este patrón migratorio histórico se suma hoy la crisis ecológica global. La degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actúan como multiplicación de las dinámicas de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. Pero, de nuevo, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina en qué condiciones esas personas son incorporadas al mercado de trabajo. Precariedad y explotación migrante Así, en esta dinámica capitalista en la que el ser humano es reducido a un recurso explotable —como la propia naturaleza—, existe una demanda estructural de mano de obra por parte de las economías más industrializadas. La inmensa mayoría de los inmigrantes llegan a los países de destino para cubrir actividades de bajo valor añadido, tales como la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, reparto y trabajos de cuidados. De hecho, el bienestar de las poblaciones occidentales sería impensable sin la existencia de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones de trabajo son altamente precarias y vulnerables, especialmente cuando se realizan en condiciones de irregularidad administrativa. Los migrantes procedentes de países más pobres aceptan condiciones de trabajo peores que los nativos porque su posición jurídica y social debilita su poder de negociación colectiva, facilitando salarios más bajos, mayor flexibilidad forzada y menores costes de despido para el empleador. Esto produce una segmentación del mercado, lo que tiene consecuencias socioeconómicas de gran magnitud. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los nacidos en el extranjero es del 44% frente al 19% de los nacidos en el país. Como flujo funcional al beneficio capitalista, el grifo de la migración es abierto y cerrado en función de las necesidades del capital. Cuando los migrantes son canalizados dentro de programas públicos o públicos-privados, en el momento bajo del ciclo económico se les devuelve a sus países de procedencia —un recurso barato estrictamente de “usar y tirar”—, pero cuando se trata de movimientos no canalizados son las políticas de migración las que funcionan como una válvula que se abre y cierra. Las redadas y las deportaciones se multiplican cuando el recurso ya no aparece como necesario para las necesidades estructurales del sistema. La condición de irregularidad en la que recaen los inmigrantes los hace especialmente vulnerables. Al fin y al cabo, la amenaza de deportabilidad es también una forma adicional de disciplinar la mano de obra, facilitando su explotación y abuso por parte de los empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay casi 10 millones de inmigrantes irregulares, con una fuerte concentración en la construcción, la restauración y la agricultura. Todas esas personas reciben ingresos, consumen y pagan impuestos—hasta 90.000 millones anuales, según el American Inmigration Council—, pero carecen de derechos políticos y tienen que asumir las condiciones laborales que les impongan sus empleadores. Es aquí donde la propuesta del Gobierno de Sánchez gana enteros, porque tiene un carácter moral y pragmático al mismo tiempo: se trata de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestras comunidades, y por lo tanto les permiten protegerse frente a los abusos. Pero al mismo tiempo, el análisis se queda corto si se limita a la pretensión de regularizar a todo el mundo, pues corre el riesgo de ocultar las condiciones de superexplotación de los inmigrantes y de perpetuar el racismo estructural que se deriva de esa dualidad laboral. Sin una política laboral activa -refuerzo sustancial de la inspección de Trabajo, persecución de la subcontratación fraudulenta, extensión real de la negociación colectiva, sanciones efectivas a los empleadores que se benefician de la irregularidad y garantías de acceso a la sindicación- la regularización puede convertirse en una medida necesaria pero insuficiente. Solidaridad de clase Una perspectiva más aguda debería evitar mistificar la procedencia de los bienes y servicios que se consumen en un país y que forman el centro del bienestar material de las sociedades contemporáneas. Hoy, como ocurre desde el siglo XVI, una parte considerable de nuestro consumo-bienestar es barato porque se produce una explotación de recursos naturales y de personas tanto en la economía-mundo como en el interior de nuestras comunidades. De la misma manera que nuestra ropa es relativamente barata porque hay trabajadores explotados en las periferias de la economía-mundo, parte de nuestro sistema alimentario y de cuidados se sostiene en la superexplotación de personas migrantes a nivel nacional. La competencia entre trabajadores no es un resultado natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Allí donde una parte de la fuerza de trabajo carece de estabilidad jurídica, de protección sindical efectiva y de capacidad real para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que termina afectando al conjunto de la clase trabajadora. La clave no es, por tanto, reducir la inmigración, sino reducir la segmentación institucional del mercado de trabajo. Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza directa para los trabajadores nativos -una narrativa hoy promovida tanto por la extrema derecha como por sectores que se reclaman de izquierdas-, este escenario abre la oportunidad de tejer alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto y dentro de los límites del planeta. Y aquí tanto el sindicalismo como el gobierno de coalición han dado pasos muy importantes, no sólo regularizando migrantes y subiendo el salario mínimo sino también persiguiendo la explotación laboral que se produce en los sectores de la economía informal. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.

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El sistema fiscal se enfrenta al reto de paliar los efectos de las nuevas tecnologías en el empleo y en la recaudación. ¿Es posible crear un tributo específico para la automatización? Las propuestas pasan por reformar Sociedades o crear cánones específicos Las inversiones disparadas y la falta de retornos activan la cuenta atrás de la burbuja de la IA Han pasado 58 años desde que el escritor Philip K. Dick se hiciera una pregunta clave para la historia de la ciencia ficción: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Medio siglo después, con algoritmos reconvertidos en psicólogos y despidos masivos bajo la excusa del desarrollo tecnológico , la pregunta que comienza a barruntarse en la academia económica es otra: ¿Deben los robots empezar a pagar impuestos? El debate es una vuelta de tuerca más al ya mainstream ‘ Tax the rich! ’ (¡Impuestos para los ricos!), toda vez que las grandes empresas tecnológicas lo son cada vez más, y las promesas de progreso y empleos de alto valor añadido se difuminan entre anuncios millonarios en Inteligencia Artificial, a pesar de que aún no hay números que sostengan la fiebre inversora . Una jornada celebrada este lunes en el Congreso, organizada por Más Madrid, reunió a un nutrido grupo de economistas y expertos en empleo, fiscalidad, educación y tecnología para discutir sobre un nuevo frente con los tecno-oligarcas, justo cuando el presidente Pedro Sánchez se ha convertido en el objeto de las críticas de magnates como Elon Musk (Tesla) o Pável Dúrov (Telegram). “¿Cuál es el contrato social que vamos a hacer en la era digital?”, se preguntó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la apertura de la jornada. “Queremos ponerles impuestos, no a los robots, pero sí a unas tecnologías que están sustituyendo a un modelo claro de redistribución de la riqueza, de nuestras fuerzas de trabajo y de la tecnología”, respondió. Empresas fuera del alcance de Hacienda El eslogan y el objetivo están claros, pero los expertos dudan sobre cómo conseguir el objetivo. El principal escollo: las grandes empresas tecnológicas son compañías con sede, mayoritariamente, en Estados Unidos. Y el derecho tributario internacional tradicional ha limitado el margen de maniobra para las Haciendas nacionales en solo aquellas empresas con presencia permanente en el país, algo que las grandes tecnológicas esquivan fijando sus sedes en países como Irlanda, con un sistema fiscal muy laxo para las multinacionales . “Las reglas actuales no están adaptadas al nuevo contexto”, reconoció Pascal Saint-Amans, el exdirector del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, uno de los impulsores del impuesto mínimo global para las grandes empresas (Pilar II) y de la reforma de la imposición para las multinacionales, de tal manera que se graven los servicios en los países y jurisdicciones donde las multinacionales los venden y no donde tienen su sede (Pilar I). Había cierto consenso sobre estas reformas en el seno de la organización multilateral, pero una de las primeras decisiones de Donald Trump a su vuelta a la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos de ambos acuerdos. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y ex secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, defendió que “lo fácil desde el punto de vista fiscal” sería gravar la renta y el patrimonio de las grandes compañías a través de una reforma del Impuesto de Sociedades que, indirectamente, elevaría la tributación de las grandes tecnológicas. “Esta figura tributaria hay que repensarla para que no necesariamente graves los resultados contables, en un contexto en el que los grandes grupos empresariales mueven sus bases imponibles entre países, sino que estén gravados con un proxy [indicador] como los ingresos”, propuso. Otros cambios pasarían por hacer tributar la automatización eliminando reducciones fiscales para aquel capital maquinizado o introducir recargos en Sociedades en función de la intensidad de la robotización del empleo, la sustitución neta de puestos de trabajo ‘humanos’ por máquinas o las rentas extraordinarias derivadas de algoritmos. Además, Álvarez subrayó la necesidad de poner el foco en las grandísimas fortunas –potenciales beneficiarias de estas inversiones millonarias en tecnología– a través de la conocida como ‘ tasa Zucman ’. Los cambios en el Impuesto de Sociedades son también una solución para el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universitat de València, Adrián Todolí. “Las tres grandes tecnológicas de Estados Unidos ganan lo mismo que las tres grandes industriales, pero con una novena parte de trabajadores”, ejemplificó. “En el sistema actual, el mayor repartidor de la riqueza es el salario. ¿Qué pasa si se gana mucho con pocos trabajadores? Que el capital se lo queda”, zanjó. Para Todolí, el Impuesto de Sociedades debería ganar progresividad (que paguen más las empresas que más ganan) y no ser solamente proporcional. Una progresividad no solo en relación con sus ingresos, sino también con el número de trabajadores “Si ganas mucho con muy pocos trabajadores, pagarás más. Esto solventará otras cuestiones, como el tema de los falsos autónomos o de la subcontratación”, propuso. Los otros retos: los datos y el diseño de un impuesto “beligerante” Los retos del sistema fiscal no pasan únicamente por la incapacidad de Hacienda de cobrar a empresas extranjeras. También porque es muy complejo hallar cifras que muestren los efectos de la digitalización sobre algunos factores clave para el mercado laboral –el primer indicador en resentirse por estos avances–, como el salario o los despidos colectivos. Por ejemplo, el Observatorio de Márgenes que desarrolló el Gobierno tras la crisis inflacionaria, a pesar de su detalle, no tiene la capacidad de recoger estos fenómenos, como reconoció uno de sus encargados, el Subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios de la Agencia Tributaria, Rafael Frutos. “No podemos tratar de poner un impuesto a algo cuyo proceso no controlamos. Tenemos indicadores que podemos utilizar, que nos sirven para el combate y pelear las cosas, pero lo verdaderamente importante está por medir y no lo podemos hacer con los medios actuales”, apuntó. Julia María Díaz, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, apuntó al diseño de esos futuribles impuestos, que deberían tener en cuenta múltiples aspectos: si son recaudatorios o “extra fiscales” –es decir, buscan desincentivar comportamientos como la destrucción de empleo–, cómo se aplica la automatización por sectores y, al tratarse de un tributo vinculado a una transición tecnológica, si es provisional o duradero. Hablar de un impuesto a los robots parte de cuestionarse, dice la profesora, si los propios robots serán los contribuyentes –un debate no solo legal, sino incluso ético–, o si lo serán sus propietarios, sus fabricantes o los propios usuarios. Por su parte, el portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín, defendió que cualquier impuesto a las tecnológicas debe ser “beligerante” para “orientar la tecnología hacia donde queremos”. “Ha habido una huelga muy importante de los guionistas de Hollywood porque se están desarrollando IA que intentan sustituir el trabajo creativo. A eso nos deberíamos oponer: no necesariamente con su prohibición, pero sí gravando con impuestos el ahorro de trabajo en determinadas organizaciones”, insistió. El abanico de posibilidades que esbozó Martín es más amplio que la sola reforma del Impuesto de Sociedades: a través de pago de licencias obligatorias para las IA que realizan tareas creativas, cánones para aquellos modelos que beben de obras publicadas, tasas a las plataformas que automatizan la información cultural… “Para eso podemos utilizar la imposición, para incentivar esos comportamientos”, dijo el economista, que reclamó imaginación y “sacar conejos de las chisteras” para desbaratar las estrategias de las grandes tecnológicas para evitar sus obligaciones tributarias. La pregunta de Philip K. Dick derivó, catorce años después, en el guion de Blade Runner , una de las cintas de culto en la historia del cine. ¿Cristalizará el debate en un impuesto a los robots y a las grandes tecnologías? La respuesta no está clara, pero hemos visto cosas que nuestros antepasados no creerían.

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Me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime: creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo Crónica - Desde Venezuela hasta Cuba: Trump usa la fuerza y la asfixia para derrocar Gobiernos que no le gustan Dormía profundo cuando el revuelo de mis gatas me despertó. Una me daba con la pata en la cara, las tres se me subían por la espalda, saltaban en la cama y tiraban cosas al suelo. Me incorporé sin comprender lo que pasaba. En pocos segundos escuché el estruendo, tiroteos y lo que pensé que eran helicópteros. Corrí a mi biblioteca a encender la computadora y me metí en X. ¿Nos están bombardeando? Nos están bombardeando . A la mayoría la tomó por sorpresa. Después de cinco meses de amenazas en las que pocos creían, llegó el lobo y derrocó a Nicolás Maduro. O lo secuestró, como dicen los izquierdistas del mundo, y los chavistas. De imprudente me asomé por la ventana: un sinfín de columnas naranja intenso, como si un dragón exhalara fuego con fuerza hacia el cielo. Desde mi casa, en una zona alta de Caracas, divisé varios puntos arder. Parecía que intentaban formar una figura geométrica. Se escuchaban las aspas de los helicópteros. Había aviones que solo vi en Instagram. Fuego, miedo e histeria esparcido por todo el valle de Caracas, La Guaira y Aragua. En muchos sitios se fue la luz y en mi casa se cayó internet, pero yo tenía señal en mi móvil. Leí en el 'New York Times', hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear. Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí Los gringos al final nos atacaban, todo el mundo lo tenía claro. Aunque nadie sabía del destino de Nicolás, Cilia, Diosdado ni los hermanos Rodríguez. Mis ventanas crujían y la estructura de metal se movía al ritmo de una danza macabra. En las redes, la gente de casas aledañas a los blancos de los norteamericanos, contaba lo que veía. Reportaban desde La Carlota, en los alrededores de la base de aviación y de la Casona; desde Prados del Este, Manzanares y Cumbres de Curumo, cerca de una de las entradas de Fuerte Tiuna, donde estaba el búnker de Maduro. El ruido desesperante de la “operación quirúrgica” duró un poco más de dos horas. La “extracción” de Maduro y Cilia, menos de tres minutos. Allí sí hubo enfrentamientos y liquidaron a todo el mundo. 130 muertos, destrozos en toda Caracas, el aeropuerto de Higuerote en ruinas, los edificios frente a Maiquetía arrasados. También lanzaron drones sobre la zona y, por rebote, destruyeron edificios residenciales. Murieron vecinos y perdieron sus casas. Pero fue una operación limpia, hecha con pinzas. Ninguna baja de marines. No quiero saber qué pasaría con una invasión. Cerca de las cuatro terminó el bombardeó, pero pasaron horas antes de que pudiera hacerme una idea de lo que había pasado. ¿Nos habrían invadido? ¿Habrían entrado los marines? El silencio era aterrador. Nada se movía, no se escuchaba ni una voz, creo que la gente susurraba. Ese silenció se prolongó un día y medio. Desprevenida como muchos, no había guardado comida. Los gabinetes estaban vacíos; en la nevera, solo agua. Llamé a la panadería que queda a dos cuadras de mi casa: ¿iban a abrir? Me preguntaron si estaba loca. Sí tenía un buen acopio de pienso para gatos y medicamentos por otra razón: sospechaba que el bloqueo nos iba a llevar a un escenario como el de 2016. Nada de comida ni medicamentos a menos que te los mandaran del exterior o pudieras viajar para aprovisionarte. Pero esa es otra historia desgarradora: los años del hambre. Le escribí a un amigo que vive cerca de Fuerte Tiuna, en el este de Caracas, en un reducto de nuestra extinguida clase media. Nada: solo una raya en su WhatsApp. Me alarmé. Pensé que el ataque a la fortaleza de Maduro había arrasado su casa. En redes circulaban videos de helicópteros y aviones norteamericanos enzarzados en combates contra el fuego antiaéreo venezolano. Me escribió cuando volvió la luz: estaba vivo y su edificio intacto, pero en shock . Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro. Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones Leí en el New York Times , hace pocos meses, a un exmarine curtido en mil guerras: juraba que el tándem Trump-Rubio nos atacaría. Algo se me rompió dentro. Tuve un pánico ciego: nos van a bombardear, nos van a bombardear . Tomé clonazepam para calmarme. Esa semana se lo conté a mi psiquiatra con vergüenza. Hablo de obsesión y paranoia. Yo no sabía cuándo, pero sabía que sí. El 4 de enero me llamó: “Tenías razón. Nos bombardearon”. Esa lectura había producido una epifanía, tuve la certeza visceral de un final cruento. La aparición de Delcy Rodríguez En algún momento de esa mañana, Delcy Rodríguez dijo en VTV que habían secuestrado a Maduro y a Cilia. Por un momento pensé que estaba en Rusia con su hermano Jorge, porque no había imagen. No fue así. Horas más tarde, Delcy apareció en Miraflores. Mi recuerdo sobre lo que dijo es brumoso. Al día siguiente, cuando se instaló el Parlamento para el período 2026-2031, su hermano Jorge Rodríguez, el sempiterno presidente de la Asamblea Nacional, la juramentó como presidenta encargada. La acompañaban los ministros de Defensa y de Justicia, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. El rostro furioso e impotente de Cabello me impresionó. Los labios fruncidos y la mirada asesina. Mi hipótesis es que Diosdado quiso pelear y los demás optaron por negociar con el fascista de Donald Trump. O tal vez no quería que Delcy tomara el lugar de Maduro . Es poco lo que se llega a saber de las intrigas palaciegas. Especulaciones, lo que publican medios internacionales, y más especulaciones. Silencio sobre los muertos Lo que de verdad pasó ese día, pocos lo saben. El Gobierno ha guardado con celo el nombre de los fallecidos y ha dado una cifra que dista mucho de la publicada en medios internacionales. Solo se sabe que murieron 32 cubanos, porque se repatriaron sus cuerpos y Díaz-Canel hizo un funeral con honores. El miedo, el cerco policial y la autocensura por prevención han hecho que los periodistas no salgan a buscar esas historias. Además, la ciudad está tomada por los cuerpos policiales y militares, cualquiera que sea su nombre. Todos intimidan. Llevan capuchas y fusiles inmensos. Al principio había muchas alcabalas. A mí todavía me aterrorizan, lo confieso. Pero fuera sí se han publicado algunas buenas historias, antes y después. Recuerdo una de la BBC: un padre en duelo por su hijo. Ahí estaba el hombre en el Cementerio del Sur, apoyado en un murito de cemento, con la mirada fija en la foto de su hijo junto a su lápida. Era un cadete muy joven. Ese rostro de dolor por una muerte en vano me hizo soltar unas lágrimas. Todo por una guerra que ese muchacho no querría pelear. Quise abrazar a ese padre desconsolado. Imagen de un edificio de viviendas destruido por el bombardeo estadounidense en La Guaira (Venezuela). De nuestros muertos nadie habla. Están fuera del debate público. La oposición los ignora: son pobres. Y al gobierno de facto tampoco le interesa divulgar la dimensión del ataque y las historias de los caídos. Según el New York Times fueron 130, no los 75 que reporta el Ministerio de Defensa. En Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Maiquetía, y en Higuerote hubo víctimas civiles y edificios residenciales en escombros. Tres semanas después del ataque, el alcalde de Baruta, Gustavo Duque, visitó La Carlota y escribió en un post que el 90% de las casas cerca de La Carlota estaba en ruinas. La Alcaldía prometió ayudar a reconstruirlas. La renuncia a la política Quizá soy rara, pero a mí me dolían y me duelen esas muertes que se despachan como “daño colateral”. En algunas personas, el odio a Maduro y la felicidad por su secuestro han borrado todo rastro de humanidad. Me indigna que en todo este largo conflicto paguen los más inocentes, y que los líderes ni siquiera por pudor hablen de las vidas truncadas. Es un peaje, dicen muchos, el precio que hay que pagar por salir del chavismo. Me niego a verlo así. Al chavismo había que vencerlo con un verdadero trabajo político. Es verdad que son tramposos, hasta criminales, pero no acepto el “solos no podemos”. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención. Soy de las pocas periodistas venezolanas que desconfía de María Corina Machado. Siempre he rechazado las salidas insurreccionales y las sanciones económicas. Me pareció absurdo que le dieran el Nobel de la Paz a Machado e interpreté el discurso del Comité como una justificación de la fuerza bruta. Es verdad que el chavismo está atornillado al poder y cada vez que parece vencido se saca un as de bajo la manga e invierte la situación. La gente dice que lo hemos intentado todo y eso en parte es verdad. Pero jamás hemos tenido una autocrítica sincera de las torpezas de la oposición que han contribuido a fortalecer al chavismo. Nunca vi a la oposición chilena ni a la argentina pedir invasiones para salir de Pinochet o de Videla. Una cosa es concitar todo el apoyo contra la dictadura, otra que unos exiliados y una mujer ambiciosa —que ha demostrado no saber de política— invocaran por enésima vez la fuerza bruta y una intervención Nadie ha reconocido que los llamados a la abstención fueron errores garrafales. Tampoco que las aventuras insurreccionales, amén de inútiles, dejaron a una catarata de civiles y militares presos. Pienso en el ataque con un dron a Maduro en el centro de Caracas o en la ridícula “operación Gedeón”, lideradas por Julio Borges y Leopoldo López, respectivamente. Puedo seguir enumerando todas las locuras de unos adversarios que han demostrado, en estos 25 años, no ser una alternativa de poder. María Corina Machado ha formado parte de todos estos desastres. Hasta del golpe de Carmona Estanga en 2002. El mismo elenco de gobierno y la misma oposición han ido envejeciendo sin dar paso a nadie. Un statu quo al que no le importa la gente. Después de meses de un intenso lobby en Washington, de cortejar a senadores republicanos y a aliados en toda la fauna de la extrema derecha latinoamericana y europea, se creó un clima proclive a que Maduro saliera al costo que fuera. Pero los medios que emplees determinan el fin. El uso de la fuerza es la renuncia a la política, es claudicar, y muestra que no crees en la democracia, sino en el poder. Es raro que una persona pida un ataque militar en su propio país para que, cuando depongan al dictador... Eso es tercerizar la acción política. Al final, esa oposición en el exilio junto a María Corina Machado ha perdido su apuesta. Después de todo lo invertido en campañas de apoyo a una salida militar, Trump y Marco Rubio decidieron que gobernara el chavismo, la causa era conocida. Machado no tiene apoyo interno para gobernar, informó la CIA. Ni falta que hacía. Sabíamos que no existía ese plan de 100 horas para tomar el control del territorio, que era absurdo. La verdad es que ni el chavismo tiene un verdadero control territorial. La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses Los medios internacionales revelaron las inconsistencias del programa de gobierno de Machado. No era verdad que el 80% de los militares estuviera con la oposición ni que se pudiera purgar al otro 20%. Era fácil adivinarlo. ¿Cómo se sostiene Maduro entonces? No eran más que inferencias de los resultados del 28 de julio. Pero una cosa es votar sin que nadie te vea y otra cuadrarte ante otro comandante. La destructiva operación quirúrgica nos dejó en el peor de los mundos. Seguiremos con el chavismo quién sabe hasta cuándo y hemos vuelto a 1900. Somos una colonia americana que va a beneficiar con su petróleo nada más que a los estadounidenses . Aunque sea inverosímil, mucha gente piensa que Delcy Rodríguez cumplirá los designios de Trump y calmará a los chavistas que se sienten vejados. Creen que lo hará para evitar el segundo bombardeo con el que Washington nos ha amenazado varias veces. Yo no lo creo. Si María Corina fuese norteamericana y hubiese promovido —aun sin éxito— un bombardeo a Estados Unidos, la habrían procesado por traición a la patria. Es falso que en el amor y en la guerra todo valga. Hay líneas que no deberíamos cruzar. Machado y su oposición, para mí, están fuera del juego político por su sectarismo y por la gracia del bombardeo. También por su falta de empatía: ni siquiera han presentado sus condolencias a las familias de las víctimas. Es como si la gente afectada no existiera. A mí me inquieta pensar en cómo vamos a librarnos del doble yugo que ahora nos oprime. Creo que será más fácil salir del chavismo que expulsar a los norteamericanos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Seguro que ni llegaré a verlo.

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Parientes de víctimas del servicio militar y varios grupos del Parlament piden una investigación ante la opacidad que envuelve la muerte de miles de jóvenes en todo el país PODCAST - En tiempos de rearme, ¿volverá ‘la mili’? La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente. “Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”. Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar. Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas. Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas. Un documental de TV3 pone en contacto a las familias Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich. Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido. “Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano. Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”. El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades , que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas. Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo ( veu.victimesmili@gmail.com ) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. “Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora. El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos. “No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”. Opacidad sobre las causas y el número de muertes Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. “¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano. La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”. Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

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El departamento de Ana Redondo quiere modificar las bases de las convocatorias de dos subvenciones públicas para incluir como requisito que las asociaciones que quieran acceder reconozcan "expresamente" la prostitución como "forma de violencia contra las mujeres" en sus estatutos o acreditando experiencia El desempleo y la falta de papeles empujan a las mujeres a la prostitución El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata. Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas. Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”. La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte. Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto. El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados. Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox . La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”. Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes. “Una imposición ideológica” El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica. Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”. Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”. “El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público. Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista. En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”. Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

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Los testigos, policías del equipo de seguridad del president, relatan que el aforado apenas pisó su despacho "10 minutos" aquella tarde y que renunció a la escolta para el ágape con Maribel Vilaplana Un escolta dice a la jueza de la dana que Mazón llegó al Palau entre las 19.45 y las 19.50, antes de ir al Cecopi Tres testigos confirman que Carlos Mazón mintió durante meses para ocultar su larga sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Y se trata, además, de agentes de la Policía Nacional adscritos a la unidad autonómica de la Generalitat Valenciana en funciones de escolta. El expresident, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico, ha dado múltiples versiones contradictorias sobre sus pasos, después de que elDiario.es desvelara el 5 de noviembre de 2024 que Mazón estaba en una comida en los momentos clave de la emergencia. Todas eran falsas. Presidencia dijo en una primera fase que se trataba de un “picoteo” en los “alrededores” del Palau, antes de que se destapara que el ágape se celebró en un reservado del restaurante El Ventorro. Luego mantuvo que el president regresó a su despacho sobre las 18.00 y que estuvo trabajando en el Palau, cuyas cámaras de seguridad fueron borradas al mes de la dana , en cumplimiento de la normativa ( a diferencia de las imágenes del Centro de Emergencias , que fueron conservadas y entregadas a la jueza instructora ). Más tarde, la hora de llegada de Mazón a su despacho se retrasó a las 19.00. Sin embargo, los tres escoltas confirmaron este lunes en su testifical ante la magistrada que Mazón llegó al Palau “entre las 19.45 y las 19.50”, tal como avanzó este diario . La reconstrucción cronológica de los policías que formaban la escolta de Mazón aquella jornada, además de otras pruebas documentales en manos de la jueza, cuestionan de plano todas y cada una de las versiones que aportó el expresident. Se trata de las mismas versiones que manejaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que las avaló en su declaración como testigo como “concreciones”. Carlos Mazón prolongó su encuentro secreto con Vilaplana durante toda la tarde del día de la catástrofe, a pesar de conocer por boca de su consellera, Salomé Pradas, que la situación en la presa de Forata era extremadamente crítica y que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Utiel desde las 14.00. A las 16.43 (un cuarto de hora antes del inicio del Cecopi), José Manuel Cuenca le reenvió un mensaje de WhatsApp a Salomé Pradas en el que le informaba de que la previsión del president era acudir al Centro de Emergencias sobre las 19.00. Mazón habló por teléfono a las 19.34 con su secretario autonómico de Infraestructuras , Javier Sendra, que se encontraba en ese momento en el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), completamente inundado a consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. La llamada con Sendra forzó que el president se desplazara a la reunión del Centro de coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en l'Eliana, tal como confirmó el testigo José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón . El jefe del Consell tenía previsto el ágape desde una semana antes y se había liberado aquella tarde, según declaró su secretaria , la directora general Pilar Montes. Carlos Mazón llega al Cecopi en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29 de octubre de 2024. Vilaplana declaró que, tras la sobremesa en el restaurante, la pareja de comensales abandonó El Ventorro para dirigirse al cercano aparcamiento de la plaza de Tetuán, donde la comunicadora había aparcado su vehículo. El jefe de gabinete aseguró que no sacó a Mazón del reservado por el “impecable” papel de Salomé Pradas al frente de la respuesta a la emergencia. Tras el breve paseo, ambos estuvieron aún unos minutos conversando a la entrada del aparcamiento. La instructora también acreditó que Vilaplana pagó el ticket del aparcamiento al que la acompañó Mazón tras la sobremesa a las 19.47 . La comunicadora aseguró en su declaración como testigo que, tras despedirse del jefe del Consell en la plaza de Tetuán y antes de abonar el pago, estuvo unos minutos trabajando en su vehículo. Los escoltas que declaraban este lunes confirmaron que Mazón llegó a la entrada del Palau de la calle de los Caballeros casi a las 20.00, solo y a pie, desde la plaza de la Virgen. Llevaba la “misma” ropa de la mañana (aunque se había quitado la americana) y, también, su mochila habitual. En la sala gótica, le esperaba Josep Lanuza, asesor externo del PP . “Subo al despacho y bajo”, les dijo. Allí permaneció apenas 10 minutos; en puridad el único momento en que Mazón estuvo aquella tarde en su despacho. El president bajó y se dirigió con Lanuza en coche oficial hasta l'Eliana, a donde llegó a las 20.28. De camino al Centro de Emergencias, recogieron a la directora general Maite Gómez. Tanto Lanuza y Gómez como el chófer de Mazón están citados a declarar como testigos. Se dirigieron en dos vehículos, el primero con Mazón, la alto cargo y el asesor, conducido por el chófer, y un segundo coche con los escoltas. Se trataba de algo habitual en los desplazamientos del president, según uno de los miembros del equipo de seguridad. Los policías también confirmaron que Mazón prescindió de la escolta al llegar a El Ventorro, tras el final de su “agenda oficial” de actos ajenos a la dana que había protagonizado aquella mañana . No era la primera vez que escoltaban a Mazón hasta el céntrico restaurante. En la agenda institucional (la única de que disponen) no constaba la previsión de que el jefe del Consell regresara al Palau. Los escoltas no tenían “conocimiento de lo que estaba pasando, ni oficial ni extraoficialmente”, según declaró el segundo testigo. Se enteraron de lo que les llegaba por familiares y en redes sociales. Además, en l'Eliana no disponían de cobertura y “su unidad no les envía las alertas meteorológicas”. Todo lo que sabían de la situación sobre el terreno fue siempre “a nivel particular”, matizó uno de los escoltas.

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Parientes de víctimas del servicio militar y varios grupos del Parlament piden una investigación ante la opacidad que envuelve la muerte de miles de jóvenes en todo el país PODCAST - En tiempos de rearme, ¿volverá ‘la mili’? La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente. “Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”. Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar. Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas. Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas. Un documental de TV3 pone en contacto a las familias Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich. Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido. “Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano. Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”. El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades , que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas. Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo ( veu.victimesmili@gmail.com ) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. “Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora. El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos. “No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”. Opacidad sobre las causas y el número de muertes Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. “¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano. La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”. Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

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El departamento de Ana Redondo quiere modificar las bases de las convocatorias de dos subvenciones públicas para incluir como requisito que las asociaciones que quieran acceder reconozcan "expresamente" la prostitución como "forma de violencia contra las mujeres" en sus estatutos o acreditando experiencia El desempleo y la falta de papeles empujan a las mujeres a la prostitución El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata. Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas. Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”. La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte. Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto. El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados. Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox . La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”. Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes. “Una imposición ideológica” El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica. Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”. Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”. “El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público. Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista. En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”. Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

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Los testigos, policías del equipo de seguridad del president, relatan que el aforado apenas pisó su despacho "10 minutos" aquella tarde y que renunció a la escolta para el ágape con Maribel Vilaplana Un escolta dice a la jueza de la dana que Mazón llegó al Palau entre las 19.45 y las 19.50, antes de ir al Cecopi Tres testigos confirman que Carlos Mazón mintió durante meses para ocultar su larga sobremesa en un reservado del restaurante El Ventorro con Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Y se trata, además, de agentes de la Policía Nacional adscritos a la unidad autonómica de la Generalitat Valenciana en funciones de escolta. El expresident, actualmente aforado por su condición de diputado autonómico, ha dado múltiples versiones contradictorias sobre sus pasos, después de que elDiario.es desvelara el 5 de noviembre de 2024 que Mazón estaba en una comida en los momentos clave de la emergencia. Todas eran falsas. Presidencia dijo en una primera fase que se trataba de un “picoteo” en los “alrededores” del Palau, antes de que se destapara que el ágape se celebró en un reservado del restaurante El Ventorro. Luego mantuvo que el president regresó a su despacho sobre las 18.00 y que estuvo trabajando en el Palau, cuyas cámaras de seguridad fueron borradas al mes de la dana , en cumplimiento de la normativa ( a diferencia de las imágenes del Centro de Emergencias , que fueron conservadas y entregadas a la jueza instructora ). Más tarde, la hora de llegada de Mazón a su despacho se retrasó a las 19.00. Sin embargo, los tres escoltas confirmaron este lunes en su testifical ante la magistrada que Mazón llegó al Palau “entre las 19.45 y las 19.50”, tal como avanzó este diario . La reconstrucción cronológica de los policías que formaban la escolta de Mazón aquella jornada, además de otras pruebas documentales en manos de la jueza, cuestionan de plano todas y cada una de las versiones que aportó el expresident. Se trata de las mismas versiones que manejaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que las avaló en su declaración como testigo como “concreciones”. Carlos Mazón prolongó su encuentro secreto con Vilaplana durante toda la tarde del día de la catástrofe, a pesar de conocer por boca de su consellera, Salomé Pradas, que la situación en la presa de Forata era extremadamente crítica y que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Utiel desde las 14.00. A las 16.43 (un cuarto de hora antes del inicio del Cecopi), José Manuel Cuenca le reenvió un mensaje de WhatsApp a Salomé Pradas en el que le informaba de que la previsión del president era acudir al Centro de Emergencias sobre las 19.00. Mazón habló por teléfono a las 19.34 con su secretario autonómico de Infraestructuras , Javier Sendra, que se encontraba en ese momento en el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), completamente inundado a consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. La llamada con Sendra forzó que el president se desplazara a la reunión del Centro de coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en l'Eliana, tal como confirmó el testigo José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón . El jefe del Consell tenía previsto el ágape desde una semana antes y se había liberado aquella tarde, según declaró su secretaria , la directora general Pilar Montes. Carlos Mazón llega al Cecopi en el Centro de Emergencias de l'Eliana el 29 de octubre de 2024. Vilaplana declaró que, tras la sobremesa en el restaurante, la pareja de comensales abandonó El Ventorro para dirigirse al cercano aparcamiento de la plaza de Tetuán, donde la comunicadora había aparcado su vehículo. El jefe de gabinete aseguró que no sacó a Mazón del reservado por el “impecable” papel de Salomé Pradas al frente de la respuesta a la emergencia. Tras el breve paseo, ambos estuvieron aún unos minutos conversando a la entrada del aparcamiento. La instructora también acreditó que Vilaplana pagó el ticket del aparcamiento al que la acompañó Mazón tras la sobremesa a las 19.47 . La comunicadora aseguró en su declaración como testigo que, tras despedirse del jefe del Consell en la plaza de Tetuán y antes de abonar el pago, estuvo unos minutos trabajando en su vehículo. Los escoltas que declaraban este lunes confirmaron que Mazón llegó a la entrada del Palau de la calle de los Caballeros casi a las 20.00, solo y a pie, desde la plaza de la Virgen. Llevaba la “misma” ropa de la mañana (aunque se había quitado la americana) y, también, su mochila habitual. En la sala gótica, le esperaba Josep Lanuza, asesor externo del PP . “Subo al despacho y bajo”, les dijo. Allí permaneció apenas 10 minutos; en puridad el único momento en que Mazón estuvo aquella tarde en su despacho. El president bajó y se dirigió con Lanuza en coche oficial hasta l'Eliana, a donde llegó a las 20.28. De camino al Centro de Emergencias, recogieron a la directora general Maite Gómez. Tanto Lanuza y Gómez como el chófer de Mazón están citados a declarar como testigos. Se dirigieron en dos vehículos, el primero con Mazón, la alto cargo y el asesor, conducido por el chófer, y un segundo coche con los escoltas. Se trataba de algo habitual en los desplazamientos del president, según uno de los miembros del equipo de seguridad. Los policías también confirmaron que Mazón prescindió de la escolta al llegar a El Ventorro, tras el final de su “agenda oficial” de actos ajenos a la dana que había protagonizado aquella mañana . No era la primera vez que escoltaban a Mazón hasta el céntrico restaurante. En la agenda institucional (la única de que disponen) no constaba la previsión de que el jefe del Consell regresara al Palau. Los escoltas no tenían “conocimiento de lo que estaba pasando, ni oficial ni extraoficialmente”, según declaró el segundo testigo. Se enteraron de lo que les llegaba por familiares y en redes sociales. Además, en l'Eliana no disponían de cobertura y “su unidad no les envía las alertas meteorológicas”. Todo lo que sabían de la situación sobre el terreno fue siempre “a nivel particular”, matizó uno de los escoltas.

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El despliegue en Italia de una división de la policía migratoria de Donald Trump evidencia cómo los Juegos sirven como herramienta política, en este caso, para proyectar la imagen de poder de EEUU La FIFA exprime al máximo el negocio del fútbol: pone a disposición de las apuestas los datos de su mundial Cuando se supo que el Gobierno de EEUU autorizaba el despliegue de 45 agentes del ICE en Italia durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo saltaron las alarmas: ¿Por qué, de todos los cuerpos de seguridad estadounidenses, se escoge el utilizado por Donald Trump para implementar su plan de deportaciones masivas? La decisión fue una bomba diplomática casi desde el principio: con las imágenes de estos policías matando a tiros a dos ciudadanos frescas en la retina, el alcalde de la ciudad olímpica anfitriona, Giuseppe Sala, afirmó que no quería ver allí a “una milicia que mata”. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, salió a contestar que “no es que vayan a venir las SS”, a pesar de que algunos analistas califican las patrullas del ICE en ciudades como Minnesota como “lo más parecido a las SA” . El experto en deporte y política internacional de la Universidad de Denver, Timothy Sisk , explica a elDiario.es que, “aunque la división del ICE desplegada en Italia es diferente de las patrullas que están aterrorizando a poblaciones, la administración Trump está mirando el deporte internacional desde una perspectiva de interés nacional”. Y desde esa perspectiva —prosigue— “está bastante claro que utiliza la politización de los JJOO para proyectar la imagen del poder de EEUU”. Sisk detalla que se trata “de parte de un proyecto más amplio de reconfiguración del orden mundial y de afirmación del dominio estadounidense a nivel global en el ámbito de la diplomacia cultural”. De hecho, insiste, “la Casa Blanca está promocionando una década de protagonismo de EEUU como anfitrión de grandes eventos deportivos internacionales”. La cuestión es que la visita de esta policía a la Italia olímpica le ha estallado a los organizadores en plena celebración. El investigador sobre seguridad europea y relaciones transatlánticas, el italiano Antonio Missiroli, cuenta que “las autoridades italianas han tenido un dolor de cabeza para explicar la sorpresa de ver involucrado al ICE a pesar de que no sea inusual que algunos países lleven sus propios responsables de seguridad”. El mismo día de la ceremonia de inauguración, miles de personas se manifestaron en contra de un evento que los gobiernos local, regional y nacional del país han intentado utilizar “como una oportunidad para relanzar la economía”, como subraya Missiroli. ¿Los motivos? Críticas al despilfarro, la agresión ambiental o el desvío de fondos. También contra la presencia del ICE. El deporte olímpico, campo para la política El Comité Olímpico Internacional se esfuerza constantemente en vender sus juegos como algo ajeno a la política. La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, antes de inaugurarse la cita italiana insistió en la neutralidad política de su negocio al decir que “somos una organización deportiva”. “Comprendemos la política, pero nuestro asunto es el deporte”, añadió. Lo mismo hizo su antecesor en el cargo, el alemán Thomas Bach, quien se esforzó durante su mandato —marcado por el ataque de Rusia a Ucrania antes de los Juegos de París 2024— en afirmar que “los JJOO no tienen que ser utilizados como un escenario político” o “los juegos no son acerca de la política”. Ya en 1980, el presidente olímpico Lord Killian remarcaban que “los juegos no están aquí para dividir al mundo”. Pero, por más que se esfuercen los dirigentes del olimpismo, los investigadores han evidenciado cómo este evento está fusionado con la política. El doctor en Ciencias Políticas Jules Boykoff ha descrito cómo la imagen de neutralidad promocionada desde los JJOO esconde agendas políticas desde sus primeras ediciones y que el COI es un agente político global . El equipo de EEUU celebra la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que estos juegos invernales están probando que la etiqueta de neutralidad esté tan distante en 2026 como lo ha estado históricamente. Sin ir más lejos, los deportistas estadounidenses, al llegar a los Dolomitas, han tenido que contestar sobre estos asuntos ajenos a su competición que han acaparado buena parte de sus ruedas de prensa. Algunos de ellos han evidenciado su incomodidad con las políticas de su gobierno: el esquiador Hunter Hess, admitió que “representar a EEUU ahora me produce sentimientos encontrados” , al tiempo que matizaba: “Solo porque lleve la bandera no significa que esté representando todo lo que está pasando en EEUU”. Su compañero de equipo, Chris Lillis, ha añadido que esperaba que “cuando la gente mire a los atletas compitiendo en los Juegos, se den cuenta de que esos son los EEUU que estamos intentando representar”. En la palestra estaban las actuaciones del ICE que el deportista calificó de “descorazonadoras”. Casi de inmediato —en una dinámica propia del terreno de juego político—, su presidente, Donald Trump, no dudó en atacarlos: “Hess es un auténtico perdedor. Afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él”, en un ejemplo más de la importancia estratégica que otorga al deporte. Sisk argumenta que “el impulso de la diplomacia deportiva complementa y refuerza, mediante poder blando [el soft power ], lo que ya hemos visto de su diplomacia de cañones en Venezuela e Irán en términos de poder duro”. Según su criterio “la Administración Trump ha sido bastante abierta y clara respecto a su enfoque de acoger megaeventos deportivos internacionales como una forma de reafirmar el papel de Estados Unidos en la política global”. Mientras se van sucediendo las competiciones sobre el hielo y la nieve —mucha fabricada por la falta de fuentes naturales achacable al calentamiento global—, la sombra del ICE y la política trumpista no se va de las montañas: el esquiador británico Gus Kenworthy ha denunciado este lunes una campaña de odio en su contra tras llamar públicamente “el mal” a la policía migratoria. El deportista (con doble nacionalidad británica y estadounidense) escribió “gente inocente está siendo asesinada. Basta ya”. Con todo, lo que demuestra esta edición de Milán-Cortina d'Ampezzo es que el intento del COI de publicitarse como un movimiento apolítico a los ojos del mundo es un esfuerzo casi vano: “No veo manera de que las organizaciones deportivas internacionales puedan solventar este problema —remata el politólogo Timothy Sisk— porque hay un dilema inherente en celebrar los juegos por todo el mundo, al mismo tiempo que se intenta mantener una postura de neutralidad política o un mensaje de estar por encima de la política”.

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La adquisición de xAI por parte de SpaceX crea una compañía valorada en 1,25 billones de dólares, pero muchos inversores dudan si la premisa del acuerdo funcionará Musk aplaza su sueño de ‘colonizar’ Marte y anuncia que Space X se centrará en la Luna La adquisición de xAI por parte de SpaceX es una operación típica de Elon Musk: grandes cifras respaldadas por una gran ambición. Además de extender “la luz de la conciencia a las estrellas”, tal como lo describió Musk, la transacción crea un negocio valorado en 1,25 billones de dólares (1.050.000 millones de euros) al combinar la compañía de cohetes de Musk con su startup de inteligencia artificial. Esto valora a SpaceX en 1 billón de dólares y a xAI en 250.000 millones, con una salida a bolsa prevista para junio, coincidiendo con el cumpleaños de Musk y una alineación planetaria. Sin embargo, existen interrogantes sobre el acuerdo, como si resulta beneficioso para los accionistas de SpaceX ajenos a Musk y si la premisa tecnológica que lo sustenta puede tener éxito. Para Musk, una parte clave de la lógica del acuerdo es trasladar los centros de datos —el sistema nervioso central de las herramientas de IA— al espacio. Las empresas de IA dependen demasiado de los centros de datos terrestres, que conllevan una inmensa demanda energética, argumenta Musk esta semana. La solución, según él, consiste en poner en órbita hasta un millón de satélites para formar enormes centros de datos alimentados por energía solar. La profesora Julie McCann y el profesor Matthew Santer, codirectores de la Escuela de Ciencia sobre el Espacio, la Seguridad y las Telecomunicaciones del Imperial College de Londres, afirman que los centros de datos alimentados por energía solar podrían ser una opción futura para las empresas de IA. Sin embargo, señalan que existen límites en cuanto a la potencia de computación que pueden reunir los satélites actuales, por lo que sería necesario un “ordenador distribuido a escala planetaria compuesto por muchos satélites”, tal como lo concibe Musk. Una imagen generada por computadora a partir de varias imágenes de larga exposición muestra los satélites Starlink. El programa Starlink es un proyecto global de satélites de la compañía estadounidense de cohetes SpaceX para proporcionar un servicio de internet global. Pero incluso la ejecución del concepto podría verse afectada por la calidad de la conexión entre los dispositivos en órbita, que necesitarán operar en tándem para replicar los centros de datos terrestres mientras transmiten sus resultados a la Tierra. Los profesores añaden que hay otros problemas por resolver, como la radiación solar y el mantenimiento. “Los centros de datos en la Tierra reciben un mantenimiento constante; el fallo de componentes es normal. Enviar componentes al espacio es complejo y costoso, y habría que ser innovador respecto a cómo se instalan dichos componentes”. Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos Musk asegura que estos centros de datos añadirán 100 gigavatios de capacidad de IA anualmente —la capacidad actual de los centros de datos globales es de unos 59 GW—, por lo que su visión es ambiciosa. La persona más rica del mundo cree que una fusión de hardware de cohetes y software de IA es una combinación ganadora y, en un mensaje a los empleados, dijo que crearía el “motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra”. “Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA en los próximos dos o tres años, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos”, afirma Dan Ives, analista de la empresa estadounidense de servicios financieros Wedbush Securities. ¿Necesita xAI la ayuda financiera de SpaceX? La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, compite con rivales que están gastando, y recaudando, enormes sumas en la infraestructura —centros de datos, chips informáticos— necesaria para sus productos. La compañía, que ha desarrollado la herramienta de IA Grok y también posee la red social X, supuestamente consumió 13.000 millones de dólares el año pasado y, a diferencia de Meta, Amazon, Microsoft y Google, no cuenta con un negocio consolidado que genere efectivo para financiar sus esfuerzos. El cohete Falcon 9 de SpaceX con la misión europea HydroGNSS, que explorará las propiedades hidrológicas de la Tierra desde el espacio, despegó este viernes desde la base de la fuerza espacial Vandenberg, en California (Estados Unidos). Imagen de la cuenta de la ESA en X. Según Ross Gerber, inversor en Tesla y SpaceX, la combinación con SpaceX proporcionará a xAI un mejor acceso a efectivo e inversores. “Musk ya se está quedando sin capital para xAI y compite con empresas que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en IA. Si fusionas SpaceX y xAI, puedes respaldar a xAI porque SpaceX es una propuesta extremadamente atractiva para muchos inversores”, afirma. ¿Qué piensan los accionistas de SpaceX? La tecnología de SpaceX es compleja, pero es un negocio sencillo. Genera ingresos mediante el despliegue de cohetes reutilizables para misiones como el lanzamiento de satélites y el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. También opera el servicio de internet de alta velocidad por satélite Starlink . Según Reuters, SpaceX obtuvo el año pasado unos 8.000 millones de dólares de beneficio sobre unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. La incorporación de xAI añade complejidad narrativa a la historia de SpaceX, comenta Michael Sobel, presidente y cofundador de Scenic Management, firma que compra participaciones secundarias en empresas privadas y que ha invertido en la compañía de IA Anthropic. Sobel, que habla regularmente con inversores de SpaceX, señala: “Al integrar xAI, que conlleva un importante consumo mensual de efectivo, se cambia el perfil financiero de la empresa de la noche a la mañana. En el mercado secundario, lo ”simple“ suele verse recompensado. Esta fusión requiere que los inversores hagan muchos más deberes para analizar cómo afecta el consumo de caja de xAI a la valoración general de SpaceX y al cronograma de su salida a bolsa”. Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal También existe la carga añadida de X, una plataforma de redes sociales que es objeto habitual de escrutinio regulatorio e ira política. No obstante, añade Sobel, el argumento a favor de la operación es convincente. “Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal”. Gerber, quien invirtió en la compra original de X por parte de Musk en 2022, cuando la plataforma era más conocida como Twitter, dice que ve con buenos ojos el acuerdo, pero está menos seguro respecto a los inversores de SpaceX. Como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado “Para mí, como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Prácticamente daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Es genial para mí, pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado”. ¿Qué es lo siguiente? ¿Una fusión entre Tesla y SpaceX? Musk posee alrededor del 44% del recién ampliado negocio de SpaceX y el 17% de Tesla, donde es el consejero delegado. ¿Es el siguiente paso una combinación de ambas? Ives cree que existe una “probabilidad creciente” de que se cree una “ventanilla única” para invertir en los negocios de Musk. “Musk quiere poseer y controlar una mayor parte del ecosistema de la IA y, paso a paso, el santo grial podría ser la combinación de SpaceX y Tesla”, afirma.

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El despliegue en Italia de una división de la policía migratoria de Donald Trump evidencia cómo los Juegos sirven como herramienta política, en este caso, para proyectar la imagen de poder de EEUU La FIFA exprime al máximo el negocio del fútbol: pone a disposición de las apuestas los datos de su mundial Cuando se supo que el Gobierno de EEUU autorizaba el despliegue de 45 agentes del ICE en Italia durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo saltaron las alarmas: ¿Por qué, de todos los cuerpos de seguridad estadounidenses, se escoge el utilizado por Donald Trump para implementar su plan de deportaciones masivas? La decisión fue una bomba diplomática casi desde el principio: con las imágenes de estos policías matando a tiros a dos ciudadanos frescas en la retina, el alcalde de la ciudad olímpica anfitriona, Giuseppe Sala, afirmó que no quería ver allí a “una milicia que mata”. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, salió a contestar que “no es que vayan a venir las SS”, a pesar de que algunos analistas califican las patrullas del ICE en ciudades como Minnesota como “lo más parecido a las SA” . El experto en deporte y política internacional de la Universidad de Denver, Timothy Sisk , explica a elDiario.es que, “aunque la división del ICE desplegada en Italia es diferente de las patrullas que están aterrorizando a poblaciones, la administración Trump está mirando el deporte internacional desde una perspectiva de interés nacional”. Y desde esa perspectiva —prosigue— “está bastante claro que utiliza la politización de los JJOO para proyectar la imagen del poder de EEUU”. Sisk detalla que se trata “de parte de un proyecto más amplio de reconfiguración del orden mundial y de afirmación del dominio estadounidense a nivel global en el ámbito de la diplomacia cultural”. De hecho, insiste, “la Casa Blanca está promocionando una década de protagonismo de EEUU como anfitrión de grandes eventos deportivos internacionales”. La cuestión es que la visita de esta policía a la Italia olímpica le ha estallado a los organizadores en plena celebración. El investigador sobre seguridad europea y relaciones transatlánticas, el italiano Antonio Missiroli, cuenta que “las autoridades italianas han tenido un dolor de cabeza para explicar la sorpresa de ver involucrado al ICE a pesar de que no sea inusual que algunos países lleven sus propios responsables de seguridad”. El mismo día de la ceremonia de inauguración, miles de personas se manifestaron en contra de un evento que los gobiernos local, regional y nacional del país han intentado utilizar “como una oportunidad para relanzar la economía”, como subraya Missiroli. ¿Los motivos? Críticas al despilfarro, la agresión ambiental o el desvío de fondos. También contra la presencia del ICE. El deporte olímpico, campo para la política El Comité Olímpico Internacional se esfuerza constantemente en vender sus juegos como algo ajeno a la política. La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, antes de inaugurarse la cita italiana insistió en la neutralidad política de su negocio al decir que “somos una organización deportiva”. “Comprendemos la política, pero nuestro asunto es el deporte”, añadió. Lo mismo hizo su antecesor en el cargo, el alemán Thomas Bach, quien se esforzó durante su mandato —marcado por el ataque de Rusia a Ucrania antes de los Juegos de París 2024— en afirmar que “los JJOO no tienen que ser utilizados como un escenario político” o “los juegos no son acerca de la política”. Ya en 1980, el presidente olímpico Lord Killian remarcaban que “los juegos no están aquí para dividir al mundo”. Pero, por más que se esfuercen los dirigentes del olimpismo, los investigadores han evidenciado cómo este evento está fusionado con la política. El doctor en Ciencias Políticas Jules Boykoff ha descrito cómo la imagen de neutralidad promocionada desde los JJOO esconde agendas políticas desde sus primeras ediciones y que el COI es un agente político global . El equipo de EEUU celebra la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que estos juegos invernales están probando que la etiqueta de neutralidad esté tan distante en 2026 como lo ha estado históricamente. Sin ir más lejos, los deportistas estadounidenses, al llegar a los Dolomitas, han tenido que contestar sobre estos asuntos ajenos a su competición que han acaparado buena parte de sus ruedas de prensa. Algunos de ellos han evidenciado su incomodidad con las políticas de su gobierno: el esquiador Hunter Hess, admitió que “representar a EEUU ahora me produce sentimientos encontrados” , al tiempo que matizaba: “Solo porque lleve la bandera no significa que esté representando todo lo que está pasando en EEUU”. Su compañero de equipo, Chris Lillis, ha añadido que esperaba que “cuando la gente mire a los atletas compitiendo en los Juegos, se den cuenta de que esos son los EEUU que estamos intentando representar”. En la palestra estaban las actuaciones del ICE que el deportista calificó de “descorazonadoras”. Casi de inmediato —en una dinámica propia del terreno de juego político—, su presidente, Donald Trump, no dudó en atacarlos: “Hess es un auténtico perdedor. Afirma que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado entrar en el equipo y es una pena que esté en él”, en un ejemplo más de la importancia estratégica que otorga al deporte. Sisk argumenta que “el impulso de la diplomacia deportiva complementa y refuerza, mediante poder blando [el soft power ], lo que ya hemos visto de su diplomacia de cañones en Venezuela e Irán en términos de poder duro”. Según su criterio “la Administración Trump ha sido bastante abierta y clara respecto a su enfoque de acoger megaeventos deportivos internacionales como una forma de reafirmar el papel de Estados Unidos en la política global”. Mientras se van sucediendo las competiciones sobre el hielo y la nieve —mucha fabricada por la falta de fuentes naturales achacable al calentamiento global—, la sombra del ICE y la política trumpista no se va de las montañas: el esquiador británico Gus Kenworthy ha denunciado este lunes una campaña de odio en su contra tras llamar públicamente “el mal” a la policía migratoria. El deportista (con doble nacionalidad británica y estadounidense) escribió “gente inocente está siendo asesinada. Basta ya”. Con todo, lo que demuestra esta edición de Milán-Cortina d'Ampezzo es que el intento del COI de publicitarse como un movimiento apolítico a los ojos del mundo es un esfuerzo casi vano: “No veo manera de que las organizaciones deportivas internacionales puedan solventar este problema —remata el politólogo Timothy Sisk— porque hay un dilema inherente en celebrar los juegos por todo el mundo, al mismo tiempo que se intenta mantener una postura de neutralidad política o un mensaje de estar por encima de la política”.

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